nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, trece de abril de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Karime Sukni, abogada en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, y pide se adopten las medidas necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho, ordenándosele el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones de la recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución; y se abstenga de realizar por sí u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte del empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de las remuneraciones de doña nombre reservado.

Señala que la recurrente es trabajadora dependiente de empresa AXITY CHILE SPA, mediante contrato de trabajo de 15 de mayo de 2021 y debiendo pagar el empleador las remuneraciones pactada; en la liquidación de 30 de julio de 2021, le aparece un descuento de $259.610 bajo la nomenclatura de préstamo CCAF Los Andes, indicándosele que tal descuento se producía porque la empresa recibía mes a mes instrucciones por parte de la CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIA LOS ANDES, la que le indicaba por medio de una “nómina mensual de retenciones” a qué trabajadores debían efectuárseles descuentos por préstamos a Cajas de Compensación.

Precisa que solicitó un mutuo a Caja Los Andes y suscribió un pagaré con fecha 7 de enero de 2016, por la suma de $1.972.632, que debía pagarse en 21 cuotas mensuales y sucesivas de $120.383, venciendo la primera el 29 de febrero de 2016 y la última el 31 de octubre de 2017, iniciando Caja los Andes ejecución en su contra a objeto de cobrar el pagaré, en autos Rol C-7898-2017, del 4º Juzgado Civil de Santiago, resolviendose con fecha 14 de octubre de 2019 que se acoge la excepción contenida del numeral 17 del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil y se deniega la ejecución.

Que el descuento no resulta procedente toda vez que la deuda fue declarada prescrita judicialmente, por lo que asume, la Caja de Compensación pretende cobrar extrajudicialmente mediante descuentos ilegales, directos, sin aviso o notificación previa la suma mensual de $259.610 y no existiendo otras acciones intentadas en sede judicial.

Que, la presente acción constitucional de protección es entablada por cuanto se han vulnerado las garantías de los numerales 3, 16 y 24 del 19 de la CPR.

a.- Que, el hecho arbitrario e ilegal de las recurridas ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que sin fundamento legal ha puesto a la recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues a aquellos, para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que las recurridas han obviado b. Libertad del trabajo y justa retribución: El trabajador debe vincularse autónomamente, acordando las condiciones de empleo, con una justa retribución. Lo cual, por el actuar arbitrario de la recurrida se ve vulnerado, ya que ha ordenado a descontar montos declarados prescritos por el 4 º juzgado Civil de Santiago.

c. Del derecho de propiedad y de la forma en que se ha vulnerado la garantía establecida en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República, en cuanto a la fecha la obligación ejecutiva se encuentra prescrita y no se ha presentado ninguna acción ordinaria tendiente a lograr el pago del pagaré, el cual a esta fecha además se encuentra prescrito.

Que este proceder extemporáneo y sorpresivo de la Caja de Compensación no aparece revestido de la necesaria racionalidad y fundamento, pues ni siquiera ha informado ni mucho menos acreditado frente a esta parte, los antecedentes judiciales formales que puedan sostener un descuento de una deuda de hace más de 5 años.

SEGUNDO: Que informando la recurrida expuso que el 7 de enero de 2016, Caja Los Andes otorgó a la señora nombre reservado el crédito social Nº68061745-4, por un capital de $1.972.632, pagadero en un plazo de 21 meses, cuotas mensuales de $120.383.- cuyo primer vencimiento correspondió el 29 de febrero de 2016.

-La cuota de febrero de 2016, Nº1, se pagó con fecha 10 de marzo de 2016; las cuotas de marzo a junio de 2016, Nº2 a Nº5, fueron diferidas por licencia médica. Las cuotas de julio y agosto de 2016, Nº6 y Nº7, se pagaron con fecha 10 de agosto y 10 de septiembre de 2016, cesando en el pago de las cuotas siguientes.

Con el fin de solucionar su situación de morosidad, con fecha 29 de septiembre de 2017, la Sra. nombre reservado reprogramó la deuda por un total de $760.781.-, pactándose su pago en un plazo de 19 meses, con cuotas mensuales de $148.349.-, cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2017.

A la fecha del recurso, la referida operación mantiene en morosidad las cuotas de junio de 2018 a mayo de 2019, Nº8 a Nº19.

En la especie se encuentra frente a un crédito vigente y actualmente exigible, cuya acción de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Que en cuanto a sus fines como administradora de prestaciones de seguridad social, precisa que el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan. Es así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

En esta línea de razonamiento, el hecho que esta Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado a la recurrente, no libera a su representada ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833 y la naturaleza social del crédito.

No se satisface el requisito del transcurso del tiempo, ya que el mutuo en cuestión fue reprogramado con fecha 29 de septiembre de 2017, en un plazo de 19 meses, encontrándose en mora las cuotas de junio de 2018 a mayo de 2019.

Que cualquier alegación de la recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento.

Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Que no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, pues es la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, de acuerdo al citado artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, puede afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

QUINTO: Que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que lo que sustenta la pretensión del recurrente es la supuesta improcedencia de los descuentos efectuados a su actual remuneración, los que responden a un crédito que le fue otorgado por parte de Caja de Compensación Los Andes 7 de enero de 2016, el que dejo de pagar en diciembre del año 2017 y, en ese contexto, pese a que doña nombre reservado no desconoce el préstamo que le otorgó la aludida recurrida, esgrime al efecto en sustento de su impugnación, la supuesta extinción por prescripción de la deuda, circunstancia que, a su juicio, tornaría en ilegal y arbitraria la aludida actuación.

Pese a lo afirmado por el actor, conforme a lo informado por la citada Caja de Compensación, lo cierto es que no desconociendo la interposición de la demanda ejecutiva que dio origen a la causa rol N° 7898-2017, del 4° Juzgado Civil de esta ciudad, en la que se declaró la prescripción de la acción ejecutiva cambiaria, señala que con fecha 29 de septiembre de 2017 el actor reprogramó voluntariamente su deuda en condiciones más favorables de pago, por lo que la deuda se encontraría vigente y, en cualquier caso, la acción derivada del negocio causal que consistió en el préstamo otorgado al actor, es actualmente exigible, siendo precisamente ella la que justifica los descuentos mensuales que se efectúan a su remuneración.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el actor solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse por esta vía, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, por cuanto no existe una declaración judicial que establezca de modo cierto la falta de exigibilidad que el recurrente reclama, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización.

SEXTO: Que en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por Karime Sukni en representación de nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-37294-2021.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por el Ministro señora Maritza Elena Villadangos Frankovich, el Ministro (S) señor Enrique Faustino Duran Branchi y el Abogado Integrante señora Cecilia Latorre Florido.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, trece de abril de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.