nombre reservado con SCOTIABANK CHILE S.A.

Santiago, dieciséis de mayo de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece el abogado Ismael Escobar Gálvez, en representación de nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Banco Scotiabank, con el objeto de que se reinstaure el imperio del derecho, por el acto arbitrario e ilegal del Banco Scotiabank consistente en el cierre intempestivo de su contrato de cuenta corriente bancaria y del contrato de tarjeta de crédito Visa.

Señala que la recurrente recibió el 4 de enero de 2021 una alerta del Monitoreo de fraudes del banco, indicándose que habían rechazado dos compras con su tarjeta Visa, y que como el banco había rechazado la compra, se quedó tranquila sin presentar mayor alerta, confiando en el Departamento de Fraudes en cuanto a que solo esa transacción se había intentado hacer, y que el banco había reaccionado adecuadamente.

Expone que el 13 de enero 2021 renegoció sus productos financieros, informándosele la totalidad de su deuda y aceptando, el 25 de enero, la oferta de pagarla en 18 cuotas de $290.000 cada una. Se le comunicó además que sus productos quedaban cerrados a consecuencia del bloqueo de productos, generada por la misma renegociación, por lo que no pudo ver las cartolas de las tarjetas en razón de dicho bloqueo. Refiere que, posteriormente, recibió reiterados llamados del banco, indicándole que mantenía una deuda en su tarjeta, a lo cual respondió que era imposible ya que había renegociado todo y su deuda se había consolidado. Finalmente y tras su insistencia, se le explicó que la deuda correspondía a transacciones internacionales, percatándose en ese momento que el banco había rechazado sólo dos de las 24 transacciones que se realizaron en enero de 2021, en el mismo comercio.

Indica que el 28 de julio y ante la situación descrita, presentó una demanda en contra del Banco Scotiabank ante el 26 Juzgado Civil de Santiago, Rol C-6334-2021, por incumplimiento contractual, y que el 30 de julio del 2021, esto es, dos días después de presentada la demanda, le fue notificado el cierre unilateral de la cuenta corriente, a través de la cual usa, goza y dispone de los dineros mensuales de su trabajo y paga el dividendo mensual al Banco recurrido. Agrega que la recurrente posee en su cuenta corriente dinero para pagar un crédito hipotecario que el banco le otorgó hace más de tres años, generándole incertidumbre sobre la continuación de las condiciones de dicho crédito atendido a que el Banco cerró la cuenta corriente que estaba unido a él.

Estima que el actuar del banco recurrido es arbitrario e ilegal, pues unos días antes del cierre la recurrente presentó una demanda de indemnización de perjuicios en contra del Banco y, a continuación, éste le cerró la cuenta corriente, la línea de crédito y la tarjeta de crédito, produciéndose en la práctica una situación que vulnera el derecho a la igualdad ante la ley, pues se establece una diferencia injustificada y carente de toda racionalidad respecto de las otras personas sujetas a las mismas circunstancias; y su derecho a la propiedad, consagrado en el numeral 24 del artículo 19.

Precisa finalmente que el acto que se le reprocha al banco Scotiabank se circunscribe al cierre unilateral, repentino y sin expresión de causa de la Cuenta Corriente, la línea de crédito asociada y la tarjeta de crédito asociada, y pide en definitiva que se acoja el recurso, “asegurando la debida protección de la recurrente y restableciendo el imperio del derecho, ordenando a la recurrida se abstenga en su accionar arbitrario e ilegal”, con costas.

Segundo: Que informa don nombre reservado, en representación de Scotiabank Chile, quien expone que con fecha 7 de junio de 2021 doña nombre reservado ingresó efectivamente un reclamo por operaciones de compra internacional con su tarjeta Visa realizadas entre el 2 y 13 de enero de 2021 y que no había realizado, superando con creces los 120 días establecidos en la ley para alegar operaciones desconocidas.

Agrega que al no quedar dichas compras incorporadas dentro de la renegociación de sus productos, puesto que aquellas aún no se facturaban, el banco continuó con el proceso de cobranza extrajudicial de las mismas. Adicionalmente, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 15, letra c), del Título I del “Contrato Único de Cliente Persona Natural”, suscrito entre las partes con fecha 24 de noviembre de 2017, el banco procedió a cerrar la cuenta corriente, ejerciendo para ello la facultad contractual ya dicha, de poner término a la Cuenta Corriente unilateralmente en caso que la cliente se encontrare en mora en el cumplimiento de cualquier obligación contraída con el banco, por más de 15 días corridos.

Estima que por esta vía la recurrente pretende obtener una sentencia a su favor, limitándose a invocar un supuesto incumplimiento contractual del banco y no un derecho indubitado. Su intención -dice-, es que a raíz de un supuesto fraude cometido por terceros, sea el banco quien pague por los perjuicios causados por un supuesto incumplimiento a las disposiciones del contrato suscrito y la ley, vulnerando así un deber contractual de cuidado.

Señala finalmente que por parte del banco no ha existido acto arbitrario ni ilegal y que el recurso interpuesto debe ser rechazado, pues se refiere a una controversia de carácter contractual, que debe ser resuelta en un procedimiento declarativo de lato conocimiento. No obstante, indica que ha tomado la decisión de reaperturar la cuenta corriente bancaria, para lo cual la recurrente puede contactarse con la ejecutiva comercial que indica.

Tercero: Que como lo ha señalado reiteradamente esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que la recurrente estima que el cierre unilateral de su cuenta corriente bancaria y productos asociados involucra una afectación de sus garantías fundamentales, pues no existe justificación alguna para ello. Indica que se le atribuye para ello una deuda originada en transacciones internacionales con su tarjeta de crédito Visa, las que sin embargo fueron realizadas por terceros desconocidos sin su conocimiento ni consentimiento. Precisa que se trató de 24 operaciones realizadas en el mes de enero de 2021 y en el mismo comercio, enterándose posteriormente que el banco solo había monitoreado y rechazado dos de ellas, procediendo al cobro de las restantes.

Quinto: Que en su informe, la recurrida reconoce que el banco monitoreó y rechazó efectivamente dos operaciones internacionales fraudulentas, realizadas por terceros -con la tarjeta de crédito Visa de la recurrente- entre los días 2 y 13 de enero de 2021, sin cuestionar que, como asevera la recurrente, dichas operaciones fueron en total 24, todas verificadas en el mismo comercio. De esta manera, el recurrido no ha justificado el motivo por el cual cursó y aceptó las restantes 22 operaciones, no obstante que, como se acaba de señalar, todas ellas fueron realizadas en un mismo comercio y durante un lapso acotado de tiempo, circunstancia que, al igual que en las dos operaciones rechazadas, daba cuenta de una conducta de consumo a lo menos inusual por parte de la titular de la tarjeta, que por lo mismo debió alertar los mecanismos de resguardo por fraudes tal como ocurrió con las dos primeras.

Al respecto, debe observarse que lo expuesto por el banco recurrido, en cuanto a que la recurrente no reclamó oportunamente en los términos de la Ley Nº 20.009, modificada por la Ley Nº 20.234, no resulta atingente al caso que se analiza, toda vez que lo reclamado en estos autos no es el reintegro de las sumas de dinero derivadas de las operaciones cuestionadas por aquella, sino el cierre unilateral e injustificado de la cuenta corriente ya dicha y de los productos asociados a ella, a raíz del impago de dichas operaciones por parte de la recurrente.

Sexto: Que por lo dicho, la decisión del banco recurrido, de cerrar la cuenta corriente bancaria de la recurrente y los productos financieros asociados, resulta improcedente desde que el motivo invocado para ello, referido a la deuda que aquella mantendría con ocasión del uso de su tarjeta de crédito en las operaciones cuestionadas, no se encuentra debidamente justificada. Es el mismo banco quien reconoce, en efecto, que al menos dos de las 24 operaciones consecutivas ya dichas, verificadas en un mismo comercio, fueron efectivamente fraudulentas, sin que haya aportado en estos autos antecedentes que permitan identificar los motivos que lo llevaron a actuar de manera diversa respecto de las compras restantes; y por ello, el cierre de la cuenta y demás productos, por la causal invocada (existencia de una deuda en mora por más de 15 días corridos), constituye un acto arbitrario e ilegal al no permitir comprender las razones del referido tratamiento discordante frente a situaciones similares, amenazando con ello el legítimo ejercicio del derecho a la igualdad ante la ley de la recurrente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso deducido por el abogado don Ismael Escobar Gálvez, en representación de doña nombre reservado, debiendo proceder el Banco Scotiabank a la reapertura de la cuenta corriente referida.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante Sr. Jequier, quien estuvo por rechazar el recurso por los motivos siguientes:

1. Que según el artículo 1° de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N°707, “La cuenta corriente bancaria es un contrato a virtud del cual un Banco se obliga a cumplir las órdenes de pago de otra persona hasta concurrencia de las cantidades de dinero que hubiere depositado en ella o del crédito que se haya estipulado.” El artículo 9° del mismo texto legal, dispone a su turno que “Las disposiciones de los artículos 611, 612, 613, 614, 615 y 617 del Código de Comercio se aplicarán también a la cuenta corriente bancaria en cuanto no sean contrarias a la presente ley”, mientras que el artículo 611 recién mencionado, ubicado en el Título IX de su Libro II, que trata “Del contrato de cuenta corriente”, establece que “La cuenta corriente se concluye por el advenimiento de la época fijada por la convención o antes de él por consentimiento de las partes.”

2. Por lo señalado, para resolver el conflicto traído a conocimiento de esta Corte resulta necesario atender a las estipulaciones consignadas en el respectivo contrato de cuenta corriente bancaria y, concretamente, a las formas de terminación anticipada acordadas en él por las partes. En tal sentido, en la letra c), Nº15, del Contrato de Cuenta Corriente, se señala que el banco se reserva la facultad de poner término unilateral a la Cuenta Corriente cuando el cuentacorrentista “se encontrare en mora en el cumplimiento de cualquiera obligación contraída con el Banco por más de 15 días corridos.”

3. Por su parte, aunque en la misma línea, la Recopilación Actualizada de Normas de Bancos, de la CMF, Capítulo 2-2, apartado II, sobre Cuentas Corrientes, establece también, en su Nº 10, que “La cuenta corriente podrá ser cerrada unilateralmente por el banco (…)”.

4. Que por lo anterior, y habiéndose fundado el término del contrato de cuenta corriente bancaria en la existencia de incumplimientos contractuales por parte de la cuentacorrentista recurrente, derivados -a juicio del Banco- del impago de deudas vigentes contraídas por aquella, mal podría estimarse que la decisión de poner término anticipado al señalado contrato de cuenta corriente bancaria ha sido ilegal, pues ella se funda en una concreta estipulación contractual, amparada a su vez por la normativa aplicable.

5. Que adicionalmente, la decisión de cierre de la cuenta corriente, sustentada en un eventual incumplimiento de las obligaciones de la recurrente para con el banco recurrido, traslada el presente conflicto a un ámbito contractual que escapa de la naturaleza y fines del recurso de protección. Como lo ha dicho reiteradamente esta Corte, en efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales solo resulta procedente ante la afectación de derechos cuya existencia y titularidad no requiera de una declaración previa de certeza, circunstancia que no se verifica en este caso; y como se acaba de señalar, no le corresponde a este tribunal, en esta sede excepcional y de urgencia, determinar la concurrencia de los incumplimientos recíprocos que se imputan las partes ni sus respectivos presupuestos. Para ello, el ordenamiento jurídico contempla los cauces procesales idóneos, que ofrecen la posibilidad de realizar no sólo las alegaciones correspondientes a los derechos que se invocan, sino también de rendir las pruebas que resulten pertinentes, resguardándose así el derecho al debido proceso consagrado constitucionalmente.

En este caso, por tanto, la existencia de los mencionados incumplimientos contractuales -y sus presupuestos- constituye un aspecto que debe ser ventilado y resuelto en juicio de lato conocimiento, declarativo de derechos, mas no en esta sede de tutela urgente y excepcional.

Redacción del abogado integrante Eduardo Jequier Lehuedé.

No firma el Ministro señor Madrid, no obstante concurrir a la vista de la causa y del acuerdo, por encontrarse ausente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nº37329-2021 (Protección)