nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete nombre reservado de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece nombre reservado, chileno, trabajador, y expone que interpone acción de protección en contra de Caja de Compensación 18 nombre reservado y Caja de Compensación La Araucana, por haberse practicado descuentos en su remuneración de febrero de 2025 informados por dichas Cajas a su empleadora, respecto de deudas antiguas que estima prescritas y hoy inexigibles.

Expone que con la Caja 18 nombre reservado, contrató crédito social por $9.091.890 el 19 de agosto de 2015, pactado en 49 cuotas; y que pagó 30. Agrega que, con la Caja La Araucana, contrató crédito social por $483.021 el 2 de abril de 2008, en 24 cuotas; y que pagó 4.

Refiere que desde mayo de 2024 se desempeña como administrativo en la Municipalidad de Estación Central, y que en su liquidación de febrero de 2025 consta descuento total de $326.205 bajo el rótulo “Caja Los Andes – Crédito”, derivando $296.132 a Caja 18 nombre reservado y $30.073 a Caja La Araucana, operando Caja Los Andes como intercaja por afiliación de la empleadora. Afirma que, por más de 10 y 17 años, respectivamente, las recurridas no ejercieron cobro judicial.

Imputa a las recurridas haber “revivido” unilateralmente el beneficio de descuento por planilla previsto para el crédito social en artículo 22 de la Ley 18.833, en relación con el inciso segundo del artículo 11 del Decreto 91, sin cobro oportuno ni título vigente, afectando indebidamente su sueldo.

Sostiene que el mecanismo excepcional de descuento exige exigibilidad actual y ejercicio diligente del acreedor, lo que no concurre tras la inactividad prolongada.

Advierte que la perturbación se conoció el 17 de febrero de 2025 al recibir la liquidación, por lo que la acción se interpone dentro de 30 días conforme a artículo 20 de la Constitución y Auto Acordado respectivo.

Denuncia lesión del derecho de propiedad del artículo 19 numeral 24 de la Constitución, al detraerse parte de la remuneración sin habilitación legal idónea ni proporcionalidad, además invoca el artículo 58 del Código del Trabajo, que solo permite descuentos con ley o consentimiento escrito y con tope del quince por ciento de la remuneración total, estándares que no se cumplirían en el caso.

Alega que, aun cuando el artículo 22 de la Ley 18.833 equipara el cobro del crédito social a cotizaciones para efectos de retención, ello presupone deuda exigible, y su aplicación tardía y sorpresiva resulta arbitraria por desproporción y falta de necesidad, según principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad desarrollados por la Dirección del Trabajo.

Solicita se acoja la acción y con ello se ordene el cese de los descuentos; disponer la restitución de $326.205 descontados en febrero de 2025; y condenar en costas.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece Matías Zoroquiain Vélez, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando su rechazo.

Expone que el 19 de agosto de 2015 el actor contrató un crédito social por $9.091.890 a una tasa de 1,79%, pagadero en 49 cuotas de $280.221, más $15.911 por seguro de desgravamen obligatorio, operación identificada con folio 1340104467, y que el actor abonó 30 cuotas y luego incurrió en morosidad, activándose gestiones extrajudiciales y su incorporación a la plataforma Intercajas para cobro mediante descuento por planilla por la caja de actual afiliación del deudor, dicha gestión produjo el descuento de la cuota 31 en febrero de 2025.

Sostiene que el proceder es legal y no arbitrario, fundado en: artículo 1 de la Ley 18.833 (naturaleza y régimen de las Cajas), artículo 58 del Código del Trabajo (obligaciones de descuento del empleador), y artículo 22 de la Ley 18.833 (deuda por crédito social se deduce, retiene y remesa, rigiéndose por las normas de pago y cobro de cotizaciones previsionales).

Agrega el artículo 22 de la Ley 17.322 (deber de declarar y enterar dentro de plazo lo descontado). Releva, además, el mandato expreso del actor en el pagaré (cláusula décima) y en el contrato de crédito (cláusula quinta), facultando a su empleador y futuros empleadores a descontar las cuotas para el servicio de la deuda. Precisa que no existe declaración de prescripción de la acción de cobro.

Concluye que el descuento por planilla constituye el ejercicio de una prerrogativa legal de la Caja, sin vulneración de garantías. No obstante, informa que, sin reconocer ilegalidad, se instruyó el cese del cobro y la restitución al actor del monto descontado en febrero de 2025, indicando que tales dineros no ingresaron a las arcas de la Caja y solicitando al actor remitir sus datos bancarios a correo reservado para efectuar transferencia, de lo que se dará cuenta al tribunal.

Tercero: Que informando al tenor del recurso comparece don Pablo Antonio Oviedo Mascarell, abogado, en representación convencional de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo del recurso deducido.

Expone que el actor contrató con La Araucana un crédito social por $483.021 el 02 de abril de 2008, individualizado como N° 001026921166, pagadero en 24 cuotas de $30.073 con tasa 2,15%, del cual pagó 4 cuotas y luego registró morosidad, por lo que, en consecuencia, en febrero de 2025 el actor advirtió descuentos por sistema Intercajas por $326.205, de los cuales $296.132 corresponderían a Caja 18 nombre reservado y $30.073 a La Araucana.

Señala que, dada la existencia de la deuda, La Araucana informó al Hospital de Cañete la obligación y solicitó el descuento a través de Caja Los Andes, actual caja de afiliación del empleador, conforme a la normativa aplicable.

Sostiene que el procedimiento de cobro se ajusta a derecho. Invoca el artículo 1 de la Ley N° 18.833, que define a las Cajas como entidades de previsión social; el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que ordena que lo adeudado por crédito social deberá ser deducido, retenido y remesado por el empleador y que se rige por las mismas normas de pago y cobro de las cotizaciones previsionales; el artículo 11 del Decreto Supremo N° 91 de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reproduce dicho mandato; el artículo 22 de la Ley N° 17.322, que impone al empleador declarar y enterar los descuentos dentro de plazo; y el artículo 58 del Código del Trabajo, que obliga a deducir, entre otros, las obligaciones con instituciones de previsión. Añade que el vínculo obligacional se rige por los artículos 1.545 y 1.546 del Código Civil sobre fuerza obligatoria y ejecución de buena fe, y que la extinción por prescripción exige declaración judicial conforme al artículo 2.493 del Código Civil, inexistente en la especie.

Hace presente el Dictamen N° 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, de 12 de agosto de 2020, que concluye que, mientras no se declare judicialmente la prescripción, deben continuar practicándose los descuentos por cuotas de créditos sociales; y cita la jurisprudencia de la Corte Suprema, Rol N° 61.103-2024, sentencia de 2 de abril de 2025, que confirma que el mecanismo del artículo 22 de la Ley N° 18.833 se ajusta a su tenor literal, sin establecerse plazo de caducidad para su ejercicio, atendida la finalidad de asegurar el financiamiento del fondo social que sustenta tales prestaciones.

Concluye que no se ha privado, perturbado ni amenazado el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues no existe traspaso ilegítimo a la esfera patrimonial del recurrente ni expropiación, sino cobro de una obligación vigente mediante un mecanismo legal y reglamentario expresamente previsto para el crédito social y ejecutado por el empleador en cumplimiento de su deber legal.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye, el descuento que alega el recurrente a través de sus liquidaciones, los que no habría autorizado. Sobre el particular, las recurridas indican que se trata de créditos que no se encuentran al día en el pago de cuotas, estando vigentes y que no se ha declarado la prescripción a su respecto.

Sexto: Que, es un hecho no controvertido que respecto de los créditos reclamados no se ha deducido acción judicial de cobro por parte de las recurridas, y que, no ha habido declaración judicial de prescripción a su respecto.

Séptimo: Que, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado informó que instruyó el cese del cobro denunciado y la restitución al actor del monto descontado en febrero de 2025, solicitando al actor remitir sus datos bancarios para efectuar transferencia, por lo que el arbitrio, debe ser acogido a su respecto, en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Octavo: Que, respecto del actuar de la Caja de Compensación La Araucana, este se enmarca dentro de las facultades que le han sido conferidas por la Ley Nº18.833, específicamente en su artículo 22, conforme al cual “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Asimismo, y conforme al ORD.: R-01-UJU-10815-2025 de la Superintendencia de Seguridad Social, de fecha 27 de enero de 2025, dicha entidad informó a la recurrente que la recurrida ha actuado en conformidad a la normativa vigente.

En consecuencia, no cabe sino concluir que la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, de manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y que se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentra declarada como prescrita.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I) SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por lo que la recurrida se abstendrá de continuar obteniendo el pago del crédito social vía descuentos de las remuneraciones y deberá restituir los cobros indebidamente realizados al recurrente;

II) SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese N°Protección-3782-2025.

En Santiago, diecisiete nombre reservado de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.