TRANSFORMADORES TUSAN SA con INSPECCIÓN DE TRABAJO SANTIAGO PONIENTE

C.A. de Santiago Santiago, veinte de noviembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don nombre reservado, ingeniero civil, en representación de Transformadores Tusan S.A., ambos domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, representada legalmente por su Inspectora Comunal, doña nombre reservado, y en contra de la fiscalizadora de la misma entidad pública doña nombre reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la aplicación de una multa de 20 UTM por no dar cumplimiento al contrato colectivo vigente (no pagar el bono especial de producción y utilidades, establecida en la cláusula 22ª, a los trabajadores y por los meses individualizados en el acto administrativo), para lo cual incurrió en la ilegalidad de fijar el sentido y alcance del contrato colectivo suscrito por su representada y el Sindicato N° 2 de Transformadores Tusan S.A.

Fundando su recurso señala que la fiscalizadora se constituyó en comisión especial, resolviendo un tema que requiere la rendición de prueba, ponderarla y calificar los hechos a partir de la posibilidad procesal que las partes en litigio tengan el debido proceso para formular sus posiciones jurídicas. En este sentido, la fiscalizadora y la entidad recurrida han sobrepasado sus atribuciones, al fijar el sentido y alcance de la cláusula contractual de un instrumento colectivo de trabajo, señalando que procede el pago del bono especial de producción y utilidades respecto de 13 trabajadores que ejecutan labores en la empresa, en circunstancias que respecto de este cargo no procede el pago de tal remuneración, interpretación que importa que por la vía administrativa se establezcan y constituyan derechos y obligaciones para las partes contratantes.

En cuanto a las ilegalidades en la dictación de la resolución de multa administrativa, se refiere el recurrente al derecho constitucional de no ser juzgado por comisiones especiales y a los artículos 6°, 7° y 76 de la Constitución Política de la República; artículos 420 y 505 del Código del Trabajo y Decreto con Fuerza de Ley N° 2 de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Afirma que a la Dirección del Trabajo y a las diversas Inspecciones del país, la ley le otorgó facultades principalmente fiscalizadoras, las que la habilitan para aplicar sanciones administrativas sólo cuando se encuentre frente a situaciones objetivas de infracción a las normas laborales, es decir, cuando sorprenda en sus labores de fiscalización ilegalidades claras, precisas y determinadas, facultades fiscalizadoras que pueden ser ejercidas a través de las diversas Inspecciones del Trabajo, comunales o provinciales, existentes a lo largo del país, y no se extienden, por lo tanto, a la de interpretar cláusulas de carácter convencional (contratos individuales y colectivos de trabajo) y a la de dar soluciones a controversias entre empleador y trabajador respecto a los mismos temas, porque de ser así, dicho organismo se estaría arrogando potestades propias y excluyentes de los tribunales competentes en dichas materias, esto es, los Juzgados del Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo.

Precisa que la cláusula contractual supuestamente infringida establece el pago de un incentivo de producción a los trabajadores individualizados en el Anexo Nº 2 del instrumento colectivo, de un 2% del sueldo base por cada Megavoltiamperio (MVA) de potencia base producido de transformadores especiales. Ahora bien, esta misma estipulación establece que si la fábrica no tiene suficiente carga para el área de transformadores especiales, se pagará de igual forma el incentivo, cuyo monto ascenderá al 15% del sueldo base de cada trabajador percibido en el respectivo mes, aun cuando, aplicando la formula señalada en el referido instrumento, se determine un porcentaje inferior al 15%. Sin perjuicio de lo anterior, las partes acordaron en el mismo instrumento que aquella diferencia porcentual que resulte entre el 15% pagado y el verdadero porcentaje a aplicar (menor al 15%), se rebajará del valor del incentivo que se deba pagar en la liquidación de remuneraciones del mes o meses siguientes, hasta íntegro reintegro.

Afirma que esta fue la verdadera intención de las partes al momento de acordar el pago de este incentivo de producción y ha sido la aplicación práctica que las partes han dado desde que se acordó el pago de este incentivo.

Hace presente que yerra el fiscalizador al cursar la multa que da origen a esta acción, que las partes jamás acordaron garantizar de forma mensual un monto por concepto de incentivo, consistente en un 15% del sueldo base mensual, alejándose esta interpretación de la verdadera intención que tuvieron las partes al momento de acordar el paco de este incentivo, error que se explica por la inexistencia de un proceso probatorio.

Agrega que la conclusión a la que arriba la Inspección del Trabajo constituye una cuestión que se encuentra al margen de las facultades conferidas a la Inspección del Trabajo por el artículo 505 y siguientes del Código del Trabajo, la que por su naturaleza debe ser conocida y resuelta por la judicatura laboral que justamente es la que conoce de estos asuntos.

Afirma que, en efecto, la interpretación de las cláusulas de un contrato colectivo de trabajo, es una materia de competencia exclusiva de los Tribunales de Justicia, por lo que la Inspección del Trabajo ha excedido sus facultades fiscalizadoras al extendería a una eventual infracción que es de carácter subjetivo, por lo que queda en evidencia la incompetencia que afecta a la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Poniente, para haberse pronunciado al efecto.

Previas citas legales y constitucionales, solicita que se acoja el recurso, dejando sin efecto el acto ilegal contenido en la Resolución de Multa Administrativa N° 4561/19/20, de fecha 29 de marzo de 2019, toda vez que priva y perturba el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, con costas.

SEGUNDO: Que doña Anita Beatriz Díaz Rosas, abogada, en representación de la recurrida, Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Poniente, informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo. Alega, en primer término, la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, señalando que se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa, existiendo procedimientos específicos de impugnación, tanto en sede administrativa como en sede judicial. Sostiene que, en efecto, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 503, 504, 511 y 512 del Código del Trabajo, existe la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas administrativas aplicadas por los fiscalizadores, o bien solicitar la correspondiente reconsideración administrativa de las mismas, y en este último caso, reclamar judicialmente respecto de la resolución que resuelve la solicitud de reconsideración de la multa.

Afirma que, en estas condiciones, el recurso de protección se está utilizando por la recurrente, como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados en la legislación de manera expresa, y en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tiene previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución, vías en las que como ya se indicó, se puede aportar y apreciar ampliamente la prueba que las partes rindan, y tanto es así, que la propia recurrente, señala en su recurso que la materia fiscalizada requiere prueba para poder ser resuelta.

En cuanto al fondo del recurso, señala que con fecha 28 de febrero de 2019 el Sindicato N°2 de la Empresa Transformadores Tusan S.A. interpuso un reclamo ante la Inspección del Trabajo Santiago Poniente, con el fin de que se fiscalice el incumplimiento de la recurrente respecto de las estipulaciones del contrato colectivo, al dejar de pagar a determinados trabajadores un bono de producción que históricamente se les había solucionado. Indica que con motivo del reclamo interpuesto por el sindicato, se designó a la fiscalizadora nombre reservado nombre reservado para investigar los hechos denunciados, constituyéndose en el domicilio de la actora, oportunidad en que se entrevistó con el encargado de remuneraciones, don nombre reservado, a quién se le requiere exhibición de contratos de trabajo, comprobantes de pago de remuneraciones del período diciembre 2018 a febrero 2019, y contrato colectivo vigente, para ser exhibidos en las oficinas de la Inspección del Trabajo. Refiere que de la revisión de la documentación laboral y de la entrevista con los dirigentes sindicales de la organización que solicitó la fiscalización, la fiscalizadora constató la infracción en orden a que no se pagaba el bono en forma íntegra a los trabajadores según el siguiente detalle: en el mes de diciembre de 2018 la producción real fue de 16,8%, pero se pagó solo el 15%; en enero de 2019 la producción real fue de 34,5 % y se pagó sólo el 15%; y en febrero de 2019 la producción real fue de 21,5 % y se pagó sólo el 15%, por lo tanto se constató el incumplimiento a la cláusula 22ª del contrato colectivo, por un pago incompleto del bono de producción.

Indica que, por consiguiente, la labor de la fiscalizadora, se limitó a constatar los hechos descritos en la multa, sin efectuar ninguna interpretación más allá de la necesaria e indispensable para realizar su función fiscalizadora, lo anterior a través de la revisión de la documentación laboral revisada y de las entrevistas sostenidas tanto con representante del empleador como de los trabajadores.

Sostiene que desconocer esta facultad mínima, dejaría en letra muerta la obligación impuesta por ley a la Dirección del Trabajo de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral por parte de los empleadores, tal como lo resuelve el fallo de recurso de protección Rol 7.935-2009.

Por consiguiente, en cuanto a las facultades de la recurrida para fiscalizar, ha quedado claro que la funcionaria de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Poniente ha ajustado su actuar a la legalidad vigente, conforme a las atribuciones que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico, imponiendo una multa administrativa al constatar una infracción a la legislación laboral, específicamente al artículo 326 inciso 2° del Código del Trabajo, al constatar el pago incompleto de un bono pactado en el contrato colectivo vigente entre la recurrente y la organización sindical a la que pertenecen los trabajadores indicados en la multa.

TERCERO: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencias de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que muchas veces ya se ha dicho que el recurso de protección no es un sustituto de las vías ordinarias que la ley ha previsto. En el caso sub judice, el Código del Trabajo, contempla en sus artículos 503, 504, 511 y 512 la posibilidad de reclamar judicialmente de las multas que imponga la Inspección del Trabajo, o bien, pedir la reconsideración administrativa a esta misma institución, posibilidad esta última que también contempla la de recurrir judicialmente en contra de lo que resuelva el órgano de la Administración. Y son precisamente en dichos procesos judiciales que la ley laboral ha reglado, que la empresa recurrente debe impugnar la decisión de la autoridad, pudiendo aportar la prueba que en su recurso de protección ha dicho que se ha visto impedida de producir, siendo ese el debido proceso que reclama.

QUINTO: Que es cierto que la acción que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República lo es “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes…”, pero ello no puede llevar a concluir que el recurso de protección es un sustituto de cualquier procedimiento judicial que la ley ha previsto, pues en tal caso se produciría precisamente lo que el recurrente reprocha, a saber, que una acción que la Carta Fundamental contempla como una de emergencia ante acciones u omisiones ilegales o arbitrarias que han conculcado determinados derechos fundamentales, podría reemplazar a los juicios propiamente dichos. Si las normas del Código del Trabajo mencionadas en el considerando anterior regulan procedimientos especialmente establecidos para impugnar las resoluciones de multa que pueda imponer la Inspección del Trabajo, pues precisamente esa es la vía idónea para reclamar de la que dicha entidad le ha aplicado a la sociedad recurrente, ese es el juicio que ésta echa en falta, ese es el debido proceso que dice no haber tenido.

SEXTO: Que, en consecuencia, el recurso será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de la Corte Suprema, se rechaza la acción constitucional deducida en estos antecedentes, sin costas.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Mera, quien estuvo por acoger el recurso y dejar sin efecto la resolución de multa impuesta. Tuvo presente para ello:

I.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República señala, en lo que aquí interesa, que el recurso de protección procede “…sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer (el afectado) ante la autoridad o los tribunales correspondientes…”, de manera que la circunstancia que existan procedimientos de reclamo establecidos en el Código Laboral no es óbice para deducir la acción de fojas 1.

II.- Que, en cuanto al fondo, debe consignarse, en primer término, que reiteradamente se ha sostenido por la jurisprudencia que la Inspección del Trabajo, en su labor de fiscalización de cumplimiento de las normas laborales, encomendada por ley, no puede arrogarse funciones propias y excluyentes de los órganos jurisdiccionales, como lo es el interpretar el verdadero sentido y alcance de una cláusula contractual, cuando las partes difieren en su interpretación, pues ello vulnera, respecto del afectado, la garantía del inciso quinto del N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al ser juzgado por una verdadera comisión especial e4n que se ha transformado la autoridad administrativa.

III.- Que, precisamente, en la especie, con su accionar, la recurrida ha resuelto un conflicto jurídico que existe entre Transformadores Tusan S.A. y el Sindicato N° 2 de dicha empresa, respecto de la interpretación que debe darse a la cláusula 22ª del contrato colectivo celebrado entre las partes el 4 de diciembre de 2018, conflicto que puede y debe ser resuelto únicamente por los entes idóneos para ello, a saber, los tribunales ordinarios de justicia. No se trata, entonces, de una violación flagrante o patente de alguna norma legal o contractual por parte de la empresa, sino de desentrañar la enrevesada cláusula 22° que se lee del documento acompañado al proceso.

IV.- Que, consecuentemente, si existe una controversia acerca de la interpretación de una cláusula del contrato colectivo de trabajo celebrado entre las partes, este conflicto debe ser dirimido por la magistratura, sin que los órganos de la Administración tengan potestad para ello. De este modo, el Sindicato N° 2 o los trabajadores supuestamente afectados tienen el derecho de pedir al tribunal del trabajo correspondiente que se declare que el sentido y alcance de tal cláusula es la que su parte sostiene y no la que entiende la empresa pero, lo que ciertamente es ilegal, es que la autoridad administrativa se erija en juzgador y resuelva un conflicto jurídico de esta naturaleza.

V.- Que, en efecto, las facultades legales de la Inspección del Trabajo, como ente fiscalizador del cumplimiento de las normas laborales, deben ejercerse, como ya se dijo, sólo cuando se sorprendan claras infracciones a las referidas disposiciones de lo que se concluye que la recurrida, al determinar que los trabajadores mencionados en la Resolución de Multa deben recibir un determinado bono porque la interpretación de la cláusula 22° del contrato colectivo de trabajo es la que afirman aquellos y no la empresa, se ha arrogado funciones propias y excluyentes de los órganos jurisdiccionales, siendo su proceder ilegal, perturbando así la ya mencionada garantía establecida en el inciso quinto del N° 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Redacción del Ministro señor Mera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-36707-2019.

Pronunciada por la Octava Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministro señora Mireya López Miranda y el Abogado Integrante señor José Luis López Reitze. No firma por la Ministro señora Mireya López Miranda, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicio.