nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veinte de abril de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: nombre reservado, dependiente, domiciliado en domicilio reservado e interpone recurso de protección en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES, del giro de su denominación, representada por su gerente general don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana.

Refiere que con fecha 26 de noviembre del año 2018, suscribió el pagaré N° 191CON101180047, a favor de la recurrida, por la suma de $3.897.386., por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.010, pagaderos en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $119.848, venciendo la primera de ellas el 31 de enero 2019.

Asimismo, en el referido pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago de más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados. Igualmente, pactó la facultad a su empleador de aquel momento empleadores futuros, entidades pagadoras de pensión y pagadoras de subsidio de incapacidad laboral, para descontar del pago de emolumentos mensuales o subsidios de cesantía, los dividendos correspondientes al referido crédito.

Explica que perdió su única fuente de ingresos, terminando la relación laboral con su empleador, y al quedar sin trabajo cayó en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento al 30 de mayo de 2019.

Expone que en razón de lo señalado la C.C.A.F Los Andes lo demandó ejecutivamente, el 27 de enero de 2020 en la causa Rol C-618-2020 del 4° Juzgado Civil de San Miguel, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, proceso en el que en su oportunidad opuso la excepción contenida en el numeral 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil y en que actualmente se discute el abandono del procedimiento formulado por su parte.

Afirma que pese a existir una causa ejecutiva que se encuentra en tramitación, al momento de recibir su liquidación de sueldo del mes de julio de 2021 advirtió que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $92.294 por concepto “PRESTAMO LOS ANDES CT 1 DE 48”.

Asevera que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración liquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregarle ninguna información ni a él ni a su empleador.

Advierte un uso arbitrario e ilegal del artículo 22 de la Ley N°18.833, de acuerdo a lo establecido de manera categórica y uniforme por la jurisprudencia, toda vez que, una Caja de Compensación, como todo grupo intermedio prestador de un servicio público, está subordinada a la Constitución Política de la República, por lo que el acto de autotutela efectuado por Caja de Compensación Los Andes, es un descuento ilegal y arbitrario de sus remuneraciones, sin dar noticias o informaciones previas a la determinación del descuento o explicar el por qué, ni el cómo se llegó a ese monto, vulnerando flagrantemente la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Pide ordenar a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción con costas.

SEGUNDO: Informando la recurrida señala que con fecha 26 de noviembre de 2018, se le otorgó al Sr. nombre reservado el crédito social Nº191CON101180047, por un capital inicial de $3.897.386, pagadero en un plazo de 60 meses, con cuotas mensuales de $119.848, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de enero de 2019. Las cuotas de enero a abril de 2019 Nº1 a Nº4, se pagaron regularmente en los plazos establecidos mediante descuento en las remuneraciones de dichos meses, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley Nº18.833. Las cuotas de mayo a noviembre de 2019, Nº5 a Nº11 se pagaron en forma desfasada, durante el periodo que va desde el 10 de octubre de 2020 al 10 de mayo de 2021.

Posteriormente, con el fin de solucionar su situación de morosidad, con fecha 25 de mayo de 2021, el Sr. nombre reservado realizó la reprogramación de la deuda por un total de $2.955.789, pactándose su pago en un plazo de 48 meses, con cuotas mensuales de $92.294, cuyo primer vencimiento correspondió al 31 de julio de 2021. La cuota del mes de julio de 2021 Nº1, se pagó a través de descuento en la remuneración de dicho mes.

Hasta el momento de la interposición de la acción de protección por parte del Sr. nombre reservado y la posterior dictación de la orden de no innovar, la referida operación se hallaba al día en el pago de sus cuotas.

En consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito vigente y actualmente exigible, cuya acción de cobro no se encuentra prescrita, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno. A mayor abundamiento, aún mantiene pendientes de vencimiento sus cuotas hasta el 30 de junio de 2025.

Como primera alegación, asevera que los hechos que son materia del recurso de protección y que guardan relación con su representada, esto es, el cobro de las cuotas del crédito social a través de descuentos en la remuneración del actor, han venido ocurriendo desde el mes octubre del año 2020, de modo que la acción de protección es del todo extemporánea.

Afirma que el recurrente tomó conocimiento de los hechos, al momento en que recibió su liquidación de remuneraciones del mes de octubre del año 2020, por lo que al accionar casi un año después el recurso debiese ser desechado por ser manifiestamente extemporáneo.

En cuanto al fondo señala que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues a diferencia de otros préstamos de dinero que pueden obtenerse en el sistema financiero, son otorgados por entidades de previsión social. Su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado, o el tipo de instrumento que hayan suscrito las partes, sino deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga. (C. Suprema en Rec. de Casación en el Fondo Rol 97812-2016, a propósito del tipo de crédito que otorgan las Cajas de Compensación y la preferencia para su cobro en un procedimiento concursal).

En esta línea de razonamiento, el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833.

Enfatiza que su representada está efectuando el cobro, conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N°18.833, de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, la cual emana de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre las partes, el cual fue reprogramado el 25 de mayo de 2021 y que mantiene por vencer cuotas hasta el 30 de junio de 2025, respecto del cual no ha operado plazo de prescripción alguno, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno, de acuerdo a lo razonado reiteradamente por la Excma. Corte Suprema.

Estima que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley N° 18.833, que señala que “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.” Así, mientras la deuda se mantenga exigible, la Caja puede informar los descuentos en cuanto el deudor figure como afiliado al sistema de C.C.A.F., sin perjuicio del tiempo que la cuota respectiva haya estado morosa, pues, si el deudor quiere aprovechar el beneficio jurídico de la prescripción basado en dicho paso del tiempo, deberá accionar para conseguir tal declaración.

En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver la recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

TERCERO: Que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Carta Fundamental, la denominada acción o recurso de protección requiere para su acogida la concurrencia copulativa de los siguientes presupuestos: a) Una conducta por acción u omisión ilegal o arbitraria; b) La afectación, expresada en privación, perturbación o amenaza, del legítimo ejercicio referido a determinados derechos esenciales garantizados en la misma Constitución y que se indican en el mencionado precepto; c) Relación de causalidad entre el comportamiento antijurídico y el agravio a la garantía constitucional; y d) Posibilidad del órgano jurisdiccional ante el cual se plantea de adoptar medidas de protección o cautela adecuadas, para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

CUARTO: Que no existe controversia en cuanto a la existencia de la deuda y a la facultad legal que tiene la recurrida para su cobro, lo que descarta un actuar ilegal o arbitrario de su parte, resultando ajena al recurso las consideraciones que hace el recurrente en cuanto al impacto que se produce en sus ingresos el pago de una deuda que no desconoce, ya que en la especie se trata de un crédito vigente y actualmente exigible, además de ser un título que reúne características particulares para su cobro, según dispone el artículo 22 de la Ley 18.833.

En estas circunstancias no cabe sino proceder al rechazo del recurso, toda vez que no hay afectación a norma constitucional alguna, sin perjuicio de los derechos que el recurrente pueda hacer valer en cuanto a la vigencia de la deuda y de las acciones tendientes a su cobro por la vía que corresponda.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Héroes.

Lo anterior con el voto en contra de la Ministra, señora Lidia Poza Matus, quien estuvo por acoger el recurso teniendo por las siguientes razones:

1°) Que no se acompañó ningún antecedente que den cuenta de una eventual reprogramación de la duda.

2°) Que en cambio sí aparece fehacientemente de los documentos de folio 1 que se demandó por la Caja de Compensación el pago acelerado de la deuda en un juicio ejecutivo que se encuentra en actual tramitación.

3°) Que por lo tanto, la acreedora ya había escogido una vía determinada para el cobro de los pagos morosos, acelerando además la deuda, lo que le impedía ejercer paralelamente ese mismo cobro amparado en lo que dispone el artículo 22 de la ley 18.833, que si bien le permite deducir de las remuneraciones los créditos sociales que otorguen a su afiliados, ello no incluye la de obtener por esta vía un enriquecimiento injusto o doble pago.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro Aguilar y el voto por su autora.

N°Protección-37769-2021.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia e integrada por el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y por la Ministra (S) señora Lidia Poza Matus. No firma la Ministra (S) señora Poza por haber terminado su suplencia.