SOCIEDAD EDUCACIONAL MASTER SCHOOL LTDA con INSPECCION COMUNAL DEL TRABAJO DE LA FLORIDA

Santiago, veinticuatro de junio de dos mil dieciséis.

Visto y considerando:

Primero: Que a fs. 15 comparece Alejandro Cariz Meller, abogado, en representación de la Sociedad Educacional Master School Ltda., quien deduce recurso de protección en contra de la Inspección Provincial del Trabajo La Florida, representada legalmente por nombre reservado, por haberse vulnerado a su juicio la garantía constitucional del artículo 19 Nº 2 inciso segundo, en relación a los artículo 1, 6 y 7, todos de la Constitución Política de la República.

Funda dicha acción constitucional en la emisión de los Ordinarios Nº 277, 278 y 279, todos de 14 de abril de 2016, por medio de los cuales la parte recurrida declaró que las reconsideraciones administrativas presentadas en contra de las resoluciones de multa Nº 3388/2016/10-1-2-3-4-5-6-7-8; Nº 3388/2016/09-1 y Nº 3388/2016/08-1, todas de 18 de marzo de 2016, se encontraban ingresadas “fuera del plazo legal para interponer recurso administrativo”. Dichas resoluciones de multa habían sido notificadas el 12 de febrero de 2016 por correo certificado y el monto de las sanciones ascendía a $4.110.077.- Sostiene que de conformidad al artículo 25 de la ley Nº 19.880, el plazo para interponer recurso administrativo vencía el día 28 de marzo de 2016, habiendo accionado antes del mismo, de modo que el actuar de la contraria resulta arbitrario e ilegal, afectando la garantía de igualdad ante la ley ya invocada. Cita al efecto jurisprudencia que estima atingente respecto a la forma de cómputo de los plazos administrativos, en concreto, del establecido en el artículo 512 del Código del Trabajo.

Solicita en definitiva se condene a la recurrida como infractora de las garantías invocadas, dejándose sin efecto los Ordinarios impugnados y debiendo admitirse a tramitación las reconsideraciones administrativas correspondientes, con costas.

Segundo: Que a fs. 91 informa la recurrida Inspección Comunal del Trabajo de La Florida, solicitando el íntegro rechazo de la acción deducida en su contra, con costas.

En primer término, estima improcedente la acción dada la naturaleza de los actos recurridos, estos es, tres Ordinarios que rechazan una reconsideración administrativa de multa, en circunstancias que la ley contempla como recurso natural en contra de este tipo de resolución, la reclamación judicial, según lo dispone el artículo 512 del Código del Trabajo. En consecuencia, el recurso de protección se está utilizando como sustituto procesal de acciones ordinarias, establecidas en procedimientos específicos y reglados que cautelan los derechos que el recurrente estima conculcados. Cita al efecto jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel, sosteniendo que dicha tendencia es compartida por la Corte Suprema.

En subsidio de lo anterior, alega la improcedencia del recurso por no concurrir los requisitos constitucionales para su interposición, puesto que no ha existido un acto arbitrario o ilegal en la emisión de los Ordinarios impugnados. En este sentido, afirma que la resolución en ellos consignada se dictó en ejercicio de las facultades establecidas en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

Asimismo, la falta de arbitrariedad resulta evidente, puesto que las multas fueron notificadas por carta certificada con fecha 12 de febrero de 2016 y la solicitud de reconsideración de las mismas se presentó recién el día 18 de marzo del mismo año, siendo insostenible aseverar que su dictación obedezca a un mero capricho.

Agrega en cuanto a los hechos y circunstancias que han dado lugar a la acción de protección, informa que el 28 de enero de 2016 cursó las resoluciones de multa a las que se viene aludiendo, todas notificadas de conformidad al artículo 508 del Código del Trabajo, por medio de carta certificada el 12 de febrero de 2016. Respecto de todas ellas, la reclamante solicitó reconsideración mediante presentación de fecha 18 de marzo pasado, incumpliendo el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 512 inciso primero del Código del Trabajo, esto es, ser presentada “dentro del plazo de treinta días corridos de notificada”, es decir, a más tardar el día 13 de marzo de 2016.

En razón de lo anterior, con fecha 14 de abril de 2016, por medio de los Ordinarios impugnados, se comunicó a la solicitante que no se acogería a tramitación la reconsideración, por haberse presentado fuera de plazo. Respecto a la forma de computar el plazo en cuestión, sostiene que se trata de una materia resuelta por la Dirección del Trabajo y la Contraloría General de la República, en el sentido de tratarse de un plazo de días corridos.

Tercero: Que el recurso de protección de Garantías Constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o amenace su ejercicio.

Cuarto: Que, como surge de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, lo que significa que ha de ser contrario a la ley- o arbitrario - producto del mero capricho de quien incurre en él - y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Quinto: Que sostiene el actor que las resoluciones de multa le fueron notificadas con fecha 12 de febrero de 2016, habiendo solicitado la reconsideración aludida con fecha 18 de marzo de 2015, dictándose al efecto los Ordinarios Nº 277, N°278 y N°279, todos de 14 de abril de 2016, que no acogieron a tramitación tales reconsideración por estimarlas extemporáneas, considerando dicho plazo como de días corridos.

Sexto: Que sobre el particular cabe hacer presente que, como lo ha resuelto ya reiteradamente la Corte Suprema, el plazo de 30 días a que se refiere el artículo 512 del Código del Trabajo para presentar la solicitud de reconsideración ante el Director del Trabajo no es de días corridos, como lo sostiene la recurrida, sino de días hábiles, entendiéndose inhábiles los días sábados, domingos y festivos, dado que se trata de un recurso presentado en la etapa de tramitación en sede administrativa, de manera que por no existir norma expresa que establezca lo contrario en el referido Código, ha de aplicarse en forma supletoria el artículo 25 de la Ley 19.880 que se refiere al cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, disposición que señala que éstos son de días hábiles, disponiéndose que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos, toda vez que al ser un plazo “especial”, como es el contenido en la Ley 19.880, respecto de los procedimientos administrativos, prima por sobre las normas de carácter general contenidas en el Código Civil.

Séptimo: Que constituye un hecho no controvertido que el recurso de reconsideración fue presentado el 18 de marzo de 2016, por lo que, conforme a lo que se ha razonado, ello ocurrió dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la notificación de la resolución que impuso la multa, lo que aconteció el 28 de marzo de 2016.

Octavo: Que, así las cosas, la actuación de la recurrida deviene en un acto ilegal y arbitrario pues por ella se negó a tramitar un recurso contemplado en la ley que fue interpuesto dentro de plazo, afectando de esta forma la garantía constitucional de igualdad ante la ley contemplada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política, en tanto la autoridad recurrida ha desconocido el término en toda su extensión y ha dado un trato discriminatorio que no procede sea aceptado.

Por las consideraciones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y lo preceptuado en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE ACOGE el recurso de protección deducido a fs. 15 por Alejandro Cariz Meller en representación de la Sociedad Educacional Master School Ltda. y se dejan sin efecto los Ordinarios Nº 277, 278 y 279, todos de 14 de abril de 2016, emanadas de la Inspección Provincial del Trabajo La Florida, debiendo la recurrida admitir a tramitación el Recurso de Reconsideración planteado respecto de la resoluciones de multa Nº 3388/2016/10-1-2-3-4-5-6-7-8; Nº 3388/2016/09-1 y Nº 3388/2016/08-1, todas de 18 de marzo de 2016.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redactó la abogado integrante sra. Paola Herrera Fuenzalida.

Rol N°36.643-2016 Pronunciada por la Duodécima Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministro señora Patricia Liliana González Quiroz e integrada, ademas por el Ministro (S) señor Tomás Gray Gariazzo y la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a 24 de junio de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.