TRANSPORTES LOGSA S. A con INSPECCIÓN DEL TRABAJO SANTIAGO NORTE

C.A. de Santiago Santiago, uno de marzo de dos mil dieciocho.

Proveyendo al folio 71900, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que Catalina Salza Mardones, abogado en representación de Sociedad de Transportes Logsa S.A., recurre de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Ord. N° 1813 de 12 de diciembre de 2017, notificada con fecha 21 de diciembre del mismo año.

Sostiene que el día 25 de septiembre de 2017, concurrió a las instalaciones de la compañía, la fiscalizadora de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte Julia nombre reservado, producto de dicha fiscalización, cursó 3 multas, bajo la Resolución Multa 4240/17/101, la que fue notificada el dio 25 de octubre de 2017, venciendo por tanto el plazo para presentar la reconsideración administrativa el día 11 de diciembre de 2017 Que amparado en lo dispuesto el artículo 511 del Código del Trabajo, su representado optó por presentar recurso administrativo de reconsideración, el que es ingresado, el día 1 de diciembre de 2017, esto es, dentro de 30 días hábiles desde la fecha en que se cursa la multa.

Expresa que el día 12 de diciembre de 2017, la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, a través de su Inspector Comunal don nombre reservado, dicta la resolución que constituye el acto arbitrario e ilegal, que por este recurso se impugna, en virtud de la cual rechaza realizar la tramitación del recurso de reconsideración presentado por su parte, por considerar que la presentación ha sido extemporánea por no haber sido presentadas dentro de 30 días corridos.

Que en la especie se ha producido una actuación ilegal y arbitraria de la recurrida, a la luz de lo que dispone el artículo 25 de la ley N°19.880, que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos, agrega que como lo ha señalado abundante jurisprudencia, la forma de resolver la controversia de cómo debe computarse el plazo señalado no se agota con el solo contenido del artículo 512 del Código de Trabajo, ya que este no precisa si dicho termino es de días hábiles o corridos, por lo que debe tenerse presente que la solicitud de reconsideración presentada ante la Inspección del Trabajo es un recurso que se presenta en el trámite de la etapa administrativa, de manera que por no existir norma que establezca lo contrario, debe aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley N°19.880, que se refiere al cómputo de los plazos en el procedimiento administrativo , disposición que señala que estos son de días hábiles, entendiéndose como se ha señalado, que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.

Estima vulneradas las garantías constitucionales de los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, y solicita que se acoja el presente recurso dejando sin efecto el Ordinario N° 1813, de 12 de diciembre de 2017.

Segundo: Que informando la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte pide se rechace, con costas, el presente recurso sosteniendo la improcedencia de la presente acción, atendida la naturaleza del acto recurrido, por cuanto en este caso se está utilizando el recurso de protección como un sustituto de los procedimientos específicos contemplados expresamente en la legislación.

En subsidio de lo anterior alega la improcedencia del recurso en atención a la falta de requisitos constitucionales para su interposición, toda vez que en la especie no existe acto ilegal o arbitrario del cual se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente.

En subsidio de todo lo dicho, informa los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección, indica que con fecha 25 de octubre de 2017, y a propósito de una denuncia ingresada a las oficinas de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte, la fiscalizadora aplicó multa administrativa que fue notificada según lo normado en el artículo 508 del Código del Trabajo el día 31 de octubre de 2017, respecto de ella la reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 1 de diciembre de 2017, sin embargo dicha presentación no cumplió con el requisito de admisibilidad previsto en el inciso primero del artículo 512 del Código del Trabajo, esto es ser presentado dentro del plazo de 30 días corridos desde la notificación, es decir en la especie a más tardar el jueves 30 de noviembre de 2017 y en atención a lo anterior con fecha 12 de diciembre del mismo año, la Inspectora Comunal comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación su solicitud de reconsideración en atención a que esta había sido presentada fuera de plazo de 30 días corridos, que establece el artículo 512 del Código del Trabajo.

Indica que el ordinario administrativo recurrido, no viola de ninguna forma la garantía constitucional del articulo 19 N°2 y 24, toda vez que el formulario de solicitud de reconsideración de multa señala claramente cuál es el plazo que detenta la contraria y que es el mismo que se encuentra normado en el artículo 512 del Código de Trabajo y la Inspección solo se pronunció en virtud de una facultad descrita en la ley, relativa a un procedimiento también regulado en la ley.

Agrega que la discusión acerca del plazo de 30 días establecido en el artículo 512 del Código de Trabajo, ha quedado zanjado por diversos Dictámenes de la Contraloría General de la Republica que señalan que se trata de un plazo de días corridos.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que correspondía utilizar la vía judicial, a través del artículo 512 del Código del Trabajo, o bien la vía administrativa, en virtud del Recurso de Reposición establecido en el artículo 59 de la Ley 19.880. No correspondiendo utilizar la Acción de Protección.

Atendido lo anterior, no es posible sostener que la Dirección del Trabajo le haya provocado alguna privación, perturbación o amenaza por establecer una diferencia arbitraria o ilegal en la protección de sus derechos, en el caso en particular, su derecho a solicitar la reconsideración administrativa de la multa cursada.

Finalmente solicita tener por informado el Recurso de Protección y pide su completo rechazo, con costas.

Tercero: Que por la presente acción cautelar la parte recurrente reclama de la decisión de la Inspección Comunal del Trabajo recurrida, contenida en el ordinario N° 1813 de fecha 12 de diciembre de 2017 que por esta vía se impugna, que estima arbitraria e ilegal, por medio del cual se rechazó la solicitud de reconsideración administrativa que dedujo respecto de la multa que le fuera cursada por dicha institución, en atención a haber sido presentada ésta de forma extemporánea.

Cuarto: Que, previo a un análisis de lo sometido a decisión de esta Corte, resulta del todo necesario precisar y consignar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que por otro lado, también, se debe dejar en claro que siendo una acción cautelar y pueda ser utilizada, aún la existencia de otros recursos, no puede transformarse en una que sirva para reemplazar los procedimientos ordinarios establecidos en la ley, como ocurre en esta situación, donde lo alegado como fundamento de la acción es un acto que se encuentra controvertido por las partes, en cuanto a su plazo para interponerlo. De este modo, en la especie, se trata de la interpretación de las normas que resultarían aplicables para establecer el cómputo del plazo respecto del acto que hoy resulta ser considerado para la recurrente como arbitrario e ilegal, al considerárselo extemporáneo, al tener una interpretación distinta a la dada por la autoridad que resulta ser la recurrida.

Sexto: Que además, en esta caso existe un procedimiento establecido en la ley -léase Código del Trabajo- para reclamar lo mismo que se hace por esta vía, y que es aquel establecido en el artículo 504 del Código referido.

Séptimo: Que de la forma como se ha razonado, aparece que la decisión de la recurrida de no tramitar la petición de substitución de la multa impuesta pedida por la actora, lo es porque a su juicio resulta ser extemporánea y ello resulta ser una consecuencia de una interpretación de las normas que a juicio de la primera son las aplicables en la especie, razón por la que en este caso no puede existir un acto ilegal y arbitrario de parte de la misma, aun cuando ésta interpretación resulte ser errónea; más cuando en este caso el sentido que la Inspección Comunal del Trabajo le ha dado a la norma cuestionada, corresponde justamente al genuino que, en su oportunidad, le ha dado la Contraloría General de la República a la misma.

Octavo: Que, además, también como se dijo en el motivo sexto de este fallo, en la especie existe un procedimiento establecido en la ley, que corresponde al del artículo 504 del Código del Trabajo, que entre otros es aquel que debe utilizarse para tramitar una substitución de una multa impuesta por dicha Inspección, por lo que aparece que el uso de la presente acción es una forma de substituir el procedimiento legal, y en ningún caso se le puede dar a esta acción tal carácter de substituto procedimental para resolver las acciones que ya tiene regulada en la ley su procedimiento, pues su genuino carácter es solo cautelar de los derechos garantidos en la Constitución Política de la República ante una actuación ilegal o arbitrario, lo que en este caso, no se ha establecido que así haya ocurrido.

Noveno: Que de acuerdo a lo razonado resulta innecesario analizar las posibles infracciones a las garantías constitucionales alegadas como vulneradas.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección; se rechaza, sin costas, el recurso deducido por Sociedad de Transporte Logsa S.A., en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Ministra señora Lusic, quien estuvo por acoger el presente recurso de protección en virtud de los siguientes fundamentos:

1.- Que la acción constitucional de protección de garantías constitucionales, establecida por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido establecida a fin de dar tutela a la vigencia efectiva de derechos fundamentales indubitados afectados en forma arbitraria e ilegal por cualquier persona, en caso de no existir otra vía idónea para ello, facultando a esta judicatura tomar todas las medidas necesarias para restablecer el efectivo imperio del derecho. En este sentido, procede determinar, en lo que atañe a la discusión, si el recurso de reconsideración administrativa interpuesto por la recurrente lo ha sido dentro de plazo;

2.- Que el artículo 512 del Código del Trabajo establece la facultad del Director del Trabajo para reconsiderar las multas impuestas a solicitud escrita del interesado, la que deberá presentarse dentro del plazo de treinta días de notificada la resolución que aplicó la referida multa. A su vez, el artículo 435 del mismo cuerpo legal, en su inciso tercero, establece, dentro de las reglas comunes al procedimiento laboral, que los términos de días establecidos en dicho título se suspenden durante los feriados, es decir, corresponden a días hábiles. En el mismo sentido discurre la Ley N° 19.880 en su artículo 25, en cuanto los plazos establecidos en dicho cuerpo legal son de días hábiles, lo que debe relacionarse con el artículo 1° de la misma, que establece la supletoriedad de sus normas frente a todo procedimiento administrativo, como es el sustanciado conforme al 512 del Código del Trabajo ya mencionado;

3.- Que así las cosas, habiéndose notificado la resolución que impone la multa el día 25 de octubre de 2017, y habiéndose interpuesto el recurso de reconsideración administrativa con fecha 1 de diciembre de 2017, sostiene que éste ha sido interpuesto dentro del plazo de 30 días hábiles establecido por el legislador, por lo que procede que se dé curso al requerimiento de la recurrente en dicho proceso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-3788-2018.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada por la Ministra señora María Soledad Melo Labra y por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez.