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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 37632-202124 dic 2021

nombre reservado con nombre reservado

Fecha
24 de diciembre de 2021
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Sexta
Resultado
Acogida
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 37632-2021, sentencia de 24 de diciembre de 2021

Resumen

Se acoge la protección y se anula la resolución que negó inscribir a la recurrente como optómetra, por ilegal y arbitraria: el reglamento no puede exigir convalidación ante la Universidad de Chile si un tratado con Colombia la exime.

Texto íntegro

C.A. de Santiago.

Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece Álvaro Villa Vicent, abogado, en representación convencional de doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservadonta de Prestadores de Salud, por haber dictado la Resolución Exenta IP/N° 3243, de 14 de Julio de 2021, mediante la cual resolvió no dar lugar a su solicitud de ser inscrita en el Registro Nacional de Prestadores de Salud a que se refiere el Decreto N° 16 de 2007 del Ministerio de Salud en calidad de optómetra, acto que estima arbitrario e ilegal y vulnerador de las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, 16 y 21 de la Constitución Política de la República.

Expresa que la recurrente es de nacionalidad colombiana, ostenta la profesión de Optómetra, título que le fue otorgado después de 5 años de estudios que incluyen un año de práctica clínica por la Universidad El Bosque, de Bogotá, Colombia, y cuenta con el certificado de reconocimiento de título emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que, de acuerdo a lo establecido en la Convención sobre Canje de Títulos celebrada entre el Gobierno de Chile con el Gobierno de Colombia, aprobada mediante la Ley N° 3.860 de 14 de junio de 1922, puede ejercer libremente su profesión en nuestro país, sin necesidad de convalidar sus estudios ante la Universidad de Chile; pese a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 bis inciso 3°del Código Sanitario que señala que “Quienes cuenten con el título de optómetra obtenido en el extranjero podrán desarrollar las actividades a que se refiere este artículo, siempre que convaliden ante la Universidad de Chile sus actividades curriculares de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 2007, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 153, de 1982, del Ministerio de Educación Pública, Estatutos de la Universidad de Chile”

Arguye que la recurrente, al estar habilitada legalmente en Chile para otorgar prestaciones de salud, es una prestadora individual de salud y solicitó a la recurrida su inscripción como tal en el registro respectivo, por estar los optometristas entre aquellos profesionales que deben ser inscritos en el citado registro. Agrega que no obstante, con fecha 27 de julio de 2021, la Resolución Exenta IP/N° 3243, de 14 de Julio de 2021, negó lugar a dicha solicitud.

Aduce que la resolución recurrida no respeta el alcance que debe otorgarse y ha sido otorgado, a las obligaciones asumidas por Chile, en virtud de la convención señalada, que tratándose de un tratado internacional bilateral, ha sido incorporado a nuestra legislación mediante la Ley N° 3.860 de 14 de junio de 1922, que dispone que “Los chilenos en Colombia, y los colombianos en Chile, podrán ejercer libremente la profesión para la cual estuvieren habilitados por título o diploma, legalmente expedido por la autoridad nacional competente”. Así, la recurrente no puede ser sometida a un procedimiento de reconocimiento, revalidación o de convalidación de conocimientos por parte de una entidad nacional.

Esta interpretación, sumada al principio de especialidad normativa, ha significado que la Contraloría General de la República y la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, hayan declarado y permitido que los nacionales colombianos puedan ejercer su profesión libremente en nuestro país, pese a no poseer título otorgado por la Universidad de Chile u otra Universidad reconocida por el Estado, Agrega que el artículo 113 bis del Código Sanitario otorga a quienes hayan obtenido el título de optómetra en el extranjero, competencias profesionales claras y precisas respecto de su campo de acción profesional, de manera que, pese a no ser impartida dicha profesión en nuestro país, nuestro Código Sanitario se encarga claramente de determinar con toda claridad y precisión, qué acciones de salud pueden realizar a favor de nuestra población Estima vulnerada la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto se ve afectada con el actuar de la recurrida, ya que pese a ser un prestador individual de salud, no puede ser reconocida como tal por la población y por los demás actores vinculados al sector salud, precisamente por la negativa dada por la recurrida, lo que constituye establecer una diferencia arbitraria, injustificada y no tolerable en su contra.

En cuanto al artículo 19 N° 16 de la Constitución, que asegura a todas las personas, la libertad de trabajo y su protección, se ve afectada debido a que las prestaciones de salud visual que está legalmente habilitada para otorgar a sus pacientes, no son reembolsadas por los sistemas previsionales de salud, al no figurar inscrita en el Registro En relación al artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República, señala que se ve afectada en el ejercicio de su actividad profesional en cuanto actividad económica que le permite sustentar su vida y la de su familia, la que no puede ejercer si nadie la reconoce como una profesional legalmente habilitada.

Por todo lo anterior solicita declarar que la Resolución Exenta IP N° 3243 de 14 de Julio de 2021, por la cual la recurrida denegó su solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, como Optómetra, es ilegal y arbitraria y que, en consecuencia, sea dejada sin efecto, a fin de que se proceda a inscribirla en el citado registro.

Segundo: Que, en su informe, el Superintendente de Salud solicitó el rechazo del recurso, con costas, en atención a que la profesión de optómetra que posee la recurrente, no se encuentra contemplada en el Reglamento de Prestadores Individuales contenido en el Decreto Supremo N° 16 de 2007, del Ministerio de Salud, al que se debe someter conforme lo dispuesto en el artículo 121 del DFL 1/2005 de Salud, y que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 113 bis del Código Sanitario, quienes detentan un título de optómetra obtenido en el extranjero deberán revalidar dicha calificación ante la Universidad de Chile, para efectos de ejercer la profesión de tecnólogo médico con mención en oftalmología.

Indica que su función es meramente registral y no se encuentra facultada para extender el listado de profesiones descritas en el Reglamento de Registro de Prestadores Individuales elaborado por el Ministerio de Salud, como tampoco cuenta con la competencia para efectuar homologación, siendo ésta exclusiva de la Universidad de Chile.

Expresa que la inscripción en el registro no es condición habilitante para ejercer la profesión y tampoco una condición para la contratación de sus servicios, ya que el requisito es el título otorgado en Chile por alguna entidad autorizada o el título otorgado en el extranjero revalidado en Chile.

Arguye que la situación de los optómetras que han obtenido su título en el extranjero ya ha sido zanjada por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N°119.139-2020, en el sentido antes indicado, y que la Contraloría General de la República ha prohibido que dicha Superintendencia inscriba en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud a profesiones que no se encuentren incluidas en el respectivo reglamento; de todo lo cual se sigue que no puede inscribir a los optómetras en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, toda vez que dicha profesión no se encuentra dentro de las que enumera taxativamente el Reglamento del ramo, ni tampoco puede homologarla a la profesión de tecnólogo médico, y que tal gestión compete a la Universidad de Chile mediante el respectivo reconocimiento/revalidación, gestión que el recurrente no acredita haber efectuado, de todo lo cual resulta evidente que no ha conculcado con su actuar ningún derecho reconocido constitucionalmente a la recurrente, sino que se ha limitado a aplicar la normativa vigente, por lo que pide el rechazo del recurso intentado, con costas.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República es una acción de naturaleza cautelar que, como tal, está destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos esenciales que dicha disposición enumera, mediante la adopción de medidas tutelares por parte de la Corte de Apelaciones competente ante una acción u omisión arbitraria o ilegal que impida, amenace o perturbe ese ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, según se desprende de los antecedentes, la autoridad recurrida rechazó, mediante Resolución Exenta IP/N° 3243, de fecha 14 de julio de 2021, la solicitud de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud formulada, entre otras personas, por la recurrente, en calidad de optómetra con título otorgado por la Universidad El Bosque, de Colombia, expresándose como motivo de rechazo en el informe Técnico Operativo N° 36620 -que aquella resolución tiene como parte integrante- “Se informa que el Decreto señala que sólo se inscriben aquellos que han convalidado en la Universidad de Chile”.

Quinto: Que para resolver la presente acción cautelar, viene al caso recordar que el artículo 121 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1/2005 establece que “Le corresponderán a la Superintendencia, para la fiscalización de todos los prestadores de salud, públicos y privados, las siguientes funciones y atribuciones, las que ejercerá a través de la Intendencia de Prestadores de Salud: …6. Mantener un registro nacional y regionales actualizados de los prestadores individuales de salud, de sus especialidades y subespecialidades, si las tuvieran, y de las entidades certificadoras, todo ello conforme al reglamento correspondiente.”

A su turno, en artículo 8º del Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores Individuales de Salud, contenido en el Decreto N° 16 de 19 de enero de 2007, del Ministerio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales, modificado por el Decreto N° 12 de 23 de abril de 2020, publicado en el Diario Oficial de 2 de marzo del presente año 2021, establece: “Los prestadores individuales de salud que serán inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud serán los que se encuentren habilitados por el título profesional respectivo para ejercer legalmente en el país alguna de las profesiones que se enumeran a continuación: … 14) Optómetras que cuenten con título obtenido en el extranjero, convalidado ante la Universidad de Chile, de conformidad con lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2007, del Ministerio de Educación”.

Pues bien, de las normas recién transcritas se colige, como regla general, que la Superintendencia recurrida debe inscribir en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, entre otros profesionales, a los optómetras que cuenten con título obtenido en el extranjero, el que debe estar convalidado ante la Universidad de Chile.

Sin embargo, tratándose de optómetras titulados en Colombia, se debe, además, tener en consideración que la Ley N° 3.860, que Aprueba una Convención sobre Canje de Títulos celebrada con el Gobierno de Colombia, establece en su artículo 1º que “Los chilenos en Colombia, y los colombianos en Chile, podrán ejercer libremente la profesión para la cual estuvieren habilitados por título o diploma, legalmente expedido por la autoridad nacional competente. El artículo 2º agrega que los certificados de estudios superiores, expedidos a los nacionales por establecimientos oficiales de enseñanza, en cualquiera de los dos países, producirán en el otro los mismos efectos que les reconocen las leyes de la República de donde provienen; y el artículo 5º, señala que el diploma o certificado de estudios, visado por el Ministro o Cónsul del país que los hubiere expedido, producirá los efectos estipulados en la presente Convención, después de hacerlo registrar en el Ministerio de Relaciones Exteriores, debiendo los interesados comprobar su identidad de una manera satisfactoria ante este mismo Ministerio.

De esta manera, una interpretación armónica de, por una parte, el artículo 8, N° 14 del Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores Individuales de Salud y, por la otra, la Ley N° 3.860, lleva a colegir que la exigencia reglamentaria de convalidación ante la Universidad de Chile del título de optómetra obtenido en el extranjero, no rige si el país en el que el título se obtuvo es Colombia y el mismo ha sido registrado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, por cuanto entenderlo así permite conciliar el sentido y alcance de la norma reglamentaria con el de la legal -a la que aquélla no puede contradecir en consideración a su jerarquía- de manera que entre ambas exista la debida correspondencia y armonía, tal como requiere el artículo 22 del Código Civil en materia de interpretación de la ley.

Sexto: Que, en este contexto, cabe tener presente que la recurrente acompañó a su recurso un Certificado de Reconocimiento emanado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile, suscrito por don nombre reservado, Embajador director General de Asuntos Consulares y de Inmigración, de fecha 13 de abril de 2017, en el que dicha autoridad certifica:

“1. Que a fojas N° 317/2017 del Libro de Registro de Títulos Profesionales obtenidos en el extranjero que lleva esta Secretaría de Estado, se encuentra inscrito con el N° 317/2017 el Título de OPTOMETRA, otorgado a Doña nombre reservado, de nacionalidad COLOMBIANA, por la UNIVERSIDAD EL BOSQUE, BOGOTA, D.C., República de Colombia, el 29 de junio del 2016.

2. Que esta inscripción se efectuó de conformidad con lo establecido en la Convención sobre Ejercicio de Profesiones Liberales suscrita entre la República de Chile y la República de Colombia, el 23 de junio de 1921, en Santiago, y publicada como Ley de la República en el Diario Oficial el 11 de julio de 1922.

3. Que conforme a lo precedentemente expuesto, debe reconocerse para los efectos del Libre Ejercicio Profesional en Chile, el Título de OPTOMETRA, otorgado a Doña nombre reservado.

4. Que para inscribir este Título y reconocerlo como manda la Convención invocada a tal efecto, se tuvo a la vista los documentos originales debidamente apostillados (legalizados)”.

Séptimo: Que así entonces, habiéndose acreditado que la recurrente cumple con los requisitos previstos en la ley para que su título de optómetra obtenido en Colombia tenga validez en Chile sin necesidad de convalidación, y considerando que, por ende, el mismo debe entenderse incluido en iguales términos -esto es, sin necesidad de convalidación- en la norma del N° 14 del artículo 8 del Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores Individuales de Salud; la Resolución Exenta recurrida IP/N° 3243, de fecha 14 de julio de 2021, en cuanto negó lugar a la solicitud de la recurrente de ser inscrita en el Registro de Prestadores Individuales de Salud fundada en que su título no había sido convalidado ante la Universidad de Chile, es ilegal, por infringir el artículo 121 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005 al impedir que el Registro referido sea llevado en conformidad al Reglamento, pues éste, como se ha dicho, se debe entender que incluye entre las profesiones que se deben inscribir la de los optómetras que, como en el caso de la recurrente, obtuvieron su título en Colombia y lo registraron en el Ministerio de Relaciones Exteriores chileno, sin necesidad de convalidación ante la Universidad de Chile.

Además, el acto es también arbitrario, por cuanto, al haber dado a la norma reglamentaria una interpretación diversa de la indicada, incurrió en el contrasentido de entender que, a pesar de encontrarse vigente en nuestro país un acuerdo internacional vinculante, conforme al cual el título profesional obtenido en Colombia tiene validez en Chile sin necesidad de convalidación ante la Universidad de Chile, bastando cumplir solo los requisitos que prevé la Ley N° 3.830; una norma meramente reglamentaria y de carácter general -en cuanto se refiere de manera amplia al título de optómetra obtenido en el extranjero- tendría la virtud de exigir el requisito de la convalidación, aun cuando dicho título hubiere sido obtenido precisamente en aquel país, haciendo así caso omiso de aquella disposición legal, de rango superior.

Octavo: Que en razón de lo anterior y considerando, además, que el acto ilegal y arbitrario recurrido ha afectado la igualdad ante la ley a que tiene derecho la recurrente, por cuanto ha importado un trato discriminatorio en su contra en relación con las demás personas a quienes, cumpliendo al igual que ella los requisitos legales y reglamentarios para ser inscritas en el Registro de Prestadores Individuales de Salud, se les han aceptado sus solicitudes de inscripción; se acogerá la presente acción cautelar del modo que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra de la Intendenta de Prestadores de Salud y, en consecuencia, se deja sin efecto el acto recurrido en cuanto deniega su solicitud de inscripción en el Registro de Prestadores Individuales de Salud, debiendo la recurrida considerar que ella se encuentra incluida en el numeral 14 del artículo 8 del Reglamento sobre los Registros relativos a los Prestadores Individuales de Salud y resolver en consecuencia su solicitud de inscripción.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el ministro (I) don Matías de la Noi Merino.

N° Protección-37632-2021.-