nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de junio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Comparece doña nombre reservado, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, deduciendo acción de protección constitucional, en contra del (ex) Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique y en contra del (ex) Ministro de Justicia y Derechos Humanos don Hernán Larraín Fernández, por haber conmutado o rebajado las penas impuestas a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.

Pide se ordene la nulidad de los decretos de indulto otorgados a nombre reservado, Lander nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, Demóstenes nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

En primer lugar, y mencionando las citas legales correspondientes, explica que la organización que representa reúne a los familiares de las personas que fueron Detenidas y Desaparecidas durante la dictadura cívico militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990 y de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, son también víctimas la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a las víctimas en peligro o para impedir la revictimización, por lo que cuenta con legitimación activa para incoar la presente acción.

Explica que, con fecha 12 de agosto de 2021 tomaron conocimiento a través de una publicación en el medio electrónico “El Desconcierto” que las autoridades recurridas, mediante el indulto establecido en la Ley N° 18.050 y su Reglamento, conmutaron y rebajaron penas de un total de 10 condenados rematados por crímenes de lesa humanidad, lo que revierte las decisiones judiciales que habían recaído sobre ellos.

Añade que los indultos se materializaron mediante decretos, los que firmados por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, por delegación del Presidente de la República.

En el caso en concreto, sostienen se ha vulnerado la garantía del artículo 19 Nº 1 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la integridad psíquica, derecho que debe ser respetado en su esencia por mandato del artículo 19 Nº 26 de la Carta Fundamental, y que, además, se ve consagrado en diversos tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la que en su artículo 5.1 reconoce el derecho a la integridad personal, lo que incluye el respeto de la integridad física, psíquica y moral de la persona.

Indican que, esta decisión trae consigo sufrimiento psíquico, angustia y retraumatización, pudiendo incluso llegar a constituir una forma de tortura.

Refiere que este acto es ilegal, ya que afecta garantías fundamentales de los familiares de víctimas de desapariciones forzosas, al conceder de forma contraria a la ley y a los tratados internacionales sobre derechos humanos, beneficios penitenciarios improcedentes tratándose de crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, manifiestan que la normativa posiblemente aplicada ha de ser la Ley N°19.856, que crea un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base se observación de buena conducta, la cual contempla criterios de evaluación obligatorios y que no han sido cumplidos por el condenado, debiendo siempre interpretarse estos de acuerdo con la normativa y exigencias del derecho internacional.

Refiere que, el Estado de Chile se encuentra limitado por el respeto a los derechos esenciales de conformidad lo señala el inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política del Estado y siendo parte de la comunidad internacional, está sujeto al cumplimiento de obligaciones internacionales, por lo que se tiene la obligación jurídica de respetar los compromisos contraídos en el ámbito internacional, incluso contra norma interna. Esta es una regla de ius cogens, recogida por los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena.

Más adelante, sostiene que la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema en la última década ha establecido que, atendida la naturaleza de las violaciones cometidas, no son aplicables a dichos crímenes ni la amnistía, ni la prescripción, encontrándose el Estado de Chile, obligado a sancionar a todos quienes han incurrido en violación de los derechos garantizados por los instrumentos internacionales. En el mismo sentido lo han interpretado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y la Convención contra La Tortura.

Cita jurisprudencia internacional de Derechos Humanos, e indica que, jurídicamente, el injustificado e ilegal perdón otorgado a criminales de lesa humanidad hace ilusoria la promesa de justicia que el Estado de Chile ha hecho ante la comunidad internacional, ya que tratándose de violaciones a los derechos humanos, se elude la sanción del crimen, elemento esencial de la justicia. Así lo ha sostenido la jurisprudencia permanente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Refiere que, de lo expuesto, solo se puede concluir que los indultos otorgados a personas condenadas por crímenes de lesa humanidad adolecen de un vicio de legalidad, ya que infringen obligaciones jurídicas que el Estado ha suscrito en el ámbito internacional, afectando derechos humanos fundamentales de los recurrentes, que se encuentran garantizados por la Constitución.

Se plantea en el recurso, que se conculca el debido proceso establecido en el inciso 5º del Nº 3 del artículo 19 de la Carta Fundamental, establecida tanto en favor del imputado como de la víctima y tiene en su centro en garantizar una aplicación equitativa del principio de contradictorio Añade que, un beneficio penitenciario de indulto, sin notificar a los familiares de las víctimas, configura una vulneración de un justo y racional proceso, lo que se ve reforzado por la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; y, del artículo 7.1. de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, mediante las cuales los estados se encuentran obligados a disponer tanto en el ámbito jurisdiccional como administrativo de las medidas necesarias para hacer efectivo los derechos de las víctimas.

Asimismo, alega que se conculca su derecho fundamental a la integridad psíquica, toda vez que los familiares de las personas detenidas desaparecidas, son víctimas de acuerdo al derecho internacional, y es presumible que su integridad psicológica se vea afectada por el perdón otorgado a los autores, cómplices o encubridores de estos graves crímenes que los afectaron directamente, ya que la justicia se ha alcanzado solo después de 40 años de ocurridos los hechos y las penas no guardan relación con la gravedad de los delitos. Lo anterior opera en la subjetividad de los recurrentes, como una nueva injusticia cometida por el Estado en su contra.

Segundo: Evacuando su informe, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín Fernández, primeramente alegó la extemporaneidad del recurso, ya que los indultos particulares luego de notificados a sus titulares se publicaron en el banner de transparencia activa de esa cartera, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 20.285 de Acceso a la información Pública. Así, considerando que el último de los actos administrativos fue publicado en enero de 2021, no es procedente contabilizar el plazo para interponer la acción desde agosto de 2021.

Señala al tenor del recurso, que el beneficio de reducción de condenas se encuentra regulado en la Ley N°19.856, publicada el 4 de febrero de 2003, y por el reglamento de dicha ley, se permite que las personas condenadas a una pena privativa de libertad puedan reducir el tiempo de duración de su condena, una vez que hayan demostrado un comportamiento sobresaliente.

En segundo lugar, alega que el recurso de protección no es de naturaleza declarativa ni de lato conocimiento y mucho menos una instancia jurisdiccional que permita declarar la nulidad de derecho público de un acto administrativo.

Alega, además, que no hay precisión en la distinción de los beneficios recibidos por las personas condenadas que se individualizan, ya que no solo se indultó, sino que también se redujo la condena de los condenados.

Respecto al indulto particular, indica que se encuentra consagrado como una atribución especial del Presidente de la República en el artículo 32 Nº 14 de la Carta Fundamental. Previas citas legales, indica que la característica fundamental del beneficio -que solo puede ser otorgado en las modalidades de remisión, reducción o conmutación de la pena- es su discrecionalidad, siendo en consecuencia de carácter subjetivo, pero sujeta a requisitos de procedencia establecidos en la Ley Nº 18.050, esto es, que la personas haya sido condenada por sentencia ejecutoriada y no haber sido condenada por conductas terroristas. A lo anterior se suma el control preventivo de Contraloría General de La República, realizado a través de la toma de razón, antes de la notificación a la persona interesada.

En este punto, indica que el indulto particular fue concedido por razones humanitarias y conmutados por arresto domiciliario total, a Demóstenes nombre reservado, quien falleció el 13 de mayo de 2020, nombre reservado, fallecido el 3 de enero de 2021, nombre reservado y nombre reservado, de 77 y 86 años respectivamente.

Respeto del beneficio de reducción de condena, refiere que el artículo 19 de la Ley N°19.856 establece el órgano encargado de calificar el comportamiento, creando las Comisiones de Reducción de Condenas, que sesionan en cada territorio jurisdiccional de Cortes de Apelaciones, y que califican como sobresaliente o no sobresaliente el comportamiento, de acuerdo con los factores de educación, trabajo, estudio y rehabilitación, según el artículo 7 de dicha ley, siendo una facultad exclusiva de las citadas comisiones. Añade que, una vez terminado el proceso de calificación, y de acuerdo con los artículos 74 y siguientes del reglamento de la ley, ya referido, reunidos estos antecedentes, Gendarmería remite la postulación a las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, quienes, una vez acreditados los requisitos objetivos, reenvían los antecedentes a la Unidad Coordinadora de Reducción de Condenas, dependiente de la División de Reinserción Social de dicha Secretaría de Estado.

Asevera que, analizados los documentos y verificado que se cumplen con los requisitos legales, la Unidad entrega una propuesta de decreto que otorga o rechaza el beneficio para que sea dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, según establece el artículo 14 de la ley ya señalada.

Manifiesta seguidamente, que el artículo 17 establece las causales que impiden conceder el beneficio de reducción de condena, sin que exista la obligación de informar y/o notificar a las víctimas o sus familiares respecto de la postulación, calificación, concesión o denegación del beneficio.

Ahora bien, insiste en que de acuerdo el artículo 10 de la ley que se viene analizando, el órgano encargado de examinar el comportamiento de los postulantes es la Comisión de Reducción de Condena, teniendo en consideración los factores ya señalados, siendo una facultad exclusiva de dichos organismos, cuestión que señala ha sido reconocida por la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 1001-2015.

Señala que, recibidos los antecedentes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, dicho organismo tiene la obligación de revisarlos a la luz del artículo 17 de la ley, debiendo, en caso de verificarse la concurrencia de alguna causal de exclusión, procediendo a dictar el decreto que rechace el beneficio de reducción de condena, y únicamente en dicho caso, según sostiene ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema en causa Rol N° 3278-2015, indicando que incluso en causa Rol N° 387-2017, el máximo tribunal acogió un recurso de amparo deducido por una persona condenada por crímenes de lesa humanidad, respecto de quién no se le concedió este beneficio, teniendo como fundamento precisamente que la decisión de rechazo no se enmarca en las causales establecidas en el artículo 17 ya mencionado, razón por la que en definitiva, y en cumplimiento de lo resuelto previamente por el máximo tribunal, se siguió dicho criterio.

Explica que, respecto de nombre reservado, Lander nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, se realizó un examen exhaustivo de los documentos que se adjuntaron tanto a la calificación de comportamiento coma a la postulación, y no concurriendo ninguna causal de exclusión del articulo 17 de la mencionada Ley, se otorgó el beneficio.

Añade que, los actos administrativos que se pretenden impugnar, fueron dictados dentro del marco legal vigente (Ley N° 18.050 y Ley N° 19.856), gozando cada uno de ellos, de plena razonabilidad, motivación y transparencia.

Respecto al argumento relativo a la falta de notificación del decreto a los familiares de las victimas, indica que no se trata de un procedimiento contencioso.

Cita jurisprudencia relativa a amparos acogidos en su contra por denegación del beneficio y finaliza indicando la inexistencia de conexión causal entre la dictación de los diez Decretos Exentos y el presunto agravio de la recurrente- Solicita, en definitiva, sea rechazada la presente acción constitucional, por cuanto indica que dicha Secretaría de Estado ha actuado conforme a derecho, al dictar el acto administrativo que por esta vía se impugna.

Tercero: Asimismo, informó don nombre reservado, Ministro Secretario General de la Presidencia (S), por orden de S.E. el ex Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique.

En primer lugar, alega la improcedencia de la presente acción, toda vez que su fundamento radica la adopción de medidas de resguardo, por lo que la materia excede sus fines, toda vez que no se puede constituir o reconocer de un derecho por esta vía.

En segundo lugar, alega la extemporaneidad de la acción, ya que los decretos impugnados fueron dictados en el año 2020 y publicados en la página web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En cuanto al fondo, reitera lo señalado por el aludido Ministerio en su informe y añade que el derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe expresamente el otorgamiento de los beneficios en la etapa de ejecución de la pena para condenados por este tipo de delitos, pero sí establece requisitos mucho más exigentes para su otorgamiento. En esta misma línea, los estándares internacionales exigen dar trato humano a las personas condenadas, regla que se compatibiliza con las obligaciones que tiene el Estado de Chile con respecto a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición Cuarto: Que, como reiteradamente se viene sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme con lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Asimismo, por la naturaleza de la acción cautelar, ella exige que dé lugar por parte de esta Corte a la adopción pronta y necesaria de acciones tendientes a restablecer las garantías conculcadas o amagadas, por lo que también impone a quien recurre acreditar de un modo fehaciente que los actos que se discuten son abierta y manifiestamente ilegales, fueron ejercidos de un modo arbitrario y afectando derechos indubitados o evidentemente reconocidos.

Quinto: Como primera cuestión alegada, se debe examinar si la acción constitucional cumple con el plazo exigido para su interposición, ya que la normativa que regula este arbitrio dispone un corto tiempo de treinta días para deducirlo, contado desde la fecha que el afectado tomó conocimiento del hecho del agravio, real o inminente de sus derechos que singulariza como afectados. En tal sentido, se advierte que el último de los actos administrativos que se discuten como ilegales y arbitrarios fue publicado en enero de 2021, por lo que claramente no es procedente contabilizar el plazo para interponer la acción desde agosto de ese mismo año, por lo que, desde la perspectiva de su interposición, el recurso es extemporáneo.

Sexto: Que, no obstante la advertencia de extemporaneidad que afecta a la acción deducida, y que basta para desecharla, en cuanto al fondo, queda en evidencia que la controversia se centra en determinar sí la dictación de los Decretos que emanan del Ministerio de Justicia por orden del Presidente de La República y que conceden indultos particulares o el beneficio de reducción de pena, resultan ilegales o arbitrarios, atentando contra la garantía de un debido proceso y el derecho fundamental a la integridad síquica de los recurrentes.

Séptimo: Que, sobre la existencia de los actos impugnados, no existe controversia, como tampoco respecto que los favorecidos por las medidas a que se refieren fueron condenados a penas aflictivas por delitos cometidos durante la dictadura civico-militar, entre el 11 de septiembre de 1973 y marzo de 1990.

Octavo: Que, en primer término, corresponde indicar que el beneficio de reducción de condenas se encuentra regulado en la Ley N° 19.856, publicada el 4 de febrero de 2003, y por el Reglamento de dicha ley, normativa que permite que las personas condenadas a una pena privativa de libertad poder reducir el tiempo de duración de su condena, una vez que hayan demostrado un comportamiento sobresaliente.

Es así como el artículo 19 de la Ley N° 19.856 establece el órgano encargado de calificar el comportamiento, creando las Comisiones de Reducción de Condenas, que sesionan en cada territorio jurisdiccional de Cortes de Apelaciones, y que califican como sobresaliente o no el comportamiento, de acuerdo con los factores de educación, trabajo, estudio y rehabilitación, según el artículo 7 de dicha ley, siendo una facultad exclusiva de las citadas comisiones.

Por su parte, una vez terminado el proceso de calificación, y de acuerdo con los artículos 74 y siguientes del citado Reglamento de la ley, reunidos estos antecedentes, Gendarmería remite la postulación a las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, quienes, una vez acreditados los requisitos objetivos, reenvían los antecedentes a la Unidad Coordinadora de Reducción de Condenas, dependiente de la División de Reinserción Social de dicha Secretaría de Estado.

De esta forma, analizados los documentos y verificado que se cumplen con los requisitos legales, la Unidad entrega una propuesta de decreto que otorga o rechaza el beneficio para que sea dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, según establece el artículo 14 de la ley ya señalada.

Luego, el artículo 17 del citado cuerpo normativo establece las causales que impiden conceder el beneficio de reducción de condena, sin que tampoco dicha norma contemple la obligación de informar y/o notificar a las víctimas o sus familiares respecto de la postulación, calificación, concesión o denegación del beneficio.

Ahora bien, de acuerdo el artículo 10 de la ley en análisis, el órgano encargado de examinar el comportamiento de los postulantes es la Comisión de Reducción de Condena, teniendo en consideración los factores ya señalados, siendo una facultad exclusiva de dichos organismos.

Posteriormente, una vez que la recurrida recibió los antecedentes dicho organismo tiene la obligación de revisarlos a la luz del artículo 17 de la ley, debiendo, en caso de verificarse la concurrencia de alguna causal de exclusión, dictar el decreto que rechace el beneficio de reducción de condena.

Noveno: Que, en la especie, la autoridad dio cumplimiento al procedimiento establecido y no corresponde por la vía de este recurso, evaluar la procedencia o no de los requisitos que corresponden para otorgar los beneficios de que trata, en tanto se ajustan al mismo, no constituyendo la acción deducida el medio por el cual esta Corte deba efectuar una evaluación del mérito de las decisiones adoptadas, lo que excede sus competencias y no responde a la naturaleza de la acción impetrada.

Décimo: Que, con el objeto de desestimar la ilegalidad y arbitrariedad del acto denunciado, corresponde señalar, que a la recurrida le corresponde analizar lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.856, que dispone: “Límites a la aplicación de los beneficios. Los beneficios contenidos en la presente ley no tendrán lugar en caso alguno, cuando se dieren una o más de las siguientes circunstancias:

a) La persona privada de libertad hubiere quebrantado su condena, se hubiere fugado, evadido o intentado fugarse o evadirse;

b) El condenado hubiere incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de libertad condicional;

c) La persona hubiere delinquido durante el cumplimiento de su condena, o estando en libertad provisional durante el proceso respectivo;

d) Se trate de personas condenadas a presidio perpetuo, sea simple o calificado;

e) El condenado hubiere cometido algún delito al que la ley asigna como pena máxima el presidio perpetuo, a menos que en la sentencia condenatoria se hubiere aplicado a su respecto alguna de las circunstancias atenuantes previstas en los artículos 72 y 73 del Código Penal;

f) El condenado hubiere obtenido el beneficio establecido en esta ley con anterioridad, y g) La condena hubiere sido dictada considerando concurrente alguna de las circunstancias agravantes establecidas en los números 15 y 16 del artículo 12 del Código Penal.”

Undécimo: De esta forma, no existe acto ilegal -supuesto en que no se atiende a la normativa por la que debe regirse o en que un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley- o arbitrario -carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los mecanismos empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar- llevado a cabo por la recurrida, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 19.856 y los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental.

Duodécimo: Igual derrotero seguirá la desestimación de la arbitrariedad, por cuanto de la sola lectura de los actos administrativos que denuncia, se contienen los fundamentos fácticos y jurídicos que condujeron a la recurrida a la conclusión que en él se expresa, teniendo presente que aquélla no califica el comportamiento del condenado, proceder que resulta exclusivo y excluyente de las Comisiones de Reducción de Condenas.

Décimo Tercero: Que, respecto de las medidas de indulto que también son consideradas ilegales y arbitrarias por la recurrente, se debe señalar, que tal decisión se encuentra consagrada como una atribución especial del Presidente de la República en el artículo 32 Nº 14 de la Constitución Política de la República, siendo su consecuencia de carácter subjetivo, pero sujeta a requisitos de procedencia establecidos en la Ley Nº 18.050, esto es, que la personas haya sido condenada por sentencia ejecutoriada y no haber sido condenada por conductas terroristas, todo lo cual ha cumplido con las exigencias que se impone en lo administrativo a su decisión, que cuenta, además, con el control preventivo de Contraloría General de La República, realizado a través de la toma de razón, antes de la notificación a la persona interesada.

Por lo expuesto, desde la perspectiva jurídica y, constitucional, los indultos conferidos lo fueron por razones humanitarias y conmutados por arresto domiciliario total, según las condiciones particulares de los que fueron favorecidos por ello, señaladas en los respectivos actos administrativos.

Décimo Cuarto: Como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso, desde la perspectiva de sus alegaciones de fondo, tampoco podía prosperar.

Décimo Quinto: Que, a pesar de todo lo dicho, se debe señalar, que el análisis acerca de la improcedencia de aplicar la reducción de condenas regulada en la ley 19.856 y el beneficio del indulto para condenados por delitos de lesa humanidad, por su naturaleza, excede el ámbito del recurso deducido, que debe resolver con oportunidad y eficacia la afectación de derechos o garantías constitucionales afectadas o amagadas, no siendo el recurso de protección la vía idónea para discutir la procedencia de la aplicación de tales medidas bajo los supuestos que ha planteado la recurrente.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por doña nombre reservado, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en contra del (ex) Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echeñique y en contra del (ex) Ministro de Justicia y Derechos Humanos don Hernán Larraín Fernández, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redactó Abogado Integrante David Peralta Anabalón N°Protección-37.968-2021.