nombre reservado con SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Santiago, tres de septiembre de dos mil dieciocho.

VISTO:

PRIMERO: Que comparece doña Makarena García Dinamarca, abogada, domiciliada en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en favor de don nombre reservado, Psicólogo, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Subsecretaria de Servicios Sociales representada por don nombre reservado o por quien en derecho la represente, ambos con domicilio en domicilio reservado, por la Resolución Exenta N° 119516/142/2018 de fecha 30 de abril de 2018, la cual le fuera notificada por carta certificada con fecha 03 de mayo de 2018, mediante la que se dispone el termino anticipado de su contrata por no ser necesarios sus servicios, por cuanto considera que dicha resolución es ilegal y arbitraria.

Expone que, el acto administrativo impugnado es vulneratorio de los derechos y garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 2, 16, y 24, por lo que por medio de esta acción constitucional solicita a esta Corte reestablecer el imperio del derecho, adoptando las medidas que se juzguen necesarias, a fin de que se respeten los derechos y garantías vulneradas y consecuencialmente, ordenar se invalide el procedimiento administrativo que ha dispuesto su desvinculación.

Sostiene que ingresó a prestar funciones a la Subsecretaria de Servicios Sociales el 01 de septiembre de 2015, en calidad de contrata, la que fue renovada sucesivamente hasta la Resolución Exenta N° 574 de fecha 11 de diciembre de 2017, en la que se prorroga desde el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre 2018, desempeñando diversas funciones y servicios, los que señala.

Hace presente que la Ley 20.670 Crea el sistema elige vivir sano, la que en su artículo 3 inciso 2° señala " El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales, tendrá a su cargo la administración, coordinación y supervisión del Sistema. Por su parte, a través de la Subsecretaría de Evaluación Social, tendrá a su cargo la evaluación de la implementación del Sistema. Un reglamento determinará el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva y establecerá las normas necesarias para la administración, coordinación, supervisión y evaluación del Sistema." Indica que dicho Reglamento es el N° 67, el que en su artículo 6° incisos 2° y 3° señala: " La Secretaría Ejecutiva contará con un área de gestión interministerial encargada de la coordinación de las acciones del Sistema con los ministerios, servicios públicos y órganos de la Administración del Estado a nivel nacional." "Asimismo, contará con un área de gestión regional encargada de la coordinación de las acciones del Sistema con las Secretarías Regionales Ministeriales de Desarrollo Social, y con órganos regionales de los ministerios, servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa y en general con cualquier órgano de la Administración del Estado presente en una región." Expone que precisamente el cargo del funcionario es de encargado de la Gestión Territorial del Sistema Vivir Sano, es el área específica donde se desempeña y sus funciones están creadas en el propio reglamento del sistema elige vivir sano.

Agrega que sus evaluaciones de desempeño siempre le permitieron estar clasificado en lista 1, calificación periodo 2015-2016, 6.9; calificación periodo 2016-2017 6,9, lo cual demuestra su excelente desempeño funcionario.

Sin embargo, el viernes 27 de abril 2018, lo citaron a una reunión para comunicarle verbalmente que le notificarían en los próximos días una resolución de desvinculación, y que antes que ello ocurriera le daban la posibilidad de tomar sus días de vacaciones y presentar su renuncia, de lo contrario sería desvinculado sin derecho a tomar sus días de vacaciones. Él informó a ambas autoridades que no renunciaría, y el día 03 de mayo de 2018 es notificado mediante carta certificada de la Resolución Exenta 119516/142/2018, la que señalaba:

a.- "Que, a través de la Resolución T.R.A. N° 1003, de fecha 9 de septiembre de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, se dispuso la designación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en calidad jurídica a Contrata, grado 9° de la E.U.S., del Estamento Profesional, a contar del de 01de septiembre de 2015 y hasta el 31de diciembre de 2015, bajo la modalidad mientras sean necesarios sus servicios, para desempeñarse en la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano." b.- "Que, ha trabajado ininterrumpidamente siendo su última mediante la Resolución Exenta N° 574, de fecha 11de diciembre de 2017, se aprobó la prórroga de la contrata del funcionario nombre reservado, a contar del 01 de enero de 2018 y hasta el 31de diciembre de 2018, bajo la modalidad mientras sean necesarios sus servicios," c.- "Que, conforme lo establece el inciso primero del artículo 10 de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, los empleos a contrata son aquellos que tienen un carácter transitorio, cuya duración máxima será sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos." d.- "Que, con la finalidad de brindar una mayor eficiencia en el funcionamiento interno se decidió efectuar una reorganización y redistribución de las labores y tareas que son parte del ámbito de competencia de la División." e.- "Que, dentro de los nuevos lineamientos y desafíos de esta administración, se encuentra el uso eficiente de los recursos." f.- "Que, de acuerdo a lo expresado anteriormente, corresponde citar el principio de eficiencia y eficiencia del gasto público" g.- "Que, dentro de la estructura de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, el cargo que desempeña el Sr. nombre reservado, no está contemplado dentro de la estructura formal. Razón por la cual, sus funciones serán redistribuidas y asumidas por el personal de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano." h.- "Que, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, esta autoridad en virtud de las facultades conferidas por la ley, viene en poner término anticipado a la contratación del funcionario (a) antes mencionado desde su total tramitación, conforme a los argumentos expresados previamente, los cuales fundamentan este acto.

RESUELVO:

PÓNESE TÉRMINO ANTICIPADO A LA DESIGNACIÓN A CONTRATA DE:

a) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado ,como PROFESIONAL, asimilado a grado 8° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la Planta de PROFESIONALES del servicio SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES ,con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios." Sostiene que los considerandos asignados con las letras a, b, c, ninguno de ellos entregan los fundamentos de la decisión de la autoridad para poner fin a su contrata, solo son descriptivos de la carrera funcionaria y de la calidad del empleo a contrata. La letra d) señala que se realizó una reorganización y redistribución de las labores y tareas que son parte del ámbito de competencia de la División.

Es por ello, indica, que entiende que existe una reorganización y estructuración de la Secretaria Ejecutiva Elije Vivir Sano, pero se no indica el acto administrativo mediante cual se materializa dicha reorganización y redistribución, por lo que estima que dichos argumentos no contienen los razonamientos y los antecedentes de hecho y derecho que sirven de sustento a determinaciones de esa especie y menos se desarrolla el nexo de causalidad entre la reorganización y redistribución de las labores y su desvinculación.

En cuanto a las letras e) y f) advierte que los argumentos señalados tampoco resultan suficientes, pues son argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida a su respecto, así la mera referencia a "nuevos lineamientos y desafíos de esta administración", "uso eficiente de los recursos." "principio de eficiencia y eficiencia del gasto público" no permiten conocer la razón porque la autoridad decidió alterar su vínculo y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones Respecto a lo señalado en la letra g) indica que la resolución es vaga e imprecisa, y contradictoria por cuanto en la letra d, señaló que había reorganizado y retribuido las labores, pero ahora señala que la razón de la desvinculación es que el cargo de encargado de la Gestión territorial del Sistema Elige Vivir Sano, no existe en la estructura formal.

Sostiene que una decisión está motivada cuando la Repartición ofrece una explicación suficiente de por qué ha decidido tomar tal o cual determinación, además de los fundamentos que motivaron su decisión. Por lo que, no es suficiente que se proporcione indicaciones genéricas y vagas sino que han de hacerse explícitas, más cuando se quiere desechar de un cargo a un funcionario de carrera con vasta experiencia en la materia.

Manifiesta que el Oficio Circular N° 22 del 30 de noviembre de 2017 del Ministro de Hacienda, el cual imparte orientaciones sobre la renovación de contratos y considerando además el dictamen N° 85700 de 2016 y dictamen N° °6.400 de 2018 de Contraloría General de la República, que contiene instrucciones sobre la no renovación de contratos, señala al respecto que:

"1.- Las eventuales no renovaciones de contratas deben estar limitadas solo a los casos debidamente fundados y acreditables sobre la base que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias.

2.- Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva institución." Señala que no existe motivación para poner fin anticipada a su contrata, solo el actuar arbitrario y caprichoso de la autoridad, por cuanto tiene buenas evaluaciones y la función que el presta dentro de Secretaria sigue y seguirá existiendo por cuanto el propio reglamento que regula el funcionamiento de la Secretaria Ejecutiva Vivir Sano, indica que existirá un área de gestión interministerial y gestión regional y él era el encargado de la gestión territorial.

Alega que además le planteó a la recurrida que estaría vulnerando la confianza legítima de su parte ya que durante 2 y 8 meses años se le renovó continuamente su contrata y que es este año contaba con una resolución que renovaba su contrata hasta el 31 de diciembre del 2018 y que su acto no está motivado por cuanto no existen fundamentos objetivos para su desvinculación.

Lo anterior, resulta patente toda vez que a pesar de terminarse anticipadamente por no contar con la confianza de la autoridad, siendo su cargo no de exclusiva confianza y por no ser necesario sus servicios por esa razón es absolutamente arbitrario.

En cuanto a los fundamentos de derecho, expone que ellos se encuentran en la ley 18.834, sobre el Estatuto Administrativo.

Así, expresa que la contrata participa plenamente de la naturaleza jurídica del vínculo estatutario y de los efectos de aquél. Sin embargo, hace presente algunas precisiones para resolver la cuestión planteada:

La contrata participa de la misma finalidad que el cargo de planta, el artículo 2° señala que los cargos de planta y a contrata solo "podrán corresponder a funciones propias que deban realizar las instituciones" a que se refiere el artículo 10 del mismo Estatuto. Las funciones propias están en la ley orgánica de cada servicio y en el marco regulatorio de la Administración del Estado, como lo son la Ley Orgánica Constitucional de Bases, la Ley de Presupuestos, la Ley de Acceso a la Información Pública, el Estatuto Administrativo.

El empleo a contrata, al igual que el cargo de planta, es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa. Por tal razón rigen todas las normas estatutarias correspondientes, como por ejemplo el Estatuto Administrativo que contempla obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, prohibiciones e incompatibilidades, responsabilidad administrativa y su extinción, cesación de funciones o la ley de bases del procedimiento administrativo N° 19.880.

Explica que según el artículo 89 de la Ley 18.834, todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa, -que según su interpretación-, en parte alguna se exime a los que detentan la denominada condición "a contrata", lo que significa que mientras transcurre el contrato, no puede legítimamente ponérsele término sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo contempla.

Señala que sabe que el artículo 10 de la Ley 18.834 sostiene que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, sólo por el ministerio de la ley. Pero, indica, esta prescripción debe ser asumida en su contexto. De acuerdo con el Artículo 146 de la misma legislación, son causales de cesación en el cargo, en lo que aquí interesa, la destitución (letra d) o el término del período legal por el cual se ha sido designado (f). La destitución -primera hipótesis- es la más extrema de las sanciones disciplinarias, según expresa el artículo 121 letra d) de la ley en referencia; como en todo castigo de su clase, su fundamento factual debe ser acreditado mediante una investigación sumaria o sumario administrativo, cual lo exige perentoriamente el inciso segundo del artículo 119, decisión que debe ser adoptada por la autoridad facultada para contratar; la procedencia de una eventual destitución queda supeditada a esa causalidad: responsabilidad funcionaria debidamente sumariada. La expiración del tiempo de designación, para el periodo que media entre la contratación y el 31 de diciembre del año calendario en que aquella tiene lugar, empero no para el siguiente.

Sostiene que el cese de su contratación, es ilegal y arbitrario. Ilegal porque pugna con la normativa a la que debió atenerse, y arbitrario porque arrasa con un derecho, sin más fundamentación que la de no ser necesarios sus servicios.

En relación a la decisión de no renovación de su contrata, indica que ésta no puede descansar someramente en que el nombramiento del funcionario se prolongue "mientras sean necesarios sus servicios". Esta frase, o cláusula, en ningún caso justifica el ejercicio de una potestad legal sin siquiera señalar como se justifica la necesidad del servicio público de prescindir de la contrata.

La arbitrariedad resulta por ausencia de fundamento racional evidente, pues en la resolución nada se señala respecto a alguna posible causal de mérito para justificar la decisión del ente administrativo. Es más, tal como se aprecia en la resolución recurrida precisamente se señala que el término anticipado de la contrata es porque los servicios de su representado no son necesarios.

Expone que en el derecho administrativo, existe como principio básico, la garantía de la fundamentación motivación del acto administrativo, la que analiza, atendido a su relevancia, pues corresponde a uno de los fundamentos de la actividad estatal. Cita y transcribe, en lo pertinente, un fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de 21 de febrero de 2013, Rol N° 33-2013, que define la arbitrariedad.

Sostiene que la fundamentación del acto administrativo está vinculada desde el punto de vista estructural a la realización de determinados bienes constitucionales: La legalidad, la probidad, la transparencia y la publicidad de las actuaciones de los entes públicos. Desde el punto de vista del ciudadano o de quien debe soportar los actos de la administración, la fundamentación del acto administrativo permite a las personas conocer la causa, el fin y el derecho en que se pretende apoyar o sustentar, y en su caso, la fundamentación de la desvinculación, no se originan en la necesidad del servicio, o el mal desempeño de las funciones, ni mucho menos la extinción de las mismas, por lo que ni siquiera es posible intuir que criterio justifica el acto administrativo.

La obligación de motivación de los actos administrativos se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 8°, inciso 2° de la CPR que establece "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen". Por su parte, el artículo 11, inciso 2° de la ley 19.880 señala que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limitan, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio ... " este principio se observa también en el artículo 41, inciso 3°, de la citada ley cuando dispone que "las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada". Dichas normas no eximen a ningún acto administrativo de la obligación de motivar.

Cita al respecto, el dictamen N° 23 de la Contraloría, de 24 de mayo de 2007. Y el fallo de la Corte Suprema en los autos Rol N° 16.790, de mayo de 1991.

En relación a las garantías vulneradas, indica, que en primer lugar alega la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental. Este principio exige conferir un trato igualitario a quienes se encuentran en una misma situación, igualdad que es tanto en el derecho y ante el derecho. Agrega que dada la importancia de este principio, que se encuentra reconocido en forma similar, en el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 26.

Sostiene que toda diferenciación del tipo arbitrario, es decir, contraria al principio de la igualdad jurídica, es de aquellas que carecen de fundamentación racional y objetiva, obedeciendo pura y exclusivamente al capricho de la autoridad que la ha dictado o dispuesto. Así se colige que, serán legítimas pura y exclusivamente aquellas distinciones o diferenciaciones fundadas o debidamente justificadas, que permitan dar un trato desigual para casos desiguales.

Relata que, la Excelentísima Corte Suprema ha señalado al respecto "Que sin desconocer las facultades que la legislación otorga al Ministerio de Defensa Nacional, [...] lo cierto es que las determinaciones que en este sentido pronuncie deben ser debidamente fundadas, es decir, el acto administrativo que de ella surja debe encontrarse motivado en consideraciones que no dejen duda alguna sobre la procedencia de la decisión adoptada, en razón del interés público involucrado, como única finalidad que puede tener la actuación de la autoridad." "Que la ausencia de una fundamentación adecuada no permite conocer las razones de interés público en base a las cuales se adopta la decisión (puede hacer presumir que el fin querido por la autoridad no es precisamente el de interés general o particular), que en este caso la autoridad administrativa justifica en la aplicación del artículo 10 del Reglamento de Concesiones Marítima, por la existencia de varias solicitudes de concesión sobre un mismo sector, toda vez que no aparece debidamente justificada la elección de una solicitud en desmedro de la presentada por la recurrente o por qué se desechó la posibilidad de otorgar más de una autorización.

En efecto, no basta la mera referencia que hace la autoridad en la cuestionada resolución en cuanto a haber considerado como fundamento para su decisión lo que aconsejan o expresan los informes técnicos evacuados durante el proceso de tramitación de la solicitud de la recurrente, sin mayor análisis y explicitación de los parámetros o criterios utilizados, sobre la base de los cuales establecieron la preferencia a la que alude el mencionado artículo 10, teniendo en consideración, además que dichos pronunciamientos constituyen una recomendación y no son concluyentes sobre la materia, por lo que no relevan a la autoridad del deber de fundamentación que el acto emitido requiere." .

"Que, conforme a lo razonado, se concluye que en el caso de autos ha existido un vicio en el acto administrativo impugnado, consistente en la falta del elemento de motivación, lo que determina la ilegalidad del mismo y lo hace susceptible de anulación, siendo además arbitrario por las razones ya señaladas.".

"Que concluida la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 9480, de 30 de noviembre de 2015, que denegó la concesión marítima solicitada por la recurrente, es necesario determinar si efectivamente vulnera las garantías cuya protección reclama. En este sentido y de conformidad a lo señalado en los considerandos sexto y octavo, se debe entender que ella ha sido objeto de una diferenciación o distinción contraria a un proceso normal de análisis, esto es, sin justificación racional o razonable, contrariándose la finalidad que el legislador previó al establecer la facultad para determinar la preferencia de una solicitud de concesión sobre otra u otras, siendo por ello discriminada arbitrariamente y vulnerándose su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República." Manifiesta que la jurisprudencia ha elaborado “El test de igualdad” para determinar si la decisión/distinción es razonable, no arbitraria y proporcional, esto es:

a)

Una distinción será razonable cuando la medida adoptada se ajuste a los fines perseguidos, en términos tales, que tal distinción no vaya más allá de proteger alguno de los intereses o derechos involucrados en el caso concreto.

b)

Distinción que no sea arbitraria, en oposición a la razonabilidad.

c) Distinción proporcional, se debe examinar las razones, si cumplen o no con la proporcionalidad de la medida.

Al respecto, examina si la decisión de poner término anticipado a su contrata fue una distinción razonable, no arbitraria y proporcional. Dicha resolución toma como argumentos conceptos vagos e imprecisos: pérdida de confianza, cargo estratégico, con lo cual, no queda clara la justificación o motivación de la decisión conforme a los estándares que exige el principio de igualdad, y a los requisitos que debe reunir todo acto administrativo, en especial, aquel que conculca garantías fundamentales de los trabajadores.

En cuanto a la discriminación, indica que corresponde a toda distinción, exclusión, restricción o preferencia u otro trato diferente que directa o indirectamente se base en los motivos prohibidos de discriminación y que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos.

Agrega que también se le ha vulnerado el derecho contemplado en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es, “El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales." Expone que esta garantía incluye el derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo, como la estabilidad en éste, lo que constituye un bien resguardado por el derecho y que pertenece al orden público económico, porque forma parte del patrimonio personal, social y pecuniario del sujeto.

Explica que, en un caso similar al de él, la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N° 38.681-2017 acoge un recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Superintendencia de Valores y Seguros y al respecto transcribe los considerandos séptimo al décimo tercero.

Finalmente, señala que igualmente se ha afectado su derecho a la libertad de trabajo, artículo 19 N° 16 de la C.P.R., toda vez que el acto administrativo adoptado, ha vulnerado flagrantemente su libertad de trabajo, ya que se le ha privado de la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata como lo ha hecho hasta la fecha, fundado en el concepto de confianza legítima que se produce en la administración del estado, en cuanto a que ésta ejercerá las renovaciones de contratas como es su caso, mientras no exista fundamento fáctico o legal para adoptar un proceder distinto. Así lo ha dicho la jurisprudencia de nuestros Tribunales y la Contraloría General de la República.

Acompaña a su presentación los siguientes documentos:

1.- Resolución 119516/142/2018.

2.- Resolución 119516/1003/2015 3.- Calificaciones 2015-2016 4.- Calificaciones 2016-2017 5.- Perfil de cargo 6.- Decreto 67 Ministerio de Desarrollo Social; Subsecretaría de Servicios Sociales 7.- Sistema Elige Vivir Sano Ministerio de Desarrollo Social 8.- SEGUNDO: Que, informando el Ministerio de Desarrollo Social, señala en cuanto a los antecedentes que el recurrente ingresó por Resolución 119516/1003/2015, a prestar servicios en ese Ministerio De los antecedentes revisados por esta Secretaría de Estado se ha verificado lo siguiente:

En cuanto al vínculo estatutario que unió al señor nombre reservado con esa Secretaría de Estado, señala que por Resolución TRA N° 119516/1003/2015, de fecha 9 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, fue nombrado, en calidad jurídica a contrata asimilado a grado 9o de la E.U.S., del Estamento Profesional, a contar del 1 de septiembre de 2015 y hasta el 31 de diciembre de 2015, bajo la modalidad mientras sean necesarios sus servicios.

Luego, por Resolución TRA N° 119516/49/2016, de fecha 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, el ex funcionario fue nombrado, en calidad jurídica a contrata asimilado a grado 8o de la E.U.S., del Estamento Profesional, a contar del 1 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2016, bajo la modalidad mientras sean necesarios sus servicios.

A continuación, indica que por Resolución TRA N° 119516/3/2017, de fecha 4 de enero de 2017, de la misma Subsecretaría, se aprobó la prórroga de la contrata, para el periodo que comprende entre el 01 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, y finalmente, por Resolución Exenta RA N° 119516/574/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, nuevamente se prorroga su contrata para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018.

Expone que el vínculo con su entidad concluyó por el término anticipado de la prórroga de la designación a contrata del año 2018, mediante la Resolución Exenta RA N° 119516/142/2018, de fecha 30 de abril de 2018, de la misma Subsecretaría, siendo notificada vía carta certificada con fecha 8 de mayo de 2018, por parte del Jefe del Depto. de Personal, y dicho acto administrativo, señala en lo pertinente, lo siguiente: "Que, con la finalidad de brindar una mayor eficiencia en el funcionamiento interno se decidió efectuar una reorganización y redistribución de las labores y tareas que son parte del ámbito de competencia de la División.

Que, dentro de los nuevos lineamientos y desafíos de esta administración, se encuentra el uso eficiente de los recursos.

Que, de acuerdo a lo expresado anteriormente, corresponde citar el principio de eficiencia y eficacia del gasto público.

Que, dentro de la estructura de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, el cargo el cual desempeña el Sr. nombre reservado, no está contemplado dentro de la estructura formal. Razón por la cual, sus funciones serán redistribuidas y asumidas por el personal de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano".

Respecto del cargo de "Encargado de Gestión Territorial y de Relaciones Institucionales" de la Secretaría Ejecutiva Elije Vivir Sano, indica que no existe Resolución alguna que dé cuenta de la creación del cargo. Es más, agrega, el Decreto N° 67 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba reglamento del artículo 3o de la Ley N° 20.670, que crea el sistema Elige Vivir Sano, sólo contempla en su artículo 5 la creación de un cargo, que es el de Subsecretario Ejecutivo del Sistema Elije Vivir Sano, de la siguiente manera: "La Secretaría Ejecutiva del Sistema, a cargo de un funcionario con la denominación de "Secretario Ejecutivo del Sistema Elige Vivir Sano", deberá cumplir con las siguientes funciones:

a) Servir de instancia de coordinación de los distintos órganos de la Administración del Estado y de las instituciones privadas para implementar el Sistema y el cumplimiento de los objetivos de éste.

b) Servir de instancia de coordinación para las autoridades y organismos involucrados en la implementación del Sistema y en las políticas, planes y programas que en este marco se lleven a efecto.

c) Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento, procesos y procedimientos técnicos, administrativos y presupuestarios del Sistema Elige Vivir Sano.

d) Supervisar los convenios que se suscriban con el Ministerio en el marco del Sistema.

e)

Asesorar al Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de instrumentos o mecanismos para contribuir a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

f)

Velar por el adecuado funcionamiento del Sistema, efectuando un seguimiento de las metas y plazos que se definan para la ejecución de políticas, planes y programas que lo componen.

g)

Administrar mecanismos de seguimiento, y monitoreo de a lo menos los objetivos indicadores y beneficiarios de las políticas, planes y programas del Sistema.

h)

Proponer a quien corresponda el establecimiento de estándares en materia de publicidad, promoción y responsabilidad social empresarial que deberán cumplir las empresas e instituciones privadas para efecto de lo establecido en el inciso tercero del artículo 2° de la ley N° 20.670.

i) Llevar un catastro de las iniciativas del Sistema.

j) Elaborar el informe para el Comité Interministerial de Desarrollo Social, regulado en la ley N° 20.530 a que se refiere el artículo 7o de la ley N° 20.670.

k) Estudiar y elaborar propuestas de acciones o medidas que permitan la ampliación o reducción de la oferta de prestaciones y servicios, destinados a los usuarios y beneficiarios del Sistema.

I) Realizar cualquiera otra labor, que en cumplimiento de las finalidades del Sistema, le sean encomendadas por el Subsecretario de Servicios Sociales.

Para el cumplimiento de sus funciones, corresponderá al Secretario Ejecutivo del Sistema Elige Vivir Sano, velar por la adecuada marcha del Sistema, efectuando un seguimiento de las metas y plazos que se definan para la ejecución de políticas, planes y programas que lo componen, y aplicar los mecanismos de seguimiento operativo de las acciones que se ejecuten en el marco de éste." Hace presente que las relaciones interministeriales del programa, son llevadas directamente por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Elige Vivir Sano, desde la desvinculación del recurrente, lo que demostraría que sus servicios no eran necesarios.

Sostiene que las funciones que ejerció el Sr. nombre reservado durante septiembre de 2015 hasta comienzos de mayo de 2018, según su hoja de vida, en el periodo de calificación de septiembre de 2015 hasta agosto de 2016, corresponde al Gabinete de la Subsecretaría de Servicios Sociales, siendo su jefe directo, don nombre reservado, Subsecretario de Servicios Sociales a esa época. Respecto del siguiente periodo, que comprende septiembre de 2016 hasta agosto de 2017, la Hoja de Vida del ex funcionario, da cuenta que ejerció labores en la Secretaría Ejecutiva Elije Vivir Sano, cuya jefatura directa, y por consiguiente quien evalúa al ex funcionario, también corresponde a don nombre reservado, lo que le da la calidad de asesor, o sea, se trata de un cargo de confianza.

Adjunta a su informe, la Resolución Exenta N° 777, de fecha 16 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de Servicios Sociales, que formaliza la incorporación a equipos de trabajo para el cumplimiento de las metas del año 2015, el cual contrata al recurrente en el equipo de trabajo de Apoyo Institucional, situación que se mantiene hasta el momento de su desvinculación, según da cuenta la Resolución Exenta N° 1.262, de fecha 30 de noviembre de 2017, de la misma Subsecretaría, que aprueba convenio de incremento por desempeño colectivo de la Subsecretaría de Servicios Sociales correspondiente al año 2018. En ésta, el Sr. nombre reservado es contemplado en el equipo de Gabinete de la misma Subsecretaría, la cual se encuentra consignada en el equipo de trabajo de Apoyo Institucional.

Respecto a la alegación del recurrente de vulneración al principio de estabilidad en el empleo y de la legítima confianza, al contar con renovaciones sucesivas y continuas desde el 2015 hasta el 2018, indica que si bien la contrata del recurrente efectivamente fue prorrogada entre dichos años, y fue incorporado al equipo de Apoyo Institucional de la Subsecretaría de Servicios Sociales según consta en la Resolución Exenta N° 777 de 2015 y la Resolución Exenta N° 1.262 de 2018, ambas de la Subsecretaría de Servicios Sociales sin embargo, agrega, que no se configura la confianza legítima, toda vez que no cumple con los requisitos indicados en el Dictamen N° 6.400 de fecha 02 de marzo de 2018, de la Contraloría General de la República, el cual establece que "Asimismo, el criterio en cuestión tampoco resulta aplicable respecto a los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios. En efecto, atendida la naturaleza de confianza que existe entre esas autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas, estos servidores no se encuentran beneficiados con la confianza legítima de que trata la presente instrucción, salvo que acrediten haber sido objeto de dos renovaciones anuales de sus contratas en otra dependencia de la misma institución, antes de desempeñarse en gabinete.

Del mismo modo, respecto de los funcionarios que se desempeñaron en las aludidas dependencias y experimentaron un cambio de funciones o unidad de desempeño, las renovaciones de que fueron objeto en los gabinetes no son aptas para generar la expectativa legítima".

Por consiguiente, sostiene que las renovaciones del recurrente no serían válidas para que se configure la legítima confianza, toda vez que no ejerció labores fuera del equipo de trabajo de Apoyo Institucional del Gabinete de la Subsecretaría de Servicios Sociales. Concluye que es posible indicar que no cuenta con los requisitos establecidos para que se configure la legítima confianza.

Agrega que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sostenido que un acto es ilegal cuando no se aviene a la normativa por la cual debe regirse y es arbitrario cuando atenta en contra de la razón, la lógica o el bien común.

Pues bien, ninguno de estos supuestos se ha configurado en el acto impugnado, ya que a diferencia de cómo lo entiende la recurrente, el término anticipado de su contrata, se verificó mediante carta certificada y copia íntegra de la resolución fundada que pone término a la contratación en virtud de las razones que ya señalara.

En este contexto, continúa, es útil recordar la definición de acto administrativo establecido en el artículo 3 inciso 2 de la Ley N° 19.880 -que establece las Bases de los Procedimientos de los actos de los Órganos de la Administración del Estado- como decisiones formales que emiten los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública. Precisa, que dichos actos pueden tomar la forma de decretos supremos, resoluciones y acuerdos.

Así, el dictamen de Contraloría General de la República N° 23.518 de 2016, indica que mientras la contratación contenga la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" u otra similar, como el caso de autos, es posible ejercer la facultad general de la autoridad a poner término anticipado a la contratación, aun cuando la función desempeñada sea de carácter de confianza de la autoridad de turno.

Concluye que el término anticipado de la contrata del año 2018 del señor nombre reservado, responde al hecho que la función que ejercía como Encargado de Gestión Territorial y de Relaciones Institucionales, formalmente no se encuentra creado en esa Subsecretaría, ni se encuentra contemplado en el Decreto N°67 de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba reglamento del artículo 3o de la Ley N° 20.670, que crea el sistema Elige Vivir Sano y además, esa función específica es ejercida actualmente en forma directa por la Secretaria Ejecutiva del Programa Elige Vivir Sano. Ello se consigna y desarrolla latamente en el texto de los considerandos del acto administrativo mediante el cual se pone término anticipado a su contrata, el que se encuentra debidamente fundado, cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la ley, siendo este completamente válido y suficiente para poner término anticipado a su contratación.

Respecto a las garantías vulneradas, indica que la recurrente sostiene que su parte incurrió en un acto ilegal y arbitrario que vulneró el ejercicio legítimo de la garantía de igualdad ante la ley, prevista en el N° 2 del artículo 19 de la CPR. Sin embargo, señala que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en los fallos Rol N° 53-1988 y 219-1995, ha expresado que "la igualdad ante la ley consiste en que las normas jurídicas deben ser iguales para todas las personas que se encuentren en las mismas circunstancias y, consecuencialmente, diversas para aquellas que se encuentren en situaciones diferentes". Agrega "No se trata, por consiguiente, de igualdad absoluta sino que ha de aplicarse la ley en cada caso conforme a las diferencias constitutivas del mismo".

Sostiene que a su entender, resulta del todo improbable, que con la dictación del acto administrativo, y/o por medio de los actos impugnados se hubiera afectado el ejercicio legítimo de la garantía constitucional en análisis, ya que la resolución está suficientemente motivada y fue emitida en pleno ejercicio de las potestades que la ley confiere al Ministro de Desarrollo Social, especialmente, en lo referido a la contratación y egreso del personal de los funcionarios públicos.

Precisa que la Ley N° 18.834, sobre "Estatuto Administrativo", en su artículo 3, define la planta de personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución define a los empleos a contrata como aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución. Luego, el artículo 10 inciso 1, de dicho cuerpo estatutario señala que los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleos que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Así, y de acuerdo a lo anterior, y de los antecedentes que acompaña, se advierte en lo concerniente a la duración de la designación a contrata del recurrente por el año 2018, que se incorporó la frase "MSNSS" o "mientras sean necesarios sus servicios", la cual está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata.

Luego, cita y hace presente, jurisprudencia de la Corte Suprema, contenida a modo ejemplar en la causa Rol N° 24.918-2014, en las cuales invariablemente el máximo tribunal ha señalado que: "(...) la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, la existencia de un período de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan".

"Que de lo razonado se concluye que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es la precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita.".

Además, indica que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, entre otros, en el dictamen N° 85.700, de 2016, señala que constituye una atribución exclusiva de la autoridad determinar la duración de las referidas contrataciones y ordenar su prórroga al expirar el lapso correspondiente o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas, sin perjuicio de lo cual la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto fundado.

Concluye, que la decisión de desvincular anticipadamente al ex funcionario, antes del vencimiento del plazo de la designación es una atribución de la autoridad, quien en virtud de los principios de eficiencia y eficacia consagrado en el artículo 3 de la Ley N° 18.575 -Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado- podrá determinar las fórmulas de trabajo y egreso más acordes para el logro de los objetivos finales, teniendo como límite el despliegue de conductas arbitrarias el ilegales, cuestión que no ocurrió en la especie, ya que en el acto de desvinculación se describieron los hechos objetivos que motivaron la misma.

Además, los actos administrativos de que se trata tampoco son arbitrarios o producto de la sola voluntad o capricho de quien los comete, toda vez que la decisión administrativa, en el caso de autos, fue adoptada en ejercicio de las atribuciones que le son propias, -al Ministro de Desarrollo Social-, con estricto apego a la legalidad y debidamente fundada, por lo que no advierte ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado ni en los actos administrativos de cese.

En relación a la supuesta vulneración a la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N° 16, ya que no se le permitiría continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata en esta Secretaría de Estado, indica que el artículo 20 de la Carta Fundamental, al definir las hipótesis de procedencia de la acción constitucional de protección, establece que podrá reclamar quien sufra perturbación, privación o amenazada en el ejercicio legítimo de los derechos que allí señala por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, y entre ellas no está la libertad de trabajo, en los términos que lo pretende la recurrente, pues y como ya lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema, "(...) la garantía constitucional comentada en armonía con el artículo 1 de "La Declaración Universal de los Derechos Humanos", establece la libertad de trabajo y el trabajo mismo, en otras palabras, el trabajo concreto, como lo han dicho también nuestros tribunales y así aparece consagrado en la sentencia de esta Corte, del 27 de julio de 1978, la que, refiriéndose al Acta Constitucional N"3, artículo 1° N° 20 -a la sazón vigente- fija como doctrina "que la disposición sustantiva constitucional protege la libertad laboral" y podría estimarse que protege también "el trabajo concreto", lo que implica que el recurso de protección confiere para proteger el derecho a elegir libremente el trabajo de todo individuo; pero no protege la permanencia en el empleo, que sólo tiene protección de carácter legal, salvo en el caso de los jueces, (...).”

“Que de lo anterior, se infiere que la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 N°16 de la Carta Fundamental, dice relación directa con dos aspectos de la libertad de trabajo, a saber, la posibilidad y opción de toda persona a contratar libremente sus servicios y/o la de elegir, de la misma manera, el trabajo que desea y pretende desempeñar, sea en forma dependiente o independiente; y en igual forma goza de libertad para contratar colaboradores, prohibiéndosele toda discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal (...)" Expone, que por consiguiente, el presente recurso de protección debe ser rechazado por no advertirse una amenaza o perturbación a alguno de los derechos constitucionalmente protegidos por la Carta Fundamental.

Además, la recurrente estima vulnerada el derecho a la propiedad sobre los intereses anexos a su empleo. Al respecto, sostiene que el recurso de protección ha sido concebido como una acción cautelar, ya que esta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

En esa línea de razonamiento, manifiesta, que quien carece de un título válido no puede ejercer ni reclamar legalmente lo que no le pertenece y por ende, quien no tiene el derecho de propiedad sobre un bien corporal o incorporal, nada puede amenazársele, perturbársele o restringírsele, como ocurre en el caso de autos. Para que exista el derecho de propiedad sobre un bien, resulta necesario que éste se incorpore al patrimonio de su titular, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico al efecto, lo que conlleva al nacimiento de la atribución para reclamar las prestaciones personales que emanen del mismo, condiciones que en la especie, no se cumplen.

En efecto, el recurrente no ha tenido una calidad jurídica que lo habilite para alegar una supuesta vulneración del derecho de propiedad a sus interesas ya que ejerció durante más de dos años una labor que formalmente carecía de sustento y que conformaba parte del equipo de trabajo de Apoyo Institucional de la Subsecretaría de Servicios Sociales, por lo tanto, su pretensión no puede prosperar, ya que en ningún caso se le generó un menoscabo a su derecho de propiedad, por cuanto el vínculo estatutario que lo unía con esa Subsecretaría -que por naturaleza es precario y transitorio-, la función que cumplió como Encargado de Gestión Territorial y Relaciones Institucionales, no se encontraba creada formalmente en la época de su contratación. Por consiguiente, el actor nunca pudo ejercer el dominio sobre un derecho respecto del cual no cumplía las condiciones legales para obtenerlo.

Acompaña a su informe, los siguientes documentos:

1.- Resolución TRA N° 119516/1003/2015, de fecha 9 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

2.- Resolución TRA N° 119516/49/2016, de fecha 21 de enero de 2016, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

3.- Resolución TRA N° 119516/3/2017, de fecha 4 de enero de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

4.- Resolución Exenta RA N° 119516/574/2017, de fecha 11 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

5.- Resolución Exenta RA N° 119516/142/2018, de fecha 30 de abril de 2018, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

6.- Resolución Exenta N° 777, de fecha 16 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

7.- Resolución Exenta N° 1.262, de fecha 30 de noviembre de 2017, de la Subsecretaría de Servicios Sociales.

8.- Copia de las hojas de calificaciones de don nombre reservado correspondientes a los periodos comprendidos entre septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 y de septiembre de 2016 hasta agosto de 2017;

9.- Copia de la hoja de vida de don nombre reservado correspondientes a los periodos comprendidos entre septiembre de 2015 hasta agosto de 2016 y de septiembre de 2016 hasta agosto de 2017.

10.-Carta de término anticipado del empleo a contrata del Sr. nombre reservado.

11.-Comprobante de envío de carta certificada de fecha 3 de mayo de 2018 de la empresa Correos de Chile, asociada a nombre reservado.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que, como se desprende de lo señalado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil- o arbitrario —producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías —preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el interpuesto en estos antecedentes. El acto recurrido en los presentes autos, según el decir de la recurrente, es por ser arbitrario.

QUINTO: Que entonces, para que pueda prosperar la acción deducida, en primer lugar, se debe determinar si el acto administrativo que invoca el recurrente es arbitrario y/o ilegal.

Al respecto, del mérito de los fundamentos de la acción de Protección, en la especie no se ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir, al igual que las que prorrogan los cargos, siguen siendo “contratas”, mientras la Resolución que los nombran no diga algo distinto, y para desempeñar las funciones técnicas o profesionales a contar del 1 de enero de 2018 “y mientras sean necesarios sus servicios”, siempre que no excedan del 31 de diciembre del mismo año. Obviamente será la misma autoridad que designa al funcionario la encargada de determinar hasta cuando son necesarios los servicios de los recurrentes.

SEXTO: Que, consecuentemente, la administración tiene facultades para hacer cesar la contrata en cualquier tiempo antes del 31 de diciembre de 2018, lo que en la especie efectuó, pues decidió que los servicios del Sr. nombre reservado, ya no eran necesarios, dictando el acto administrativo correspondiente a la Resolución Exenta N° 119516/142/2018 de fecha 30 de abril de 2018, mediante la que se dispone el término anticipado de su contrata por no ser necesarios sus servicios.

SÉPTIMO: Que, por lo tanto, de ninguna manera es ilegal recurrir a la fórmula “mientras sean necesarios los servicios” para dejar sin efecto una contrata si en el propio decreto de nombramiento del recurrente, no objetado por éste en su oportunidad, se incluyó dicha frase, como ya se ha visto. Y, por cierto, si la Administración estando facultada para ello, ha dejado sin efecto la contrata utilizando esta fórmula, la que constituye la fundamentación necesaria que el recurrente echa en falta, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa.

OCTAVO: Que, por lo mismo, cuando se expresa en el acto administrativo, como se hace en los impugnados por esta acción constitucional, que se pone término a las contratas por no ser ya necesarios los servicios del contratado, ello es fundamento suficiente para dar por terminada la relación. A mayor abundamiento, la Resolución Exenta, está debidamente fundada y contiene las razones por las cuales se pone término en forma anticipada a la designación del recurrente.

NOVENO: Que en efecto, la Resolución Exenta 119516/142/2018, señala:

a.- "Que, a través de la Resolución T.R.A. N° 1003, de fecha 9 de septiembre de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, se dispuso la designación de don nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, en calidad jurídica a Contrata, grado 9° de la E.U.S., del Estamento Profesional, a contar del de 01de septiembre de 2015 y hasta el 31de diciembre de 2015, bajo la modalidad mientras sean necesarios sus servicios, para desempeñarse en la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano." b.- "Que, ha trabajado ininterrumpidamente siendo su última mediante la Resolución Exenta N° 574, de fecha 11de diciembre de 2017, se aprobó la prórroga de la contrata del funcionario nombre reservado, a contar del 01 de enero de 2018 y hasta el 31de diciembre de 2018, bajo la modalidad mientras sean necesarios sus servicios," c.- "Que, conforme lo establece el inciso primero del artículo 10 de la ley N°l8.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado mediante el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, los empleos a contrata son aquellos que tienen un carácter transitorio, cuya duración máxima será sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos." d.- "Que, con la finalidad de brindar una mayor eficiencia en el funcionamiento interno se decidió efectuar una reorganización y redistribución de las labores y tareas que son parte del ámbito de competencia de la División." e.- "Que, dentro de los nuevos lineamientos y desafíos de esta administración, se encuentra el uso eficiente de los recursos." f.- "Que, de acuerdo a lo expresado anteriormente, corresponde citar el principio de eficiencia y eficiencia del gasto público" g.- "Que, dentro de la estructura de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, el cargo que desempeña el Sr. nombre reservado, no está contemplado dentro de la estructura formal. Razón por la cual, sus funciones serán redistribuidas y asumidas por el personal de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano." h.- "Que, en mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, esta autoridad en virtud de las facultades conferidas por la ley, viene en poner término anticipado a la contratación del funcionario (a) antes mencionado desde su total tramitación, conforme a los argumentos expresados previamente, los cuales fundamentan este acto.

RESUELVO:

PÓNESE TÉRMINO ANTICIPADO A LA DESIGNACIÓN A CONTRATA DE:

a) Don(a) nombre reservado, R.U.N N° RUT reservado, como PROFESIONAL, asimilado a grado 8° ESCALA UNICA DE SUELDOS, de la Planta de PROFESIONALES del servicio SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES ,con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios." DÉCIMO: Que, así las cosas, no puede reprochársele nada al acto administrativo señalado, puesto que como ya se dijera, no es ilegal ya que ha sido dictado por la autoridad competente y dentro de sus facultades legales; y, tampoco arbitrario, esto es, no son fruto del mero capricho, sino que fundamentado, expresándose la razón por la cual se pone término anticipado a la contrata.

UNDÉCIMO: Que por todo lo dicho sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado, pues se reitera, la decisión de la administración plasmada en la Resolución Exenta ya citada, de poner término a los servicios por ya no ser necesarios, no es ni ilegal ni arbitraria y obedece a una facultad exclusiva y excluyente de la autoridad administrativa.

DUODÉCIMO: Que en este mismo sentido ha resuelto la Corte Suprema, en el fallo de 16 de mayo de 2018, dictada en la causa “nombre reservado con Contraloría”, Rol 35.257-2017, que en sus considerandos 9º y 10º señala: “Noveno: Que, por lo demás y en relación a las garantías que se estiman conculcadas, y específicamente respecto de la supuesta vulneración del derecho de propiedad, no se vislumbra por estos sentenciadores que exista respecto de los recurrentes un derecho de propiedad como lo pretenden los actores, pues incluso en el supuesto de aquellos que tenían una resolución que les concedió los beneficios previsionales que impetran, no existió un acto administrativo final que determinara la procedencia de los mismos, ya que si bien la Dirección de Previsión de Carabineros dictó una resolución que no aplicó el límite del artículo 5 del Decreto Ley N°3501, dicha resolución fue representada en el proceso de toma de razón a que estaba sujeta, determinándose que no correspondía el otorgamiento de los beneficios. Así las cosas, las respectivas resoluciones no pudieron generar la titularidad de un derecho indubitado de propiedad a su respecto, sino una mera expectativa, que en definitiva no se concretó, por cuanto se determinó por el órgano contralor que las referidas resoluciones adolecían de vicios que impedían otorgarle plena validez a través del trámite de toma de razón a que estaba sujeto. Décimo: Que así las cosas, en ausencia de un acto que pueda ser catalogado como arbitrario o ilegal, presupuesto básico de la acción ejercida, no cabe sino desecharla (…)”.

DÉCIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo razonado, en los motivos anteriores, en el sentido que la resolución reclamada por el recurrente como arbitraria e ilegal, no lo es, ya que no corresponde a un mero capricho del Ministerio de Desarrollo Social, y, además, fue decidida de acuerdo a sus facultades legales, cabe hacer presente, que la controversia de autos no puede ser dirimida mediante la presente acción de carácter constitucional que fue establecida para fines distintos a los que se verifican en estos antecedentes, sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto, toda vez que dicha controversia solamente puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, que como se dijo, no es este tribunal.

Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de orden jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que estas toman en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones. Dichos procedimientos tienen sus medios de impugnación propios y son aquellos los que han de ser utilizados, es decir, esta acción constitucional, no es un sustituto jurisdiccional, como ya se precisara, lo que por sí solo basta para rechazar la acción cautelar de que se trata, hay que decir que el presente recurso tampoco podría prosperar porque no concurren los requisitos básicos para la interposición de una acción de esta clase.

DÉCIMO CUARTO: Que en efecto, y no siendo el acto administrativo recurrido, ilegal ni arbitrario, como se ha demostrado, por lo que huelga concluir que no se ha vulnerado norma alguna ya sea de rango legal o constitucional, incluidas las indicadas como conculcadas, esto es, aquellas contenidas en el artículo 19 N°s 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República , es que la presente acción no puede prosperar.

DÉCIMO QUINTO: Que, a mayor abundamiento, puede agregarse que el recurrente no posee un derecho indubitado que deba protegerse, puesto que, y como ya se señalara, sólo tenía una mera expectativa de un posible derecho y no se divisa cual podría ser éste, que la habilite para buscar su protección. y cuya discusión de esta clase no se puede resolver por medio de un recurso de protección, que constituye una acción cautelar de emergencia.

Así las cosas, no cabe más que concluir que esta acción ha sido usada como un medio de impugnación, como si fuera un mero recurso jurisdiccional de aplicación general, lo cual resulta impropio.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional impetrada por doña Makarena García Dinamarca, a favor de don nombre reservado, en contra de la Subsecretaría de Servicios Sociales, sin costas por haber tenido los recurrentes motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la Ministra (s) doña María Paula Merino Verdugo.

Rol Corte N° 37591-2018.

No firma la Ministra (S) señora Merino, por ausencia.

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