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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 381-202225 nov 2022

Protección contra Superintendencia de Seguridad Social

Fecha
25 de noviembre de 2022
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Cuarta
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 381-2022, sentencia de 25 de noviembre de 2022

Resumen

Se rechaza el recurso de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social, al descartarse ilegalidad o arbitrariedad en la resolución que confirmó el rechazo del pago de las licencias médicas.

Texto íntegro

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen los abogados don Fabián Luengo Rodríguez, doña Claudia Contreras Zúñiga y doña Claudia Saldivia Martinic, en representación de doña nombre reservado, e interponen acción de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, denunciando como acto ilegal y arbitrario la Resolución Exenta Nº NUM000, de fecha 20 de diciembre de 2021, que confirma el rechazo del pago de las licencias médicas Nºs NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 45 días a contar del 2 de abril de 2021 y válidamente emitidas por médico tratante, con vulneración a las garantías contempladas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Para contextualizar, indican que de acuerdo con el informe emitido el 7 de abril de 2021, por el Dr. nombre reservado, Médico Residente Psiquiatría Adulto, la recurrente presenta los diagnósticos de “trastorno adaptativo con sintomatología ansiosa” y “trastorno del inicio y mantención del sueño”, con pronóstico favorable, siendo derivada a psicoterapia por psicología y en seguimiento clínico. Añaden que lo anterior se refrenda con los informes emitidos el 19 de mayo de 2021 por el mismo médico ya individualizado, y el 31 de diciembre de 2021, por el Dr. Andrés nombre reservado, Médico General, cuyo diagnóstico fue “trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica)” y “trastorno de ansiedad generalizada”.

Manifiestan que la recurrente acudió a entrevista psiquiátrica de peritaje, cuyo informe fue emitido con fecha 22 de marzo de 2021, por la Dra. nombre reservado, Médico Psiquiatra, el que en sus conclusiones refiere: “Evaluados los elementos de juicio psiquiátricos aportados en la presente entrevista, a saber, contexto de problemas para separarse de su hijo y no contar con sala cuna para dejarlo al ir a trabajar, sintomatología ansiosa no invalidante, y GAF 70, se concluye afiliada presenta un compromiso funcional leve, y reposo evaluado se estima suficiente para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere desde el fin de actual licencia evaluada. Considero actual reposo evaluado se encuentra cumpliendo un rol social.”.

Sostienen que la situación de salud de la recurrente ameritó el otorgamiento de licencias médicas continuas, de modo de enfrentar y atender su estado de salud con indicación de diversos medicamentos para tratar su cuadro clínico. En ese contexto, su médico tratante, el Dr. nombre reservado, Médico Residente domicilio reservado licencias médicas (Nºs NUM001, NUM002, NUM003) por 45 días, las cuales fueron rechazadas por la Superintendencia de Seguridad Social por reposo no justificado.

En cuanto a los fundamentos del acto impugnado, aseveran que la Superintendencia estimó que el reposo ya autorizado se considera suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista, puesto que no se describen alteraciones graves a la funcionalidad, ajuste progresivo de tratamiento farmacológico u otra medida terapéutica acorde a extensión de reposo cursado. No obstante, cuestionan que la decisión prescindió de las conclusiones del médico tratante, por lo que deviene en arbitraria, al carecer de la fundamentación suficiente.

En cuanto a las garantías constitucionales que estiman infringidas, invocan el derecho a la integridad física y psíquica, la garantía de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, pues el rechazo de las licencias médicas impacta severamente en la salud de la recurrente, produciendo un deterioro de la misma al no poder tomar los descansos necesarios para recuperar su estado de salud, además de la merma en su patrimonio por estar impedida de acceder al subsidio por enfermedad.

Solicitan que se acoja el recurso, aprobando y ordenando el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nºs NUM001, NUM002, NUM003, extendidas a favor de la recurrente, o bien, la declaración que esta Corte estime en igual sentido, con costas.

Segundo: Que comparece don Roberto Barraza Saavedra, abogado, en representación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer lugar la extemporaneidad del presente recurso, por haber sido interpuesto una vez vencido el plazo fatal de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado que regula la materia.

Al respecto, sostiene que la presente acción constitucional fue interpuesta el 19 de enero de 2022, en circunstancias que la Sra.

nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de fecha 5 de noviembre de 2021, solicitando se reconsidere el dictamen N° NUM004, de fecha 6 de octubre de 2021, por el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN Región Metropolitana, en cuanto a mantener el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 45 días a contar del 2 de abril de 2021, emanado de la Isapre Consalud S.A., por reposo no justificado. Debido a lo señalado, la Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 20 de diciembre de 2021. Por lo anterior, se evidencia que ha pasado más de treinta días, desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas, por lo que previas citas de jurisprudencia al efecto, solicita se declare la extemporaneidad del recurso, con costas.

En subsidio, alega la improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, por cuanto la materia sobre la que realmente versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental, que no está contemplado en la enumeración taxativa que realiza en su artículo 20.

En cuanto al fondo, luego de exponer el marco normativo que regula a las licencias médicas y las facultades de la Superintendencia sobre la materia, argumenta la ausencia de ilegalidad y arbitrariedad que se denuncia en el recurso, pues el dictamen emitido contiene la fundamentación que justificó sus conclusiones, las que se encuentran en armonía con los antecedentes que constan en el respectivo expediente administrativo, en cuyo mérito resolvió la Superintendencia, previo estudio de los antecedentes médicos del caso.

Precisa que el acto impugnado se basó en que el reposo ya autorizado, se consideró suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista, puesto que no se describen alteraciones graves a la funcionalidad, ajuste progresivo de tratamiento farmacológico u otra medida terapéutica acorde a extensión de reposo cursado, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° NUM000, de fecha 20 de diciembre de 2021.

Destaca que según consta en los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de la Superintendencia informaron lo siguiente: “Dra.

nombre reservado. Ficha Médica (…) Fundamentos de la resolución:

NUM005 RECONSIDERACION. 32 años, administrativo. Reclama por 3 LM de 15 días emitidas por Psiquiatra no AE. Tiene 20 días autorizados por este episodio, en continuidad con reposo por patología odontológica y 3ª extensión de Postnatal parental. IMC (informe médico complementario) escueto, no reporta mucha información sobre cuadro clínico, menciona síntomas, ninguno de gravedad. Atribuye gatillante a episodio de subluxación mandibular.

Tratamiento farmacológico insuficiente para tiempo en reposo. Sin GAF. FPA (fecha probable de alta) al término de reposo reclamado.

Peritaje Marzo 2021: Evaluados los elementos de juicio psiquiátricos aportados en la presente entrevista, a saber, contexto de problemas para separarse de su hijo y no contar con sala cuna para dejarlo al ir a trabajar, sintomatología ansiosa no invalidante, y GAF 70, se concluye afiliada presenta un compromiso funcional leve, y reposo evaluado se estima suficiente para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere desde el fin de actual licencia evaluada. Considero actual reposo evaluado se encuentra cumpliendo un rol social. Vistos los antecedentes, se decide mantener rechazo”.

A mayor abundamiento, y en razón del extenso reposo que acredita la Sra. nombre reservado, se realizó un peritaje de segunda opinión, con fecha 22 de marzo de 2021, suscrito por la Dra.

Especialista nombre reservado, que concluye en lo pertinente: “Evaluados los elementos de juicio psiquiátricos aportados en la presente entrevista, a saber, contexto de problemas para separarse de su hijo y no contar con sala cuna para dejarlo al ir a trabajar, sintomatología ansiosa no invalidante, y GAF 70, se concluye afiliada presenta un compromiso funcional leve, y reposo evaluado se estima suficiente para la mejoría del cuadro y reintegro laboral, el cual se sugiere desde el fin de actual licencia evaluada. Considero actual reposo evaluado se encuentra cumpliendo un rol social”.

Complementa que los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por sí solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos, descartando la existencia de una actuación ilegal o arbitraria, y la vulneración de garantías fundamentales que se exponen en el recurso, razones por las que solicita su rechazo, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el asunto que se trae a conocimiento de esta Corte y que se reclama como ilegal y arbitrario, corresponde a la Resolución Exenta Nº NUM000, de fecha 20 de diciembre de 2021, que confirma el rechazo del pago de las licencias médicas Nºs NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 45 días a contar del 2 de abril de 2021, por entender que el reposo prescrito no se encontraba justificado, al estimar que el reposo ya autorizado fue suficiente para la resolución del cuadro clínico y su reintegro laboral, de acuerdo a los antecedentes médicos tenidos a la vista, puesto que no se describen alteraciones graves a la funcionalidad, ajuste progresivo de tratamiento farmacológico u otra medida terapéutica acorde a extensión del reposo cursado.

Quinto: Que en primer término, la alegación de extemporaneidad formulada por la Superintendencia de Seguridad Social será desestimada, teniendo en consideración que la resolución impugnada fue dictada el 20 de diciembre de 2021, en circunstancias que la presente acción constitucional fue interpuesta el 19 de enero del año en curso, es decir, dentro del plazo de treinta días previsto en el Auto Acordado que rige la materia.

Sexto: Que en cuanto a la alegación de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en orden a que los hechos descritos en la acción se refieren a la garantía establecida en el numeral 18° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, al derecho a la seguridad social, excluido de la acción de protección, cabe destacar que el presente recurso se sostiene en la perturbación y amago de las garantías constitucionales consagradas en los números 1°, 2° y 24° del citado precepto constitucional, expresamente amparadas por la acción cautelar impetrada en estos antecedentes. De consiguiente, sólo resta desestimar la alegación de improcedencia planteada por la recurrida, al no resultar congruente con los derechos fundamentales cuya vulneración alega su propio titular, como será expuesto en la conclusión.

Séptimo: Que en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, la que señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

Octavo: Que de esta forma, es dable colegir que con arreglo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 1 de la Ley N° 16.395, que fija el Texto refundido de la Ley de Organización y atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, corresponde a la Superintendencia la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley. Luego de acuerdo con los artículos 2, 3 y 27 la referida entidad tiene la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión.

Noveno: Que como se advierte, la actividad realizada por la Superintendencia de Seguridad Social se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la recurrente por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y la Isapre respectiva, y que la Superintendencia de Seguridad Social confirmó la decisión respecto de las mencionadas licencias, obrando dentro de las facultades que la ley le confiere, con arreglo al carácter técnico que ostenta y las facultades de fiscalización con que cuenta la autoridad recurrida, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo, permite descartar la existencia de la ilegalidad y arbitrariedad que se imputa en el recurso.

Décimo: Que por lo demás, lo decidido guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez e Instituciones de Salud Previsional, en cuanto “entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante ‘el o los profesionales’, según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante ‘COMPIN’, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante ‘SEREMI’, que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

Undécimo: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

I. Que se rechaza la alegación de extemporaneidad planteada por la recurrida Superintendencia de Seguridad Social.

II. Que se rechaza la alegación de improcedencia del recurso aducida por la citada recurrida.

III. Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Protección N°381-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por la Ministra señora Paola Danai Hasbun Mancilla, el Ministro (S) señor Carlos Escobar Salazar y el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuede.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.