nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veintiuno de julio de dos mil veintiséis.

Al folio 10: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, por estimar como ilegales y arbitrarios los descuentos efectuados en sus remuneraciones mensuales por concepto de cobro de un crédito social, calificando de usuraria la reprogramación pactada sobre dicha obligación.

Funda su pretensión señalando que la recurrida procedió a aplicar descuentos por planilla invocando una deuda proveniente de una reprogramación de crédito, la cual califica de abusiva y carente de sustento ajustado a derecho debido a las tasas aplicadas, argumentando que dichos cobros vulneran el ordenamiento jurídico. Señala que este actuar de la Caja de Compensación constituye un ejercicio abusivo y una autotutela inaceptable, toda vez que merma de forma directa sus ingresos de carácter alimentario.

Por lo expuesto, denuncia que el acto recurrido constituye una privación patrimonial y una perturbación a su garantía constitucional del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se acoja el presente recurso, se ordene el cese inmediato de los descuentos por planilla y se restituyan los montos que hubieren sido retenidos durante la tramitación de esta acción, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicitando el rechazo íntegro de la acción de protección, con costas.

Expone que con fecha 30 de diciembre de 2015, la actora solicitó a su representada un crédito social por la suma de $800.000, pagadero en 24 cuotas mensuales, y que tras incurrir en mora, luego del pago irregular de seis cuotas, las partes celebraron una reprogramación del crédito el 14 de noviembre de 2018, fijándose un saldo a pagar en 32 cuotas de $47.024. Rechaza enfáticamente las alegaciones sobre usura, indicando que el crédito social está profusamente regulado y sus tasas son auditadas permanentemente por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Agrega que, a través del mecanismo de descuento por planilla, la Caja solo cobra el valor nominal de la cuota pactada, sin recargo por intereses moratorios ni gastos de cobranza, y que la actora ha venido pagando regularmente las cuotas del crédito de forma ininterrumpida desde 2024 (16 cuotas a la fecha de presentación de su informe)

Sostiene que la pretensión de la recurrente carece de asidero, pues el descuento por planilla constituye un imperativo legal estipulado en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 58 del Código del Trabajo, por lo que la Caja únicamente ejerce una facultad y cumple una obligación legal orientada a recuperar fondos de seguridad social, respaldada además por el mandato otorgado en el pagaré respectivo. Concluye descartando cualquier conducta ilegal o arbitraria que lesione derechos fundamentales, tratándose del cobro lícito de una obligación vigente.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre, cabal y legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable para la procedencia de la acción la constatación innegable de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad irrazonable de quien incurre en él, que afecte alguna de las garantías fundamentales protegidas, requiriéndose además que el derecho invocado tenga el carácter de indubitado.

CUARTO: Que, en la especie, la controversia planteada por la actora se circunscribe a cuestionar la legalidad de los descuentos por planilla efectuados por su empleador a requerimiento de la Caja recurrida, imputando un carácter abusivo o usurario a la reprogramación del crédito social que sirve de fundamento a tales retenciones.

QUINTO: Que el artículo 22 de la Ley N° 18.833 establece expresamente que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado “deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Dicha norma, en armonía con lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, impone una obligación al empleador y otorga una habilitación legal expresa a la institución acreedora para percibir el pago de los créditos sociales otorgados a sus afiliados mediante esta vía.

SEXTO: Que, en consecuencia, fluye de los antecedentes que la recurrida ha ceñido su actuación a la normativa legal vigente aplicable a las Cajas de Compensación, procediendo al cobro de un crédito social respecto del cual existe una reprogramación válidamente celebrada en el año 2018, obligación que a la fecha se encuentra vigente y respecto de la cual, como reconoce la propia recurrida sin controversia, la actora ha efectuado pagos sistemáticos y regulares desde el año 2024. Por lo tanto, el descuento por planilla cuestionado no obedece al capricho o a la arbitrariedad de la institución, sino a la estricta aplicación del ordenamiento jurídico (artículo 22 de la Ley N° 18.833), desvaneciéndose la imputación de ilegalidad o arbitrariedad.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, las alegaciones de la parte recurrente relativas al presunto carácter usurario de las tasas de interés aplicadas en la reprogramación, la liquidez exacta de la deuda o la existencia de supuestas cláusulas abusivas en el pagaré suscrito, constituyen materias de lato conocimiento. Determinar la validez de las convenciones financieras, la cuantía real de la obligación y la procedencia de los intereses pactados exige un debate probatorio amplio y contradictorio, incompatible con la naturaleza sumarísima, cautelar y de urgencia del recurso de protección, el cual no constituye una instancia declarativa de derechos, sino de cautela de derechos constitucionales preexistentes e indubitados.

OCTAVO: Que, por consiguiente, al no advertirse en la actuación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado un acto ilegal o arbitrario, y al encontrarse su actuar amparado por el mandato legal vigente, no se configura vulneración alguna a la garantía del derecho de propiedad prevista en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental que habilite la procedencia de esta acción.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-370-2026.