Protección contra Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Inva

C.A. de Santiago Santiago, nueve de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, por los actos que califica de arbitrarios e ilegales, consistentes en el rechazo de las licencias médicas N°s. 561593311-6, 56848384-7, 57589486-0, 58274728-8, 58945555-K, 59632369-3, 60271348-2,61885222-9, 63356697-6, 64496602-K, 65213157-3, 67126959-4, 67483312-1, RUT reservado, 68452923-4, 69665086-1, 72728755-8, 73985533-0, 74743015-2, 76081852-6 extendidas por un total de 402 días a contar del 23 de julio de 2021 y que, a su juicio, vulneran las garantías contempladas en los N°s. 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Refiere que se enfermó en el año 2019 y se le pagaron 15 licencias aproximadamente por trastorno mixto de ansiedad y depresión.

Señala que le dejaron de pagar las licencias emitidas a partir del 23 de julio de 2023, las que fueron rechazadas.

Por lo anterior, solicita se ordene el pago de las licencias médicas rechazadas, SEGUNDO: Que comparece, por la Superintendencia de Seguridad Social, don nombre reservado, abogado, solicitando en primer lugar que se rechace la acción de protección por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

Argumenta al efecto que el presente recurso se ejerció de manera subsidiaria a las otras que contempla el procedimiento establecido en el Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, contrariando su evidente naturaleza cautelar.

Precisa que el acto administrativo en que se impugna mediante el recurso corresponde a la resolución que desestimó una reconsideración presentada por la recurrente en contra de una decisión anterior de esa Superintendencia, a saber, la resolución N° R-01-UME-46889-2023, de fecha 9 de abril de 2023, que ya se había pronunciado sobre las mismas licencias, confirmando lo resuelto por la nombre reservado Región Metropolitana en orden a rechazarlas.

Concluye que lo anterior evidencia que pasaron más de 30 días desde la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas apeladas, tanto de los fundamentos que motivaron dicha decisión como de la eventual arbitrariedad o vulneración de las garantías constitucionales que se reclaman, en la especie, supuestamente afectadas, lo que habría acontecido al menos desde la dictación del referido dictamen N° R-01-UME-46889-2023, de fecha 9 de abril de 2023.

En subsidio alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no está amparado por la acción cautelar de protección.

Y, en subsidio de lo anterior, evacuó su informe en cuanto al fondo, solicitando el rechazo del recurso deducido en su contra, con costas, argumentando que dicho servicio no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado, respecto de la recurrente, alguna de las garantías que la Constitución Política de la República establece en su artículo 19.

Indica al efecto que, mediante presentación de fecha 18 de julio de 2024, solicitando la reconsideración del aludido dictamen N° R-01-UME-46889-2023, por el cual se confirmó lo resuelto por la nombre reservado REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s 56159311-6, 56848384-7, 57589486-0, 58274728-8, 58945555-K, 59632369-3, 60271348-2, 61885222-9, 63356697-6, 64496602-K, 65213157-3, 67126959-4, 67483312-1, 67834692-6, 68452923-4, 69665086-1, 72728755-8, 73985533-0, 74743015-2, 76081852-6, extendidas por un total de 402 días a contar del 23 de julio de 2021, por reposo no justificado.

Apunta que por Resolución Exenta N° R-01-IBS-06213-2024, de fecha 11 de enero de 2024, se rechazó el reclamo formulado por la recurrente, en atención a que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado, por cuanto, los antecedentes evaluados, entre los que se encontraba el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permitían establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanzó a 200 días por la misma patología. Los informes médicos no describían el compromiso funcional de los síntomas, su evolución, ni ajustes en tratamiento del que se desprendiera el rol terapéutico del reposo.

Observa que, en atención a los antecedentes médicos y administrativos aportados al expediente de la recurrente, los facultativos de ese organismo informaron: ““Dr. nombre reservado. Ficha Médica (…) Otros Antecedentes Relevantes: (X) SI ( ) NO. Detalle: Adjunta extensa ficha clínica, se explica que paciente acude a renovar licencia médica porque la paciente no quiere trabajar ni renunciar. No se da cuenta de problema de salud mental que justifique el reposo. Psicoterapia 20.01.2023, 19.01.2023: con Ps. nombre reservado. Sección D (Fundamentos de la resolución) Fundamentos de la resolución: Conclusiones: Comentarios: Reposición. Mujer de 73 años, trabaja como vendedora. Con permiso autorizado por 200 días con diagnóstico de trastorno mixto de ansiedad y depresión, trastorno de pánico. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita atenciones por psiquiatra. Se rechaza”.

En ese orden de ideas, comenta que los profesionales médicos de esa Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos.

Concluye que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada.

Luego de efectuar una revisión de la normativa que regula las facultades de ese organismo de control sobre la materia, expone que la incapacidad laboral por motivos de salud puede ser permanente o transitoria. Respecto de incapacidades laborales temporales, existe el beneficio denominado licencia médica, regulado en el D.F.L. Nº 1, del año 2005, y en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud.

Precisa que, de acuerdo lo preceptuado por ellos artículos 149 del D.F.L. Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud y 1° del Decreto N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, Reglamento sobre autorización de licencias médicas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral. En tanto que, para el caso de las dolencias que causan incapacidades laborales permanentes, nuestro sistema de seguridad social contempla las pensiones de invalidez, las que tratándose de trabajadores afectos al Sistema de Pensiones creado por el D.L. N° 3.500, de 1980, son evaluadas y declaradas por las Comisiones Médicas de la Superintendencia de Pensiones.

Advierte que, de acuerdo a la precitada normativa, lo esencial para la autorización de las licencias médicas es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal haya sido por un cuadro aislado incluso que sea una patología crónica e irrecuperable, ya que hay algunas situaciones en que se puede autorizar licencias médicas extendidas por diagnósticos crónicos e irrecuperables que no van a desaparecer totalmente con el uso de licencias médica, siempre que después de un período de reposo vaya a producirse la reincorporación laboral del trabajador con su capacidad residual de trabajo.

Cita también los requisitos de procedencia de las licencias médicas por patologías mentales establecidos en el Decreto Supremo N° 7, de 2013, del Ministerio de Salud, para que proceda el reposo laboral de más de 60 días, el que es prorrogable hasta 180 días.

Razona que la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, situación en la que no se encuentra el derecho a licencia médica de la recurrente.

Por último, sostiene que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales que se denuncian amagadas.

TERCERO: Que también ha rendido informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, señalando lo motivos de rechazo de las licencias médicas objeto del recurso.

Observa que la licencia médica N°561593311-6, se rechaza en cuanto el reposo es injustificado, el usuario no presenta informe protocolizado, ni exámenes ni terapias pendientes que permitan prolongar el reposo, tampoco se objetiviza el rol terapéutico.

En cuanto a las restantes licencias objeto del recurso, hace presente que se rechazan debido a que no cuenta con antecedentes médicos que justifiquen el reposo.

Agrega que las reposiciones del rechazo de todas las licencias médicas antes señaladas, fueron desestimadas debido a que se adjuntó informe médico de CESFAM de fecha 20 de julio de 2022, el cual indicaba que el usuario se encontraba en proceso de controles médicos por diversas enfermedades asociadas, a su vez, se adjuntó resumen de ficha de Atención Primaria de Salud, el cual mencionaba que el usuario estaba en controles médicos en programa de salud mental. Se realizó la derivación al Centro de Salud Mental (COSAM), el cual contrarefiere a CESFAM. Por último, se presentó informe sin Escala de Evaluación de Escala Global, sin tampoco fecha probable de alta, sin mencionar pronóstico de la patología, ni adjunta derivación a COSAM mencionada, de esta forma, el informe y antecedentes era insuficientes para justificar la prolongación del reposo, más allá del tiempo autorizado.

Sostiene que las actuaciones realizadas por esa entidad al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes. Todo ello, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

CUARTO: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, primeramente, en cuanto a la extemporaneidad del recurso, ésta se rechazará, por cuanto, lo que se impugna mediante la presente acción cautelar, es la Resolución Exenta N° R-01-IBS-06213-2024, de fecha 11 de enero de 2024, que rechazó las licencias médicas objeto del recurso, por lo que, desde esta fecha, es que debe contabilizarse el plazo, de modo que, habiéndose interpuesto la presente acción de protección, el día 19 de enero de 2024, ésta se encuentra dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

SEXTO: Que, en relación a que, en el caso de autos, no sería procedente el recurso incoado, por corresponder a un derecho de seguridad social, atendida la circunstancia de encontrarse entre aquellos respecto de los que procede el recurso de protección, ha de observarse, que si bien es efectivo lo que señala la recurrida, no se debe olvidar que los derechos que la recurrente estima como vulnerados, son aquellos previstos en los N°s 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, contra los cuales, sí es procedente el presente arbitrio, por lo que, dicha alegación no resulta procedente.

SÉPTIMO: Que en razón de todo lo expuesto es que es necesario determinar la eventual ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de los recurridos.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente la normativa aplicable al caso de marras. Así, el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En su artículo 156, se trata del beneficio de licencia médica que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política; y, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

NOVENO: Que, por su parte, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas, está regulado en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, específicamente, artículo 11 y siguientes, “corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos”.

De las resoluciones que las nombre reservado emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y/o reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las nombre reservado, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, se señalan las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.” Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.” En su inciso segundo, la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico- social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” Por último, en el artículo 27, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

UNDÉCIMO: Que, de lo antes expuesto, debe concluirse que, corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley, teniendo la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la nombre reservado.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, debe considerarse que una de las características principales de la licencia médica es su temporalidad, así se desprende del artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las nombre reservado e Instituciones de Salud Previsional, que preceptúa que :“entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la "nombre reservado", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

DÉCIMO TERCERO: Que, en efecto, lo decidido por la resolución exenta impugnada mediante el presente arbitrio constitucional, guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo señalado en el motivo precedente, puesto que el argumento para el rechazo de las licencias de la recurrente, es que “(…)los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 200 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.”.

DÉCIMO CUARTO: Que, tal como se advierte, el fundamento para rechazar las licencias médicas es que, los antecedentes evaluados -maestro histórico de licencias médicas e informe de médico tratante- no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología, por lo que no se justifica el rol terapéutico del reposo del recurrente.

DÉCIMO QUINTO: Que, de todo lo reseñado en los considerandos precedentes, dable es concluir que la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras. Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la recurrente por la nombre reservado, y que la nombre reservado confirmó dicha decisión, ambas han obrado dentro de las facultades que la ley les confiere; y en el caso de la segunda, además, actúa de acuerdo con el carácter técnico que ostenta y las atribuciones de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

DÉCIMO SEXTO: Que, descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías constitucionales alegadas como vulneradas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-376-2024.