nombre reservado con SCOTIABANK CHILE S.A

Santiago, once de julio de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Santiago e interponer recurso de protección, en forma conjunta, en contra de TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada legalmente por el señor Tesorero don nombre reservado, chileno, economista, ambos con domicilio para estos efectos en domicilio reservado, y en contra de la Sociedad Anónima bancaria BANCO SCOTIABANK, representada legalmente por don nombre reservado, domiciliados en domicilio reservado y en domicilio reservado° Piso, ambas de la comuna de Santiago, solicitando se deje sin efecto la retención de la devolución de impuesto a la renta del año tributario 2017, por cuanto tal decisión afecta las garantías constitucionales que denuncia.

Refiere que en marzo del año 2007 ingresa a estudiar la carrera de Diseño en la Universidad del Pacífico, siendo beneficiada con la modalidad crediticia creada al alero de la Ley N° 20.027, "Crédito con Aval del Estado" y para ello suscribió un documento con la recurrida Banco Scotiabank. Hace presente que en el año 2011 es notificada de una demanda de cobro ejecutivo, causa Rol N° C-1049-2011, seguida ante el 2° Juzgado Civil de Coquimbo, en que la entidad financiera perseguía el pago de una deuda originada por el citado crédito universitario, alegando su parte la excepción de prescripción de la acción la que fue acogida por sentencia de 6 de junio de 2013.

Agrega que el 11 de Mayo del presente año tomó conocimiento de que no se encontraban depositados en su cuenta corriente los dineros correspondientes a la devolución de impuestos de la operación renta 2017, esto a pesar de que el Servicio de Impuestos Internos aceptó su declaración anual. El Servicio le informó que la Tesorería General de La Republica había retenido su devolución y al consultar a esa entidad se le comunicó que efectivamente se había verificado esa retención por la suma de $ 1.466.786 (un millón cuatrocientos sesenta y seis mil setecientos ochenta y seis pesos), que corresponde a la devolución total del periodo Tributario 2017, manifestándole que esa retención fue realizada por instrucciones que emiten las instituciones crediticias al momento de informar sus nóminas de deudores v que es responsabilidad de dichas instituciones, por lo que no le correspondía a su parte revisar los antecedentes.

Indica que el año anterior debió vivir la misma situación y por ello interpuso una acción de protección para que la entidad bancaria le hiciera entrega de los dineros arbitrariamente retenidos, lo que consta en la causa rol N° 42784 – 2017, seguida ante esta Corte.

Denuncia como conculcado el derecho reconocido en el artículo 19 N° 24 del texto constitucional -derecho a la propiedad- ya que se le ha retenido su devolución de impuestos abusando de las normas dispuestas en los artículos 16 y siguientes de la Ley N° 20.027 y en contravención a lo establecido en los artículos 35 y siguientes del Decreto N° 266 del Ministerio de Educación, que aprueba el Reglamento de la citada ley. La institución Bancaria, abusando de su necesidad y confianza ha procedido a generar una situación en la cual a pesar que la obligación se encuentra prescrita y siendo esto declarado por sentencia del 2° Juzgado Civil de Coquimbo, ha resuelto que el Estado la pague, percibiendo el Banco dineros del Fisco, y provocando actos administrativos que la han convertido en deudora del Estado.

Segundo: Que informando la entidad bancaria, en lo pertinente, señala que la recurrente fue informada como “desertora” de su carrera por la Comisión INGRESA y que conforme a esa normativa se procedió a generar el cobro del crédito a contar del 13 de septiembre de 2010 del cual la recurrente solo pagó dos cuotas, noviembre y diciembre de 2010. Expone que la Comisión INGRESA en el año 2014 solicitó se cargara en la Cuenta Única Tributaria de la recurrente, los montos no cubiertos por concepto de Garantía de Deserción Académica, remitiendo para cobro por parte del Fisco-Tesorería, el formulario 34, folio 6007, por la suma de $205.611. Reconoce que en atención al Recurso de Protección presentado por la recurrente en el año 2017, la Comisión solicitó que los fondos retenidos fueran devueltos a la recurrente, gestión a la que se dio curso mediante vale vista a su nombre el 11 de julio de ese año.

Para este año, refiere que su parte no ha informado a la recurrente como morosa, sin embargo como existe una garantía de deserción académica cree que la Tesorería realizó una retención conforme a la información de INGRESA.

Agrega que TGR entregó al Banco la devolución de impuestos reclamada en autos por la recurrente por un total de $1.484.387, el que se encuentra a su disposición en cualquier sucursal bancaria.

Afirma que su parte no ha incurrido en acto ilegal o arbitrario pues no ha solicitado retención alguna de dineros de la recurrente ni que se remitieran al banco.

Tercero: Que por su parte Tesorería General de la República informa que efectivamente el pago del remanente de pagos provisionales a favor de la recurrente no se restituyó en el mes de mayo de 2018 dado que la Comisión Administradora del Servicio de Créditos para Estudios Superiores solicitó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley N° 20.027, que se retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta a los deudores del Crédito con Aval del Estado, los montos de dicho crédito garantizado que se encontraba impago según lo informado por la entidad acreedora, lo que el servicio cumplió.

Agrega que interpuesto este recurso su parte pidió informe a la Comisión, organismo que les señaló que había procedido a solicitar la liberación de los fondos retenidos al Banco. Agrega por tanto, falta de legitimación pasiva de su parte por cuanto solo actuó de acuerdo a lo instruido por la Comisión, que es un deber legal.

Cuarto: Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido. Por consiguiente, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar, en primer lugar, la existencia de la actuación denunciada y en segundo término si ella constituyen, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de las recurridas y, por tanto, si ese proceder afectó o amenaza garantías constitucionales protegidas de la recurrente.

Quinto: Que consta de autos que Tesorería General de la República, como era su obligación, procedió a retener la devolución del Impuesto a la Renta por instrucción de la Comisión Administradora de Créditos para Educación Superior y, por su parte el Banco recurrido, a quien se remiten los fondos, al tomar conocimiento de los hechos de esta acción, ha dispuesto la devolución de los mismos a la recurrente. En las condiciones anotadas, la conducta reprochada se ha superado, sin perjuicio de hacer presente que las recurridas al proceder como originalmente lo hicieron, se limitaron a dar cumplimiento a las instrucciones de la entidad encargada de la administración del crédito universitario, razón por la cual no han incurrido en las faltas que se reprochan y, a esta fecha, al estar los fondos a disposición de la recurrente no existe el acto impugnado, ni medida de resguardo que este tribunal pueda adoptar.

Sexto: Que en este orden de ideas, resulta evidente que el acto respecto del cual se recurre, a esta fecha, no se encuentra vigente por haberse alzado la retención por la autoridad que la dispuso, es decir, la medida cesó y se ha dispuesto la devolución de los fondos a la recurrente a contar del 19 de junio de 2018, mediante vale vista a su nombre por el total del valor de los dineros retenidos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso el recurso de protección deducido por nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso.

Protección N° 38354-2018.- No firma la abogada integrante señora Chaimovich, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por el Ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por la Ministro señora Jéssica González Troncoso y la Abogada Integrante señora Claudia Chaimovich Guralnik.