nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós.

Al escrito folio 26: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece doña nombre reservado, deduciendo acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, en razón del acto ilegal y arbitrario que vulnera su garantía constitucional del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al efectuarle descuentos en su liquidación de sueldo respecto de una deuda prescrita.

Adujo que el 26 de noviembre del año 2015, suscribió el pagaré Nº186.RUT reservado, a favor de la recurrida, por la suma de $7.141.667, por concepto de capital, más los intereses respectivos señalados en dicho documento, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en la ley 18.010, pagaderos en 60 cuotas mensuales y sucesivas de $223.844, venciendo la primera de ellas el 31 de diciembre 2015 y la ultima el 31 de diciembre de 2020. Es del caso que, perdió su trabajo, cayendo en mora respecto del referido pagaré a partir de la cuota con vencimiento de fecha 31 de marzo de 2017, siendo demandado, iniciándose la causa Rol C-1344-2018, tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Calama, caratulada “Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes con nombre reservado”, en el cual se acogió la excepción de prescripción de la acción ejecutiva. No obstante, pese a existir una sentencia ejecutiva en se declaró prescrita la acción cambiaria de Caja de Compensación Los Andes de la demanda que se interpuso; al momento de recibir su liquidación de sueldo con fecha 3 de agosto de 2021 que, correspondía precisamente al mes de Julio, advierto que la cantidad entregada por concepto de remuneración era considerablemente menor a la pactada debido a un descuento por la suma de $584.149 por concepto “PRESTAMO CCAF”. Lo anterior importa un detrimento ilegal y arbitrario de $584.149 a su remuneración mensual, sin haberle avisado que iba ejercer en forma unilateral esa decisión.

En síntesis -solicitó- que ordenará a la recurrida cesar todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente y restituirle los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con costas.

SEGUNDO: Informando el apoderado de la Caja de Compensación de Asignación Familiar, Los Andes, pidió el rechazo -en su integridad- de la presente acción cautelar, por cuanto, con fecha 24 de noviembre 2015, otorgó a la señora nombre reservado la operación de crédito código 186.1654-3 por un capital inicial de $7.141.667, a una tasa de Interés de 1.89%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $223.844, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de diciembre 2015 y la existencia de este crédito que fue plenamente exigible y cuyas acciones de cobro no se encontraban prescritas, por lo que su recaudación, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno – subrayó- por parte de la recurrida, sin perjuicio no seguirían con los descuentos.

TERCERO: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, en lo que importa a los fines del recurso se encuentra establecida la existencia del acto que lo motiva, que consiste, en que la recurrida, en julio de 2021, descontó de la remuneración del actor la cuota correspondiente a crédito social la suma de $584.149 por concepto “PRESTAMO CCAF; y respecto del cual el actor pagó 15 cuotas, cayendo en mora desde el 31 de marzo de 2017.

Cabe indicar que, la CCLA no ha reconocido que interpuso demanda ejecutiva de cobro de pagaré tramitada ante el 2° Juzgado de Letras de Calama, en los autos rol C-1344-2018 proceso en el que se dictó sentencia con fecha 22 de julio de 2020, la que acogió la excepción de prescripción opuesta y declaró prescrita la acción ejecutiva y en la cual se aprecia, además, que la recurrida no hizo reserva de acciones.

QUINTO: Que, si bien el artículo 22 de la Ley 18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Lo que aconteció en el caso de autos es que la CCLA optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito- obtenido en el año 2015, más de cinco años después, en julio de año 2021, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, al pretender revivir un cobro basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en el caso de autos, de modo que tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que interpuso una acción ejecutiva para perseguir el pago de la obligación respectiva, la que fue resuelta por la justicia ordinaria por sentencia de 22 de julio de 2020, que declaró prescrita la acción ejecutiva, sentencia que se encuentra firme y ejecutoriada.

SEXTO: Que, el respeto del principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución y las leyes, excluye la arbitrariedad, debiendo de acuerdo con la función pública que ejerce la recurrida conducirse de manera motivada y racional, respetando la normativa legal, así como, lo resuelto por la justicia ordinaria.

SÉPTIMO: Que, constatada la arbitrariedad del acto y la afectación del derecho de derecho de propiedad de la recurrente, en tanto se le priva de parte de sus remuneraciones, ejerciendo abusivamente sus atribuciones, especialmente en casos como éste al ejercerse respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo, sin aviso previo, y desconociendo lo decidido por la judicatura que declaró prescrita su acción ejecutiva.

OCTAVO: Que, por lo razonado, se acogerá el presente recurso de protección como se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y visto, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el intentado por doña nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, disponiéndose el reintegro y devolución de las sumas descontadas y la abstención por parte de la recurrida de ordenar los descuentos que motivan el presente recurso.

Regístrese, notifíquese y archívese si no se apelare.

N°Protección-37639-2021.

En Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.