COOPERATIVA DE VIVIENDA Y SERVICIOS HABITACIONALES JOSÉ RENÉ PÉREZ PÉREZ LTDA. con CORPORACIÓN MUNICIPAL

C.A. de Santiago Santiago, catorce de agosto de dos mil veinte.

A los escritos folios 25, 26, 30 y 31: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 32: a lo principal, a sus antecedentes. Al otrosí, téngase presente.

Vistos:

Con fecha 24 de abril de 2020, comparecen don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todos en representación de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales José René Pérez Pérez Ltda., Rol Único Tributario N° 65.856.610-5, interponen recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia y de la Corporación Municipal de Deportes de Independencia, por una serie de actos ilegales y arbitrarios consistentes en la apropiación material, prohibición de ingreso y el despojo de la administración de la multicancha deportiva, ubicada en Bombero Adolfo Ossa 2883, comuna de Independencia, la que es de propiedad de la recurrente, vulnerando las garantías constitucionales de la actora, consagradas en el artículo 19 N° 15 y 24 de la Constitución Política de la República.

Fundan su recurso exponiendo que la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales José René Pérez Pérez Ltda. es dueña de la Multicancha Deportiva desde el año 1979, precisando que con fecha 2 de julio de 1979, la recurrente celebró un contrato de compraventa de inmueble con la Empresa de Transportes Colectivos del Estado, por escritura pública que fue inscrita en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago con fecha 4 de julio de 1979, a fojas 13.505 N° 15.424, del Registro de Propiedad, correspondiente al año 1979.

Explican que la Multicancha Deportiva se encuentra dentro de los terrenos que fueron adquiridos por la Cooperativa y desde el momento de la inscripción de la escritura pública de compraventa en el Registro de Propiedad, la recurrente es dueña de dicha propiedad.

Sostienen que la Municipalidad de Independencia ha reconocido el dominio de la recurrente sobre la Multicancha Deportiva. En efecto, con fecha 17 de diciembre de 2013, el Alcalde de la comuna, don Gonzalo Durán Baronti dictó el Decreto Alcaldicio Exento N° 2.878/2013, disponiendo que “la Administración y el Uso del Campo Deportivo o Multicancha ubicada en la esquina Nororiente de la Calle Adolfo Ossa con nombre reservado le corresponderá en forma exclusiva a su legítimo dueño, la ‘Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales José René Pérez Pérez Limitada’, a través de sus legítimos representantes”

Agregan que en la parte considerativa del referido Decreto Alcaldicio Exento, se señala: “Vistos y Teniendo Presente: Copia del Título de Compraventa de fecha 2 de julio de 1979 a favor de Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales José René Pérez Pérez Limitada; Memorándum N° 26, de fecha 10 de enero de 2008, del Director de Asesoría Jurídica que ratifica el dominio de Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales José René Pérez Pérez Limitada sobre campo deportivo; y en uso de las facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades”

Señalan que, con posterioridad, la I. Municipalidad de Independencia ha intentado desconocer el dominio de la recurrente sobre la multicancha, pero la Contraloría General de la República ha reconocido el derecho de propiedad de la Cooperativa sobre la misma. Asevera que, en el año 2014, el alcalde Durán dictó el Decreto Alcaldicio N° 519/2014, en el que señaló, sin título justificativo alguno, que la Multicancha Deportiva tenía el carácter de bien nacional de uso público, y que por ende le pertenecía a la Municipalidad.

Indican que, por ello, la recurrente se dirigió a la Contraloría General de la República, reclamando en contra de la Municipalidad de Independencia, por cuanto ésta, a través del Decreto Alcaldicio N° 519/2014, privó a la Cooperativa del uso, goce y disposición de la Multicancha Deportiva, que le correspondía en cuanto dueña de dicho inmueble. Añade que la Contraloría se pronunció favorablemente en favor de la recurrente, en el Dictamen N° 62.301, de fecha 5 de agosto de 2015, que dispuso “de los antecedentes examinados no se advierte que el terreno individualizado en el citado plano como parvulario -que corresponde a la otra porción de la propiedad de que se trata- revista la naturaleza de bien nacional de uso público, por cuanto, dada su condición de equipamiento, no le era aplicable la preceptiva anteriormente enunciada ni consta que hubiere operado algún mecanismo en virtud del cual haya sido transferido a la respectiva entidad edilicia, adquiriendo la calidad de bien municipal”.

Agregan que el mismo dictamen dispuso: “Cabe anotar, que el hecho de que el actual plan regulador comunal de Independencia, sancionado a través del decreto alcaldicio N° 179 de 2014, considere la totalidad del inmueble reclamado como área verde no implica que este adquiera la calidad de bien nacional de uso público, por cuanto, por una parte, las áreas verdes pueden ser públicas o privadas, y por otra, la circunstancia de aparecer graficado en el instrumento de planificación territorial, no le confiere aquel carácter”.

Mencionan que la Municipalidad presentó una solicitud de reconsideración en contra del Dictamen N° 62.301 de 2015, siendo rechazada por la Contraloría a través del Dictamen N° 55.935 de 2016.

Continúan relatando que, no obstante, lo dispuesto en los dos Dictámenes de la Contraloría referidos, en el año 2016, la I. Municipalidad de Independencia intentó inscribir a su nombre la Multicancha en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, pero este intento no prosperó, por no tener la Municipalidad título alguno que la habitara para obtener la inscripción. Asevera que prueba del rechazo de dicha solicitud de inscripción es la mención que se hace a tal actuación en el Oficio N° 10.673 de 2016 de la Contraloría y la no existencia de anotaciones marginales relacionadas en la Copia de la Inscripción de Dominio Vigente del inmueble que acompañan.

Exponen que, a raíz de los dictámenes ya citados, el Alcalde Durán procedió a dictar el Decreto Alcaldicio N° 3.709 de 2016, que dejó sin efecto los decretos anteriores, entre ellos el Decreto Alcaldicio N° 519/2014. Sin embargo, en los hechos, la actuación de las recurridas se ha manifestado en sentido totalmente contrario al indicado.

Sostienen que estamos en presencia de un derecho indubitado, constituido por el derecho de propiedad de la recurrente sobre el recinto deportivo, que está siendo vulnerado, en grado de privación y perturbación, por una serie de actos ilegales y arbitrarios de las recurridas.

A continuación, detallan los actos ilegales y arbitrarios, relativos a la apropiación material, prohibición de ingreso y despojo de la administración de la Multicancha Deportiva.

Afirman que, la Municipalidad ha decidido perseverar en su voluntad, ya no por vías jurídicas, sino por vías de hecho, apropiándose materialmente de la Multicancha Deportiva, prohibiendo con ello el libre ingreso a quienes son dueños de ésta, despojando a la Cooperativa de la administración de su centro deportivo.

Agregan que la Municipalidad ha puesto candados en las rejas, ha pintado con su logo el centro de la Multicancha, se ha auto otorgado facultades de administración, e incluso está cobrando un precio por el uso del recinto deportivo.

Adjuntan algunas fotografías tomadas el día 15 de abril de 2020, que reflejarían la situación descrita y añade que la I. Municipalidad de Independencia, por sí y también actuando a través de la Corporación Municipal de Deportes de Independencia, se ha apropiado materialmente del recinto deportivo, desestimando por completo el derecho indubitado de la recurrente sobre el mismo.

Mencionan que la presencia de un candado en la reja de la Multicancha, el logo de la Municipalidad pintado en el centro de ésta; el cartel ubicado en la reja con el logo de la Corporación Municipal de Deportes, en el que se señala que el recinto es administrado por ella; e incluso el talonario destinado a mantener registro del cobro de dinero por el arriendo de la cancha por parte de la misma Corporación, confirman la apropiación material, la prohibición de acceso y el despojo de la administración a su legítimo dueño y con ello, la afectación a sus derechos fundamentales, cuestión que motiva la presentación de este recurso.

Más adelante sostienen que los actos realizados por las recurridas son manifiestamente ilegales, pues vulneran importantes normas de rango constitucional y legal. Adicionalmente, constituyen actos arbitrarios, pues carecen de toda racionalidad y fundamento.

En cuanto a las ilegalidades de los actos de las recurridas, denuncian la infracción a los principios de legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República, así como el artículo 2º de la Ley Nº 18.575. Señalan que por razones de público conocimiento, producto de la emergencia sanitaria, la Multicancha no ha sido arrendada desde el 14 de marzo de este año. Indican que la Municipalidad de Independencia y su Corporación Municipal de Deportes han infringido el principio de legalidad y juridicidad, al apropiarse ilegalmente de un bien de propiedad privada que les es ajeno, sin tener atribución o competencia alguna que las habilite para ello y sin haberse materializado el procedimiento expropiatorio que se exigiría para tal objeto.

Relatan que una segunda ilegalidad, se configura al apropiarse materialmente de un bien ajeno, sin tener título habilitante alguno, agregando que las recurridas infringen las normas que regulan el modo de adquirir el dominio de los bienes inmuebles, citando al efecto el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, el artículo 588 del Código Civil y el artículo 33° de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que sujeta la adquisición de bienes raíces por parte de las municipalidades a las normas del derecho común y faculta a estas últimas adquirir este tipo de bienes mediante expropiación, previa declaratoria de utilidad pública.

En lo referido a las arbitrariedades de los actos de las recurridas, señalan que los actos denunciados se han realizado en forma unilateral y de una manera totalmente contraria a la razón y sin justificación alguna, es decir, de forma caprichosa y carente de principios jurídicos, evidenciando una ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener.

Indican que una segunda arbitrariedad consiste en que la Municipalidad ha reconocido anteriormente el dominio de la recurrente sobre el bien y denuncian infracción al principio de la confianza legítima, reiterando que la recurrida reconoció el derecho de dominio de la Cooperativa sobre la multicancha. En razón de este reconocimiento, sumado a la falta de justificación en el actuar posterior de la Municipalidad, resulta totalmente arbitrario que el mismo órgano que realizó tal reconocimiento, desconozca con sus hechos de una manera tan evidente su propia declaración.

En relación a las garantías constitucionales vulneradas, sostienen que la serie de actos ilegales y arbitrarios de las recurridas, vulneran, en grado de privación y perturbación, el legítimo ejercicio de los derechos de asociación y de propiedad, garantizados en los numerales 15 y 24, respectivamente, del artículo 19° de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19° Nº 15 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de asociación. Señalan, en síntesis, que la conducta de las recurridas perturba el legítimo ejercicio del este derecho de la recurrente y en particular de sus integrantes, al constituirse en un obstáculo que dificulta el cumplimiento de los fines para los cuales fue creada la Cooperativa.

En lo referido a la vulneración de la garantía constitucional consagrada en el artículo 19° Nº 24 de la Constitución Política de la República, que reconoce el derecho de propiedad, refiere que la serie de actos ilegales y arbitrarios de las recurridas vulneran, privan y perturban este derecho de propiedad de la recurrente por cuanto, por sí y ante sí, sin título justificativo alguno, y, lo que es más grave, sin autorización de parte de su dueña se han apropiado materialmente de la Multicancha Deportiva han cerrado con candados los accesos y han despojado de la administración de ésta a su legítimo dueño, citando jurisprudencia en apoyo de su posición.

Previas citas legales, constitucionales y jurisprudenciales, solicitan que se acoja el recurso y se ordene a las recurridas a hacer restitución de la Multicancha Deportiva a su propietario, en un plazo máximo de cinco días contados desde que la sentencia definitiva de estos autos se encuentre firme y ejecutoriada, se prohíba a las recurridas a seguir administrando el acceso y uso del recinto deportivo, como asimismo de cobrar arriendo por su uso; se ordene el retiro inmediato de la Multicancha Deportiva de candados, carteles y cualquier otro elemento distintivo de la I. Municipalidad de Independencia o de su Corporación Municipal de Deportes; se decrete cualquier otra medida tendiente a reestablecer el imperio del derecho y a asegurar la debida protección de la Cooperativa; se ordene el auxilio de la fuerza pública en caso de oposición a lo decidido por Corte; se oficie a la Contraloría General de la República con el objeto de que esta entidad ordene instruir un sumario administrativo en contra del Alcalde de la comuna de Independencia y; se condene expresamente en costas a las recurridas.

Con fecha 29 de mayo de 2020, comparece don Franco Guerra Cisternas, abogado en representación de las recurridas, I. Municipalidad de Independencia y la Corporación de Deportes Municipal, quien informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, por cuanto ha sido interpuesto una vez transcurrido el plazo de treinta días corridos del conocimiento de los hechos aparentemente vulneratorios.

Precisa que los recurrentes refieren en su presentación, que el acto arbitrario e ilegal por parte de las recurridas se trataría de actos continuos en el tiempo, señalando que a lo menos al 15 de abril de presente año, no habría cesado. Agrega que la recurrente enumera en su recurso un serie de actos aparentemente arbitrarios e ilegales, los cuales tienen fecha cierta y por ende no son continuos en el tiempo, sino que son hitos de conocimiento exacto por parte de las recurrentes, tales como, reclamos ante la Contraloría General de la Republica, la supuesta apropiación material de la cancha, el pintado de ésta, del cobro de la cancha, entre otros, los que ocurrieron, no como los califica la contraria, pero a lo menos el año 2018 y 2019 y la contraria intenta calificarlo de un acto de desarrollo continuo y permanente en el tiempo, a modo de justificar la oportunidad de su presentación, toda vez que ha transcurrido con creces el tiempo para interponer la presente acción.

En segundo lugar, alega la improcedencia del recurso de protección por inexistencia de actos u omisiones ilegales y/o arbitrarias de las recurridas.

Expone que la recurrente describe de manera detallada los actos u omisiones ilegales aparentemente efectuados por las recurridas.

Sostiene que sus representadas han respetado íntegramente los principios de legalidad y juridicidad consagrados en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, en cuanto al respeto de la normativa vigente y a las facultades que le entrega, encontrándose ambas recurridas en permanente cumplimento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Explica que en los hechos sus representadas en ningún caso se han apropiado del bien inmueble señalado en autos, esto es la Multicancha ubicada en domicilio reservado, de la comuna de independencia, sino que fue la propia recurrente, esto es Cooperativa Villa nombre reservado, quien solicitó a la Corporación de Deporte de la Municipalidad de Independencia que la administrara, en razón de un serio y grave conflicto de intereses entre las diferentes organizaciones sociales del sector y vecinos usuarios de dicho recinto deportivo, el que iba en una escalada ascendente de agresividad, violencia verbal y en algunas ocasiones físico entre los involucrados.

Detalla que luego de varias solicitudes a la Alcaldía de la I. Municipalidad de Independencia, realizados entre el segundo semestre del año 2018 y principios del año 2019, la Corporación de Deportes comienza a realizar un trabajo de acercamiento de las partes en conflicto, llegando a instalar una mesa de trabajo entre las organizaciones, esto es la recurrente, la Unidad Vecinal N°1 La Palma, Junta de Vecinos Villa nombre reservado, representadas por sus presidentes, quienes llegan al siguiente acuerdo:

i. La Administración de la Multicancha la llevará la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia durante el periodo en que se termine la disputa del dominio.

ii. Los horarios de uso y cobros serán consensuados por esta mesa de trabajo, llegando a un total acuerdo sobre montos establecidos.

iii. Al momento de existir una resolución judicial final, la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia, entregará un acta del periodo administrado y dejará constancia de ello.

iv. Se solicita a la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia que mande a elaborar carteles que anuncien esta administración, alejando del conflicto a la Cooperativa de la Villa nombre reservado y a la Unidad Vecinal la Palma, acuerdo suscrito por los presidentes de ambas organizaciones sociales, documento que se acompaña.

v. Se dotará de candados de acceso a la Multicancha por parte de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia, alejando del conflicto a la Cooperativa de la Villa nombre reservado y a la Unidad Vecinal la Palma, acuerdo suscrito por los presidentes de ambas organizaciones sociales, documento que se acompaña.

vi. La Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia reparará o bien cambiará los paños dañados del perímetro exterior de la Multicancha, los cuales han sido vandalizados por personas que mantienen conflicto con los representantes de la Cooperativa nombre reservado y en su afán de utilizar dicho recinto deportivo.

Sostiene que la contraria en la redacción de su recurso omite una serie de acuerdos suscritos entre las partes, los cuales son de suma importancia para visualizar la realidad de los hechos ocurridos en torno a la Multicancha materia de presente recurso y que alejan sus representadas, en orden de configurar algún acto de carácter de ilegal, de suyo indispensable para efectos de acoger el presente recurso.

Continúa relatando que en cuanto a los cobros de arriendo, uso de candados y utilización de carteles anunciando la administración, la Corporación de Deportes, señala que es efectivo, pero a diferencia de los aludido por la recurrente esto fue a petición expresa de los representantes de la Cooperativa Villa nombre reservado, tal como se desarrolló precedentemente y en definitiva es la recurrente, quien sentía que estos elementos ayudarían de manera definitiva a atenuar el conflicto que ellos vivían respecto de otros vecinos/as u organizaciones sociales y deportivas antes citadas, tal como consta en los documentos que se acompañan.

Agrega que, según lo informado por el Director de la Corporación de Deportes, don nombre reservado fue un miembro de la Cooperativa y doña nombre reservado, quien luego de reiterados e insistentes llamados telefónicos, solicitó la inmediata colocación de carteles que anuncien de la nueva administración.

Menciona que la Corporación de Deportes de la I. Municipalidad de Independencia hasta el día de hoy paga íntegramente los consumos eléctricos y uso de agua potable a la Sede de la Cooperativa Villa nombre reservado, como parte de los acuerdos de la mesa de trabajo de la administración de la Multicancha y los gastos de reparación de cercos, cierres perimetrales, elevación de cercos y en algunas ocasiones compras de alimentos para celebraciones efectuadas por la recurrente.

Señala que incluso, producto de la citada mesa de trabajo se dictó un reglamento de funcionamiento de la Multicancha en el que se norma el funcionamiento de esta y tiene por objeto por parte de sus representadas, promover la participación e integración de las organizaciones deportivas en los recintos deportivos y fomentar la realización de actividades comunitarias, deportivas, culturales y recreativas mediante el uso racional y equitativo de los recintos deportivos existentes en la comuna de Independencia.

Afirma que el actuar de sus representadas dista de lo señalado por la recurrente y se aleja aún más de la definición de ilegalidad entregada por nuestros tribunales superiores de justicia, entendida como aquel acto que “no se atiene a la normativa por la que debe regirse, o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley”. Agrega que el actuar de sus representadas no encuadra en la citada definición, por el contrario ha procedido en cumplimiento de lo ordenado por la normativa vigente, en especial lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 18.695 que señala en su inciso segundo “Las municipalidades son Corporaciones autónomas de Derecho público, con personalidad Jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas”.

Más adelante, expone que no existe arbitrariedad en el actuar de sus representadas, señalando que la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia administra la Multicancha señalada con un justo título reflejado en el convenio de administración firmado por los mismos recurrentes, reiterando los hechos ya señalados.

Luego, asevera que está claro que los documentos que habilitan la administración por parte del municipio, no son ni han sido traslaticios de dominio ni expropiatorios.

A continuación, y luego de detallar cronológicamente las actuaciones de la Municipalidad en lo referido a la administración de la Multicancha, concluye que el terreno ubicado en esquina de Adolfo Ossa y nombre reservado, donde se emplaza la Multicancha es parte área verde y parte parvulario (equipamiento).

Indica que respecto del área verde (BNUP) el municipio posee su administración, tal como lo señaló la Contraloría General de la Republica y respecto del parvulario (equipamiento) la DOM y Asesor Urbanista afirman que puede regularizarse, en virtud de lo dispuesto en el artículo 135 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, dado que corresponde a un terreno de equipamiento que pasa al dominio municipal por el ministerio de la Ley (artículo transitorio de la Ley N° 20218). Sin embargo, la Contraloría General de la República alude que dicho terreno no se encuentra en la hipótesis del artículo transitorio de la Ley Nº 20.218 y que en caso de discrepancia debe recurrirse a Tribunales de Justicia.

Expone que la recurrente calificó dicha transgresión al principio de confianza legítima y las vías de hechos de apropiación de la Multicancha, como una serie de actos arbitrarios por parte de sus representadas.

Sostiene que, según lo expresado, el actuar de sus representadas se aleja de la definición dada de arbitrariedad por nuestros tribunales superiores de justicia, quienes han sentenciado que “la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o aun la inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar, lo que pugna contra la lógica y la recta razón”.

Afirma que sus representadas no han transgredido el principio de confianza legítima, ya que, en muchas ocasiones y en especial en ésta, se pone en la balanza la protección del interés general de la comunidad, por sobre el interés de los particulares.

Finalmente afirma, la inexistencia de vulneración de garantías constitucionales, alegando el primer término la inexistencia de un derecho indubitado y refiere que la propia recurrente -quien ha reconocido que existe discrepancia en el derecho que se invoca como indubitado, toda vez que en el acuerdo alcanzado punto ii citado precedentemente-, señala que “Al momento de existir una resolución judicial final la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia, entregará un acta del periodo administrado y dejará constancia de ello”.

Luego, sostiene que no se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política de la República que consagra el “derecho de asociación”, toda vez que en ningún momento sus representadas han perturbado el ejercicio del anterior, sino más bien ha intentado, con su anuencia intervenir en la administración de la Multicancha materia de autos, lo que fue solicitado y aceptado por la recurrida.

Asimismo, indica que no se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República relativa al “derecho de propiedad”, reiterando lo expuesto y en especial lo referido a que ha sido la propia recurrente, quien ha solicitado la intervención de sus representadas a la administración de la misma y por ende, su parte se pregunta ¿de qué manera se podría vulnerar un derecho con la propia anuncia del recurrente?

Concluye señalando que, por lo que la situación planteada en el presente recurso, en lo que dice relación a estas garantías, la presente acción constitucional no resulta ser la vía idónea para resolver aquello, pues ella ha sido concebida como una de carácter excepcional, situación que no acontece en este caso. Agrega que, en virtud de las alegaciones esgrimidas, su parte considera que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, con expresa condenación en costas, las que deben ser ejemplares, toda vez que los recurrentes desconocen acuerdos y documentos suscritos en su oportunidad y pretenden ser ocultados a esta Corte.

Con fecha 10 de junio de 2020, el abogado de la parte recurrente solicita, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 letra d) de la Ley N° 20.886 -Ley de Tramitación Electrónica-, aplicar a las recurridas la sanción que estime conforme a derecho, por haber infringido los deberes mínimos de la buena fe en la tramitación de este recurso de protección.

Alega una manipulación dolosa y fraudulenta de documentos acompañados por las recurridas.

Explica que en su informe, las recurridas acompañaron como documento un Reglamento que, según señalan, habría sido firmado por representantes de la Cooperativa, sin embargo, su parte no ha firmado Reglamento alguno y los documentos acompañados han sido dolosa y fraudulentamente manipulados, debiendo en consecuencia restárseles todo valor probatorio y ser informada tal actuación a la Contraloría General de la República, incluyéndose en el oficio que fue solicitado en el N° 7 del petitorio del recurso de protección.

Afirma que el documento denominado “Reglamento” está adulterado: contiene rúbricas de representantes de la recurrente, pero aquéllas se relacionan con una reunión distinta, en la que no se firmó Reglamento alguno. Precisa que las recurridas tomaron una hoja de firma de una reunión y la anexaron a un documento redactado exclusivamente por ellas.

Indica que la hoja de firma anexada al supuesto Reglamento tiene fecha 13 de noviembre de 2018, sin embargo, el otro documento acompañado por las recurridas, denominado “Minuta Multicancha Unidad Vecinal N° 1 Sector la Palma”, señala que la primera reunión a la que asistieron representantes de diversas organizaciones de vecinos fue realizada también con fecha 13 de noviembre de 2018. Agrega que dentro de los temas tratados en la primera reunión de fecha 13 de noviembre de 2018, se indica que: “Se solicita a un representante por organización para que participe de la creación del Reglamento de uso para la Multicancha” y que (…) “Se fija próxima reunión el 20 de noviembre para comenzar a trabajar en Reglamento de uso”.

Se pregunta ¿Cómo podría estar firmado un Reglamento el 13 de noviembre de 2018, si la reunión fijada para el 20 de noviembre de 2018 tenía como objeto “comenzar a trabajar” en un Reglamento de uso? Sostiene que es evidente, que, al 13 de noviembre de 2018, fecha en que supuestamente se habría suscrito el Reglamento, tal cuestión no ocurrió y lo cierto es que jamás se ha firmado.

Afirma que tramitándose de manera electrónica este recurso de protección, se le hacen aplicables los principios consagrados en la Ley N° 20.886 -Ley de Tramitación Electrónica-, y transcribe su artículo 2.

En el primer otrosí, afirma que independientemente de que los documentos aportados al proceso por las recurridas no son auténticos y están dolosa y fraudulentamente manipulados, solicita tener presente lo siguiente:

1. El derecho de propiedad de la recurrente sobre la Multicancha Deportiva es indubitado. Prueba de ello es la copia con vigencia de la inscripción de dominio a nombre de la Cooperativa, que fue acompañada como documento en el Recurso de Protección.

2. Las reuniones que haya tenido la recurrente con las recurridas y con otras Organizaciones Comunales se realizaron por motivos de seguridad y de convivencia, pero jamás la Cooperativa ha manifestado su voluntad en orden a que la Municipalidad de Independencia o su Corporación Municipal de Deportes se apropien materialmente de ella, la cierren con candados o que la administren.

3. Los representantes de la Cooperativa presentaron este recurso de protección precisamente porque están siendo privados y perturbados en el legítimo ejercicio de su derecho de propiedad. De esta manera, manifiestan y perseveran en su voluntad de que las recurridas abandonen cuánto antes el inmueble que en dominio les pertenece.

4. La Contraloría General de la República, en sus Dictámenes N° 62.301 de 2015 y N° 55.935 de 2016, ya se pronunció sobre la titularidad en el dominio de la Multicancha, señalando que el inmueble de propiedad de la recurrente, no reviste la naturaleza de bien nacional de uso público y que no consta que respecto del terreno de que se trata hubiere operado algún mecanismo en virtud del cual haya sido transferido a la respectiva entidad edilicia, adquiriendo la calidad de bien municipal.

Con fecha 18 de junio de 2020, el abogado de las recurridas manifiesta que la recurrente efectuó una aseveración de carácter grave, señalando que su parte de manera dolosa, esto es con intención de dañar o perjudicar a la contraria, se habría anexado tal documento que da fe de las firmas de los comparecientes, el que fue acompañado de la forma que fue enviado por la Corporación de Deportes, quienes se han relacionado de manera permanente con las recurrentes.

Reitera que la intervención de su representada en la administración de la cancha, materia del recurso fue a expresa petición de los recurrentes, quienes, al parecer, al igual que en su acción de protección, pretenden desconocer cualquier tipo de acuerdo o compromiso arribado en su oportunidad, a fin de no derrumbar su teoría del caso.

Señala que, sin embargo, su parte considera lamentable, que, al parecer, por no estar de acuerdo con los convenios alcanzados por las recurrentes con su representada en su oportunidad, la hagan desconocer las propias peticiones de ayuda efectuadas.

Indica que sin perjuicio de lo anterior y considerando que el recurso de protección es una acción cautelar y de urgencia y atendido a la gravedad de la aseveración de la contraria, solicita que el ilícito denunciado por la contraria, esto es, la manipulación dolosa y fraudulenta de los documentos acompañados debe ser investigado en la sede penal correspondiente y no está, dada la naturaleza del recurso de protección no lo permite, declarándose incompetente para conocer.

Sostiene que de lo contrario estaríamos en presencia de una vulneración a un derecho fundamental, esto es, el derecho a un procedimiento que permita a las partes la rendición de prueba.

Solicita acceder a lo solicitado y enviar los antecedentes a la sede penal correspondiente para efectos de investigar los ilícitos planteados por la contraria, declarándose esta Corte incompetente para conocer.

Con fecha 22 de junio de 2020, el abogado de la recurrente, hace presente una serie de consideraciones respecto de la declaración de incompetencia pedida por la recurrida.

Reitera las normas ya citadas en su escrito de 10 de junio de 2020 y agrega que la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección en nada obsta al derecho de los recurrentes, ni a la facultad de las Cortes de Apelaciones para pronunciarse sobre cuestiones accesorias que se susciten durante la tramitación de la acción constitucional de protección. Añade que la Ley N° 20.886, no establece excepciones en relación con esta última acción comentada.

Señala que cada litigante debe hacerse responsable de los documentos que presenta en juicio. Reitera que la fecha de la hoja de firmas del documento denominado como “Reglamento”, es de una fecha que revela la imposibilidad de que dicho documento haya sido suscrito, si es que se revisan las fechas mencionadas en el otro documento, denominado “Minuta Multicancha Unidad Vecinal N° 1 Sector la Palma”, que refiere que, la primera reunión a la que asistieron representantes de diversas organizaciones de vecinos fue realizada también con fecha 13 de noviembre de 2018 y en la que queda claro que no se suscribió Reglamento alguno.

Concluye que, por lo mismo, si las recurridas sostienen que no habría manipulación dolosa de documentos y firmas, al menos inevitablemente les cabe un actuar grave, negligente e inexcusable en la conducta descrita, cuestión que de todas formas es merecedora de sanción, en los términos del artículo 2 de la Ley N° 20.886.

Con fecha 24 de junio de 2020, el abogado de la recurrente acompaña declaración jurada del Presidente de la Cooperativa, don nombre reservado, recurrente en estos autos, en la que declara bajo juramento que jamás ni él ni nadie de la Cooperativa ha suscrito, firmado ni convenido Reglamento alguno con las recurridas, relacionado con la Multicancha Deportiva.

Con fecha 13 de agosto de 2020, el abogado de la recurrente acompaña declaración jurada de 12 personas, en la que declaran bajo juramento que jamás nadie de la Cooperativa ha suscrito, firmado ni convenido Reglamento alguno con las recurridas, relacionado con la Multicancha Deportiva.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Segundo: Consta de lo expuesto por las partes, así como de los documentos que se han agregado, que la Cooperativa recurrente registra inscripción vigente sobre el lote N° 1, del Plano de Subdivisión del inmueble ubicado en calle nombre reservado y nombre reservado, en la comuna de Conchalí (inscripción original), y que la Municipalidad de Independencia administra dicho bien, mediante la Corporación de Deportes de dicha entidad.

Conforme se advierte, la Municipalidad recurrida, no desconoce el dominio de la recurrente, sino que alega que producto de un acuerdo con ella actualmente la administra, acompañando documentación que lo justificaría. Por su parte, la Cooperativa desconoce tal acuerdo, señalando que la hoja de firmas acompañada dice relación con una reunión distinta, pretendiendo acreditar en esta sede la inexistencia de dicho acto.

En cuanto a la extemporaneidad alegada Tercera: Los antecedentes evidencian que el recurso ha sido presentado fuera del plazo previsto por el Auto Acordado que rige la materia, toda vez que los actos que se denuncian se ubican en los años 2018 y 2019, y desde aquella época las recurridas administran el señalado bien, sin que haya existido reclamo hasta el mes de abril del presente año.

En cuanto al fondo:

Cuarto: Sin perjuicio de lo anterior, el conflicto suscitado entre las partes dice relación con la existencia del acuerdo que se invoca por las recurridas -como justificación de la administración que desarrollan- y los términos de la misma, así como la validez de los documentos que se acompañan.

Quinto: Lo expuesto es relevante, pues deja de manifiesto que la discusión trabada en autos no se vincula con una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar de urgencia, en cuanto ésta no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados, presupuesto que en la especie no concurre, pues la existencia y validez del acuerdo que justifica la actuación de las recurridas debe ser dilucidado en un juicio de lato conocimiento, a través del ejercicio de las acciones ordinarias que garanticen un procedimiento adversarial que permita a todas las partes exponer sus respectivas defensas, rendir las pruebas que se estimen pertinentes y hacer uso de los recursos previstos en la legislación, sin que tal discusión pueda dirimirse mediante una acción como la de autos, cuyo acotado objetivo, como se dijo, es otorgar cautela urgente ante la conculcación patente de derechos constitucionales en virtud de actos u omisiones ilegales o arbitrarias.

Sexto: Lo expuesto, basta para desestimar el recurso que se revisa.

De conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección presentado por don nombre reservado, don nombre reservado y don nombre reservado, todos en representación de la Cooperativa de Vivienda y Servicios Habitacionales José René Pérez Pérez Ltda., en contra de la Ilustre Municipalidad de Independencia y de la Corporación Municipal de Deportes de Independencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección – 37322-2020 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministros señora Adelita Ines Ravanales Arriagada, señora Jenny Book Reyes y señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero.