EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO con DIRECCIÓN NACIONAL DEL TRABAJO

Santiago, cuatro abril de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece don Esteban Palma Lohse, abogado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, en representación, de Empresa Nacional del Petróleo, empresa del giro de su denominación, RUT N° RUT reservado, ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, deduciendo acción de protección en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, Rut RUT reservado, representada por su Director, don nombre reservado, abogado, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Impugna por esta vía la multa administrativa emitida por la recurrida bajo Resolución N° 3624/17/9-2, de fecha 27 de noviembre de 2017, acto notificado a su parte con fecha 21 de diciembre de 2017, la que estableció una multa de 40 Unidades Tributarias Mensuales y cuyo cargo correspondía al siguiente: “Se aplica multa administrativa en virtud del código infraccional 1118-B de 40 UTM, por poner término al contrato de trabajo del trabajador don nombre reservado, invocando como causal de despido desahucio escrito, habiéndose constatado que el trabajador denunciante e individualizado se encontraba con licencia médica por enfermedad común desde el 14 de octubre de 2017 al 14 de diciembre del mismo año, a la fecha del despido, 18 de octubre de 2017. Lo anterior corresponde a un tipo de infracción de carácter grave.”

Cuestiona que la recurrida realice un análisis, interpretación y calificación jurídica de los hechos y de los artículos 161, 168 y 420 del Código del Trabajo, en relación a la procedencia o no de un despido por desahucio ante una supuesta licencia médica, ya que el legislador expresamente entrega dicho análisis, interpretación y calificación jurídica a los Tribunales Superiores de Justicia. En dicho sentido, estima que lo realizado por el ente fiscalizador lo transforma en una comisión especial, vulnerando la garantía constitucional establecida en el inciso quinto del número 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Advierte que el artículo 420 del Código del Trabajo entrega competencia exclusiva a los Juzgados del Trabajo para que resuelvan: “las cuestiones suscitadas entre empleador y trabajadores por aplicación de las normas laborales o derivadas de la interpretación y aplicación de los contratos individuales o colectivos del trabajo o de las convenciones y fallos arbitrales en materia laboral”.

Asimismo, el artículo 19 N° 3 inciso quinto de nuestra Constitución Política de la República, dispone: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Explica que conforme a las normas transcritas, la jurisprudencia uniforme de los Tribunales Superiores de Justicia ha establecido que la Dirección del Trabajo y sus Inspecciones son incompetentes y exceden en las facultades que le otorgó el legislador al proceder a resolver y pronunciarse sobre controversias jurídicas entre empleadores y trabajadores, y cursar multas en que establece o dirime una controversia jurídica entre partes, ya que dicha facultad se encuentra entregada de forma privativa los Juzgados del Trabajo, quienes son los premunidos de la jurisdicción para resolver dichas controversias.

Solicita se deje sin efecto la multa, con costas.

Segundo: Que, informado la Direccional Nacional del Trabajo, solicita el rechazo de la acción de protección deducida, con costas.

En primer término, se extiende sobre el procedimiento de fiscalización realizado el 27 de noviembre de 2017, del que se constató la existencia de infracciones laborales consistentes en el no pago de remuneraciones y en poner término al contrato de trabajo con licencia médica, por lo que se procedió a cursar las sanciones administrativas de 60 UTM (por no pago de remuneraciones) y 40 UTM (por poner término al contrato de trabajo, mientras el trabajador se encontraba haciendo uso de licencia médica).

Indica que en el caso particular, no estamos en presencia de un acto ilegal o arbitrario de la Dirección del Trabajo, pues el actuar de su parte se ha enmarcado en todo momento dentro de la esfera de sus atribuciones y facultades legales.

Señala que para preservar la relevancia de la acción cautelar de protección y evitar el mal uso que de esta institución se está haciendo, los propios Tribunales Superiores de Justicia han desarrollado un criterio jurisprudencial que concluye que el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de cuanto procedimiento judicial especifico existiera, más aun si se pretende reemplazar procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados. En efecto, advierte que esta vía no puede ser utilizada como sustituto de los procedimientos reglados por el legislador en los cuales se han contemplado las etapas pertinentes para efectuar las alegaciones y defensas de las partes involucradas y rendir las pruebas del caso.

Indica que en la especie, y según el tenor del libelo del recurso, la contraria accionó de protección en contra de un procedimiento de fiscalización llevado por el Servicio, que culminó con la imposición de una Resolución de Multa, la cual supuestamente sería fruto de una calificación jurídica o interpretación antojadiza e ilegal del fiscalizador actuante; situación que a la luz de los antecedentes que se acompañan, no es tal.

Estima que lo que queda claro es que de la revisión del expediente de fiscalización, se puede concluir a ciencia cierta que se cumplió con cada una de las etapas del procedimiento administrativo sancionatorio y que a las luces de la constatación efectuada necesariamente se procedió a la emisión de la correspondiente Resolución de Multa, al tenor de la normativa establecida al efecto.

Concluye que habiéndose cumplido a cabalidad por parte del ente administrativo con la normativa referida al procedimiento inspectivo, es preciso señalar que la contraria siempre tuvo conocimiento de las actuaciones realizadas por el Servicio, teniendo a su haber, en consecuencia, la posibilidad de ejercer todas las acciones tanto administrativas (reconsideración de resolución de multa), como judiciales (reclamación de resolución administrativa de los artículos 503 y 512 del Código del Trabajo); como en la especie lo realizó con la primera de las sanciones, información que olvida señalar convenientemente en el líbelo de su acción de protección.

Agrega que desconoce los motivos que podría haber tenido la recurrente para no ejercer, las acciones que corresponden contra esta sanción administrativa, pero lo que sí es claro, es que no puede efectuar una construcción jurídica desnaturalizando este tipo de acción constitucional, con el objeto de intentar dejar sin efecto la segunda de las sanciones impuestas y que Ie fue cursada dentro de un procedimiento efectuado dentro del marco de la legalidad por parte de la Dirección del Trabajo en cumplimiento de las facultades que la ley Ie confiere al efecto.

Refiriéndose a la legalidad de la multa impugnada y a la falta de arbitrariedad en el actuar del servicio, indica que tanto el artículo 1 del D.F.L. N° 2, de 1967 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social como el artículo 505 del Código del Trabajo, han conferido a la Dirección del Trabajo la función de fiscalizar la aplicación de la legislación laboral. En concordancia con esta función general, son los fiscalizadores del Servicio los llamados a constatar la existencia o no de infracciones a la normativa laboral, y en caso afirmativo, a imponer las multas prescritas en la Ley, como ocurrió en este caso.

La contraria en ningún caso logra demostrar que el fiscalizador haya obrado de forma arbitraria e ilegal, privando, perturbando o amenazando el legítimo ejercicio de la garantía constitucional alegada por el recurrente; lo anterior atendido a que como se señalara precedentemente, el órgano administrativo jamás excedió o desbordó las atribuciones y facultades que Ie entrega la Ley, tampoco actuó como una comisión especial; sino que al contrario, se aplicaron las facultades contenidas en la legislación, ante la constatación de la existencia de una infracción a la legislación laboral, lo anterior producto de un proceso de fiscalización, constatando en terreno y de manera personal en las dependencias de la empresa la existencia de infracciones laborales, hecho no discutido en ningún momento por la contraparte.

Tercero: Que, el acto que motiva la presente acción cautelar, lo constituye la emisión por parte del recurrido de la Resolución Administrativa de Multa signada con el número 3624/17/9-2, de 27 de noviembre de 2017, por la cual se impone a la recurrente una sanción por 40 Unidades Tributarias Mensuales, por “poner término al contrato del trabajador don nombre reservado, invocando como causal de despido desahucio escrito, habiéndose constatado que el trabajador denunciante se encontraba con licencia médica por enfermedad común desde el 14 de octubre de 2017 al 14 de diciembre del mismo año, a la fecha del despido, 18 de octubre de 2017”. Se estimó infringido los artículos 161 inciso tercero y 506 del Código del Trabajo.

Cuarto: Que, de acuerdo a lo que dispone el artículo 1, letra a) del D.F.L. N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo, y artículo 505 del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo es el órgano del Estado al que le corresponde no solo la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y previsional sino también su interpretación. Por otro lado, conforme a lo que prescribe la letra c) del artículo 5 del citado decreto con fuerza de ley, en relación a lo que previene su artículo 18, al inspector del trabajo le corresponde velar por la correcta aplicación de las leyes del trabajo.

Quinto: Que, en el caso de autos, consta que el trabajador de la empresa recurrente denunció el hecho que motivó la fiscalización el cual dice relación con el no pago de remuneraciones y el despido que lo afectaba. Por consiguiente, con la finalidad de verificar la efectividad de la infracción denunciada, el fiscalizador se constituyó en las dependencias de la empresa con fecha el 27 de noviembre pasado, y tras revisar la documentación que le fue exhibida determinó la existencia de un incumplimiento a la normativa laboral, específicamente, al artículo 161 inciso tercero, en relación con lo que disponen el artículo 506, todos del Código del Trabajo.

Sexto: Que, en consecuencia, aparece que el fiscalizador constató hechos claros y precisos que, en su concepto, importarían incumplimiento a las leyes laborales, pues verificó que el despido de un trabajador, por la causal de desahucio escrito del empleador, tuvo lugar cuando éste se encontraba con subsidio laboral por enfermedad común, es decir, estimó infringido el inciso tercero del artículo 161 del Código del Trabajo, sobre la base de la interpretación de la norma que justifica la sanción, actuación que no excede el marco legal, sin perjuicio de la impugnación que el recurrente estaba en condiciones de interponer si, en su concepto, el sentido y alcance de la norma es diferente.

A lo anterior se debe agregar que el fiscalizador, contrario a lo sostenido por el recurrente, se limitó a constatar la desvinculación del trabajador en el contexto fáctico señalado y, por ello ha de concluirse que el recurrido ejerció la legítima y legal función de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral e interpretarla como lo autoriza el artículo 505 del Código del Trabajo. Por otro lado, la autoridad está facultada para calificar jurídicamente los hechos que constate, siendo, precisamente, esa actividad parte esencial de su función administrativa sancionadora, sin que pueda ella por si sola constituir un actuar ilegal o arbitrario.

De las disposiciones que regulan la actividad de la Dirección del Trabajo, se desprende que el servicio y sus funcionarios deben velar por el correcto y efectivo cumplimiento de la legislación laboral, contando para ello con la atribución de cursar las sanciones administrativas que correspondan en el caso de que se constate su infracción. En la especie, es un hecho objetivo el despido del trabajador en la hipótesis del artículo 161 del Estatuto Laboral, interpretación que la recurrente estaba en condiciones de cuestionar a través de la acción que reconoce el Código del Trabajo, pues es allí donde se debe impugnar el supuesto error que ahora se esgrime. Por tanto, si el recurrido actúa en el ámbito de sus atribuciones el acto que se ataca no pude adolecer de la ilegalidad que se le atribuye, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda intentar conforme a las normas vigentes, sea por vía administrativa o judicial.

Tampoco se advierte arbitrariedad en la resolución de multa, porque la fiscalización que devino en la sanción impugnada tuvo su origen en una denuncia concreta, la multa se impuso después de que el fiscalizador constatara el incumplimiento que se sanciona, es decir, el acto administrativo tiene fundamento fáctico y jurídico que lo sustenta.

Séptimo: Que cursada la multa, cuestión diferente es si se comparte o se discrepa de la apreciación que pueda efectuar ese organismo acerca de los hechos que ha verificado, y el juicio que pueda tenerse sobre el mérito, adecuación y justificación de la sanción adoptada, desde que lo anterior debe, necesariamente, ser debatido en los procedimientos especiales que la misma ley ha consultado al efecto, resultando del todo ajenos al ámbito de una acción de naturaleza eminentemente cautelar.

Todo acto administrativo está amparado por una presunción de legitimidad que no se advierte superada en este caso y, enseguida, la sola circunstancia de que el recurrente evidencie conocimiento de la situación que ahora reprocha, permite sostener que la resolución cuestionada está provista de los fundamentos y razones necesarias, que excluyen el mero arbitrio o capricho.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el deducido por la EMPRESA NACIONAL DE PETRÓLEO, sin costas Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso.

Protección N° 3783-2018.- 1