nombre reservado con nombre reservado

C.A de Santiago Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veintidós Al folio 10: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Mauricio Iván Bascur González, abogado, en representación de don nombre reservado, actualmente recluido en el Centro de Detención Preventiva Sucre (CDT Sucre), ubicado en Sucre Nº 2249, Ñuñoa; interponiendo acción constitucional de protección en contra de don Darwin Bratti Jorquera, en su calidad de Juez del 7º Juzgado de nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado la resolución de 9 de agosto de 2021, en causa RIT 19342-2019, RUC 1901217258-6, en aquel Tribunal, por medio de la cual denegó la solicitud de autorización para el ingreso al CDT Sucre al comunicador audiovisual don nombre reservado, a fin de efectuar una entrevista video grabada el miércoles 11 de agosto de 2021 entre las 09:00 y las 14:00 horas, la cual contaba con la aprobación del recurrente y su defensa letrada.

Considera que este acto es ilegal y arbitrario, por cuanto afecta las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº 2 y 12 de la Constitución Política de la República –de igualdad ante la ley y libertad de opinión- solicitando se acoja su acción, restableciendo el imperio del derecho y disponiendo la autorización inmediata para que el actor pueda ser visitado por don nombre reservado o un similar, a fin de llevar a cabo la entrevista video grabada, sin más restricciones, impedimentos ni limitaciones que las propias de un régimen carcelario.

Expone que el recurrente es un ex Teniente Coronel de Carabineros, que se encuentra en prisión preventiva en el CDT Sucre, en causa RUC 1901217258-6, RIT 193422019, imputado por los delitos de lesiones graves gravísimas contempladas en el artículo 397, número 1° del Código Penal y apremios ilegítimos sancionado en el artículo 150, letra D, del mismo texto legal, desde el 21 de agosto del año 2020.

Añade que no se encuentra con prohibición de comunicación dentro del recinto penal, encontrándose habilitado para ejercer sus derechos civiles, políticos y a su vez recibir visitas, entablar comunicaciones y emitir opinión, conforme a los derechos garantizados tanto por los tratados internacionales suscritos por Chile, como por las disposiciones contempladas en la Constitución Política de la República.

En aquel contexto, menciona que el actor manifestó su voluntad de participar en un reportaje audiovisual que no afectaría su defensa, la investigación penal o derechos de terceros, motivo por el cual solicitó al 7º Juzgado de Garantía la autorización para que el comunicador audiovisual don nombre reservado, ingresara al CDT Sucre con equipos afines para realizar una entrevista video gravada el miércoles 11 de agosto de 2021, entre las 09:00 a 14:00.

Afirma que dicha petición fue resuelta el 9 de agosto de aquel año, por medio de resolución dictada por el Juez don Darwin Bratti Jorquera, bajo el siguiente tenor: “considerando que en la presente causa no se ha dictado sentencia definitiva ejecutoriada que reconstruya judicialmente los hechos materia de indagatoria penal, estableciendo responsabilidades penales o bien descartando las mismas, ostentando lo solicitado un afán meramente exculpatorio a ser difundido en redes sociales, lo cual por cierto generaría un nuevo proceso de victimización para los afectados, quienes a consecuencia de las graves secuelas sufridas mantienen un dolor traumático permanente, pudiendo además generar un clima social de odiosidad y animadversión en contra de funcionarios activos de Carabineros de Chile, en términos de exponerlos a eventuales atentados que pudieran sufrir a consecuencia del eventual clima de polarización que se pudiera generar a partir de la referida realización audiovisual, con el consiguiente riesgo en vidas humanas de funcionarios públicos honestos que cumplen una función esencial para la convivencia y desarrollo humano, lo cual alteraría seriamente la muy frágil paz social que impera en la actualidad en nuestra sociedad, se resuelve: No ha lugar por ahora a lo solicitado”.

Estima que la resolución aludida contiene diversos juicios de valor negativos, atribuyendo la participación del actor en el trabajo audio visual como un quebrantamiento de la “débil paz social del país”, asumiendo indirectamente responsabilidad que aún no ha sido comprobada y coligiendo su participación a un riesgo de vidas humanas de funcionarios públicos “honestos”, generando una vulneración a los derechos constitucionales indicados, así como a la presunción de inocencia.

SEGUNDO: Que comparece don Darwin Bratti Jorquera, Juez Titular del 7º Juzgado de nombre reservado, informando el recurso.

Menciona los antecedentes de la causa, señalando que decidió no dar lugar a la autorización de la entrevista video grabada, en base a las normas contenidas en el Estatuto de Roma, sobre de la Corte Penal Internacional, que en la letra K, de su artículo 7 sobre Crímenes de lesa humanidad, entre otros, como otros actos inhumanos de carácter similar a las violaciones a los derechos humanos, aquellos acontecimientos que causen intencionalmente grandes sufrimientos a los afectados, atentando gravemente contra su salud mental.

Refiere que esta circunstancia en su concepto, es plenamente aplicable al caso, puesto que lo pretendido por la defensa es difundir a través de medios de comunicación social una versión instrumental, exculpatoria de los hechos imputados al encartado, en orden a generar un juicio público de su conducta y la del afectado, alejándose de la sede natural de Juzgamiento que corresponde a los Tribunales de Justicia de la Republica.

Sostiene que los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, manifestadas en normas internacionales sobre la prevención, sanción y reparación de violaciones graves al derecho internacional de la Organización de las Naciones Unidas, disponen en la relación al tratamiento de las víctimas, que estas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias.

De esta forma, considera un deber ineludible del Estado velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma, hecho que se materializaría en el evento de alterar la sede natural de juzgamiento por las redes sociales, en las que no existe control alguno posible respecto de ofensas u amenazas que eventualmente pudiera sufrir la victima de autos, como asimismo funcionarios activos de Carabineros de Chile que nada tienen que ver con la conducta ilícita imputada al señor nombre reservado y quienes prestan un servicio honesto y fundamental para el desarrollo de una sana convivencia en sociedad.

Indica que todos los tratamos internacionales sobre derechos humanos, imponen al Estado de Chile y sus representantes, la obligación de dar completas garantías de no repetición, debiendo incorporar para el juzgamiento de la presente causa todas las normas del sistema internacional de protección a los Derechos Humanos que se encontraren ratificados por el Estado de Chile e incorporadas a su derecho interno, dentro de la cuales destaca la obligación de promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, dentro de las que por cierto se encuentra la obligación de evitar actos que impliquen re victimizar a los afectados, tal como acontecería en el caso de marras en el evento de entregar a las redes sociales insumos que impliquen juicios de valor a la conducta de víctimas y victimario, puesto que se entregaría a grupos interesados elementos de juzgamiento, que pudieran recaer en personas que muchas veces careciendo de los conocimientos técnicos necesarios para evaluar en derecho los hechos materia de estos autos, pudieran generar opiniones sesgadas en un lenguaje inapropiado e irrespetuoso, que afectaría gravemente la dignidad de los involucrados y podría además transformarse para algunos grupos radicales en una especie de provocación que dé pie a un clima social de odiosidad y animadversión en contra de funcionarios activos de Carabineros de Chile, en términos de exponerlos a eventuales atentados que pudieran sufrir, con el consiguiente riesgo en vidas humanas de funcionarios públicos honestos que cumplen una función esencial para la convivencia y desarrollo humano, ajenos a los ilícitos investigados en contra del encartado nombre reservado, lo cual alteraría seriamente la muy frágil paz social que impera en la actualidad en nuestra sociedad, consideraciones por las que no se accedió a la entrevista solicitada.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que el acto que la recurrente califica de ilegal y arbitrario, es la resolución dictada por el juez recurrido con fecha 9 de agosto de 2021 que denegó la solicitud efectuada por la defensa del recurrente en orden a obtener la autorización para el ingreso al CDT Sucre de un comunicador audiovisual con el objeto de realizar una entrevista videograbada al recurrente.

QUINTO: Que de la lectura de la acción interpuesta, consta que la petición que se persigue por la parte recurrente consiste en que se restablezca el imperio del derecho y se disponga la autorización inmediata para que don nombre reservado pueda ser visitado por el comunicador audiovisual que se individualiza u otro con el objeto de efectuarle una entrevista videograbada, sin restricciones, impedimentos ni limitaciones que las propias de un régimen carcelario.

SEXTO: Que durante la vista de la causa, el abogado que compareció en favor del recurrente, sostuvo que al día de hoy, su representado nombre reservado obtuvo una modificación del régimen cautelar que le afectaba –prisión preventiva- por la de firma quincenal a contar del mes de octubre del año 2021, reconociendo que hoy, en el ejercicio de su voluntad, podía dar la entrevista videograbada, pero que, en atención a los argumentos que había dado el juez para denegar la entrevista aunado a lo señalado en su informe a esta Corte, solicitaba ahora, como medida de protección la inhabilidad del juez para conocer de la causa que se sustancia en contra de su representado.

SEPTIMO: Que tal como se ha señalado, la acción de protección tiene como finalidad restablecer el imperio del derecho, mediante la adopción de medidas urgentes que permitan dar debida cautela a los derechos fundamentales amagados por una actuación arbitraria o ilegal.

Sobre el particular, en el caso planteado en autos, lo que se cuestionó por la defensa del señor nombre reservado fue la imposibilidad que su representado pudiera dar una entrevista video grabada en el centro de detención donde se encontraba privado de libertad, sin embargo, al día de hoy al haber obtenido la libertad, nada impide, como la misma defensa reconoce, que en ejercicio de sus derechos pueda otorgar la entrevista, que en su oportunidad, le fue denegada, por lo que nada obsta a que el fin perseguido pueda materializarse sin que para ello sea necesaria la intervención de esta Corte, por lo que dentro de ese escenario el recurso ha perdido oportunidad.

OCTAVO: Que en cuanto a la petición efectuada en estrados, en orden a declarar la inhabilidad del juez nombre reservado para conocer de la causa que se sigue en contra del señor nombre reservado, cabe indicar que no corresponde que por esta vía constitucional se disponga la pretendida inhabilidad, pues para ello existe un procedimiento reglado en el Código de Procedimiento Civil tanto para plantear una causal de implicancia o una causal de recusación y que no puede ser sustituido por la presente acción.

En efecto, al no existir impedimento para que el recurrente ejerza el derecho que en un inicio consideró amagado –otorgar la entrevista video grabada- no puede ahora volcar la petición a un asunto diverso al inicial como lo es la inhabilidad del juez.

NOVENO: Que así, en la actualidad, no existen medidas que esta Corte pueda adoptar, pues el fin pretendido por la recurrente puede hoy libremente ser satisfecho, por lo que la presente acción ha perdido oportunidad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas la acción deducida en favor de don nombre reservado en contra del Juez señor Darwin Eric Bratti Jorquera.

Regístrese y en su oportunidad, archívese.

Rol N° 37.548-2021