Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Gabriela Yolanda Novoa Muñoz, abogada, en representación de UC CHRISTUS Servicios Clínicos SpA., interpone recurso de protección en contra de nombre reservado y de nombre reservado, por haberse opuesto a la administración de las vacunas obligatorias del Programa Nacional de Inmunizaciones y al suministro de suplementos vitamínicos habituales a su hijo recién nacido, nombre reservado, nacido el NUM000 de 2025, lo que a juicio de la parte recurrente vulnera la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República.

Expone que, con ocasión del parto ocurrido en el Hospital Clínico UC CHRISTUS, pese a haber sido debidamente informados por el equipo médico respecto de los riesgos individuales y colectivos asociados a la omisión de las medidas señaladas, los padres manifestaron su rechazo fundado en creencias personales, indicando su intención de importar vacunas desde Alemania. Sin embargo, dicha importación no se concretó ni existe certeza de su viabilidad posterior, y, por el contrario, el equipo clínico sostuvo que ello no resulta plausible ni técnica ni logísticamente factible, dadas las exigencias sanitarias y de trazabilidad establecidas por el Instituto de Salud Pública. Añade que la negativa reiterada ha sido calificada como una conducta que pone en riesgo no solo la salud del recién nacido, al quedar expuesto a enfermedades como la tuberculosis y la hepatitis B, sino también la salud pública, al afectar la inmunidad de rebaño.

Invoca como fundamentos jurídicos el artículo 32 del Código Sanitario; el Decreto Supremo Exento N° 50 del Ministerio de Salud; la Ley N° 20.584, particularmente sus artículos 14 y 15 letra a); la Convención sobre los Derechos del Niño, en especial sus artículos 3 y 24; la Ley N° 21.430; así como jurisprudencia de la Corte Suprema y diversas Cortes de Apelaciones, que han reconocido la primacía del interés superior del niño y la prevalencia de la salud pública por sobre convicciones personales no fundadas técnicamente.

Acompaña como antecedente un certificado médico suscrito por la Dra. nombre reservado, jefa del Servicio de Neonatología del referido centro asistencial, que respalda los hechos expuestos y detalla los riesgos clínicos implicados.

Solicita que se acoja el presente recurso, ordenando la vacunación del menor conforme a las disposiciones del Programa Nacional de Inmunizaciones y se adopten todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que Javiera Cabezas León, abogada, en representación de doña nombre reservado y don nombre reservado, evacuando el informe solicitado, sostiene que la decisión de no permitir la vacunación obligatoria del lactante fue adoptada de manera informada, tras considerar antecedentes médicos familiares que darían cuenta de reacciones adversas graves frente a vacunas, los cuales fueron acompañados por certificados médicos. Agrega que su hijo se encuentra bajo adecuado control médico, en régimen de medicina integrativa, y que no existen condiciones clínicas ni epidemiológicas que justifiquen la urgencia de la vacunación, particularmente respecto de las vacunas BCG y Hepatitis B.

Reclaman haber sido objeto de trato discriminatorio por parte del personal de salud del Hospital Clínico UC CHRISTUS, lo que habría afectado su dignidad, y alegan que la presión ejercida vulnera su libertad de conciencia y su derecho a decidir conforme al principio del consentimiento informado, invocando los artículos 19 N° 1 y N° 6 de la Constitución Política, la Ley N° 20.584, el artículo 33 del Código Sanitario, así como instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sostienen que no existe un acto administrativo fundado que imponga coercitivamente la vacunación en este caso particular y que la vacunación neonatal, fuera del plazo estipulado, no resulta ni obligatoria ni urgente.

Solicitan el rechazo íntegro del recurso, con expresa condena en costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Que entonces es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Cuarto: Que la recurrente denuncia el acto ilegal y arbitrario consistente en la negativa de los padres a la inoculación de su hijo recién nacido y no someterlo al Programa Nacional de Inmunizaciones correspondiente para estos efectos, hecho que perturba su derecho a la vida y la integridad física consagrada en el artículo 19 número 1 inciso primero, de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que la Convención de Derechos del Niño, dispone en su artículo 3°, número 2, que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas”; el artículo 24 N°1 de la misma Convención, expresa que “los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a los servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.” En el N°2 de este mismo artículo señala que se “adoptarán medidas apropiadas para: a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; …”; c) “Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud…”.

Sexto: Que la obligatoriedad de la vacunación omitida respecto del lactante en cuyo favor se recurre, se encuentra consagrada en el Decreto N°50 del Ministerio de Salud, del año 2021, norma que en su artículo 1° dispone la vacunación obligatoria de la población contra las enfermedades inmunoprevenibles, dentro de las que se mencionan: “1. Tuberculosis. 2. Poliomielitis. 3.

Tos convulsiva. 4. Difteria. 5. Tétanos. 6. Enfermedades invasoras por H. Infuenzae tipo b. 7. sarampión 8. Rubéola 9. Paperas. 10.

Hepatitis B 11. Enfermedades invasoras por S. Peumoniae 14.

Enfermedades invasotas por N meningitis. 16. Hepatitis A 17.

Varicela.”, siendo su objetivo toda la población infantil.

Que la norma antes aludida encuentra su fuente en el artículo 32 Código Sanitario, que dispone: “El Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles.

El Presidente de la República, a propuesta del Director de Salud, podrá declarar obligatoria la vacunación de la población contra las enfermedades transmisibles para los cuales existan procedimientos eficaces de inmunización. Igualmente, podrá declarar obligatoria la vacunación de los animales contra enfermedades transmisibles al hombre. El Servicio Nacional de Salud podrá disponer de las medidas necesarias para que, en interés de la salud pública, las autoridades controlen el cumplimiento por parte de los habitantes del territorio nacional de la obligación de vacunarse contra las enfermedades transmisibles en los casos en que tal vacunación sea obligatoria”.

Séptimo. Que conforme lo expuesto, se encuentra acreditada la existencia de una acción ilegal y arbitraria atribuible a los recurridos, al negarse a que su hijo sea vacunado conforme el Plan Nacional de Inmunización, que afecta el derecho a la vida e integridad del niño amparado.

Octavo: Que no obstante lo anterior, debe señalarse que la vacunación contra algunas de estas enfermedades, según se expresa en el mismo Decreto 50, deben realizarse en los primeros días de vida y en razón de que el lactante por quien se recurre nació el NUM000 de 2025, no hay medida alguna que adoptar respecto a aquellas que no fueron proporcionadas en la oportunidad que eran efectivas para la finalidad inmunológica que persiguen, sin perjuicio del resto de las vacunas que formen parte del plan de vacunación aludido.

Noveno: Que, en consecuencia, esta Corte a fin de resguardar la vida del amparado, dispondrá que se le apliquen todas las vacunas, que, atendida su edad actual, tengan el carácter de obligatorias, lo cual deberá ser determinado por la autoridad sanitaria y los médicos tratantes, en el caso concreto, en la ejecución de este fallo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción de protección impetrada en representación de UC CHRISTUS Servicios Clínicos SpA. y en contra de nombre reservado y de nombre reservado, sólo en cuanto, se ordena que de forma inmediata se le apliquen a niño nombre reservado, hijo de los recurridos, todas las vacunas que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.

N°Protección-3836-2025.

Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la ministra señora Iara Barrios Melo e integrada, además, por el ministro (S) señor Rodrigo Carrasco Meza y el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo.