UNIVERSIDAD NACIONAL ANDRES BELLO con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO DE PROVIDENCIA

Santiago, veintitrés de abril de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que a fojas 4 comparece la Universidad Andrés Bello, representada para estos efectos por su Director General de Recursos Humanos señor nombre reservado, y deduce recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Providencia, por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución N° 1739/17/45, de 31 de octubre de 2017 en virtud de la cual se le imponen siete sanciones de multa, lo que importaría vulneración a los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce en los N° 3 inciso cuarto (sic) y 24 del artículo 19.

Se argumenta en el recurso que la entidad recurrida, pese a ser una cuestión controvertida entre las partes, declaró por sí y ante sí, como Tribunal de la República, que la Universidad Andrés Bello concedió a nombre reservado permiso con goce de remuneración durante el tiempo esta persona realizó estudios de doctorado en España; cuestión que no es efectiva, pues el permiso fue otorgado sin goce de remuneración, conforme se aprecia de los correos electrónicos que transcribe. Señala que esta controversia debe ser solucionada por el Juez de Letras del Trabajo competente, conforme lo señala el artículo 420 del Código del Trabajo, razón por la cual el organismo estatal ha invadido las facultades jurisdiccionales que el ordenamiento jurídico le entrega exclusivamente a los Tribunales de justicia con competencia en materia laboral, en contravención con los artículos 1° del Código Orgánico de Tribunales, 7° y 76 de la Constitución Política de la República y 420 letra a) del Código del Trabajo.

Afirma seguidamente la recurrente que la discusión planteada es de lato conocimiento y que no es lícito que una entidad administrativa resuelva, como Tribunal de la República, una controversia suscitada entre un trabajador y un empleador, como lo ha señalado la Corte Suprema al indicar que la fiscalización de la ley laboral consiste en la sola verificación de situaciones objetivas que impliquen ilegalidades claras, precisas y determinadas, sin entrar a realizar interpretaciones legales ni a resolver controversias laborales, pues dichos conflictos, por aplicación de las normas laborales, le competen de manera exclusiva a los Tribunales de justicia.

Finalmente hace presente que el recurso de protección se encuentra establecido sin perjuicio de los demás derechos que el afectado pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales de correspondientes, razón por la cual pide que esta Corte deje sin efecto la Resolución N° 1739/17/45 de 31/10/2017, respecto de todas las multas allí cursadas, y se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que al evacuar el informe la Inspección del Trabajo solicita el rechazo del recurso fundado, en primer término, en la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido. Explica al efecto que tal como lo ha señalado la jurisprudencia, el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún si se pretende reemplazar los procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados. En tal entendido, razona, el recurso es del todo improcedente porque se ha interpuesto respecto de una resolución multa respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación tanto en sede administrativa como judicial, conforme a los artículos 503, 511 y 512 del Código del Trabajo.

En segundo término se postula la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, en particular porque el acto impugnado no es ilegal, ya que el proceso administrativo se inició por la denuncia efectuada por un trabajador de la empresa que presentó antecedentes que exigían la fiscalización del Servicio, generándose un procedimiento ajustado a derecho, en atención a las facultades expresamente conferidas a la Inspección por el Código del Trabajo y demás leyes complementarias. Agrega que tampoco el acto es arbitrario, puesto que la resolución cuestionada se pronunció sobre las infracciones constatadas por la fiscalizadora razonada y fundadamente.

En subsidio de lo anterior se plantea que el 11 de septiembre de 2017 se realizó denuncia ante la Inspección del Trabajo, por lo que se dio inicio al proceso de fiscalización, emitiéndose el 7 de noviembre de ese mismo año el respectivo “Informe de Exposición” que dio cuenta tanto de la revisión de los documentos laborales del denunciante nombre reservado, como la entrevista de aquél y lo expuesto por el Director de Recursos Humanos de la Universidad, concluyéndose que existían diversas contradicciones a la legislación laboral y En virtud de lo anterior, añade, se emitió la Resolución de multa por cada una de las materias denunciadas comprobadas.

Hace presente luego la informante que los hechos constatados en el Informe de Fiscalización y en el acta de constatación de hechos gozan de la presunción legal de veracidad establecida en el artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley N° 2, Ley Orgánica del Servicio, que opera para todos los efectos legales, incluso para la prueba judicial, por lo que, en concordancia con el artículo 1698 del Código Civil, la carga de la prueba corresponderá a la reclamante en cuanto a que no ha incurrido en dichas infracciones, agregando que sobre el particular existe una reclamación judicial conforme al artículo 503 del Código del Trabajo, deducida el 10 de enero de 2018, ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

Tercero: Que en un caso como el presente cobra más que nunca aplicación la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, en cuanto a que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que en el caso de la especie se ha ejercido la acción de protección con motivo de la dictación de una resolución de un organismo que por ley tiene la función de velar por la observancia de la legislación laboral y de seguridad social e independientemente del juicio que se tenga sobre la legalidad o ilegalidad de la misma, lo cierto es que el ordenamiento ha previsto diversas se formas de reclamar a su respecto, consagrando acciones de tramitación expedita, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, que permiten al afectado instar eficazmente sea por la reconsideración de la multa o bien para que se la deje sin efecto.

La Corte no desconoce que la parte final del artículo 20 citado dispone que la acción de protección es sin perjuicio de los demás derechos que (el afectado) pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, pero esta disposición constitucional no quiere significar que el recurso de protección se erija como un sustituto jurisdiccional de cualquier procedimiento específico que exista a nivel legal, más aún cuando, como sucede en la especie, se lo pretende utilizar en reemplazo de procesos concebidos por el legislador como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se denuncia vulnerados. La expresión que utiliza la Carta Fundamental, como se expuso más arriba, únicamente denota que las providencias urgentes para restablecer el imperio del derecho que se adopten con motivo de acogerse el recurso deberán instar por poner pronta solución al mal que lo justificó, pues este último amenaza, perturba o priva de tal forma el ejercicio del derecho constitucionalmente protegido que se requiere de un remedio inmediato y eficiente para su efectiva vigencia; mas, al menos en abstracto, quedan a salvo las acciones que ordinariamente prevé el ordenamiento para la solución definitiva del conflicto y en rigor no sólo respecto del afectado recurrente, sino también de aquel contra quien el recurso fue dirigido.

En la situación planteada el conflicto que propone el recurrente encuentra una solución eficiente, eficaz y oportuna mediante el ejercicio de las acciones que prevé el Código del Trabajo, de tal suerte que el recurso de protección no resulta ser la vía idónea para emitir el pronunciamiento que se demanda. De hecho y como lo hace ver la recurrida en su informe, la Universidad Nacional Andrés Bello inició un procedimiento de reclamación judicial de multa administrativa ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, ingresado bajo el RIT N° I-13-2018 y en la demanda que dio inicio a este pleito planteó, entre otras, precisamente la misma alegación en que sustentó la presente acción de protección.

En tales condiciones y encontrándose el asunto bajo el imperio del derecho, el recurso de protección deducido debe ser declarado sin lugar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en al Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por la Universidad Andrés Bello en lo principal de la presentación de fojas 4.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

Protección N° 3682-2018.- Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada, además, por los ministros señor Jaime Balmaceda Errázuriz y señor Juan Antonio Poblete Méndez.