Protección contra INTERFERENCIA

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós.

Proveyendo al folio 36; téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Cristian Rodríguez Kurrer, en representación de nombre reservado, interpone Recurso De Protección, en contra de INTERFERENCIA.CL, representada legalmente por su director nombre reservado, y de los periodistas nombre reservado y nombre reservado, por amenazar y/o privar y/o perturbar, en forma ilegal y arbitraria, los derechos que garantiza artículo 19 N° 1 y N°4 de la Constitución Política de la República.

Funda su arbitrio en que el 27 de julio de 2021, el portal web denominado “INTERFERENCIA” realizó una publicación aludiendo en su titular que el recurrente “está formalizado por contrato falsificado para cobrar una indemnización de 30 millones” y en el cuerpo de la publicación se informó al público que durante su candidatura como constituyente, era “investigado y acusado por la falsificación de un contrato de trabajo”, además, en el mismo párrafo se indica que “habría sido formalizado por el delito de falsificación de un contrato de trabajo”, y que por tal situación el día 27 de julio de 2021 sostendría una nueva audiencia debido a su formalización, que, por palabras del propio medio de comunicación, corresponde al delito de falsificación y para justificar la entrega de la información se exclama que la recurrida tuvo acceso a la carpeta investigativa de la Policía de Investigaciones, en adelante PDI, específicamente al informe 1013/2016 de Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI. Se señala que este informe es “contundente” y, que, por lo tanto, el documento presentado por su representado en la causa civil ROL C-15528-2018, incoada ante el 12ª Juzgado Civil de Santiago, seria “simplemente falso”.

Continuando con la información, la recurrida indica en lo que denominó “arista penal” que su representado habría sido formalizado el 14 de septiembre de 2020 por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público, sin embargo, al parecer el portal informativo, olvido informar o bien no tuvo acceso completo al expediente (presunción de hecho) que el día 15 de febrero del presente año, el Sr. nombre reservado había sido reformalizado por un único delito, del artículo 207 del Código Penal, “presentación de documentación falsa en juicio”, muy distante a falsificar un documento como informo en reiteradas oportunidades los recurridos.

La recurrida de manera clara no informa correctamente, toda vez que mi representado a la fecha 27 de julio de 2021, día de la presentación realizada por el portal web denominado “INTERFERENCIA” estaba únicamente formalizado por delito de presentación de documentación falsa en juicio.

Por lo que pide que se ordene el retiro de las publicaciones mencionadas, como así también que se otorgue el derecho a rectificación y aclaración a don nombre reservado contenido en la Ley 19733, todo ello con expresa condenación de costas.

Segundo: Que informando el abogado David Olmos Caballero, abogado por la parte recurrida, en representación de nombre reservado, pide el rechazo del Recurso de Protección con costas.

Indica que el recurrente compareció como demandante en causa de resolución de contrato con indemnización de perjuicios, en procedimiento ordinario, en contra de Comunidad Edificio Alto Mapocho, lo cual fue conocido por el 12° Juzgado Civil de Santiago bajo el rol C-15528-2015.A su vez, el recurrente, ostentó la calidad de imputado en causa RUC N° 1610001162-3, RIT N° 513-2016 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, la que inició el día 11 de Enero de 2016. Respecto de la primera de las causas antes singularizadas, es dable señalar que fue conocido por el Tribunal respectivo un documento que fue parte de la investigación penal de la segunda, en circunstancias que la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones realizó las pericias respectivas.

Su representada es un periódico digital independiente, en circunstancias que el día 27 de Julio de 2021, se publicó en el sitio web el artículo titulado “Constituyente nombre reservado está formalizado por contrato falsificado para cobrar una indemnización de 30 millones”, el que fue realizado por los periodistas, pertenecientes a Interferencia nombre reservado y nombre reservado, dando cuenta de los hechos referidos precedentemente.

En el cuerpo de la noticia, se desarrollan una serie de hitos, respecto de los cuales se adjuntan las relativas resoluciones, permitiéndole al lector acceder a documentos públicos que pueden ser obtenidos desde la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, así como también, se incorpora al final del mismo un artículo, un cuadro de documentos adjuntos, Alega que no se dan los presupuestos para la procedencia del recurso de protección, pues no existe acto arbitrario o Ilegal, ya que Interferencia ejerce lícitamente la libertad de informar sin censura previa, consagrada en el art. 19, N° 12 de la Constitución Política de la República.

Del mismo modo, el art. 1° de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, señala expresamente que "La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituye un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley".

En segundo lugar, tampoco se afectaron las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, pues, la noticia publicada no denigra, ni injuria, ni difunde informaciones falsas. Sólo se limita a informar hechos ciertos, veraces y de relevancia pública en ejercicio de la libertad de información, por lo que no existe afectación de la honra.

Tercero: Que informando los recurridos nombre reservado y nombre reservado, piden el rechazo del Recurso de Protección, en mismos términos indicados en el considerando que antecede.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar si el actuar de la recurrida, en cuanto a la publicación de 27 de julio de 2021, constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afectó o amenazó garantías constitucionales protegidas y alegadas en el presente recurso.

Sexto: Que, son hechos de la presente causa los siguientes:

1) Que el acto que se le reprocha a la recurrida consiste en haber publicado una noticia que da cuenta de que el recurrente, habría sido formalizado por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público, siendo que ya a la fecha de la publicación había sido reformalizado por el delito de del artículo 207 del Código Penal, “presentación de documentación falsa en juicio”;

2) Que el recurrente fue formalizado con fecha 14 de septiembre de 2020 por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento público, siendo reformalizado el día 15 de febrero de 2021 por el delito del artículo 207 del Código Penal, “presentación de documentación falsa en juicio”;

3) Que los hechos publicados o exhibidos por la recurrida dicen relación con la comisión de delitos en los que el recurrente se habría visto involucrado.

Séptimo: Que, al respecto, el artículo 30 de la ley 19.733, sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo, dispone: “Para lo dispuesto en el presente artículo se considerarán como hechos de interés público de una persona los siguientes:

a) Los referentes al desempeño de funciones públicas.

b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento tenga interés público real;

c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el público, a título gratuito u oneroso;

d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido captadas o difundidas por algún medio de comunicación social;

e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado testimonio en registros o archivos públicos, y f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los mismos.”.

Octavo: Que de los antecedentes que obran en autos y de lo señalado precedentemente, a entender de esta Corte concurren en la especie los supuestos de las letras f) de la norma citada, ya que los hechos que da cuenta la noticia publicada por la recurrida, y que son materia de la presente acción, son constitutivos de delitos.

Noveno: Que más aún el Constituyente consagra la libertad de informar en el numeral 12 del artículo 19 de la Carta Política, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder por los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades. En el caso de autos, nadie ha imputado la comisión de un delito a la recurrida y tampoco puede hablarse a priori en este procedimiento de tutela urgente de abuso por haber difundido un reportaje que involucra a la recurrente en una investigación sobre la comisión de un delito, cuestión que es ratificada en el artículo 1° de la Ley 19.733, que dispone: ““Las libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, constituye un derecho fundamental de todas las personas. Su ejercicio incluye no ser perseguido ni discriminado a causa de las propias opiniones, buscar y recibir informaciones, y difundirlas por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan, en conformidad a la ley”.

“Asimismo, comprende el derecho de toda persona natural o jurídica de fundar, editar, establecer, operar y mantener medios de comunicación social, sin otras condiciones que las señaladas por la ley”.

“Se reconoce a las personas el derecho a ser informadas sobre hechos de interés general”.

Décimo: Que descartada la comisión de un acto ilegal, corresponde determinar si ha habido arbitrariedad en el proceder de las recurridas. Al respecto, no se divisa un actuar caprichoso para con el actor o carente de razonabilidad por haber publicado una noticia relacionada con el recurrente, pues la empresa periodística y los periodistas esgrimen en su favor su derecho a informar sobre hechos de interés general.

Undécimo: Que, conforme a lo razonado, al no existir un acto arbitrario o ilegal de parte de la recurrida, no es posible acoger la presente acción cautelar, y se hace innecesario analizar la perturbación, privación o amenaza de los derechos fundamentales que invoca el actor.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por el abogado Cristian Rodríguez Kurrer, en representación de nombre reservado, en contra del medio de comunicación interferencia.cl y de los periodistas nombre reservado y nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección 36.799-2021 Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz, la Ministra (S) señora Laura Andrea Assef Monsalve y el Abogado Integrante señor Rodrigo Antonio Montt Swett.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.