Protección contra Clínica Indisa

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

Proveyendo al escrito folio 62: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece Rodrigo Antonio Chávez Osorio, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Clínica Indisa (Instituto de Diagnóstico S.A.), por estimar que dicha entidad ha incurrido en actos ilegales y arbitrarios consistentes en la cobranza judicial y extrajudicial de una cuenta clínica, incluyendo el protesto de un cheque y la publicación en el Boletín Comercial, encontrándose pendiente la resolución administrativa sobre la aplicación de la Ley de Urgencias. Señala que tales actos vulneran las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 numerales 1°, 2°, 9° y 24° de la Constitución Política de la República.

Refiere el recurrente que su madre ingresó al servicio de urgencia de la recurrida el 20 de septiembre de 2023, con un cuadro grave que, a su juicio, constituía riesgo vital (sepsis), debiendo haber operado la Ley de Urgencia, no obstante, la clínica exigió la suscripción de un pagaré y un cheque en garantía. Señala que tras el alta médica se generó una cuenta por $15.885.766, respecto de la cual se presentó un reclamo ante la clínica y posteriormente ante FONASA y la COMPIN para la activación de la cobertura por Ley de Urgencia.

Agrega que, pese a encontrarse pendientes dichas gestiones administrativas, la recurrida procedió a cobrar la deuda, lo que derivó en el protesto de un cheque por $10.603.444 en febrero de 2025 y la consiguiente publicación de la morosidad, aun cuando la calificación de la urgencia —determinante para establecer el monto y obligado al pago— no se encontraba firme. Solicita, en definitiva, se ordene suspender el cobro y eliminar los antecedentes comerciales hasta que se resuelva la controversia administrativa.

Segundo: Que, por Clínica Indisa, comparece don nombre reservado

nombre reservado, abogado, quien evacuando informe a folio 9, solicita el rechazo del recurso, alegando falta de afectación actual y pérdida de oportunidad.

Señala la recurrida que, en los hechos, el recurrente había convenido cambiar el documento de pago, acuerdo que no se cumplió, lo que detonó el proceso de cobranza, sin embargo, informa que, habiendo tomado conocimiento de la presente acción constitucional y de lo resuelto por esta Corte, todas las acciones de cobranza iniciadas han sido dejadas sin efecto, con la orden expresa de no continuarlas mientras FONASA o la entidad correspondiente no resuelva sobre la aplicación de la Ley de Urgencia.

Asimismo, indica que se ingresó el requerimiento para eliminar los antecedentes comerciales del Boletín Comercial.

Concluye que no existe una afectación real y efectiva actual, encontrándose llana a esperar el pronunciamiento de la instancia administrativa.

Tercero: Se confirió traslado a la parte recurrente, quien cuestiona la veracidad de lo informado por la recurrida al ser poco claro lo señalado.

Cuarto: Que, por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), comparece don nombre reservado, abogado, informando a folio 49 que el reclamo ingresado por el recurrente el 22 de noviembre de 2023 (Folio NUM000) fue resuelto mediante Oficio Ordinario N° NUM001 de fecha 28 de octubre de 2025. En dicho acto administrativo, FONASA determinó que no correspondía la cobertura financiera por Ley de Urgencia, al estimar que la paciente no presentaba las condiciones clínicas de riesgo vital o secuela funcional grave exigidas por el Decreto Supremo N° 34 de 2021 del Ministerio de Salud al momento de su ingreso.

Hace presente, sin embargo, que dicha decisión no agota la discusión, pues el afiliado tiene derecho a reclamar ante la Superintendencia de Salud conforme al procedimiento arbitral del artículo 117 del DFL N° 1 de 2005.

Quinto: Que, a su turno, por la Superintendencia de Salud, comparece don nombre reservado, informando a folio 58 y 20 que, revisados sus registros, consta el ingreso de un reclamo en contra de FONASA por parte de la recurrente. Precisa en su presentación de folio 249 (complementada a folio 58) que se sustancia ante dicha entidad el Juicio Arbitral Rol N° NUM002, caratulado "nombre reservado con nombre reservado", el cual tiene por objeto determinar la procedencia de la cobertura de la Ley de Urgencia. Dicho procedimiento se encuentra actualmente en etapa de tramitación, habiéndose recibido la causa a prueba, según consta en los antecedentes aportados por el propio recurrente a folio 53.

Sexto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, respecto de derechos que sean indubitados y no discutidos.

Séptimo: Que, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, la acción de protección no constituye una instancia declarativa de derechos, ni está destinada a resolver controversias sobre la procedencia o improcedencia de un beneficio legal cuya configuración dependa de análisis técnico y probatorio complejo, como ocurre con la calificación de una atención médica bajo la Ley de Urgencia. Su objeto está limitado a la tutela urgente y eficaz de derechos indubitados.

En consecuencia, cuando el derecho cuya protección se solicita se encuentra sometido a un debate técnico legítimo ante la autoridad competente, la acción de protección no resulta ser la vía procesal idónea para zanjar el fondo del asunto.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes, aparece que el acto reprochado consiste en las gestiones de cobranza y protesto de cheque por prestaciones médicas cuya cobertura bajo la modalidad de "Ley de Urgencia" es, precisamente, el objeto de la controversia.

Al respecto, es un hecho asentado en la causa —reconocido por las partes e informado por los organismos técnicos— que existe actualmente un procedimiento arbitral pendiente ante la Superintendencia de Salud (Rol N° NUM002), tribunal especial competente para resolver, en un juicio de lato conocimiento, si las atenciones recibidas por la causante en la Clínica Indisa cumplieron o no con los requisitos para ser amparadas por la Ley N° 19.650.

Noveno: Que, en el marco de lo expuesto, es posible advertir que la cuestión sometida a conocimiento de esta Corte carece del carácter de derecho indubitado, toda vez que la exigibilidad final de la deuda y su monto dependen directamente de lo que se resuelva en la sede arbitral de la Superintendencia de Salud. Pretender que esta Corte, en un procedimiento breve y sumario, califique la naturaleza médica de la urgencia o declare extinguida la obligación de pago, implicaría sustraer la competencia del juez natural y técnico que ya se encuentra conociendo del asunto.

Décimo: Que, sin perjuicio de lo anterior, respecto de la amenaza que suponían las acciones de cobranza coactiva (protesto y DICOM) durante la pendencia del litigio administrativo, debe tenerse presente lo informado por la clínica recurrida a folio 9. En dicha presentación, la entidad prestadora reconoció expresamente haber dejado sin efecto las acciones de cobranza y haber solicitado la eliminación de los antecedentes del Boletín Comercial, comprometiéndose a esperar el resultado de la instancia administrativa, adjuntando el documento correspondiente de DICOM.

Esta circunstancia, sumada a la naturaleza controvertida del derecho reclamado explicada en los considerandos precedentes, permite concluir que no existe en la actualidad una medida de cautela urgente que esta Corte deba adoptar y que no haya sido ya subsanada o que no sea materia propia del juicio arbitral en curso.

En efecto, la pretensión de fondo del recurrente está siendo conocida en la sede idónea, y la amenaza inminente de cobranza ha sido desactivada voluntariamente por la recurrida a las resultas de dicho proceso, habiéndose producido, en este aspecto específico, una pérdida de oportunidad de la acción cautelar.

Undécimo: Que, en consecuencia, no siendo esta la vía idónea para resolver la controversia de fondo sobre la Ley de Urgencia, y no existiendo medidas adicionales que adoptar respecto a la cobranza que ya ha sido suspendida por la propia recurrida, el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada por Rodrigo Antonio Chávez Osorio en contra de Clínica Indisa (Instituto de Diagnóstico S.A.).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección – N° 3687-2025