nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA-SUBDERE

C.A. de Santiago Santiago, trece de octubre de dos mil veintiuno.

Al folio 11: téngase presente.

VISTO, OIDO Y CONSIDERADO PRIMERO: Que recurre nombre reservado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, en contra del Departamento de Extranjería y Migración por infringir las garantías constitucionales establecidas en los numerales 1, 2, 9 inciso final, 16, 24, del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone como fundamento de su recurso que, con fecha 9 de noviembre de 2019 doña nombre reservado remitió solicitud de permanencia definitiva mediante el número de solicitud 1945287 con totalidad de antecedentes exigidos por la ley vigente, el 21 de agosto de 2020 le envían un correo indicándole que su solicitud es incompleta o insuficiente y le otorgan plazo para subsanar, solicitando agregar el Certificado de Registro de última visa PDI y el certificado de nacimiento, sin embargo, al intentar subir estos documentos al sistema la página mostraba problemas de continuidad que no permitían ingresar al sistema y adjuntar los documentos en tiempo y forma.

Señala que intentó infructuosamente cumplir con lo ordenado, consultó por los canales formales electrónicos de la recurrida, luego pagó la respectiva multa, considerando que aquel era el impedimento, sin embargo, aquello tampoco permitió avanzar en el trámite, luego reclamó ante el Ministerio del Interior a través de la plataforma SIAC, indicando que la plataforma de Extranjería no permitía subir los documentos observados, sin embargo, obtuvo como respuesta que debía seguir los canales regulares en migración para solucionar el problema de continuidad.

Recién el 26 de octubre se actualizó la plataforma de Extranjería dando la posibilidad ahora de ingresar al sistema y adjuntar los documentos solicitados, pero, únicamente pudo adjuntar el certificado de nacimiento y observó que el sistema no tenía habilitada una pestaña para adjuntar el registro de la última visa en la Policía de Investigaciones, quedando nuevamente la solicitud número 4679084 incompleta por lo tanto el Departamento de Extranjería y Migración emitió con fecha 2 de noviembre de 2020 la resolución con código de trámite número 4679084 “Tramitación Concluida. No cumple en el plazo otorgado.

Agrega que la autoridad migratoria respondió sin considerar que la plataforma de Extranjería tuvo problema de continuidad que no permitió subir los documentos requeridos dentro de plazo 5 días hábiles desde la notificación del 21 de Agosto 2020 además no tuvo en cuenta la ampliación a 120 días de plazo para subsanar que se concedió por la autoridad en atención a la pandemia.

Como consecuencia de lo anterior inició todo el tramite nuevamente, con fecha 8 de noviembre de 2020 envió por segunda vez solicitud de permanencia definitiva con número solicitud 13760761, En esta última solicitud adjuntó en formato PDF la última visa estampada con fecha de vencimiento 30 de enero de 2020 y en segunda hoja la copia del registro de visa en PDI del 10 de septiembre 2020, anotando visiblemente esto para que lo vieran al subirlo en la pestaña que solicita “la última visa estampada”, dado que no hay pestaña para subir sólo el último registro de visa PDI.

En la actualidad, la recurrida continúa sin recibir respuesta, menos una solución, con rut vencido sin poder renovarse a causa de no tener su residencia definitiva, trámites notariales sin poder efectuarse y otras dificultades secundarias a esto. Así como el temor de perder su trabajo si en algún momento le piden rut vigente para algún trámite dado que es funcionaria pública trabajando como cirujana en el Hospital San Martin de Quillota.

Finalmente señala que se ha demostrado en el presente recurso el trato totalmente arbitrario y discriminatorio del Departamento de Extranjería y Migración, en definitiva del Estado de Chile, hacia una ciudadana colombiana que, cumpliendo con cada uno de los requisitos exigidos por la legislación nacional, no ha recibido en más de año y medio la regularización migratoria que le permita ejercer cada uno de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza a los residentes de la nación, peor aún, la citada autoridad se muestra indiferente frente a las reiteradas consultas y reclamos recibidos otorgando solo respuestas evasivas y erróneas sin solucionar el problema de fondo.

En mérito de lo expuesto, solicita se disponga el otorgamiento de la respectiva residencia definitiva o, en subsidio, se adopten todas las medidas necesarias para reestablecer el imperio del derecho, todo ello con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que informa Rodrigo Hoces Reyes, abogado, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública indicando que respecto de la recurrente existen 4 solicitudes, encontrándose vigente aquella N°.13188374, de fecha 26 de octubre de 2020, respecto de la cual se dictó Resolución exenta N°87.671, de 06 de julio de 2021, que pone fin a su solicitud, rechazándola.

Indica que respecto la situación de la extranjera y según los antecedentes acompañados, fue posible comprobar que no existía continuidad en sus solicitudes, además de exceder el plazo de 90 días trascurridos entre el vencimiento de su visación y su solicitud de permanencia definitiva en nuestro país, según lo dispuesto en el artículo 130 inciso 2° del Decreto Supremo N°597, Reglamento de Extranjería, en relación con lo dispuesto en el artículo 64 n°6 de la Ley de Extranjería, Decreto Ley N°1.094. A causa de lo anterior, la autoridad procedió a dictar Resolución Exenta N°87.671, de fecha 06 de julio de 2021, mediante la que se rechazó su solicitud de permanencia definitiva, mismo acto en que se otorgó a su respecto visa de residente temporaria por el plazo de un año.

En atención a que la extranjera excedió el plazo de 90 días indicado, y requerido entre el vencimiento de su visación y su solicitud de permanencia definitiva, provocándose por tanto aquel efecto que esta circunstancia trae aparejada, esto es interrumpir la residencia continuada en nuestro país. (el plazo de 90 días requerido se encuentra manifestado expresamente en el artículo 130 inciso 2° del Reglamento,) la situación previamente referida sitúa inmediatamente a la solicitante en aquella conducta expresada en el artículo 64 n°6 de la Ley de Extranjería.

TERCERO: Que ya hace tiempo se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

CUARTO: Que, la recurrente se ha alzado indicando que no se ha resuelto su solicitud de permanencia definitiva, expresando que por hechos que no le son imputables, no pudo cumplir lo dispuesto por la autoridad migratoria y acompañar su certificado de nacimiento y el Certificado de Registro de última visa emitido por Policía de Investigación en tiempo y forma.

Sin embargo, aquello no fue suficientemente acreditado en el presente recurso, en cuanto de los documentos acompañados por la recurrente, no es posible colegir aquella situación denunciada, considerando además que por el tiempo transcurrido en que habría intentado cumplir lo ordenado, pudo ejercer otras acciones administrativas a su respecto, lo que no ocurrió. En aquel proceso administrativo se dictó acto resolutivo final con fecha 2 de noviembre de 2020, rechazando la autorización de permanencia definitiva, en atención al incumplimiento en la entrega de la documentación requerida, existiendo por tanto, pronunciamiento de la entidad recurrida, que coincide con lo expuesto en el recurso, esto es que no se acompañaron los documentos solicitados.

QUINTO: Que, en cuanto a la solicitud efectuada con fecha 26 de octubre de 2020, se dictó Resolución exenta N°87.671, de 06 de julio de 2021 rechazando la solicitud de permanencia definitiva, por cuanto la extranjera excedió el plazo de 90 días indicado, y requerido entre el vencimiento de su visación y su solicitud de permanencia definitiva, provocando el efecto de interrumpir la residencia continuada en nuestro país conforme el plazo establecido en el artículo 130 inciso 2° del Reglamento de extranjería, el cual dispone que el período sin visación no debe superar el plazo de hasta 90 días, solo de esa manera se entenderá que no interrumpe la residencia continuada, para los efectos de solicitar la permanencia definitiva, razón por la cual la negativa de la autoridad recurrida se encuentra plenamente justificada conforme además lo dispuesto en el artículo 64 N°6 de la Ley de Extranjería.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento cabe señalar que el petitorio indicado en el recurso de protección, esto es se conceda la Residencia Definitiva, excede por mucho la competencia de esta Corte, en cuanto es la autoridad migratoria definida legamente al efecto, la institución competente para conocer de las solicitudes de residencias ya sea definitivas o provisorias, efectuando una ponderación de los antecedentes presentados, respecto de lo cual, como se dijo, esta Corte carece de competencia.

SEPTIMO: Que luego de lo dicho, resulta indiscutido que las acciones de la recurrida que se impugnan por esta vía, fueron dictaminadas mediante orden pronunciada por autoridad facultada para disponerla, en un caso previsto por la ley, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que las justificó, situación que descarta cualquier ilegalidad de parte de la institución recurrida, por lo que indefectiblemente se desestimará la presente acción cautelar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 21, ambos de la Constitución Política de la República, rechaza el recurso de amparo deducido en favor de nombre reservado en contra del Servicio de Registro Civil e identificación y del Departamento de Extranjería y Migración.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-3750-2021.