nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA

Santiago, uno de marzo de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad De Cerro Navia, Corporación de Derecho Público, representada por su alcalde don Mauro Tamayo Rozas, por su actuar ilegal y arbitrario de poner término anticipado a su contrata mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 01755/2021, de 1 de julio de 2021.

Refiere que mantuvo una relación laboral con la recurrida bajo la calidad jurídica a contrata que establece la Ley 18.883, desde el 1 de junio del año 2009 hasta el 2 de julio de 2021, durante los cuales se suscribieron varios actos administrativos que dan cuenta de las reiteradas y continuas renovaciones y prorrogas efectuadas por el ente edilicio, lo cual le generó la confianza legítima que la relación jurídica que la unía a la recurrida bajo la modalidad a contrata se mantendría, más aun considerando que la última renovación se verificó el 30 de noviembre de 2020, mediante la dictación del Decreto Alcaldicio número 11097/2020 donde se estableció que sus funciones serían prorrogadas desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre del mismo año y pese a ello mediante el acto impugnado, se puso término anticipado a sus funciones a contar del 2 de julio de 2021.

Enfatiza que los citados actos ilegales y arbitrarios denunciados constituyen privación, perturbación y amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que regula la Carta Magna en el artículo 19 numerales 2, 16 y 24 y que transgreden las disposiciones contenidas en la Ley 19.880 como asimismo, en la jurisprudencia administrativa emanada por la Contraloría General de la República principalmente, en los dictamen números 5.500 y 85.700, ambos del año 2016.

Añade que se desempeñaba en escalafón profesional grado 11º y a la época del término anticipado se encontraba con licencia médica producto de la enfermedad que la aqueja.

Precisa que durante el tiempo que prestó funciones fue designada para prestar apoyo en la oficina del concejal don René Solano Valdés, estando a cargo también de la recepción y entrega de la correspondencia, atención de público, despacho de documentos y cualquier otra función que le encomendara tanto el concejal como su jefatura directa, que en la especie, era la secretaría municipal y que siempre fue calificada en lista 1.

En relación al contenido del mencionado Decreto Alcaldicio Nº 01755/2021, llama su atención los fundamentos que refiere para poner término anticipado a su contrata y que se contienen principalmente, en el considerando quinto: “Que la funcionaria en cuestión cumplía funciones como apoyo administrativo y de secretaria de concejal, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 92 bis de la Ley 18.965, que señala: “Cada Municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, deberá dotar al concejo municipal y a los concejales de los medios de apoyo útiles y necesarios, para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el número de concejales de la municipalidad, y de acuerdo al criterio contenido en el dictamen número 5.500, de 2016, de la Contraloría General de la República que precisa que las entidades edilicias, en concordancia con su disponibilidad financiera, pueden dotar de materiales y personales al concejo municipal y a los concejales. Agregando el citado pronunciamiento, que para ello el órgano comunal deberá tener en consideración, entre otros aspectos, que estos sean entregados para el cumplimiento de los fines institucionales, que en su asignación se dé un trato igualitario a todos los ediles, que las labores desarrolladas por el personal contratado para estos efectos no correspondan a las ejercidas por otras unidades municipales, que se dé cumplimiento a las normas sobre contratación en los municipios y que se respeten los límites presupuestarios de gasto de personal”.

Sobre este particular, señala que el artículo 92 bis de la Ley 18.965 que invoca la recurrida, señala expresamente, que para entregar medios de apoyo útiles y necesarios al concejo municipal y los concejales para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones conferidos por ley, deberá considerar el número de concejales que componen el concejo municipal y, su disponibilidad presupuestaria, que dicho sea de paso, es anual. En este sentido, conforme lo dispone el artículo 72 de la Ley 18.695, los concejos municipales se componen por los concejales electos en votación directa, cuya cantidad para cada comuna se determina en función de sus electores, pudiendo ser seis, ocho o diez, según sea el caso.

Concluye que queda manifiesto que por imperativo legal, el concejo de la comuna de Cerro Navia se compone por ocho concejales y en base a este número el ente edilicio debe otorgar los medios de apoyo materiales y/o personales de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.

Sin perjuicio de lo expuesto, la Municipalidad recurrida, en el considerando sexto del referido Decreto Alcaldicio, señaló: “(…) los concejales y concejalas electas en las elecciones municipales del año 2016 culminaron sus funciones, dando paso a un nuevo cuerpo colegiado, que asumió sus funciones en sesión de instalación celebrada con fecha 28 de junio de la presente anualidad, lo cual significa necesariamente una reestructuración a su funcionamiento, de conformidad a lo señalado en el inciso 2º del artículo 92 bis de la Ley 18.695 que señala que “durante la primera sesión ordinaria, el alcalde someterá a la aprobación del concejo los medios a usar durante el período respectivo, debiendo este acuerdo formar parte del reglamento interno a que hace alusión el artículo 92, y ser publicado en la página web de la municipalidad”, lo cual estima, deja manifiesta la arbitrariedad e ilegalidad en que incurre el ente edilicio al poner término a sus funciones, pues, tal como dispone el artículo 72 antes citado, el Concejo será compuesto por el número de concejales en función de sus electores -8 para el caso de Cerro Navia- por tanto, el inicio de un nuevo período no conlleva ningún tipo de reestructuración que amerite cesar las funciones del personal que presta apoyo al órgano colegiado y los concejales, ya que si bien se puede generar un cambio en la tendencia política de cada concejal, el número de estos se mantiene incólume y nada obsta a que un funcionario se desempeñe con uno u otro concejal, pero sin perjuicio de ello, se pone término a la contrata y se intenta ocultar sus reales intenciones cuales son, que cada concejal elija, en base a su tendencia política y confianza, el personal de apoyo que le entregará la Municipalidad, lo cual, evidentemente constituye un acto arbitrario e ilegal, que además contraviene expresa y manifiestamente lo dispuesto por el legislador para estos efectos y atenta directamente contra sus derechos.

Expone que en el considerando séptimo se agregó que “(…) en ese sentido, se vuelven prescindibles los servicios de la funcionaria en cuestión, pues de conformidad con la norma antes mencionada, tanto los recursos materiales como el apoyo de personal que esta Entidad Edilicia proporcionó al antiguo cuerpo colegiado ya no son necesarios, y los recursos que serán provistos a los nuevos integrantes del órgano colegiado deberán ser fijados en la primera sesión ordinaria del Concejo, y obedecerán a las específicas necesidades que tengan los nuevos miembros del concejo municipal y a la actualidad realidad local. No siendo necesaria, por ejemplo, la contratación de apoyo administrativo, para cada concejal individualmente considerado, pudiendo establecerse otra modalidad diversa”. Así, dice que la recurrida continúa distinguiendo entre el nuevo y antiguo concejo municipal, siendo que en la especie tal distinción no existe, ya que tanto el concejo municipal como el número de concejales que lo integran mantienen las mismas funciones y atribuciones que les son conferida por ley, y si bien, tras las últimas elecciones resultaron electos otros concejales, ello no constituye impedimento alguno para que pudiera seguir desempeñando sus funciones de apoyo al concejo municipal y a los concejales que lo integran, tengan o no una tendencia política diversa a la que tenía el concejal Solano, a quien principalmente le prestó sus funciones entre los años 2009 y 2021, lo que se traduce en la discriminación arbitraria e ilegal denunciada en este arbitrio.

A mayor abundamiento, agrega que el citado Decreto en su Considerando undécimo indica: “(…) Que en concordancia con los dictámenes Nº 12.248 y 18.901, ambos de 2018, del mismo Ente Fiscalizador, podrá servir de fundamento para prescindir o alterar el vínculo con un funcionario, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado mediante la cita de los antecedentes que respaldan esa decisión, entre otros; la modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas”, presupuestos que en la especie estima que no concurren por lo ya expuesto.

Por otro lado estima que la circunstancia de haber resultado electos personas distintas en el cargo de concejal, no significa un nuevo concejo municipal, toda vez que el órgano colegiado no sufre modificación alguna en cuanto a sus funciones, atribuciones o número de integrantes puesto que lo único que ocurre tras un proceso eleccionario, es que se reemplaza una autoridad comunal por otra, lo que no implica en caso alguno una restructuración ni mucho menos una modificación por la que deba prescindirse de las funciones que desempeñaba para ente edilicio, toda vez que se encontraba en calidad jurídica a contrata y desempeñaba sus funciones para la Dirección de Secretaría Municipal, sin estar sujeta a la confianza de ninguno de los concejales y a estos efectos la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades no permite la contratación de funcionarios personalizados para el apoyo a los concejales, sino que al tenor de su artículo 92 bis, lo que la ley establece es que la Municipalidad “(…) dotará al concejo municipal y a los concejales de los medios de apoyo, útiles y apropiados, para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el número de concejales de la municipalidad”, por lo que dichas funciones y atribuciones que la ley les confiere se mantienen incólumes, o sea, son las mismas para todo aquel que ejerza el cargo de concejal, sea para el período anterior o el actual.

No todos los funcionarios dependientes de la Secretaría Municipal que se desempeñaban apoyando a los concejales antes de la última elección municipal recibieron el mismo trato por parte de la Municipalidad, es decir, no a todos se les dio término anticipado a su contrata, en efecto, sólo se realizó esta acción arbitraria e ilegal en contra de aquellos que prestaban apoyo a los concejales no electos o que decidieron no volver a someterse a elección, lo que es atentatorio contra la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que si fuera por un tema de reestructuración como alude la recurrida, deberían haber sido desvinculados todos los funcionarios pertenecientes a Secretaría Municipal que prestaban apoyo al Concejo Municipal, circunstancia que no sucedió en el caso de autos, más aún cuando su función es genérica de aquellas enmarcadas en el artículo 5º de la Ley 18.883, y desde el año 2009 a la fecha desempeño sus funciones bajo la calidad jurídica a contrata en la Municipalidad recurrida, existiendo 8 Concejales en ese momento y existiendo 8 Concejales en la actualidad.

En cuanto a las garantías vulneradas cita el artículo 19 numerales 2º, 16º y 24º, de la Constitución Política de la República.

Pide acoger el recurso, ordenando dejar sin el decreto impugnado, ordenar la reincorporación inmediata a sus funciones y el pago de las remuneraciones devengadas durante todo el tiempo que medie hasta que se verifique la reincorporación a sus funciones y asimismo, el pago de salud y seguridad social respectivo, con costas.

SEGUNDO: Que informando la recurrida explica que el recurso de protección no es la vía idónea para resolver la legalidad de un acto administrativo, según se ha establecido en el dictamen N°6.400/2018, de la Contraloría General de la República, que actualizó las instrucciones y criterios complementarios fijados en el dictamen N°85.700/2016, sobre confianza legítima en las contratas, detallando que este puede ser impugnado de acuerdo al artículo 59 de la Ley N°19.880, esto es, entablando los recursos de reposición y/o jerárquico ante la propia Administración. Además, en aplicación del artículo 156, de la Ley N°18.883 (Estatuto Administrativo para funcionarios Municipales), los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Contraloría General de la República, cuando se hubieren producido vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere el Estatuto, dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde que tuvieren conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio de que se reclama, transcurrido el cual sus reclamos serán desestimados por extemporáneos.

Por tanto, estima que las alegaciones que se presentan ante como acción de protección, exceden las materias que deben ser conocidas en este procedimiento, dada su naturaleza cautelar; toda vez que los asuntos por los cuales alega la actora atacan el mérito del acto administrativo que pone término a su contrata, lo que corresponde a materias de un procedimiento de lato conocimiento, y que por otro lado lo resuelto en el acto administrativo cuestionado por la recurrente, no representa de modo alguno ilegalidad ni arbitrariedad que constituya una vulneración a sus derechos fundamentales garantizados.

En ese sentido, no existe indefensión de la recurrente, ya que le ampara la posibilidad de incoar sendos recursos administrativos –uno de ellos bajo el conocimiento de la Contraloría General de la República– e incluso existe la posibilidad de iniciar un procedimiento contencioso ante los tribunales, acciones que resultan más apropiadas para exponer sus pretensiones.

Hace presente que el acto administrativo por el cual se recurre, “es un acto jurídico emanado de un órgano de la Administración del Estado que posee ciertas cualidades y características que los hacen, en cierto sentido, excepcional dentro del ordenamiento jurídico. Esa excepcionalidad les permite, entre otras cosas, gozar de una presunción de legalidad o validez desde su inicio, lo que lleva aparejado su ejecutividad, ejecutoriedad y aún su ejecución forzosa, en ciertos casos.

Agrega que si lo que se quiere discutir es la efectividad y/o veracidad de los hechos en que se fundamenta la decisión de la autoridad, ésta debe ser ventilada en un procedimiento de lato conocimiento y no a través de este procedimiento que como se ha señalado es esencialmente cautelar, excepcional, de urgencia y de tramitación informal y sumaria Arguye que al no reclamarse hechos que puedan constituir vulneración a las garantías constitucionales protegidas por este recurso, consideramos que tiene aplicación la norma de inadmisibilidad establecida en el Nº 2 del auto acordado sobre tramitación y fallos del Recurso de Protección.

En cuanto al fondo se pide el rechazo del recurso interpuesto por doña nombre reservado, por cuanto no ha actuado de forma ilegal o arbitraria en caso alguno.

Explica que el Decreto Alcaldicio N° 1755/2021, de fecha 1 de julio de 2021, que puso término anticipado a la “contrata” de la recurrente, cumple con todos y cada uno de los requisitos establecidos en la Ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado (LPA) y en la ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, según se ha establecido por el ente contralor en dictamen N° 6.400, de 2018. En efecto, el mencionado dictamen señala “que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado debidamente comunicado al interesado. En consecuencia, de forma alguna puede entenderse que los dictámenes de que se trata limitan las potestades que tienen las superioridades para incorporar al organismo funcionarios a contrata -o bajo otra figura de designación semejante- determinar su grado remuneratorio y, en general, ejercer todas las facultades que les otorga el ordenamiento jurídico respecto del personal de su dependencia”, agregando, en lo pertinente que: “(…)los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta(…)".

Señala que la recurrente parece pretender que el referido dictamen le otorga un derecho indubitado, como si éste produjera una modificación de lo dispuesto en el Estatuto Administrativo de Funcionarios Municipales y en la ley de Procedimientos Administrativos, cuestión que el mismo dictamen se encarga de desmentir al señalar: “(…) Cabe destacar que los citados pronunciamientos no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejantes-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquéllas en que rija la cláusula antes referida u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas (…)”. En definitiva, aclara que el dictamen de Contraloría no hace más que recordar que existen una serie de requisitos que debe cumplir la administración cuando quiere desvincular a un funcionario y que se encuentran establecidos principalmente en las leyes 19.880 y 18.883 y que de no cumplirse vulnerarían el principio de la Confianza Legítima. Lo anterior no solo es conocido y aplicado por su representada, sino que además es plenamente respetado en la actuación que puso término a la contratación de la recurrente.

El acto administrativo que dispuso el término anticipado de la contrata cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia administrativa y por la Excma. Corte Suprema, en cuanto establecieron claramente los motivos, razones, fundamentos y hechos que, a juicio objetivo de la autoridad, fueron determinantes para decidir terminar anticipadamente la contrata de doña nombre reservado. Cosa distinta, es que la recurrente no comparta tales fundamentos, pero esta apreciación subjetiva no debe darle el carácter de arbitrario e ilegal a un acto administrativo que efectivamente da cumplimiento a las normas y principios contenidos en la Ley N° 19.880, en particular en sus artículos 11 y 41; y a lo resuelto reiteradamente por la jurisprudencia. En este sentido de la lectura del Decreto Alcaldicio N° 1755/2021, de 1 de julio de 2021, se desprende que da pleno cumplimiento a los pronunciamientos de la Contraloría, especialmente el dictamen 6.400/2018, ya que en el acto recurrido se conoce cuál fue el raciocinio que tuvo el Jefe del Servicio para arribar a tal decisión, lo anterior encuentra directa armonía con los actuales dictámenes de la Contraloría General de la República, en relación a la reestructuración al interior de un organismo público, especialmente tratándose de reestructuración que se produce por causas legales ante el cambio del Concejo Municipal.

Asegura que no se han vulnerado los derechos y garantías constitucionales indicados por el recurrente. En la especie, no se verifica en ningún caso un atentado a la igualdad ante la ley, desde que se confunde dicha garantía con la supuesta ilegalidad y arbitrariedad que la actora le atribuye al acto.

Por otra parte la Municipalidad de Cerro Navia ha ejercido legítimamente su derecho a reestructurar, y con mayor justificación al haber actuado frente un cambio ineludible como es la instalación de un nuevo Concejo Municipal, por lo que debe concluirse que la pretensión de la recurrente, busca limitar la potestad de la autoridad para velar por el correcto funcionamiento interno de Municipalidad referida, lo que carece de sustento normativo, ya que en la especie, esta atribución ha sido ejercida conforme a derecho y por consiguiente excluye cualquier acto de ilegalidad o arbitrariedad que pueda afectar a la garantía Constitucional amparada en el artículo 19 N° 16 de la Carta Magna.

Por último los funcionarios a contrata carecen de la propiedad sobre el empleo que desempeñan, ya que se tratan de cargos públicos esencialmente transitorios y de duración anual.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que dicha repartición sí fundó su actuar, contiene el acto administrativo aludido todos los razonamientos que llevó a la recurrida a no renovar la contrata de la recurrente por no ser ya necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar su juicio. Lo cierto es, entonces, que el acto está motivado -se lee de dicha Resolución: Que la funcionaria en cuestión cumplía funciones como apoyo administrativo y de secretaria de concejal, de conformidad a lo establecido en el inciso primero del artículo 92 bis de la Ley 18.965, que señala: “Cada Municipalidad, en concordancia con su disponibilidad financiera, deberá dotar al concejo municipal y a los concejales de los medios de apoyo útiles y necesarios, para desarrollar debida y oportunamente las funciones y atribuciones que esta ley le confiere, atendido el número de concejales de la municipalidad, y de acuerdo al criterio contenido en el dictamen número 5.500, de 2016, de la Contraloría General de la República que precisa que las entidades edilicias, en concordancia con su disponibilidad financiera, pueden dotar de materiales y personales al concejo municipal y a los concejales. Agregando el citado pronunciamiento, que para ello el órgano comunal deberá tener en consideración, entre otros aspectos, que estos sean entregados para el cumplimiento de los fines institucionales, que en su asignación se dé un trato igualitario a todos los ediles, que las labores desarrolladas por el personal contratado para estos efectos no correspondan a las ejercidas por otras unidades municipales, que se dé cumplimiento a las normas sobre contratación en los municipios y que se respeten los límites presupuestarios de gasto de personal” . Más aún, dicha decisión se encuentra conforme al dictamen de la Contraloría General de la República N° 6.400, de 2018, en cuanto se decidió desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación con un acto debidamente fundado y comunicado oportunamente a la recurrente. Además, el hecho que la señora nombre reservado no comparta los argumentos de la Ilustre Municipalidad de Cerro Navia, no lo torna en infundado. Y claramente no pueden los tribunales revisar la fundamentación pues en tal caso abandonaría su papel de juzgador y se convertiría en administrador, lo que ni la Constitución Política de la República ni la ley permiten. Se trata de un cargo a contrata que, según lo informado por el recurrente, se tiene desde el 1 de junio del año 2009, mientras eran necesarios sus servicios, decidiendo la misma repartición, por un acto motivado, que procedía disponer el término anticipado de la contrata, mediante la dictación del Decreto Alcaldicio Nº 01755/2021 de fecha 1 de julio de 2021.

QUINTO: Que por lo demás, toda designación de funcionarios “a contrata” en la administración pública, de acuerdo con la ley 18.834, es esencialmente transitoria y no puede exceder del 31 de diciembre del año correspondiente en que la contrata empieza a regir. No se ha discutido que la recurrente fue nombrada “a contrata” para desempeñar funciones en la Municipalidad de Cerro Navia, “y mientras sean necesarios sus servicios”, a contar del 1 de junio del año 2009, que fue prorrogado anualmente. La resolución impugnada decidió no renovar dicha contrata para el período a contar del 2 de julio de 2021, poniendo término anticipado por razones debidamente fundadas, lo que le era permitido a la autoridad edilicia al tenor de lo razonado en el motivo anterior.

SEXTO: Que, en consecuencia, la contrata del recurrente no se terminó por decisión de la Administración, esto es, no es el Decreto Alcaldicio Nº 01755/2021, de 1 de julio de 2021 la que puso fin a su empleo, sino el simple transcurso del tiempo, pues la letra c) del artículo 3° de la ley 18.834 señala que empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución y que, conforme al artículo 10 de la misma ley, nunca pueden durar más allá del 31 de diciembre de cada año, según se encarga de señalar el artículo 10 de la citada ley, lo que no obsta a poner término a aquella en forma anticipada, como se dijo.

SÉPTIMO: Que, por todo lo expresado, sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado pues, se reitera, la decisión de la Administración que consta en la resolución impugnada de poner término anticipado a la contrata de la señora nombre reservado, no es ni ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 2° letra c) y 10 de la ley 18.834 y 11 inciso segundo de la ley 19.880 y, en realidad, obedece al sólo transcurso del tiempo y consecuente vencimiento anticipado de la última renovación.

OCTAVO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, en cuanto a la igualdad ante la ley -N° 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República- debería haberse acreditado demostrando que la Administración ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido; el N° 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental no se refiere a la llamada “propiedad en el empleo” sino al derecho real de dominio, aquel que señala el artículo 582 del Código Civil. Finalmente la garantía amparada contemplada en el número 16 de la norma citada, dice relación con la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, situación ajena a la descrita en este recurso.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional deducida en estos autos, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Ministro suplente señora Díaz-Muñoz.

Protección N° 37305-2021 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz, conformada por la Ministra suplente señora Andrea Díaz-Muñoz Bagolini y la Abogada Integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.