nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, ocho de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, por intermedio de su abogado patrocinante Mario Andrés Espinosa Valderrama, interponiendo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, por haber efectuado descuentos arbitrarios e ilegales en sus remuneraciones mensuales mediante el mecanismo de descuento por planilla, paralelamente al ejercicio de una acción judicial ejecutiva. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se trata de un cobro inoportuno efectuado sin previo aviso después de transcurridos casi un año y cuatro meses desde que la obligación se hizo exigible, y constituye un mecanismo paralelo a la vía judicial que la propia recurrida ejerció mediante demanda ejecutiva, vulnerando con ello los derechos fundamentales de propiedad e igualdad ante la ley, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en los numerales 24 y 2 del artículo 19, respectivamente, por lo que solicita se acoja el presente recurso y se ordene cesar toda retención o descuento en su remuneración, restituir los montos descontados y condenar en costas a la recurrida.

En cuanto a los antecedentes de hecho, estos se remontan al 17 de octubre de 2022, fecha en que la recurrente suscribió el pagaré N° 191CON103256111 en favor de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por la suma de $15.094.881, correspondiente al capital, más los respectivos intereses señalados en el documento. La obligación debía ser solucionada en 60 cuotas mensuales iguales y sucesivas de $419.396 cada una, venciendo la primera el 31 de enero de 2023. El documento establecía que el simple retardo y/o mora en todo o parte de una o cualquiera de las cuotas permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerando la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados, conforme al artículo 9° de la Ley 18.010.

Debido a complejidades de índole financiera, la actora no pudo hacer frente al pago de las cuotas pactadas, constituyéndose en mora a partir de la cuota número 1 con vencimiento el 31 de enero de 2023 y todas las siguientes. Ante esta situación, la Caja de Compensación Los Andes interpuso demanda ejecutiva con fecha 3 de octubre de 2023, según consta en la causa Rol C-17011-2023, tramitada ante el 22° Juzgado Civil de Santiago, para efectos de cobrar el pagaré referido.

En el desarrollo del proceso ejecutivo, con fecha 24 de noviembre de 2024, la recurrente fue notificada de la demanda ejecutiva conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil y requerida de pago el mismo día. La demandada no presentó excepción alguna; sin embargo, por inactividad del demandante, la causa se archivó el 31 de mayo de 2024. Posteriormente, con fecha 3 de junio de 2024, se solicitó el desarchivo de autos, notificándose la resolución que accedió al desarchivo el 27 de junio de 2024, conforme al artículo 52 del Código de Procedimiento Civil. Luego de diversas actuaciones en la causa, el 3 de octubre de 2024 se efectuó la diligencia de embargo, la cual no se pudo realizar por no existir bienes susceptibles de embargarse que cubrieran el total de lo adeudado, archivándose finalmente el expediente judicial el 31 de enero de 2025.

No obstante lo anterior, al revisar su liquidación de sueldo de febrero de 2025, la recurrente constató que esta era menor a lo habitual, verificando la existencia de un descuento por planilla denominado "Préstamo Caja" por un monto de $497.998.

Destaca que en la actualidad mantiene un trabajo estable como empleada de AFP Capital, habiendo alcanzado estabilidad financiera y trabajando con la legítima expectativa de percibir sus remuneraciones de manera íntegra y previsible.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración, restituir los descuentos efectuados así como aquellos que se puedan efectuar durante la tramitación de la presente acción, declarar la obligación de cesar los descuentos y restituir los montos descontados aún en caso de rechazarse el recurso por falta de oportunidad, y condenar en costas a la recurrida. Asimismo, solicita se decrete orden de no innovar para que la recurrida se abstenga de seguir efectuando descuentos mientras se tramite el presente recurso.

Segundo: Que, comparece nombre reservado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso de protección intentado en su contra, por no existir acto ilegal o arbitrario.

En primer término, la recurrida expone los antecedentes crediticios que vinculan a las partes, señalando que con fecha 17 de octubre de 2022 otorga a la señora nombre reservado una operación de crédito identificada con el código N° 191CON103256111, por un capital inicial de $15.094.881, estableciéndose una tasa de interés mensual del 1,73%, pagadero en un plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $419.396, cuyo primer vencimiento corresponde al 31 de enero de 2023.

Respecto al comportamiento de pago de la obligación crediticia, detalla que a la fecha del informe, la operación de crédito mantiene en estado moroso las cuotas correspondientes a los meses de enero de 2024 a enero de 2025.

En cuanto a las acciones judiciales emprendidas, la recurrida justifica la iniciación de la demanda ejecutiva en contra de la recurrente, explicando que dicha decisión no obedece a un acto arbitrario, sino que constituye el cumplimiento de una obligación establecida en el compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas de Compensación de Asignación Familiar. En este sentido, destaca que la normativa obliga a iniciar acciones de cobranza judicial contra los deudores de créditos sociales, especificando que la cobranza judicial debe iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas que superen las 50 UF, no existiendo otra alternativa para las Cajas que proceder con el juicio ejecutivo correspondiente.

Sostiene que en la especie se encuentra frente a un crédito plenamente vigente, con obligaciones actualmente exigibles y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación conforme al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 resulta pertinente y oportuna.

En segundo lugar, explica que dada la naturaleza de entidad de previsión social de estas instituciones, el legislador considera necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, disponiendo el artículo 22 de la Ley N° 18.833 que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales".

En consecuencia, argumenta que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten carácter social por expreso mandato del legislador, diferenciándose de otros préstamos de dinero del sistema financiero por ser otorgados por entidades de previsión social. Sostiene que su carácter social no está determinado por la finalidad que el deudor otorga al dinero entregado o el tipo de instrumento suscrito, sino que deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga, citando para ello jurisprudencia de la Corte Suprema en recurso de casación en el fondo Rol 97812-2016.

En dicho sentido, explica que se trata de un mecanismo especial de pago inherente al régimen de crédito social otorgado por las Cajas de Compensación, que tiende a disminuir el riesgo crediticio y permite que el costo del crédito sea menor porque el pago se descuenta directamente de la remuneración del trabajador. Asimismo, precisa que constituye un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las Cajas de Compensación, estableciéndose de forma perentoria u obligatoria con el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales.

Precisa que el trabajador no puede oponerse ni negarse al descuento por planilla, porque la obligatoriedad misma es un mecanismo normativo y propio del específico tipo de crédito otorgado.

En tercer lugar, aborda la cuestión de la exigibilidad actual de la obligación y la necesidad de declaración judicial de la prescripción. Al respecto, sostiene que se encuentra efectuando el cobro conforme al mecanismo dispuesto en la Ley N° 18.833 de una deuda vigente, actualmente exigible y cuya prescripción no ha sido declarada, emanada de un contrato de mutuo de dinero celebrado entre las partes.

Argumenta que la prescripción de las acciones está regulada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende claramente que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho.

En cuarto lugar, se refiere a la supuesta vulneración de garantías constitucionales alegada por la recurrente. Respecto a la presunta vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, relativo al derecho de propiedad, argumenta que no procede debido a que no existe traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de sus remuneraciones, siendo la propia ley la que permite a la Caja acreedora solicitar el descuento de las cuotas de un crédito social actualmente exigible desde la remuneración del afiliado deudor, conforme al artículo 22 de la Ley 18.833. A partir de lo anterior, afirma que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Por último, es enfática en señalar Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la ley 18.833, que señala que "lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales." Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, falto de razonabilidad de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, por lo pronto, acerca de la legalidad de la actuación impugnada, debe consignarse que el artículo 22 de la Ley N°18.833, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, para luego ser remesado a la Caja acreedora, la que está facultada para perseguir el cumplimiento de esa obligación.

Quinto: Que, en tales condiciones, debe descartarse la posibilidad de un actuar ilegal de parte de la respectiva Caja de Compensación, sea aquella que ejecuta el descuento como aquella que lo promueve, de modo que el asunto se circunscribe a determinar una eventual arbitrariedad en el proceder reprochado. El actor hace consistir tal imputación en la circunstancia que la Caja de Compensación, habría judicializado el cobro del crédito social.

Sexto: Que, en lo inmediato, debe acentuarse que la recurrida es titular de un crédito social que debe recuperar para mantener el financiamiento del sistema y, luego, que tal acreencia no ha sido solucionada, de manera que en esas condiciones no se advierte obstáculo para que, en ejercicio de su derecho de prenda general, pueda realizar esos descuentos. Tampoco es impedimento para ello el solo hecho de haber presentado una demanda, que solo corresponde a otra vía para lograr ese propósito.

Séptimo: Que seguidamente, debe insistirse en que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Dicho de otra manera, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen otra clase de procedimiento.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, SE RECHAZA, el recurso deducido en favor de doña nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-3677-2025.