Protección contra UC Christus Servicios Clínicos SpA

C.A. de Santiago Santiago, doce de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 2 de marzo de 2025, comparece Felipe Antonio Quezada García, abogado, en favor de nombre reservado, pensionada, y de nombre reservado, empleado, quienes interponen recurso de protección en contra de UC Christus Servicios Clínicos SpA, por haber desplegado reiteradas gestiones extrajudiciales de cobro de una deuda hospitalaria cuya cuantía no se encuentra actualmente determinada, en circunstancias que la propia recurrida ha reconocido haber incurrido en un error administrativo al no calificar la atención médica prestada como una de urgencia o emergencia conforme a la Ley N°19.650.

Los recurrentes consideran dicha actuación ilegal y arbitraria por carecer de toda razonabilidad y fundamento jurídico, y por vulnerar los derechos fundamentales de los recurrentes a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y al dominio sobre sus bienes, garantizados en el artículo 19 N°s1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicitan que se ordene a la recurrida abstenerse de realizar cualquier gestión judicial o extrajudicial de cobro mientras no concluya el procedimiento administrativo de reclamación actualmente en curso ante el Fondo Nacional de Salud.

En cuanto a los antecedentes de hecho, el recurso refiere que el 16 de enero de 2025, nombre reservado, de 78 años de edad, con antecedentes de epilepsia y diabetes mellitus, ingresa a las dependencias del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile Red de Salud UC-Christus, ubicado en domicilio reservado, a través de su unidad de urgencia, luego de experimentar hematemesis y malestar general, siendo trasladada en ambulancia por personal de la empresa de salud a domicilio denominada Help. Tras nuevos episodios de hematemesis, es derivada de urgencia a la Unidad de Cuidados de Pacientes Críticos, donde permanece internada hasta el 27 de enero de 2025. Al momento del ingreso, nombre reservado, hijo de la paciente, suscribe un pagaré en calidad de apoderado financiero y garante de las obligaciones derivadas de la atención.

En este contexto, la recurrida no aplica la denominada Ley de Urgencias durante la atención, pese a que, según la solicitud posterior de la familia, dicha normativa resultaba procedente. Mediante carta de fecha 24 de enero de 2025, el señor nombre reservado solicita formalmente al Director del Hospital la aplicación de dicha ley, petición que es respondida el 11 de febrero de 2025 por el Director Médico subrogante, quien reconoce expresamente que la paciente era candidata a la aplicación de la Ley de Urgencia, justificando la omisión únicamente en razones formales de índole temporal, y orientando a la familia a presentar su solicitud ante FONASA.

Con fecha 29 de enero de 2025, el señor nombre reservado presenta ante FONASA la solicitud de aplicación de la referida ley, encontrándose dicho procedimiento administrativo pendiente de resolución a la fecha de interposición del recurso. No obstante lo anterior, desde el 1° de febrero de 2025 la recurrida inicia el envío reiterado de correos electrónicos al señor nombre reservado requiriendo el pago de la deuda hospitalaria, comunicaciones que se mantienen al menos hasta el 27 de febrero de 2025, sumándose además mensajes enviados a través de la aplicación WhatsApp desde el 26 de febrero del mismo año.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, los recurrentes sostienen que el actuar de la recurrida es arbitrario, por cuanto exige el pago de una obligación cuya cuantía definitiva aún no está determinada, dado que la aplicación de la Ley N°19.650 podría reducir significativamente el monto adeudado. Agregan que conforme a los artículos 437 y 438 del Código de Procedimiento Civil, una obligación solo puede ser exigida cuando es líquida y actualmente exigible, condiciones que no concurren en la especie. Añaden que el pagaré suscrito constituye un título ejecutivo que habilita el inicio de un juicio ejecutivo, lo que representa una amenaza concreta e inminente para el patrimonio de los recurrentes.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, el recurso sostiene que las gestiones de cobro han perturbado y amenazado la integridad psíquica de ambos recurrentes, generando angustia, estrés y sentimientos de injusticia; que se ha vulnerado la igualdad ante la ley al someter a los recurrentes a un trato diferenciado y carente de justificación respecto de otros pacientes de la misma institución; y que se amenaza el derecho de propiedad de los recurrentes sobre todos los bienes que conforman su patrimonio, al requerirse el pago de una suma superior a la que efectivamente podría corresponder.

Por estas razones, solicitan que se acoja el recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida debe abstenerse de realizar cualquier gestión judicial o extrajudicial tendiente al cobro de la deuda hospitalaria, mientras no concluya en todas sus etapas el procedimiento administrativo de reclamación ante FONASA.

Asimismo, como medida cautelar, solicitan que se decrete orden de no innovar en igual sentido.

SEGUNDO: Que, la recurrida UC Christus Servicios Clínicos SpA, evacúa el informe solicitado por esta Corte. Señala la recurrida que la paciente nombre reservado registra diversas atenciones de salud en el Hospital Clínico de la Red de Salud UC Christus durante el año 2025, ingresando al Servicio de Urgencia el 16 de enero de 2025 con un cuadro de aproximadamente 24 horas de evolución, caracterizado por dolor abdominal, náuseas, dos episodios de hematemesis y deposiciones melénicas, siendo diagnosticada con hemorragia gastrointestinal no especificada. Indica que al momento del ingreso la paciente se encontraba en regulares condiciones, levemente taquicárdica, normotensa y afebril, sin requerimientos de oxígeno suplementario, permaneciendo hospitalizada en la Unidad Intermedia hasta el 27 de enero de 2025, oportunidad en que se le otorgó el alta médica.

En cuanto a la inexistencia de acto ilegal o arbitrario, la recurrida sostiene, que el médico a cargo de la atención no consignó que la paciente cursara un cuadro de riesgo vital o secuela funcional grave, procediendo en consecuencia a realizar el ingreso administrativo bajo la modalidad libre elección, todo ello en estricta conformidad con el Decreto Supremo N°369 de 1985 del Ministerio de Salud, que define la condición de emergencia o urgencia y exige su certificación por un médico cirujano. Agrega que dicha certificación constituye una facultad propia y excluyente del profesional médico que brindó la atención al ingreso, no siendo posible modificar retroactivamente los registros clínicos para efectos del otorgamiento de coberturas adicionales.

La recurrida también plantea la inadecuación de la vía procesal intentada, señalando que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos especializados para resolver este tipo de controversias, entre ellos, la Superintendencia de Salud, conforme al artículo 121 del DFL N°1 de Salud, y el Fondo Nacional de Salud en sede administrativa. Al respecto, hace presente que la propia recurrente formuló un reclamo ante dicha institución con fecha 29 de enero de 2025, Expediente N°NUM000, con anterioridad a la interposición del presente recurso.

En cuanto al estado de las cuentas, informa que como resultado de las atenciones brindadas entre el 16 y el 27 de enero de 2025, se generó una cuenta médica cuyo copago asciende a $30.587.421, encontrándose pendiente de pago, aclarando que no ha iniciado acciones de cobranza judicial en su contra.

En cuanto a la vulneración de garantías fundamentales, la recurrida sostiene que no se ha infringido la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que la no calificación de la atención como urgencia o emergencia obedece a una evaluación clínica objetiva, ajustada a protocolos vigentes, y no a acto discriminatorio alguno.

En virtud de lo expuesto, la recurrida solicita que se tenga por evacuado el informe y se rechace el recurso de protección deducido en autos.

TERCERO: Que, el Fondo Nacional de Salud -FONASA-, también evacúa el informe requerido por esta Corte. La recurrida señala que este recurso de protección se origina en las gestiones de cobro de deuda hospitalaria derivadas de la negativa de cobertura financiera bajo la denominada Ley de Urgencia, respecto de las prestaciones médicas recibidas por la paciente en el Hospital Clínico UC Christus durante el período comprendido entre el 16 y el 27 de enero de 2025.

En lo que respecta al marco normativo invocado, FONASA funda su informe en el artículo 141 del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud, que establece la obligación de FONASA de pagar directamente al prestador público o privado el valor de las prestaciones otorgadas en casos de emergencia o urgencia debidamente certificadas.

Asimismo, invoca el Decreto Supremo N°34, de 2022, del Ministerio de Salud, que regula las condiciones clínicas para certificar el estado de emergencia o urgencia, precisando que dicha certificación debe ser efectuada por un médico cirujano de la unidad de emergencia, con registro en el Dato de Atención de Urgencia. En concordancia con lo anterior, el artículo 3° del referido Decreto confiere a FONASA la facultad de revisar las certificaciones emitidas, verificando que las atenciones correspondan efectivamente a una atención médica de emergencia. A ello se suman los artículos 50 letra b) y 143 letra a) del mismo cuerpo legal, que imponen a FONASA el deber de velar porque el financiamiento que efectúe corresponda a las prestaciones efectivamente otorgadas, pudiendo descontar o requerir devolución de lo cobrado o pagado en exceso.

En cuanto a la defensa de fondo, FONASA sostiene que no ha incurrido en acción arbitraria ni ilegal alguna, toda vez que ha actuado conforme a la normativa vigente. Al efecto, indica que la revisión del estado de urgencia vital debe ser activada por el centro de salud o mediante reclamación posterior del paciente o sus familiares, situación que en la especie efectivamente ocurrió.

Asimismo, FONASA opone como defensa la falta de oportunidad del recurso, toda vez que, con anterioridad a la vista de la causa, el reclamo administrativo interpuesto por la recurrente fue resuelto favorablemente, otorgándose cobertura financiera bajo la Ley de Urgencia para el período comprendido entre el 16 de enero y las 09:00 horas del 19 de enero de 2025, fecha de estabilización de la paciente, y cobertura bajo la Modalidad de Atención Institucional para el período comprendido entre las 09:01 horas del 19 de enero y el 27 de enero de 2025. Sin perjuicio de lo anterior, precisa que las prestaciones cubiertas bajo la Ley de Urgencia no son gratuitas, correspondiendo a la recurrente efectuar un copago ascendente a $4.021.280 pesos.

En virtud de los fundamentos expuestos, FONASA solicita a esta Corte rechazar en todas sus partes el recurso de protección deducido, por carecer de oportunidad al encontrarse el conflicto resuelto favorablemente para la recurrente.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, del mérito de lo informado por FONASA, en el sentido de que el reclamo administrativo interpuesto por la recurrente fue resuelto favorablemente, otorgándosele cobertura financiera bajo la Ley de Urgencia para el período comprendido entre el 16 de enero y las 09:00 horas del 19 de enero de 2025, y cobertura bajo la Modalidad de Atención Institucional para el período comprendido entre las 09:01 horas del 19 de enero y el 27 de enero de 2025, es que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor de la recurrente.

SEXTO: Que, de lo precedentemente expuesto, aparece que la presente acción cautelar carece ya de objeto, al haber desaparecido el agravio, por consiguiente, el recurso ha perdido oportunidad o actualidad jurídica, al no existir medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho, de momento que éste no se encuentra quebrantado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por Felipe Antonio Quezada García, en favor de nombre reservado y nombre reservado, en contra de UC Christus Servicios Clínicos SpA.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3761-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Hernán Crisosto Greisse e integrada por el ministro (I) señor Pablo Toledo González y por la abogada integrante señora Catalina Infante Correa.