Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, tres de octubre de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Primero: Que comparecen las Sras. nombre reservado, ambas abogadas, y deducen recurso de protección en favor de don nombre reservado, de nacionalidad cubana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber incurrido en acciones y omisiones arbitrarias e ilegales, consistentes en la emisión del Oficio Ordinario NUM000, de 31 de enero de 2025, que le informó el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y la falta de orientación para la adecuada tramitación de dicha petición, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto refieren que el recurrente, nacido el año 1947, desde muy joven fue opositor del régimen cubano, producto de lo cual nunca pudo desarrollar su vida con la libertad, ya que fue censurado, silenciado, torturado, encarcelado y vigilado, durante toda su vida. Por este motivo, en el año 2018 acepta la ayuda ofrecida para salir del país, arribando a Chile ese mismo año. Sin embargo, durante la tramitación de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ha tenido múltiples complicaciones, debido a que por su avanzada edad desconoce la utilización de aparatos tecnológicos y que la recurrida no ha tenido la disposición de darle una orientación adecuada a sus necesidades.

Narran que mediante Resolución Exenta NUM003 de 6 de noviembre de 2023, se le notifica el rechazo de su solicitud, decisión que impugnó mediante recurso administrativo de reposición y jerárquico. El 11 de diciembre de 2024, se emite el Oficio N° NUM004, mediante el cual se le se le indicó que en atención a lo prescrito por los artículos 43 de la Ley N° 19.880, 33 de la Ley 20.430 y 52 de su reglamento, disponía de 7 días desde la notificación de ese oficio para “efectuar las diligencias de su cargo y reactivar su solicitud de refugio” bajo apercibimiento de tener por declarado el abandono del procedimiento.

Al desconocer cuales eran las gestiones que debía realizar para reactivar su solicitud se apersonó en dependencias del servicio, donde solo fue atendido en la puerta y se le indicó que su petición ya había sido rechazada y que debía buscar otras vías de regularización, por estar fuera de plazo, pese a que aún no había transcurrido 7 días desde la notificación que indicaba el oficio.

Relatan que frente a esta situación acudió al Servicio Jesuita a Migrantes, que procedió a enviar una carta en enero de 2025, para solicitar un pronunciamiento sobre el recurso de reposición interpuesto, dar cuenta de los inconvenientes surgidos para reactivar su solicitud y que en definitiva se otorgara al recurrente un nuevo plazo para realizar las diligencias correspondientes.

Dicha petición recibió respuesta mediante Oficio Ordinario NUM000, de 31 de enero de 2025, donde se la informa de la dictación de la resolución que ordenó el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por no haber satisfecho la carga de prorrogar su permiso de residencia.

Acto seguido, y luego de describir el estatuto jurídico del derecho al refugio alegan que el acto administrativo impugnado infringe el artículo 2 de la ley N° 20.430; invoca los principios pro persona y de no devolución, y reclaman la transgresión de los principios de celeridad, imparcialidad y conclusivo que rigen el procedimiento administrativo. Agregan que se vulnerado también el artículo 43 de la Ley N° 19.880, que contempla la institución de abandono del procedimiento administrativo, dado que el recurrente no se encuentra en la hipótesis de aplicación esa norma, al no haber incurrido en inactividad alguna.

Plantea que el oficio mediante el cual se apercibió al interesado no indica cuales eran las diligencias que debía realizar para reactivar la solicitud de refugio, mucho menos que aquello consistía en solicitar la prórroga de su permiso de residencia, y que al tratar de recabar información para dar cumplimiento a la ambigua instrucción, la autoridad no le dio orientación alguna, omisión que, según estiman, supone un incumplimiento del deber de ayuda administrativa que establece el artículo 19 del Reglamento de la Ley N° 20.430.

Sostienen que la autoridad migratoria confunde el permiso de residencia temporal, disponible para solicitantes de refugio, con el procedimiento mismo de reconocimiento de refugio, y que debe concluir con una resolución sobre el fondo de lo solicitado, procedimiento en el cual el recurrente ha hecho toda diligencia útil al respecto.

Adicionan que el permiso de residencia temporal se encuentra mencionado en el Reglamento de la Ley N° 20.430, y las reglas sobre dicho permiso, en el Decreto Supremo N° 177, sobre Sub-Categorías migratorias, lo que confirma, a su juicio, que la solicitud, prórroga de dicho permiso no es una diligencia útil del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, sino un beneficio migratorio del mismo. Tampoco se menciona en la normativa la necesidad del mismo para resolver la solicitud de refugio, o en su defecto, recursos de reposición o jerárquico sobre dicha solicitud.

Reclaman que no es efectivo lo señalado en el oficio, en orden a que, en razón del recurso interpuesto el procedimiento ficticiamente vuelva a la etapa de análisis. Respecto de la prórroga del permiso de residencia, este no permite concluir que de eso deriva la consecuencia de volver a la etapa de análisis, ya que dicha prórroga se enmarca en el efecto suspensivo de la interposición del recurso, mas no en el retroceso de etapa.

Niega que no se haya realizado actividad alguna en el plazo de 7 días otorgado por la autoridad, dado que dentro de dicho periodo el recurrente, junto con una funcionaria de la residencia donde vive, fue ante el Servicio Nacional de Migraciones, donde fue objeto de un trato inadecuado y no se le entregó la información requerida.

Observa que el recurrente tomó conocimiento de la dictación de la Resolución Exenta NUM001, de 2025, a través del oficio de respuesta a su petición de pronunciamiento del recurso, pues hasta esa fecha no le ha sido notificado legalmente, existiendo una manifiesta vulneración al debido proceso y a las reglas sobre tramitación y resolución de las solicitudes realizadas ante la recurrida, en particular el artículo 36 de la Ley N° 20.430.

Por lo anterior piden se acoja el recurso, declarando la ilegalidad y arbitrariedad del acto denunciado, se deje sin efecto el Oficio NUM000 -dado que la resolución que dispone el archivo aún no se le ha intimado- y se disponga que se adopten las medidas necesarias para restablecer y resguardar el imperio del derecho, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones que ordene el desarchivo de solicitud de refugio, se le otorgue el estampado electrónico que prorrogue su visa y se resuelva el recurso de reposición y jerárquico interpuesto, otorgándole en definitiva el reconocimiento de asilo, conforme a lo establecido en la Ley de Refugio y en su Reglamento.

Segundo: Que, informando al tenor del recurso, el Servicio Nacional de Migraciones pidió su rechazo, desde que no existe actuación arbitraria o ilegal de esa autoridad que amenace, perturbe o prive el ejercicio legítimo de alguna de las garantías protegidas por la acción constitucional de protección.

En primer lugar, indican que el extranjero no registra fecha de ingreso al país, de lo que se desprende su ingreso clandestino al territorio nacional.

Añade que por Resolución Exenta NUM002, de 16 de octubre de 2019, se accedió a su requerimiento de ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándole una visa temporaria de 8 meses. Después de realizar diversas diligencias para determinar su condición, otorgándoles en diversas oportunidades prórrogas de visas temporarias, mediante Resolución Exenta NUM003, de 6 de noviembre de 2023, de la Subsecretaria del Interior, se resolvió rechazar su solicitud por estimar que no se encuentra bajo ninguna de las situaciones previstas en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, como tampoco en aquellas hipótesis previstas en el artículo 2° de la Ley N°20.430.

Comenta que el 9 de diciembre de 2023 el recurrente interpuso recurso administrativo de reposición y jerárquico en contra de dicho acto administrativo. Luego, por Oficio Ordinario NUM004, de 11 de diciembre de 2024, de ese servicio, se le otorgó un plazo de 7 días hábiles para efectuar las diligencias de su cargo y reactivar su solicitud de refugio, bajo apercibimiento de tener por declarado el abandono del procedimiento, sin que exista registro de que el extranjero haya concurrido a alguna de sus oficinas con el fin de solicitar visa temporaria, por lo que mediante Resolución Exenta NUM001, de 6 de enero de 2025, se ordenó el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y consecuencialmente su recurso de reposición con jerárquico.

Aclara que no se ha dictado ninguna sanción administrativa en su contra, ya sea de expulsión, abandono o prohibición de ingreso.

En cuanto al derecho, explica que, a diferencia de las reglas generales, la interposición de recursos administrativos en contra del rechazo del reconocimiento de la condición de refugiado, suspende los efectos del acto impugnado, por expresa disposición del artículo 44 de la Ley N° 20.430, y 139 y 140 de la Ley N° 21.325, que por tanto retrotrae la solicitud al estado anterior al rechazo del requerimiento, lo que significa que se debe continuar con el procedimiento administrativo y con los deberes que cada extranjero tiene como solicitante de refugio y que dicen relación con la prórroga del permiso de residencia.

Menciona que, en el caso de marras, al extranjero se le apercibió para efectuar las diligencias de su cargo y reactivar su solicitud de refugio, por lo que, frente a la inactividad del recurrente, y siendo fundamental el impulso procesal del mismo, no se ha cumplido con las obligaciones de colaboración y cooperación, incorporadas en el artículo 33 de la Ley N° 20.430.

Afirma que, al estar paralizado el procedimiento administrativo por más de 7 días, no demostrando el solicitante interés por continuar con la tramitación de su solicitud, se configuró la hipótesis de artículo 43 de la Ley 19.880, así como la del artículo 52 del Decreto N°837, de 2010, conforme al cual “El abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante por más de treinta días, que paralice el procedimiento”.

Concluye que esa autoridad ha actuado con estricto apego a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, por lo que no existe acto u omisión arbitraria o ilegal que genere privación, perturbación o amenaza a los derechos consagrados en el Artículo 19 de la Constitución Política de la República ni perturbación alguna de los derechos del extranjero.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, en la especie, el acto que se califica de ilegal y arbitrario es el Oficio Ordinario NUM000, de 31 de enero de 2025, que informó al recurrente el archivo de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y la falta de orientación para la adecuada tramitación de su solicitud.

Quinto: Que la decisión de la autoridad migratoria en orden a disponer el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, comunicada al recurrente por el mencionado Oficio NUM000, se funda en la concurrencia de las hipótesis previstas en el artículo 43 de la Ley N° 19.880, y en el artículo 52 del Decreto N°837, de 2010, Reglamento de la Ley 20.430, debido a que éste, encontrándose pendientes de resolver los recursos administrativos interpuesto en contra del rechazo de dicha solicitud, no solicitó la prórroga de su permiso de residencia dentro del plazo que se le fijó al efecto.

Sexto: Que acorde con lo previsto en los incisos primero y segundo del artículo 43 de la Ley N° 19.880 -que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado-: “Cuando por la inactividad de un interesado se produzca por más de treinta días la paralización del procedimiento iniciado por él, la Administración le advertirá que si no efectúa las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, declarará el abandono de ese procedimiento. Transcurrido el plazo señalado precedentemente, sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración declarará abandonado el procedimiento y ordenará su archivo, notificándoselo al interesado.”.

A su turno, el artículo 52 del Decreto N°837, de 2010, del Ministerio del Interior -Reglamento de la Ley N°20.430- dispone. en sus incisos primero y segundo: “Archivo de la solicitud. El Servicio Nacional de Migraciones podrá ordenar mediante resolución, el archivo de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con lo establecido en la ley N°19.880, en los casos de abandono del procedimiento o de desistimiento de la solicitud. El abandono del procedimiento se producirá por la inactividad del solicitante por más de treinta días, que paralice el procedimiento. El Servicio Nacional de Migraciones notificará al solicitante de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 de la ley N° 19.880, indicándole que debe efectuar las diligencias de su cargo en el plazo de siete días, bajo apercibimiento de declarar el abandono del procedimiento. Transcurrido dicho plazo, sin que se verifique actuación del solicitante, la autoridad declarará el abandono del procedimiento, y dictará la resolución de archivo correspondiente.

Dicha resolución se notificará al solicitante según lo preceptuado en el citado artículo 46 de la ley N° 19.880.”.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo expuesto por las partes y a los antecedentes acompañados, es dable advertir que la inactividad que se imputa al recurrente incide en un procedimiento diverso de aquel cuyo archivo se decretó, dado que el primero se refiere a un beneficio migratorio transitorio en tanto que el segundo atañe a la decisión de fondo respecto del reconocimiento de la calidad de refugiado del actor.

Octavo: Que a lo expuesto se agrega que el procedimiento relativo al reconocimiento de la calidad de refugiado se encuentra en estado de conocer y resolver los recursos administrativos ejercidos por el solicitante, etapa en la cual no le corresponde actividad alguna al administrado, encontrándose su impulso radicado en la autoridad, de manera que no se verifican los supuestos de las normas invocadas por el Servicio Nacional de Migraciones, dado que la inactividad que se imputa al recurrente, además de no vincularse con este procedimiento, no produce la paralización del procedimiento al que aluden dichas disposiciones.

Noveno: Que, por consiguiente, al disponer e informar al actor el archivo de su solicitud, el Servicio Nacional de Migraciones ha incurrido en una ilegalidad, vulnerando de esa forma los derechos que garantizan los N°s. 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones, ordenándose a la recurrida que dicte los actos administrativos necesarios para continuar la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, hasta su conclusión mediante la resolución de los recursos administrativos ejercidos en éste.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-3770-2025.