nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL DEL SII

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece nombre reservado, comerciante, interponiendo recurso de protección en contra de la Unidad de Buin del Servicio de Impuestos Internos y del referido organismo público, por haberle impedido realizar actividades tributarias y, como consecuencia, haberle cercenado la posibilidad de realizar actividades comerciales y de todo tipo de carácter remuneratorio, sin que exista un veredicto o sanción que amerite tal privación; actuación que considera ilegal y arbitraria, vulneratoria de sus derechos fundamentales consagrados en los numerales 1°, 2°, 16° y 21° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el impedimento deriva de una investigación relacionada con una tercera sociedad de la cual ya no forma parte; circunstancia que le genera como consecuencia la imposibilidad llevar a cabo sus actividades comerciales y remuneratorias. Agrega que, en relación a lo mismo, le ha impedido acreditar que carece de representación, responsabilidad o calidad de mandatario de las sociedades investigadas, y ejercer su derecho a defensa. Refiere que ya no detenta participación alguna en las sociedades en que tenía la calidad de representante, a saber, son Comercial e Inmobiliaria Bollelemu Limitada, Distribuidora Monte SpA, Agroalimentos Cuniagro SpA y Chile Constructor SpA.

Narra que el 29 de enero de 2025 se entrevistó con la fiscalizadora Nancy Reyes Reyes, quien le manifestó que no podía hacer nada sin que previamente se le desbloqueara, enviándole posteriormente un correo electrónico con una serie de sociedades que encontrarían en investigación, algunas de las cuales desconoce su existencia.

En cuanto a la vulneración de garantías constitucionales, argumenta que se ha conculcado su derecho a la integridad síquica, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el "daño al proyecto de vida". Respecto al derecho a la igualdad ante la ley, sostiene que se ha quebrantado la igualdad con relación a otras personas que han desarrollado funciones laborales, comerciales o económicas, citando doctrina y jurisprudencia nacional. Finalmente, alega vulneración a su libertad de trabajo y derecho a desarrollar actividad económica, sin que exista una sanción dictada por el órgano recurrido.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene el informe correspondiente y la remisión de la totalidad de los antecedentes, y se adopten las medidas pertinentes para asegurar el respeto de las garantías constitucionales vulneradas, restableciendo el imperio del derecho, con costas en caso de oposición.

Segundo: Que la Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos, evacúa informe solicitando que se declare la incompetencia del tribunal o, en subsidio, que se rechace el recurso de protección en todas sus partes, con costas, por inexistencia de acto ilegal o arbitrario y falta de vulneración de garantías constitucionales.

En primer término, plantea la incompetencia territorial de esta Corte para conocer del presente recurso, en razón de que el contribuyente tiene domicilio en la comuna de Paine, motivo por el cual concurrió a la Unidad de Buin del Servicio de Impuestos Internos, perteneciente a la XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur. Sostiene que, conforme al Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, la competencia correspondería a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, tanto por ser el lugar donde se habría cometido el supuesto acto arbitrario como donde este habría producido sus efectos.

Respecto del fondo del asunto, el Servicio expone que la medida de bloqueo de clave tributaria aplicada al recurrente constituye una facultad legítima de fiscalización, enmarcada en el Modelo Integrado de Gestión de Cumplimiento Tributario implementado por la institución. Explica que esta medida tiene carácter transitorio y excepcional, siendo su único objetivo incentivar al contribuyente para que concurra al Servicio a regularizar información que presenta contradicciones, vacíos o inconsistencias detectadas en el sistema.

La recurrida detalla exhaustivamente las anotaciones negativas vigentes que registra el contribuyente en el Sistema Integrado de Cumplimiento Tributario: la anotación causal 4113 por ser socio o representante legal de emisores de documentos por justificar; dos anotaciones causales 51 por ser representante legal o socio de sociedades bloqueadas, específicamente de Agroalimentos Cuniagro SpA; y la anotación causal 52 como preventiva del jefe del Departamento, registrada el 23 de junio de 2023.

Adicionalmente, el informe individualiza las sociedades en las cuales el recurrente figura como socio o representante legal según los registros del Servicio: Comercial e Inmobiliaria Bollelemu SpA, Distribuidora Monte SpA, Comercializadora Agrícola y Ferretería Dicone SpA, Agroalimentos del Trópico Limitada y Agroalimentos Cuniagro SpA. Señala que en ninguna de estas sociedades se han informado modificaciones al Servicio ni se ha regularizado su situación tributaria, presentando varias de ellas la observación de no haber sido ubicadas en sus domicilios registrados.

En cuanto a la legalidad de su actuación, el Servicio invoca las facultades conferidas por el artículo 6° del Código Tributario, el artículo 1° de su Ley Orgánica contenida en el DFL N°7 de 1980, y el artículo 2° del DFL N°3 de 1969 sobre el Rol Único Tributario. Argumenta que no existe un derecho constitucional al acceso al sitio web institucional, citando el artículo 4° bis de su Ley Orgánica que establece como facultativa la relación electrónica con los contribuyentes.

Respecto de las garantías constitucionales vulneradas, aduce que no existe afectación alguna, pues el bloqueo transitorio de la clave tributaria no impide el desarrollo de actividades económicas lícitas, ya que el contribuyente puede realizar todos sus trámites de manera presencial. Agrega que el recurrente no ha demostrado cómo se habría afectado su integridad psíquica, ni ha aportado base de comparación alguna que permita establecer un trato discriminatorio.

Tercero: Que conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, a partir de lo expuesto por la recurrente se advierte con claridad que la afectación que motiva su acción consistiría en la medida de “bloqueo” de clave tributaria para acceso al sitio web del Servicio de Impuestos Internos que le afecta.

Quinto: Que en cuanto a la incompetencia alegada por la recurrida, siendo esta medida de bloqueo de los sistemas del Servicio, una herramienta dispuesta, según se explica, en virtud del Modelo Integrado de Gestión de Cumplimiento Tributario y el Plan de Gestión del Cumplimiento Tributario a nivel central para los contribuyentes, y siendo la comuna de Santiago el domicilio central de la institución recurrida, se procederá a denegar su excepción. Lo anterior máxime cuando la propia recurrente dirige su acción no solo en contra del actuar de la Unidad del Servicio de Impuestos de Buin sino que lo hace en contra del ente fiscalizador, de lo que se desprende que lo hace en contra del Servicio referido con independencia de que se trate de un actuar asignado propiamente a la Unidad antes aludida.

Sexto: Que, seguidamente, en cuanto al fondo de la acción, el recurrente a fin de acreditar la vulneración acompaña copias de inscripción del Registro de Comercio y certificado de estatuto actualizado de las sociedades involucradas en la investigación, antecedentes que permiten tener por asentado que efectivamente respecto de la sociedades investigadas, Comercial e Inmobiliaria Bollelemu SpA, Distribuidora Montes SpA, Chile Constructor SpA, Agroalimentos Cuniagro SpA, el recurrente carece de participación.

Séptimo: Que en cuanto al fondo del asunto, la recurrida ha aclarado que lo expuesto por el recurrente es efectivo, pero que no existe para dicho Servicio una obligación de proveer de una plataforma electrónica para relacionarse con los contribuyentes, siendo la regla general la presencialidad; y que la medida, relacionada con el Modelo Integrado de Gestión del Cumplimiento Tributario -MIGCT- y el plan anual de gestión del Cumplimiento Tributario -PGCT-, tiene por finalidad obtener el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente, el cual no ha dado cumplimiento a la verificación de domicilio y de actividad que le permita excluirlo de los procesos de investigación con la sociedades involucradas.

Octavo: Que lo antes indicado evidencia que, para acceder a lo pretendido por el actor, es necesario haber agotado previamente toda instancia administrativa ante la recurrida, circunstancia que no consta en autos. Esto, deja al asunto al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una acción u omisión arbitraria o ilegal.

Noveno: Que a la conclusión anterior se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “[l]a Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sin número de fallos.

Décimo: Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, se requiere de una acción previa del mismo que aclare su situación tributaria ante el Servicio, lo que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, consecuencialmente, corresponde sea rechazada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve que:

I.- Se rechaza la excepción de incompetencia opuesta por la XVI Dirección Regional Metropolitana Santiago Sur del Servicio de Impuestos Internos.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en contra de la Unidad de Buin del Servicio de Impuestos Internos y del referido organismo público.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 3721-2025 (Protección)