nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, nueve de mayo de dos mil veintidós.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección don Diego de la Cruz Urra, abogado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto arbitrario e ilegal consistente en efectuar descuentos de sus remuneraciones sin causa ni justificación, vulnerando las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 3, 16, 18, 22 y 24 de la Constitución Política de República.

En cuanto a los hechos que sustentan su recurso, señala, que el recurrente trabaja en CBRE CHILE S.A., y que al momento de recibir la liquidación de su remuneración correspondiente al mes de julio del año 2021, advirtió un descuento automático informado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por concepto de “Préstamo CC AF”, por la suma de $ 137.271, el que se repitió en la liquidación del mes de agosto del mismo año, por igual monto.

Expone, que el 20 de marzo de 2013, suscribió un pagaré a favor de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, por la suma de $ 4.633.460, pagadero en 48 cuotas, iguales, mensuales y sucesivas, con vencimiento la primera de ellas, el día 30 de abril de 2013, y la última en marzo de 2017, incluyendo entre sus estipulaciones, una cláusula de aceleración. En uso de ésta, la Caja inició una acción judicial en su contra el 10 de abril de 2019, ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-12441-2019, en la que su parte opuso en tiempo y forma, la excepción de prescripción extintiva de las acciones, la que fue acogida en todas sus partes, con costas, por sentencia ejecutoriada de 12 de noviembre de 2019.

Hace presente, que se encuentra afiliado actualmente a la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, y que los descuentos se han realizado al asilo de lo previsto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, por interconexión entre ambas instituciones de seguridad social, que permite el cobro “intercaja”, modalidad que en este caso no podría aplicarse, deviniendo en arbitrario e ilegal la retención ejercida sobre sus remuneraciones.

En cuanto a las garantías vulneradas, menciona el derecho de propiedad, la igual protección ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, el derecho a la seguridad social, y la no discriminación arbitraria.

En mérito de lo expuesto, solicita, se ordene a las recurridas y a todo órgano que actúe como intermediario en el mismo sentido, el cese inmediato de los descuentos, la devolución o restitución íntegra de todos los montos que por el mismo concepto se hayan descontado ilegítimamente al actor, a la data de la sentencia que recaiga en estos autos, en especial los meses de julio y agosto de 2021, por $ 137.271 cada uno, y toda providencia que esta Corte estime pertinente, con costas.

Segundo: Que evacua el informe solicitado, don Álvaro Saldaño Valladares, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, solicitando el rechazo de la acción constitucional.

Refiere, que el recurrente pagó únicamente 16 de las 48 cuotas pactadas, reprogramándose aquellas desde la número 16 a la 24, posponiéndose, en consecuencia, el vencimiento de la última al mes de enero de 2018.

Agrega, que al registrarse morosidad en el pago del crédito del señor nombre reservado, se activaron los mecanismos de cobro extrajudicial, sin obtenerse resultados. Luego, en ese escenario, se dispuso el cobro judicial de la deuda, según consta en el proceso ROL C-12441-2019, seguido ante el 7º Juzgado Civil de Santiago, causa en la que efectivamente se declaró la prescripción de las acciones cambiarias, no obstante, aduce, que su representada conserva y conservaba la acción ordinaria para el cobro de la deuda, y en consecuencia, yerra la actora al referirse a una “deuda inexistente”. Sin perjuicio de ello, ilustra, que se ha dispuesto el cese del cobro de la deuda que se efectuaba a través de descuentos en las remuneraciones del deudor, y la consecuente devolución al protegido del valor de las cuotas descontadas y pagadas el año 2021, invitando al actor a informar al correo correo reservado, una cuenta bancaria de su titularidad, con el objeto de instruir la restitución referida, mediante transferencia electrónica.

En definitiva, refiere que sólo ha dispuesto el cobro de una obligación mediante el mecanismo establecido en la normativa legal que rige la materia, así entonces, en su concepto, estima que su actuar no ha sido arbitrario ni menos ilegal.

Posterior, a este informe, mediante presentación de 21 de marzo de 2022, la recurrida acompañó comprobante de depósito en la cuenta corriente de esta Corte, por la suma de $ 274.542, correspondiente a la devolución de los descuentos practicados al actor, en los meses de julio y agosto de 2021.

Tercero: Que evacuando el informe requerido don Sergio Abarca Vargas, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicita el rechazo de del recurso, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por ésta última en relación con los hechos expuestos, señalando que al recurrente se le han efectuado descuentos en su remuneración para el cobro de créditos sociales otorgados por Caja de Compensación 18 de Septiembre, bajo la modalidad “Intercajas”, por lo que, de acuerdo a los compromisos contractuales contraídos y a lo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, su representada, a partir del mes de mayo de 2021, incluyó al recurrente en las planillas de descuento, que son remitidas a su empleador, remitiendo las sumas recaudadas a la entidad acreedora.

Explica, que al amparo del artículo 19 N° 7 de la referida ley, las Cajas de Compensación en el año 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, cuyo objeto es que la respectiva caja acreedora de un crédito social, pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella, permitiendo acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso o vigente.

Asimismo, según lo detallado en las Circulares Nº 2.714, 2.743 y 2.839 de la Superintendencia de Seguridad Social, se transmite la información pertinente al operador SINACOFI; y, en este contexto normativo Caja Los Andes, a requerimiento de la Caja de Compensación 18 de Septiembre, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado al recurrente, en los términos establecidos en el Código Civil, informó a su actual empleador la existencia de esta deuda, requiriendo el descuento correspondiente desde su remuneración.

En relación al Sistema Intercajas, cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, confirmado el rechazo a recursos de protección como el de autos.

Finalmente, sostiene, que no obstante lo expresado precedentemente, sin reconocer los fundamentos expuestos por el recurrente en su presentación, y de acuerdo a lo informado por C.C.A.F. 18 de Septiembre, ha dispuesto la exclusión de la operación de crédito otorgada por la referida institución, de las planillas de cobro que se dirigen a su empleador, por lo que, solicita el rechazo de la acción por falta de oportunidad.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que se ha recurrido por el acto que se considera ilegal o arbitrario, consistente, en el descuento realizado en las remuneraciones del recurrente, en los meses de julio y agosto de 2021, por concepto de un crédito social que le fuera otorgado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, en el mes de mayo de 2013, existiendo un cobro judicial, en el que se dictó sentencia, en el mes de noviembre de 2019, acogiendo la excepción de prescripción de las acciones cambiarias, opuesta por el sr. nombre reservado.

Sexto: Que como se ha reseñado en los fundamentos segundo y tercero, la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, ha dado cuenta del cese del cobro del crédito, y la devolución de los fondos que fueron descontados de las remuneraciones del protegido, en los meses de julio y agosto de 2021, por un monto total de $ 274.542, acompañando el correspondiente comprobante de depósito en la cuenta corriente de esta Corte; mientras, que la Caja de Compensación Los Andes, y de acuerdo a lo informado por la C.C.A.F. 18 de Septiembre, ha indicado que dispuso la exclusión de la operación de crédito otorgada por dicha institución, de las planillas de cobro dirigidas al empleador del recurrente.

Séptimo: Que atendido lo anterior, se puede concluir que no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar en favor del recurrente para restablecer el imperio del derecho, por cuanto su pretensión ya ha sido satisfecha por las instituciones recurridas.

En consecuencia, y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto en favor de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Durán Madina.

Ingreso Corte N° 38264 - 2021 Protección Pronunciada por la Primera Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada por las Ministros señora Inelie Duran Madina, y señora María Paula Merino Verdugo. No firma la ministra señora Durán, por encontrarse haciendo uso de feriado legal.