nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dos de octubre de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece Jorge Manuel Lena Salgado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por haber efectuado descuentos ilegales en las remuneraciones del recurrente desde octubre de 2023; actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se realizó sin aviso ni notificación previa, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 3° y 24°, por lo que solicita el reintegro de las sumas descontadas y que se ordene a la recurrida abstenerse de realizar futuros descuentos.

Expone que el recurrente está vinculado laboralmente con la empresa Quinta S.A, desde el 9 de febrero de 2022;

Refiere que en el año 2018 solicitó a la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado un crédito, pactándose en 60 cuotas mensuales, las cual no pagó en su totalidad, por lo que se constituyó en mora a partir de la cuota con vencimiento el 10 de enero de 2020.

Indica que el recurrido ingresa demanda ejecutiva en causa Rol N° C-11976-2020, ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, y que por sentencia de fecha 26 de julio de 2023, se declaró abandonado el procedimiento, la que se encuentra ejecutoriada el 23 de octubre de ese mismo año.

Aduce que desde la liquidación del mes de octubre de 2023, ha han practicado los descuentos por los “Créditos personales nombre reservado”, por la suma de $205.963.

Sostiene que el actuar de la nombre reservado vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, pues lo coloca en una situación desventajosa respecto a otros deudores civiles, quienes deben ser demandados en tribunales ordinarios para el cobro de sus deudas. Asimismo, alega que se vulnera su derecho de propiedad sobre la remuneración, al privarle de parte de ella sin fundamento legal.

En apoyo a sus argumentos, cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de Cortes de Apelaciones que han acogido recursos de protección en casos similares, calificando como arbitrario el actuar de las Cajas de Compensación al revivir y forzar unilateralmente el cobro de deudas después de largos períodos sin gestiones de cobranza.

Asevera que se han vulnerado los derechos constitucionales del recurrente a la igualdad ante la ley (artículo 19 N°3) y a la propiedad (artículo 19 N°24), al privarlo de su derecho a defensa y del dominio sobre parte de su remuneración, obtenida como resultado de su trabajo.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida: 1) El reintegro y devolución de todas las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses correspondientes y debidamente reajustadas; 2) Abstenerse de realizar por sí o por terceros, especialmente por parte de "QUINTA S.A." o cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, descuentos de sus remuneraciones; y 3) Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

Segundo: Que, en su informe, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado solicita el rechazo del recurso de protección, fundando su petición en la legalidad y legitimidad de su actuar, la ausencia de arbitrariedad en el cobro impugnado, y la improcedencia de la acción constitucional para resolver el conflicto planteado.

En primer lugar, la recurrida expone que el actor contrató un crédito social en octubre de 2018, la cual fue pagada mediante descuentos en sus remuneraciones hasta enero de 2020. Sostiene que, ante el fracaso de la cobranza extrajudicial y en cumplimiento de las normativas, se inició el juicio ejecutivo correspondiente, bajo el Rol N° C-11976-2020, ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, que concluyó por resolución de 16 de julio de 2023, que declaró abandonado el procedimiento.

Señala que existe un antecedente importante que el recurrente reprogramó el crédito, el 23 de abril de 2023, lo que se acordó que el saldo adeudado sería pagado en 41 de $205.963, con vencimiento entre julio de 2023 y noviembre de 2026.

En cuanto a los fundamentos de derecho, la Caja de Compensación invoca el artículo 22 de la Ley 18.833, que establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales. Además, cita el artículo 58 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a deducir de las remuneraciones las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos.

La recurrida también fundamenta su actuar en el mandato otorgado por el actor en la cláusula 10 del pagaré y en la cláusula quinta del contrato de crédito social, que faculta a su actual empleador y futuros empleadores para descontar de sus remuneraciones el monto de las cuotas convenidas para el servicio de la deuda.

Por otra parte, la Caja de Compensación sostiene que la obligación del actor no ha sido extinguida por algún modo legal y que no se encuentra prescrita, señalando que la prescripción requiere de una declaración judicial pronunciada tras el debate de las partes, lo que en este caso no podría prosperar al no haber transcurrido el plazo fijado por el legislador.

Finalmente, la Caja de Compensación 18 nombre reservado solicita a esta Ilustrísima Corte tener por evacuado el informe requerido y, en su mérito, rechazar el recurso de protección interpuesto, por considerar que su actuar se ha ajustado plenamente a derecho y no ha incurrido en ilegalidad o arbitrariedad alguna en el cobro de las cuotas de crédito social adeudadas por el recurrente.

Tercero: Que se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que el acto que se tacha de ilegal y arbitrario por el recurrente está constituido por la realización de descuentos efectuados desde su remuneración, derivados de la contratación de mutuos o créditos de carácter social, de acuerdo con las disposiciones del artículo 22 de la ley 18.833.

El fundamento de la impugnación del recurrente se ha hecho consistir en la circunstancia de que respecto del crédito que funda los descuentos aludidos, se declaró el abandono del procedimiento en el que se perseguía su cobro compulsivo ante otro tribunal ordinario, entendiendo que el recurrido ha ejecutado actos de autotutela, sin encontrarse legalmente facultado para ello.

Quinto: Que de los antecedentes incorporados al proceso es posible arribar a los siguientes hechos:

a) La Caja de Compensación el 19 de octubre de 2018 otorgó al recurrente un crédito social ascendente a $ 7.500.000, pagadero en 60 en cuotas iguales y sucesivas;

b) La recurrida dedujo demanda ejecutiva de cobro de pagaré de la misma deuda antes referida, tramitada bajo el Rol C- 11976-2020 ante el 1° Juzgado Civil de Santiago, constando que por resolución de 16 de julio de 2023 se declaró abandonado el procedimiento;

c) El 23 de abril del 2023 las partes reprogramaron el saldo de la deuda generada a propósito del crédito social mencionado en la letra a) que precede. Dicha reprogramación se pactó en 41 cuotas mensuales de $ 205.963, con vencimiento entre los meses de julio de 2023 y noviembre de 2026.

Sexto: Que en este punto del razonamiento debe insistirse en que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Expresado en otros términos, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

Séptimo: Que, entonces, el asunto propuesto por el recurrente rebasa los límites que derivan de la naturaleza de la acción constitucional, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad pasa necesariamente por dilucidar la efectividad de haber suscrito las partes una reprogramación de la deuda o si por el contrario, la obligación contraída por el recurrente se ha extinguido definitivamente por el ejercicio de la acción ejecutiva declarada abandonada, todo lo cual –desde luego-, resulta impropio en una acción de esta índole.

Octavo: Que a mayor abundamiento, debe recordarse que el artículo 22 de la ley 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Consecuentemente, la circunstancia de haberse descontado de la remuneración del actor las cuotas impagas del crédito que le fuera concedido en su oportunidad, responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo. Al ser así, no puede tacharse de ilegal el proceder de la recurrida.

Noveno: Que no obsta a lo señalado el hecho de haberse interpuesto demanda ejecutiva, porque ello ocurrió ante la falta de pago del crédito y con anterioridad a la realización de los descuentos que ahora se cuestionan. En todo caso, forma parte de las obligaciones de la recurrida agotar las gestiones necesarias para obtener la devolución de lo prestado.

Décimo: Que finalmente, no puede dejar de considerarse que la aplicación del artículo 22 citado constituye un mecanismo de cobro para recuperar lo adeudado mucho más beneficioso para el deudor, si se compara la persecución a través de un procedimiento compulsivo e incluso del ejercicio de la acción ordinaria, desde que en estos últimos casos el deudor deberá responder a la deuda de manera inmediata e íntegra, lo que no ocurre con la aplicación de la regla especial que la recurrida ha dispuesto conforme a la ley, que le permite el pago parcelado de la obligación incumplida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3821-2024.