INVERSIONES AÉREAS PATAGONIA LIMITADA con DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Santiago, diecinueve de junio de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Sergio Coronado Rocha, abogado, cédula de identidad N° RUT reservado, en representación de la sociedad Inversiones Aéreas Patagonia Limitada, sociedad del giro de su denominación, con nombre de fantasía AEROCORD, RUT N° RUT reservado, representada por don nombre reservado, empleado, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone acción constitucional de protección en contra de la Dirección General de Aeronáutica Civil, (en adelante DGAC), representada legalmente por su Director General, el General de Aviación don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, en razón del acto ilegal y arbitrario consistente en haber dictado la Resolución Exenta N° 01126 de fecha 05 de diciembre de 2018, que rechaza el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución N° 0849, de 1 de octubre de 2017, confirmando así la imposición de una multa de 5 Ingresos Mínimos Mensuales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 185 letra b) del Código Aeronáutico.

Expone que en el mes de agosto de 2017 se inició una investigación infraccional en su contra fundada en que se habrían realizado operaciones de evacuaciones aeromédicas los días 30 de abril y 26 de mayo de ese año, sin contar con la autorización de trabajo aéreo de ambulancia otorgada por la autoridad aeronáutica.

Agrega que posteriormente se cerró el sumario y se formularon cargos en su contra, y que, habiendo efectuado sus descargos, estos no fueron analizados ni valorados en modo alguno por la recurrida, en circunstancias que daban cuenta de una justificación legal y constitucional de la actividad desarrollada, que decía relación con la protección del derecho a la vida de dos pacientes que se encontraban en riesgo vital, atendido que no había otra aeronave disponible. En efecto, precisa que acompañó los certificados médicos emitidos por don nombre reservado, especialista en medicina de urgencia y Médico Jefe del SAMU XI Región, dando cuenta de los traslados efectuados con fechas 30 de abril de 2017 y 26 de mayo de 2017, a los pacientes nombre reservado, de 89 años, y nombre reservado, respectivamente, en ambos casos mediante el operador Aerocord, con tripulación sanitaria SAMU. Por tanto, se trataba de una situación de emergencia, no generada por la recurrente, frente a la cual la autoridad de salud requirió auxilio de manera urgente, atendido el riesgo vital que afectaba a ambos pacientes y considerando que no existían más opciones de transporte aéreo en ese momento.

Se pregunta cuál debía ser entonces la conducta esperable, pues de haberse negado a los traslados de que se trata, se le habría imputado la comisión de un delito de denegación de auxilio, conforme al artículo 253 del Código Penal. A su juicio, la decisión adoptada constituye una verdadera causal de justificación, lo cual implica necesariamente que el juicio de reproche y la potestad sancionatoria administrativa, no pueden prosperar.

En cuanto a los fundamentos de la decisión impugnada a través del presente recurso de protección, señala que únicamente el considerando G) se refiere al tema central en discusión, consignándose lo siguiente: “(…) no se aprecian ni en el recurso ni en los descargos, ni en las normas del Código Aeronáutico; de la legislación o reglamentación aeronáutica, ni de las instrucciones dictadas por este Servicio, en el ámbito de sus competencias, tal como lo expresa el artículo 183 del Código Aeronáutico, antecedentes que permitan definir la existencia de un deber jurídico exculpatorio de la obligación que ha sido infringida. Tampoco ha sido acreditada la existencia de una causal de justificación para el comportamiento de la empresa recurrente.”

Luego, razona en torno a la vulneración de la normativa básica reguladora de una investigación infraccional de carácter administrativo, pues esta se encuentra afectada por vicios insalvables, cuales son, 1) que la investigación no es apta ni idónea para fundar una sanción, atendido que se extendió por más de nueve meses, contraviniendo el principio de celeridad; 2) que la sanción no tiene correspondencia con la prohibición supuestamente infringida, pues el relato de los hechos que se le imputan no tiene relación con la infracción administrativa atribuida.

Precisa en este sentido que los artículos 2.3.1 y siguientes del Reglamento DAR 06 se refieren a la prohibición de transporte de ciertos artículos o personas, a saber, “artículos” u objetos, “enfermos infecto-contagiosos activos”, “enfermos mentales”, “personas con agresividad patológica o que estén bajo los efectos de drogas o alcohol”, “personas enfermas orgánicamente descompensadas, agónicas, inconscientes o con alto riesgo de fallecer en vuelo” y “cadáveres”, sin que se le aplique ninguna de estas categorías a los pacientes transportados.

Luego, el artículo 137.1001 de la nombre reservado 137 se refiere al operador que efectúa el trabajo de “ambulancia aérea”, lo cual no le es aplicable. A su vez, los artículos 137.3 y 137.101 del mismo texto, se refieren de manera genérica al cumplimiento de la normativa aeronáutica por los operadores aéreos, no conteniendo regulaciones específicas aplicables a la situación que motivó la investigación infraccional.

En cuanto a que habría infringido lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 83 del Ministerio de Salud del año 2011, arguye que dicho cuerpo normativo está referido a aquellas personas naturales o jurídicas que se dedican al transporte aéreos de personas enfermas o accidentadas, regulándose las autorizaciones previas y fiscalización, pero no se coloca ni regula la situación ocurrida con la aeronave CC-CWB, que fue requerida de emergencia, a falta de otras aeronaves que pudieran realizar el traslado, considerando la situación de riesgo vital que afectaba a las personas que fueron transportadas.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, sostiene que el actuar de la parte recurrida afecta aquellas consagradas en el artículo 19 números 2 y 3 -en cuanto al debido proceso- y 24 de la Constitución Política de la República. Respecto a la igualdad ante la ley, indica que, siendo la razonabilidad o interdicción de la arbitrariedad de la actuación administrativa, una de sus manifestaciones, dicha garantía ha sido gravemente transgredida por una resolución ilegal, infundada y jurídicamente ineficaz. En relación con el debido proceso, la resolución impugnada ha sido dictada de manera infundada, no haciéndose cargo de antecedentes existentes en el proceso infraccional y efectuando consideraciones aparentes respecto de un tema fundamental para la adecuada resolución del asunto, esto es, la concurrencia de una causal de justificación. Asimismo, afirma haber sido juzgado por una comisión especial, puesto que se le sanciona mediante un procedimiento irregular. Y en relación con el derecho de propiedad, refiere que este ha sido transgredido porque se le impone una sanción pecuniaria de manera infundada, en base a una investigación irregular.

Por lo antes expuesto, solicita se deje sin efecto la resolución impugnada y así sea restablecido el imperio del derecho.

Acompaña, junto con el recurso, copia fotostática simple de la Resolución Exenta N°01126, de fecha 05 de diciembre de 2018, emanada de la Dirección General de Aeronáutica Civil, y copia de la contestación de cargos, presentada en la investigación infraccional N° 65-2017.

Segundo: Que mediante presentación de fecha 15 de febrero del año en curso, informa don nombre reservado, General de Brigada Aérea (A), en su calidad de Director General Subrogante de la DGAC, solicitando el rechazo del presente recurso, con costas, porque no ha existido acto ilegal o arbitrario de su parte; por el contrario, el procedimiento sancionatorio y la resolución impugnada se ajustan a las normas legales y reglamentarias vigentes.

Indica como cuestiones preliminares que el recurso no fue interpuesto contra la resolución sancionatoria, sino que en contra de aquella recaída sobre un recurso de reposición, lo que conduce a su inadmisibilidad por ser extemporáneo; que se ha deducido aquel en contra de principios y normas, siendo entonces improcedente por constituir un asunto de lato conocimiento, y además acusa una falta de claridad y coherencia sistémica, ya que en la especie no se instruyó un sumario administrativo, sino que se tramitó una investigación infraccional conforme a las normas contenidas en el Código Aeronáutico.

Informando al tenor de los hechos del recurso, refiere que en el mes de agosto de 2017 se inició la investigación infraccional de la recurrente, por cuanto dicha empresa habría realizado operaciones de evacuación aeromédica los días 30 de abril y 26 de mayo de 2017, sin contar con la autorización de trabajo de ambulancia aérea y sin cumplir con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 83, del Ministerio de Salud, sobre transporte de enfermos.

Agrega que dicha investigación tuvo como base un oficio que informaba que la recurrente era titular de un certificado de operador aéreo que solo la habilitaba para el transporte aéreo de pasajeros en modalidad no regular y para el trabajo aéreo de carga, habiéndose determinado la efectividad de los hechos denunciados, en circunstancias que no se encontraba certificada ni autorizada para realizar el trabajo aéreo de traslado de enfermos.

Indica que la investigación determinó la falta de veracidad en torno a que solo se hubiesen realizado las dos operaciones que fueron materia de la investigación, ya que también se efectuaron otras los días 11 y 21 de abril de 2017, habiéndose registrado en la bitácora de Control de Aeródromos que dichas operaciones respondieron a la modalidad de “ambulancia”. Por lo demás, esto ocurrió en un contexto en que la empresa ofrecía al público a través de su página web el servicio permanente de “evacuación de personas enfermas o accidentadas”.

Luego, haciéndose cargo de los argumentos del recurso, y que fueron los mismos contenidos en los descargos, sostiene que los plazos no son fatales para la Administración del Estado; que en el cargo formulado se citaron con precisión las normas infringidas del Reglamento DAR 06 y de la nombre reservado 137, estableciendo los requisitos que debe cumplir el transporte de personas enfermas, somo la necesidad de que dicho transporte cuente con autorización de la autoridad aeronáutica. Y en relación con la situación de salud de los pacientes, arguye que esto mismo requería que su traslado fuera realizado en conformidad a las normas señaladas, para garantizar su transporte aéreo seguro y ordenado. Por lo demás, refiere que la evidencia del proceso permitió establecer que el transporte de los enfermos no se desarrolló en condiciones que garantizaran la seguridad operacional, sufriendo golpes los transportados y el personal sanitario, en un ambiente al interior de la aeronave de miedo, inseguridad y falta de información; aún más, en el vuelo del día 30 de abril de 2017 no se tuvo clara la ubicación del oxígeno al interior de la aeronave. Por último, indica en torno al argumento de la recurrente de concurrir en la especie una causal de justificación, que la investigación tuvo en consideración que la empresa percibió ingresos por las operaciones al precio normal de un chárter, infringiendo así el artículo 178 del Código Aeronáutico.

Por otro lado, refiriéndose a los fundamentos de la resolución que rechaza el recurso de reposición de la recurrente, señala que no se advierte identidad de hechos ni de imputación jurídica entre la infracción aeronáutica materia del cargo y la sanción administrativa de multa y algún delito penal, toda vez que la sanción aplicada responde a una infracción precisa y determinada de orden aeronáutico, que no tiene correlato en delito alguno. Ello, sin perjuicio que la responsabilidad administrativa es independiente de la penal.

Niega haber incurrido en una vulneración de la normativa regulatoria de una investigación infraccional, detallando cuáles son las atribuciones y la potestad sancionatoria que le reconoce la legislación vigente a la DGAC, encontrándose la recurrente plenamente obligada a cumplir las normas citadas en los cargos y en la resolución sancionatoria. Asimismo, razona en torno al gravísimo riesgo de realizarse operaciones de traslado de enfermos en medios aéreos convencionales, existiendo una regulación que busca proteger y cautelar la vida y la integridad de las personas enfermas transportadas a través de aeronaves. En este orden de ideas, insiste en el tenor del certificado de operador aéreo con que cuenta la recurrente, el que le permite efectuar exclusivamente operaciones de servicios de transporte aéreo comercial y trabajos aéreos solo de carga, sin que cuente con la certificación o habilitación para desarrollar el trabajo aéreo de ambulancia o evacuación aeromédica.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el acto que motiva el presente recurso es de naturaleza administrativa formal, y consiste en la Resolución Exenta N° 1.126, de 5 de diciembre de 2018, que rechazó el recurso de reposición deducido por la recurrente contra la Resolución N° 849 de 1° de octubre del año 2018, sancionó a la empresa “Inversiones Aéreas Patagonia Ltda.” con la multa de cinco ingresos mínimos mensuales, al haber realizado operaciones de evacuación aeromédica el 30 de abril y el 26 de mayo de 2017, sin contar con la autorización de trabajo aéreo de ambulancia aérea y sin cumplir lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 83 del Ministerio de Salud, sobre transporte de enfermos.

Quinto: Que, en relación con la alegación de extemporaneidad, opuesta por la recurrida debe ser acogida, pues al haber interpuesto el recurrente el recurso especial de reposición, que contempla el artículo 3.14 del Decreto 148 de 2004, Ministerio de Defensa, Reglamento del Procedimiento Infraccional Aeronáutico (DAR 51), debe entenderse que dicho plazo comenzó a correr desde el día siguiente a que fue notificado de la Resolución N° 1.126, de 5 de diciembre de 2018, esto es desde el día 8 de diciembre de 2018, como consta, a fojas 125, en el expediente infraccional ordenado tener a la vista por resolución de veintinueve de abril última de esta Corte. En efecto, dicha notificación se produjo el día 7 de diciembre del año 2018, por correo electrónico. Por ende, el plazo máximo que tenía la empresa recurrente para deducir este arbitrio constitucional expiraba el día 8 de enero de 2019. Al haberlo interpuesto con fecha 16 de enero el recurso de protección ha sido deducido en forma extemporáneo, lo que basta para que sea desestimado.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, es necesario tener presente, respecto del fondo de la acción cautelar deducida que el artículo 1° de la Ley N° 16.752, Orgánica de la DGAC, establece que “La Dirección General de Aeronáutica Civil será un servicio dependiente de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, cuyas funciones se le asignan en la presente ley y que deberá considerarse como un servicio funcionalmente descentralizado. Le corresponderá fundamentalmente la dirección y administración de los aeródromos públicos y de los servicios destinados a la ayuda y protección de la navegación aérea.”

A su vez, el artículo 3° letra r), de la misma Ley indica: “Corresponderá a la Dirección General de Aeronáutica Civil: r) Investigar las infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con la navegación aérea cuya aplicación y control le corresponda y, en especial, los accidentes que ocurran a aeronaves civiles de cualquiera nacionalidad en territorio chileno y los que ocurran a aeronaves chilenas en aguas o territorios no sujetos a otra soberanía; y observar o cooperar en la investigación de accidentes de aeronaves civiles chilenas que se realicen por otros Estados, cuando a éstos le corresponda esa investigación.”

Séptimo: Que, en mérito de las disposiciones trascritas en el motivo anterior, del mismo expediente infraccional se puede desprender que la DGAC, facultada para efectuar la referida investigación, instruyó el procedimiento investigativo, que la empresa recurrente fue debidamente escuchada, al formular sus descargos y defensas, antes de pronunciarse la autoridad respectiva sobre la infracción al transporte aeronáutico que se le imputó, teniendo incluso la oportunidad de recurrir contra la resolución que le impuso la multa, mediante la reposición a que se ha aludido antes.

Desde esta perspectiva, no puede inferirse que la recurrida haya infringido normativa alguna al proceder de esa forma, ni que haya perpetrado alguna arbitrariedad, pues solo se ha limitado a ejercer su potestad sancionatoria, que fluye de los artículos 3° letra r) de la Ley N° 16.752, que fija organización y funciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil, precitado; artículos 185 y siguientes del Código Aeronáutico y Decreto 148 de 2004, ya citado, corroborando la infracción cometida por la recurrente al Decreto N° 83 de 2010, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre el servicio de transporte aéreo de personas enfermas o accidentadas.

Octavo: Por último, cabe reiterar la doctrina reiterada de esta Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema, en cuanto a que el recurso de protección no es una nueva instancia para revisar los procedimientos administrativos adoptados en uso de prerrogativas que son propias de los organismos públicos, sobre todo si esos procedimientos se han sujetado a sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos.

Noveno: Que, en mérito de lo anterior, además de ser extemporáneo el recurso deducido, no se advierte la existencia de un acto arbitrario o ilegal que pueda atribuirse a la recurrida, con ocasión del acto que se ataca por esta vía cautelar, por lo que el recurso debe ser rechazado, sin costas, resultando inoficioso ponderar la eventual trasgresión a los derechos constitucionales aludidos en el texto del recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por Inversiones Aéreas Patagonia Limitada contra la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 3.818-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro Tomás Gray Gariazzo e integrada por el ministro (S) Rodrigo Palma Ruiz y por el abogado integrante señor Jaime Guerrero Pavez. No firma el ministro señor Gray, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de su feriado legal.