Protección contra Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior

C.A. de Santiago Santiago, once de febrero de dos mil veintidós.

A los escritos folios 9, 10 y 11: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

1°.- Que comparecen nombre reservado, nombre reservado y Ana Verónica Prado De la Maza, abogadas en favor de nombre reservado, ciudadano brasileño, en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento respecto de la solicitud de permanencia definitiva de fecha 29 de julio de 2019, por privar o perturbar con dicha omisión el derecho constitucional de igualdad ante la ley, libertad personal y seguridad individual, y libertad de trabajo, todos previstos en el artículo 19 Nº 2, 7 y 16 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurrente con fecha 12 de diciembre de 2019 subsanó lo pedido por el recurrido, acompañando certificado de antecedentes penales vigentes del país de origen (apostillado), sin embargo desde esa data que no tiene noticias de la solicitud, esto es, hace más de dos años.

Precisa que desde el año 2019 el recurrente es profesor de planta de la Universidad Alberto Hurtado para el área de Contabilidad y Finanzas, director del diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS) y también director de la carrera de ingeniería en control de gestión, mención en ciencia de datos.

Señala como vulnerados los principios de celeridad, conclusivo y de economía procedimental, en que se sostiene los procedimientos administrativos.

Pide se acoja el recurso, ordenando al recurrido que proceda a otorgar respuesta a su solicitud de permanencia definitiva, en forma favorable, puesto que cumple con todos los requisitos requeridos para ello, y en ese sentido se adopten todas las demás medidas que esta Corte estime necesarias para esos efectos.

2°.- Que informa el recurrido Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, pidiendo se rechace la acción en todas sus partes por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria que pueda vulnerar, perturbar o amenazar ninguno de los derechos fundamentales del recurrente.

Señala que, con fecha 20 de febrero de 2018 el extranjero solicitó ante esa autoridad migratoria visa temporaria de acuerdo al Mercosur con autorización para trabajar durante la tramitación de la solicitud. Confirió tal visa mediante Resolución Exenta N° 140.281 de fecha 13 de abril de 2018, por el periodo de un año, en condición de titular, vigente hasta el día 3 de mayo de 2019.

Indica que con fecha 29 de julio de 2019 el extranjero solicitó permiso de permanencia definitiva; y el 11 de diciembre de 2019, el extranjero subsanó y presentó los documentos solicitados, por lo que su solicitud de permanencia definitiva se encuentra actualmente en trámite, en etapa de admisibilidad.

Arguye que estando en tramitación la solicitud del amparado se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, fundamentado en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Extranjería, es que entiende dicha autoridad que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Posteriormente, señala que, con fecha 17 de enero de 2022, se solicitó antecedentes al extranjero, otorgando 30 días para poder acompañar la documentación requerida, bajo apercibimiento de ser rechazada su solicitud, conforme lo dispone el artículo 138 N° 5, con relación al artículo 135, ambos del Decreto N° 597 de 1984, Reglamento de Extranjería. Que, al respecto, se le solicitó que remitiera el certificado de antecedentes penales de su país de origen debidamente legalizado o apostillado vigente y en original, en conformidad a lo establecido en los artículos 345 N° 2 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Arguye que en la actualidad, el impulso del procedimiento administrativo se encuentra en la esfera de responsabilidad del recurrente, debiendo remitir los antecedentes solicitados en el plazo conferido.

3°.- Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares.

Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho, y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

4°.- Que conforme a los antecedentes expuestos por las partes, puede advertirse que el asunto que origina la presente acción cautelar se funda en la omisión por parte de la Autoridad en emitir pronunciamiento respecto de la petición del actor referida a la regularización de su situación migratoria, considerando la fecha en que se realizó la respectiva presentación, esto el día 28 de febrero de 2018, la que fue subsanada a requerimiento de la autoridad el 12 de diciembre de 2019.

5°.- Que debe precisarse que de conformidad a lo estatuido en la Ley N° 19.880, rigen el actuar de la Administración los principios de celeridad, en el artículo 7 de la ley citada, que impone a la autoridad la obligación de impulsar de oficio todos sus trámites, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por otro lado, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Dentro del escenario descrito, también es relevante destacar que el artículo 27 de la aludida ley dispone que “Salvo caso fortuito o fuerza mayor, el procedimiento administrativo no podrá exceder de 6 meses, desde su iniciación hasta la fecha en que se emita la decisión final”, de cuyo tenor es posible sostener que atendida la data de la petición de regularización de la protegida, efectuada hace más de un año, existe una clara vulneración de la totalidad de la normativa precitada, pues a la fecha no existe un pronunciamiento de la autoridad respectiva debidamente fundada, con antecedentes concretos y precisos, comunicada a la recurrente o a sus apoderados, lo que trae aparejado el desconocimiento del resultado de su petición.

6°.- Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra del recurrente en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

7°.- Que por otra parte, la nueva petición que se efectúa en el mes de enero del presente año, se evidencia como un acto contumaz de ilegalidad, pues requiere el mismo documento que ya fuera remitido por el interesado en el año 2019 Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE el recurso de protección interpuesto, sólo en cuanto se dispone que el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por la parte recurrente dentro del plazo de sesenta días corridos contados desde la notificación de esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Nº Protección 38239-2021.

En Santiago, once de febrero de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.