SINDICATO NACIONAL DE OFICINAS DE EMPRESA FUNDACION INTEGRA con FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO

Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veinte.

VISTO:

En estos autos Ingreso Corte Rol N° 36.636-2020, compareció nombre reservado, en su calidad de presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra y dedujo acción de protección a favor de los trabajadores que individualiza (20) y que se desempeñan en la oficina regional, en contra de Fundación Educacional para el nombre reservado Región Metropolitana Suroriente (Integra), solicitando se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida que: i.- no puede realizar ni permitir distinciones entre sus trabajadores para el resguardo de su salud, salvo mejores medidas respecto a los grupos vulnerables; ii.- mientras no proporcione condiciones de trabajo seguras, elabore un protocolo de resguardo, con desplazamiento seguro, tanto en el puesto de trabajo como en el trayecto desde y hacia éste, distanciamiento y ventilación suficiente, sanitización permanente de espacios comunes, mascarillas, guantes, elementos suficientes de desinfección y/o un control en la puerta para impedir el acceso de posibles contagiados, los trabajadores pueden acogerse a lo dispuesto en el artículo 184 bis del Código del Trabajo atendida la pandemia existente y; iii.- se disponga además cualquier otra medida que se estime pertinente, con costas.

Refiere como fundamento de su pretensión, que a propósito de la declaración de pandemia mundial del virus COVID-19 conforme la Organización Mundial de la Salud, todas las instituciones del país han adoptado medidas para evitar la expansión de la enfermedad a través del contagio, y así resguardar la salud o integridad física de la población. En ese contexto, Integra como empleador tiene la obligación que le impone el artículo 184 del Código del Trabajo de velar por la salud de sus trabajadores y si bien ha adoptado las medidas que orientaron las autoridades de gobierno para el resguardo de los niños que la institución atiende, suprimiendo sus actividades en los jardines infantiles, ello no ocurrió con el personal que trabaja en oficinas regionales, pues si bien facultó al personal vulnerable a no asistir a sus puestos de trabajo (tercera edad y enfermos crónicos), tales medidas no son suficientes, en atención a que: 1.- la mayor parte de los trabajadores de la oficina regional son personas que tienen familiares pertenecientes a dichos grupos, de manera que se los expone a contagio permanente; 2.- se movilizan en locomoción colectiva para llegar a sus puestos de trabajo e interactúa en todas sus tareas con los demás, existiendo personas que viajan diariamente desde otras comunas donde se han detectado casos de contagio o podrían detectarse; 3.- La oficina regional suroriente de Integra se encuentra cerrada y sin realizar turnos éticos, pero mantiene trabajadores “a disposición”, y solicitando “voluntarios”, situación -dice- que resulta insostenible porque el aumento de los casos es exponencial y hoy existe mayor riesgo de contagio para llegar al lugar de trabajo y la mayor parte de los casos son sin trazabilidad; 4.- el empleador no proporciona mascarillas, guantes y alcohol gel; elementos claves para la prevención del contagio; 5.- la oficina constituye un foco de contagio, pues no ingresa en primer lugar el personal de aseo para sanitizar, no es posible mantener la distancia mínima de un metro, existen espacios de alto riesgo de contagio como pasillos y accesos por donde circulan personas en un espacio reducido, la mayoría son lugares comunes de alto riesgo de contagio y no se realiza análisis de temperatura al ingreso de los trabajadores.

A continuación indica que existe discriminación en el resguardo de la salud, pues se consideran dos categorías de trabajadores: los que han podido cumplir sus funciones de forma remota y los que no. Estas personas, entre las cuales se cuentan conductores, auxiliares de servicio y otros de tipo administrativos, sólo por el hecho de que su función está condicionada a la posibilidad de que se hallen presentes en la oficina, se ven amenazados en atención a que la recurrida impartió orientaciones para dejar de pagar la asignación de colación a los dependientes que efectúen menos de cuatro horas de trabajo, vía remota o presencial, mermando así los ingresos de los más vulnerables. La situación se torna arbitraria desde que en las citadas orientaciones se permite el pago de colación por teletrabajo, en un contexto que Integra no cuenta con herramientas para monitorear de forma remota cuánto tiempo requieren esas tareas, salvo que se trata de extensas jornadas a través de videoconferencia.

Por otro lado, advierte que la recurrida no aplica las medidas orientadas por la Organización Mundial de la Salud, según pormenoriza.

Señala que el día 18 de marzo de 2020 se enviaron correos electrónicos al director ejecutivo de la recurrida, solicitando la suspensión de las actividades, por estimar procedente hacer uso de la facultad contenida en el artículo 184 bis del Código del Trabajo, sin que haya recibido respuesta.

De igual manera, las directrices impartidas por el empleador que dicen relación con el cese discriminatorio del beneficio de alimentación comenzarán a regir desde el 13 de abril de 2020, sin embargo gracias a la gestión de los sindicatos se obtuvo la prórroga del beneficio por ese mes sin condiciones.

Los hechos relatados -asevera- amenazan el derecho a la vida e integridad física de los trabajadores, consagrado en el numeral 1° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, lo que en el ámbito laboral recibe aplicación en el artículo 184 y siguientes del Código del Trabajo, que establece el deber del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores.

También se transgrede el numeral 2° del citado artículo 19, esto es el derecho a la no discriminación, incumplido respecto del personal de la recurrida que se encuentra sujeto al registro de asistencia, lo que constituye una mera arbitrariedad, puesto que nadie está contratado para ejecutar funciones en teletrabajo. Así, a quienes no se les ha otorgado el beneficio de teletrabajo o más bien, no se les tolera la inasistencia, se encuentran en una posición desmejorada únicamente por la obligación de registro.

Por lo expuesto, solicita se acoja la presente acción en los términos indicados.

Informando la recurrida, solicitó el rechazo del recurso, con costas, argumentando, en lo relevante, lo siguiente:

- El recurso es inviable, pues la controversia excede las materias que le son propias y por lo mismo, deben discutirse en un procedimiento de lato conocimiento, en tanto supone la declaración o constitución de derecho, al solicitar que los trabajadores de Integra pueden acogerse, es decir que tienen el derecho, a invocar las medidas previstas en el artículo 184 bis del Código del Trabajo frente al empleador. Empero, se trata de una facultad ya establecida por la ley en favor de cualquier trabajador que no puede cuestionarse por el empleador, con independencia de las cuestiones que en el juicio respectivo puedan generarse;

- Su parte, al tenor del artículo 184 del cuerpo legal citado, adoptó en el marco de la presente contingencia sanitaria las medidas de organización del trabajo a través de teletrabajo de sus equipos, estableciendo equipos mínimos presenciales en sus oficinas, a fin de satisfacer actividades esenciales e impostergables, y siempre con estricto apego de las medidas sanitarias, de control y comportamiento impuestas o recomendadas por la autoridad de salud. Ninguna de ellas es ilegal o arbitraria, desde que se han ceñido a la normativa legal vigente, aplicando de manera razonada y proporcionada medidas de seguridad y salud apropiadas y en línea con las indicaciones del Ministerio de Salud, no habiendo generado ninguna situación que afecte a los recurrentes, que pueda interpretarse, por otra parte, como una discriminación arbitraria entre determinados grupos de trabajadores;

- Alega la falta de legitimación activa respecto de los trabajadores que individualiza el recurrente y que pertenecen a la oficina regional de Integra que indica, pues no se aclaran los actos u omisiones concretos por los que se recurre, ni se señala el modo preciso en que estos afectan los derechos invocados de cada una de las personas en cuyo favor se comparece, con especificación de sus situaciones particulares. Lo anterior queda de manifiesto en el correo electrónico remitido con fecha 28 de abril del presente por el recurrente a las directoras regionales de Integra contra las que interpuso acción de protección, en el que se informa que: “la acción fue interpuesta en todas las regiones y no a título personal por parte de un trabajador en particular, o en contra de una Dirección Regional en especial, se basó principalmente, en asegurar a todos, l@s trabajador@s no sean expuestos al trabajo presencial en oficinas, sin que estas cuenten, con las condiciones que resguarden suficientemente la salud y seguridad de todos”;

- No es suficiente esgrimir que existe una acción u omisión ilegal o arbitraria para poder interponer la acción de protección, en tanto es obligatorio y esencial que exista una afectación en el legítimo ejercicio de un derecho o garantía. Sin embargo, en autos no se verifica tal afectación, más aún si la pretensión final es que autorice a los recurrentes a hacer uso de la facultad legal del artículo 184 bis citado.

- Sobre la protección del derecho a la vida y a la integridad física y síquica de la persona, es menester que existan actos positivos que amenacen, amaguen o ataquen directamente esos derechos; por ello la amenaza debe ser cierta, actual, precisa y concreta en sus efectos y resultados, características que no se cumplen en este caso, puesto que de los hechos relatados no aparece la certeza y concreción necesaria para determinar que, como consecuencia directa de ella, los trabajadores están amenazados en su vida o integridad física y síquica;

- En cuanto a la vulneración al derecho a la no discriminación, advierte que no existe conculcación de tal garantía, considerando que las medidas adoptadas son aquellas que ha orientado la autoridad administrativa competente; las que se han aplicado atendiendo a la naturaleza de las funciones que desempeña la institución, lo que ha implicado que en algunos casos se ha dispuesto el teletrabajo, en otros y esporádicamente, la asistencia a la oficina regional o nacional para labores precisas y en los restantes, derechamente la liberación de asistencia, pero en todos ellos se ha mantenido el pago de las remuneraciones;

- La falta de titularidad de las garantías resulta evidente al revisar las peticiones que someten a la decisión de esta Corte, pues se requieren en términos genéricos y ambiguos, lo que da cuenta que se interpuso una acción popular, atribuyéndose la representación de todos los trabajadores de Integra, sin que sea posible distinguir si está solicitando el cese de la vulneración de las garantías que se acusan infringidas respecto a las afiliados a la organización sindical que el recurrente preside, o si en cambio, lo efectúa en representación de todo el personal que desarrolla labores en la oficina regional;

- No existe actuación u omisión de la Fundación que haya amenazado o vulnerado las garantías constitucionales que menciona el recurrente, conforme lo expuesto y a la totalidad de las medidas adoptadas y que pormenoriza, apuntando a las diversas determinaciones de la autoridad de Gobierno y los respectivos Ministerios, la adecuación de las directrices del empleador a las mismas a partir del 16 de marzo pasado, que consideró: población de alto riesgo -mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas debidamente respaldadas, embarazadas y trabajadoras con hijos menores de 2 años- quienes no deberán asistir a su lugar de trabajo a contar de esta fecha, de manera que las jefaturas podrán acordar con el trabajador prestación de sus servicios en la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia desde sus casas; teletrabajo con la finalidad de privilegiar el autocuidado y cuidado de sus familias; suspensión de reuniones de trabajo, realizando sólo aquellas estrictamente necesarias y con un número acotado de integrantes, que encontrándose disponible en su lugar de trabajo también se hallen en condiciones de salud, descartando sospechas de posible contagio, priorizando la videoconferencia; medidas de higiene, mediante la entrega de insumos desinfectantes para que el personal de aseo realice una higienización exhaustiva de todas las dependencias de oficinas regionales; vacunación temprana contra la Influenza; en caso de contagio de Covid-19 se deberá seguir el protocolo dispuesto por la autoridad sanitaria; cada Dirección Regional deberá generar sistemas de turnos de no más de 50 personas a la vez para los efectos del funcionamiento del casino; horarios de ingreso y salida diferidos para evitar un posible contagio en las horas de mayor afluencia de personas.

Además de estas instrucciones generales, la Dirección Regional Metropolitana Sur Oriente dispuso de forma paulatina lo siguiente: instalación de un dispensador con alcohol gel para manos y un pulverizador con alcohol desinfectante en la entrada de la oficina regional, además de una caja de guantes y mascarillas desechables para todos los trabajadores y del público general; entrega de mascarillas desechables certificadas a cada funcionario que ha ingresado a la oficina regional y para las visitas; desinfección de superficies de uso frecuente (escritorios, teclados y teléfonos) cada vez que se requiere la presencia de personal en la oficina regional para la realización de gestiones puntuales, como la emisión y firmas de cheques, pago proveedores, recepción de productos e insumos de seguridad. Este servicio de aseo posee implementos de seguridad e higiene y se trasladan en taxi desde y hacia sus domicilios en las oportunidades en que se ha requerido su asistencia; distanciamiento social entre trabajadores y entre éstos y el público; instalación de carteles que recomiendan medidas de lavado de manos frecuente; envío de correos electrónicos con boletines informativos de prevención y recomendaciones para labores de teletrabajo; se han impartido instrucciones a nivel regional desde antes del decreto de estado de catástrofe, referentes al trabajo de los equipos de oficina tanto en forma presencial como por teletrabajo; dos de las recurrentes han concurrido de forma voluntaria a fin de dar continuidad con los procesos de pago a proveedores, contratistas y otros pagos, quienes desde el decreto del estado de catástrofe asistieron dos veces a la semana en horario de 09:00 horas a 13:00 horas. Luego, a contar de la imposición de cuarentena en la comuna de Santiago Centro, han asistido solo en oportunidades específicas a la ejecución de tareas indispensables para el cumplimiento de las obligaciones financieras de la Fundación; de los 146 trabajadores de esta regional, solo han asistido 10 por circunstancias muy calificadas y de los recurrentes (20 en total) solo 2 han debido hacerlo de manera excepcional;

- Sobre el beneficio de alimentación de los trabajadores que no hayan podido prestar sus servicios mediante teletrabajo, explica que tal estipendio se pagó en los meses de marzo y abril del año 2020, sin distinción respecto a la modalidad en que se encuentran laborando y sin atender entre aquellos que efectivamente han prestado servicios y los que no, ni tampoco se consideró la extensión de la jornada laboral. Sin perjuicio de ello, es importante señalar que el beneficio de alimentación se pagó en el mes de mayo del presente año a todos los trabajadores que efectivamente cumplieron sus funciones en jornada laboral completa, sin importar si se prestaron en forma presencial o remota;

Por todo lo reseñado, requiere se rechace el recurso de protección, con costas.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional la adopción de inmediato de las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir.

2°.- Que el arbitrio en cuestión fue deducido por el presidente de un sindicato respecto de 20 trabajadores -que ha de suponerse se encuentran afiliados a esa organización- para que, en atención a la situación personal que los aqueja -sin indicar cual- se dispongan una serie de medidas materiales -que existen, según se reconoció en los alegatos, faltando únicamente un “protocolo” sobre la materia- así como también se decrete la “facultad” de los trabajadores para recurrir a la aplicación del artículo 184 bis del Código del Trabajo y por último, sin hacer petición alguna, se hace ver que en el “futuro” -porque de los alegatos quedó claro que ello no ha ocurrido- habrá una disminución de las remuneraciones de los trabajadores -sin individualizar- por la supresión de la asignación de colación.

3°.- Que en este contexto, lleva la razón el recurrido, pues son variadas las razones que permiten desestimar la acción impetrada, tal como por lo demás lo han sostenido invariablemente las diversas Cortes de Apelaciones del país. Luego, el arbitrio en cuestión resulta inviable por lo siguiente:

a) Como reiteradamente y desde antiguo lo ha sostenido la Corte Suprema, “a través del recurso de protección no se ha establecido una acción de las llamadas "populares" (Corte Suprema, sentencia de 2 noviembre 1998, R.G.J., T. 221, pág. 38) agregando que en materia de protección “el derecho de recurrir a quien es directamente perjudicado con el acto que atenta a una garantía constitucional; un tercero puede también plantearlo, pero ello no lo lleva más allá de ser un ejecutor de la voluntad de la persona a quien represente; debe excluirse la posibilidad de que el derecho a recurrir de protección pudiere entenderse como una acción "general" o "popular" (Corte Suprema, sentencia de 9 agosto 1984, R.F.M., N° 309, pág. 393) por lo que “quien deduce la acción de protección deber ser efectivamente titular del derecho cuya tutela se reclama, con tal grado de certeza que descarte al Tribunal toda duda en torno a su legitimidad del ejercicio”.(Corte Suprema, sentencia de 18 diciembre 2000, R.G.J., N° 246, pág. 29).

Lo anterior no solo deriva del texto constitucional, sino esencialmente de las exigencias mismas de la acción en análisis, toda vez que, entre sus requisitos se encuentra la existencia de una relación causal entre la acción u omisión ilegal o arbitraria y la lesión o amenaza al legítimo ejercicio del derecho fundamental que se sostiene amagado. Tal relación causal importa la existencia de un hecho concreto y determinado, ejecutado o realizado en forma ilegal o arbitraria y del cual se desprenden efectos que lesionan, impiden, limitan, restringen o amenazan el libre y legítimo ejercicio por parte de una persona determinada de un derecho fundamental específicamente protegido por la acción de protección.

Luego, se ha visto que se recurre a favor de veinte personas determinadas, empero nada se dice respecto de la afectación concreta de cada uno de los trabajadores mencionados; imprecisión que impide afincar la presencia de situaciones amenazantes o vulneradoras de derechos en los términos expuestos, teniendo especialmente presente que en estrados se reconoció por el recurrente que todas las medidas de seguridad que se han decretado por la autoridad política han sido adoptadas también por la entidad empleadora -demostradas por lo demás con la documental que esta última incorporó- sin que se haya aportado ningún antecedente que permita sostener que los actores se encuentran en el grupo considerado de riesgo para estos efectos, (asunto que por lo demás fue abordado por la Fundación Integra a través de sus directrices), a ello se suma que no se controvirtió que de aquéllos, solo dos asistieron a dependencias de la recurrida y en escasas oportunidades, manteniéndose los restantes en funciones mediante trabajo a distancia. En este entendido, deben recordarse las peticiones que se someten a conocimiento de esta Corte, lo que se vincula con la improcedencia de atribuir un carácter popular a esta acción, en tanto no puede interponerse por cualquier persona que no tenga interés inmediato y directo comprometido, pues el constituyente personalizó su ejercicio, según se adelantó. Sin embargo aquí se ha obrado sin siquiera individualizar el detrimento o amenaza que se persigue reparar o evitar, lo que pone de manifiesto la ausencia de causalidad que permite atribuir la titularidad de la acción a un sujeto determinado;

b) Por otro lado, no puede desatenderse el carácter cautelar y excepcional de la acción de protección, que opera siempre y en todo caso cuando un derecho indubitado, contenido en el catálogo del artículo 20 de la Carta Fundamental, ha sufrido privación, perturbación o amenaza en su legítimo ejercicio, pues la finalidad del mismo es obtener una pronta solución a situaciones de hecho. Por ello, no resulta procedente recurrir a esta vía cuando existe controversia respecto del o los derechos que se dicen amagados por el acto que se califica de arbitrio o ilegal. De este modo, si como sucede en la especie, existe controversia sobre la “suficiencia” de las medidas adoptadas por el empleador para proteger de manera efectiva y eficaz la vida y salud de sus trabajadores, resulta evidente que tal discusión debe trasladarse a otra sede o autoridad, pues no se desconoce la dictación de medidas y mecanismos de prevención que la recurrida ha empleado para evitar el contagio y propagación de la pandemia que afecta al país, sino exclusivamente -según puede desprenderse el arbitrio- que estas sean efectivas y eficaces; materia respecto de la que esta Corte carece de competencia para emitir pronunciamiento y que evidencian que los derechos que se reclaman conculcados no ostentan el carácter de indubitados, lo que debe vincularse además con la generalidad con que se dedujo en recurso en estudio, que se construye sobre alegaciones apartadas de un hecho, acción u omisión concreta;

c) Lo dicho hasta aquí, y en particular la naturaleza de la acción que se dedujo, colisiona con la pretensión del recurrente que en último término busca que se ordene al empleador la forma en que debe organizar su empresa durante la contingencia sanitaria, lo que excede el ámbito y alcance de aquélla;

d) La improcedencia también se impone respecto a la declaración de la facultad que les asiste a los trabajadores conforme al artículo 184 bis del Código del Trabajo. Resulta extraña la pretensión en esta arista, pues al parecer se busca vía acción de protección un pronunciamiento previo que respalde el ejercicio futuro de una facultad que el propio legislador reconoce a los trabajadores, quienes pueden ejercerla en las condiciones que la misma norma prevé. En consecuencia, se solicita la calificación de una situación de hecho ante un eventual despido -si es que a eso apunta el recurso-, que esta Corte se encuentra impedida de abordar, pues nuevamente la sede de discusión es una administrativa o bien el tribunal del trabajo pertinente a través de una acción de tutela, despido indirecto o injustificado e incluso una reclamación respecto de la resolución administrativa emanada del ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la legislación laboral, de acuerdo a las reglas de competencia del artículo 420 del Código del Trabajo.

e) Igual suerte corre la alegación de no pago del bono de colación, en tanto se trata de un asunto de interpretación del contrato de trabajo y de las obligaciones y derechos que les asisten a los trabajadores y empleadores en la aplicación del mismo, propio de un juicio declarativo mediante la interposición de las acciones jurisdiccionales que son de competencia de los juzgados del trabajo, más cuando en este acápite no se denuncia una vulneración flagrante y patente de derechos laborales que pueda ser abordados a través de una solución propia de este tipo de acción que se sustenta en un procedimiento cautelar, urgente, breve y sumario.

4°.- Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que se puedan hacer valer a través de los procedimientos que la normativa reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza con costas, el deducido por nombre reservado, en su calidad de presidente del Sindicato Nacional de Oficinas de Empresa Fundación Integra (SINOF) en la representación que señala, en contra de Fundación Educacional para el nombre reservado Región Metropolitana Suroriente.

Regístrese y comuníquese.

Redacción de la Ministra Lilian Leyton Varela.

No firma la Fiscal Judicial señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol N° 36.636-2020