nombre reservado con CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

Santiago, a doce de diciembre de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que el abogado don René Cifuentes Zúñiga, actuando en representación de doña nombre reservado, deduce recurso de protección en contra de la Corporación Administrativa del Poder Judicial -CAPJ-, representada por su Director, don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal cometido al desconocer la cuantía del bono que le corresponde en su calidad de funcionaria, por el ejercicio de un cargo para el que se exige título profesional, de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley N° 21.061, de 13 de febrero de 2018, que otorga un incentivo por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial, y al Acta N° 33 de la Excma. Corte Suprema, toda vez que se le han exigido requisitos que no están en las normas señaladas, con lo cual se han vulnerado las garantía de la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

Según expresa, a la fecha de presentación del recurso servía el cargo de nombre reservado 11, en la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, institución en la que había trabajado por más de 20 años. Por cumplir los requisitos señalados en la normativa indicada precedentemente, el 2 de marzo de este año recibió un correo suscrito por el Director de la CAPJ, que indicaba cuáles serían los bonos en caso de que efectivamente optara por el retiro. Sin embargo, en el acápite Bono Adicional, se le asignó una suma equivalente en pesos a 650 Unidades de Fomento, en lugar de 900, habida consideración, según se consignó que el cargo que ejercía no exigiría título profesional al 28 de febrero de 2018.

Argumenta que la Secretaría donde se desempeñaba forma parte de un tribunal que fue reformado administrativamente, por lo que su cargo exige un título profesional, razón por la cual a la fecha antes indicada, como a la de la presentación del recurso, sí cumplía con el requisito para que su Bono Adicional fuera de 900 UF, como indica el artículo 6 de la Ley N° 21.061.

Estas aprehensiones se le hicieron presente a la recurrida por carta de 9 de abril de 2018, pero sin explicación ni asidero legal alguno, se desconoció su derecho, mediante Oficio 6RH N° 2084, de 9 de abril de 2018, recibido el 24 de abril de 2018, en el que se le comunica que no existiría error, lo dispuesto en los artículos 12 del Acta N° 33 y 6 de la Ley N° 21.061.

A juicio del recurrente, se ha limitado el acceso a beneficios mediante la imposición de requisitos que no están en la ley, haciendo distinciones entre personas que están en una misma situación, que ejercen el mismo cargo y son remunerados de la misma manera, pero al contar con título profesional, reciben el Bono Adicional por 900 UF.

En consecuencia, señala, para obtener el Bono Adicional por la suma de 900 UF, se debe contar con 20 o más años de servicios y desempeñar un cargo para el cual se exija título profesional, pero no se requiere estar en posesión de un título profesional ni es correcto aseverar que sea la ley la que debe señalar que el cargo exija título profesional. Por último, plantea la recurrida hace una errónea y oportunista interpretación de la parte final del inciso tercero del artículo 12 del Acta N° 33, donde se presume que quienes ejerzan “cargos asimilados a la Escala de Sueldos de Persona Superior” o sean “Miembros de los Consejos Técnicos”, cumplen con los requisitos.

En cuanto a la exigencia de título profesional, la normativa distingue según se trate de un tribunal reformado o no, reformado. Para los primeros, rige la Circular N° 6RH 115, de 26 de junio de 2009, mientras que para los segundos, la Circular N° 6RH 3, de 5 de enero de 2011, siendo la última de ellas la citada en el Oficio 6RH 2084, en respuesta al presente caso, para efectos de indicar que el cargo no sería de aquellos que exigirían título profesional. Sin embargo, el cargo de nombre reservado 11 no figura en ninguna de las clasificaciones que realizan las señaladas Circulares, por lo que para entender cuáles son sus exigencias, debe atenderse al grado que se asigna al cargo.

En la especie, se entendió que el cargo se asimilaba al de Oficial 2°, en relación a su grado y remuneración, pero debieron aplicarse las exigencias de la Circular 6RH 115, por desempeñarse en un tribunal reformado. Ello es así pues la reforma del Poder Judicial viene determinada por el préstamo N° 2497/OC-CH, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la República de Chile, acordado el 28 de enero de 2011 y autorizado mediante Decreto N° 112, de 13 de mayo de 2011, del Ministerio de Hacienda, cuya ejecución se entrega a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, dependiente de la Excma. Corte Suprema. Dentro del capítulo denominado “El Programa”, del mencionado Decreto 112, se indica que este tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional del Poder Judicial y favorecer su desarrollo, lo que permita enfrentar adecuadamente la implementación de las reformas que se vienen introduciendo en el sector justicia del país. En tal virtud, la Corte de Apelaciones de Santiago cuenta con funcionarios administradores y con cargos que corresponden precisamente a los que se indican en la Circular N° 115, lo que corrobora el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema contenido en el Acta N° 44, de 31 de marzo de 2015, que impuso la reforma administrativa de todos los tribunales de alzada que cuenten con sistema informático “SITCORTE”, como ocurre en la Corte de Apelaciones de Santiago.

Consecuencialmente, señala, dentro de los cargos que figuran en la Circular 115, el único asimilable al grado y sueldo de la recurrente es el de Encargado de Sala, que exige título profesional. Entonces, si bien ella no ostenta título universitario, ejerce un cargo que lo requiere, lo que se condice con la naturaleza de sus funciones, de carácter profesional, no técnicas ni administrativas, por lo que se le ha privado ilegal y arbitrariamente del Bono Adicional al que tenía derecho.

Termina por solicitar que, a fin de restablecer el imperio del derecho, se ordene a la recurrida la inclusión de las 900 UF en su Bono Adicional, todo ello, con costas.

Segundo: Que, informando la recurrida, solicita el rechazo del recurso, pues no es efectiva la ilegalidad y arbitrariedad que se le atribuye.

Según sostiene, para la recurrente, el cargo que sirve, de nombre reservado, “exige título profesional”, dado que la secretaría en lo criminal de la Corte de Apelaciones “fue reformada administrativamente y, en consecuencia, el bono adicional que le correspondería percibir es de 900 Unidades de Fomento y no solamente de 650 Unidades de Fomento, como le ha informado la Corporación Administrativa recurrida mediante Oficio 6RH N° 2084, de 20 de abril de 2018, por lo que solicita se reevalúe el Bono Adicional que se le estimó en $ 17.500.405, ya que según el Acta N° 33-2018 de la Corte Suprema, el cargo que desempeña “exige título profesional, toda vez que la Corte de Apelaciones corresponde a un tribunal reformado, por lo menos en cuanto a administración y debieran aplicarse las exigencias de título de dichos tribunales, publicada en la página web del Poder Judicial.

Refiere la informante que el Auto Acordado de 23 de febrero de 2018, que consta en el Acta N° 33-2018, para la aplicación de la bonificación por retiro que establece la Ley N° 21.061, regula en sus artículo 11 y 12 lo relativo a la Bonificación Adicional, donde se indica que tendrán derecho al monto de Bonificación Adicional de 900 UF los funcionarios y funcionarias titulares o contratados que desempeñen al momento de la postulación a la Bonificación, un cargo que exija título profesional. En el caso de cargos de planta, como acontece con la recurrente, la exigencia de título profesional puede surgir de la ley, como por ejemplo en el caso del artículo 389 C del Código Orgánico de Tribunales, o bien de la definición del cargo que haya efectuado la Corporación Administrativa del Poder Judicial en cumplimiento del artículo 498 inciso segundo del mismo código, el que dispone que “Para los efectos de lo establecido en el párrafo final del inciso primero del artículo 294, la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a lo menos cada cinco años, deberá establecer las funciones que correspondan a cada uno de los cargos que componen el Escalafón del Personal de Empleados, debiendo señalar con claridad y precisión los títulos profesionales o técnicos o los conocimientos que se requieran para su debido desempeño. Al determinar las funciones y requisitos habilitantes de cada cargo, la Corporación establecerá aquellas diferencias y excepciones que sean necesarias conforme a las categorías y características de los distintos tribunales en que vayan a desempeñarse.”

El cargo que sirvió la Sra. nombre reservado, de nombre reservado en la Secretaría en lo Criminal de la lltma. Corte, Grado XI de la Escala de Sueldos del Personal de Empleados del Poder Judicial, se entiende equivalente al empleo de nombre reservado de Corte de Apelaciones, que tiene asignado el mismo grado de sueldo según el D.L. 3058, de 1979.

El Consejo Superior de la Corporación, en uso de las facultades previstas en el inciso segundo del artículo 498 del Código Orgánico de Tribunales, acordó establecer los requisitos de título para ser nombrado en cargos del Escalafón de Empleados pertenecientes a tribunales no reformados, lo que se informó mediante oficio circular 6RH N° 3, de 5 de enero de 2011 a los Presidentes de las Cortes de Apelaciones del país, indicándose en relación a los cargos de empleados de las Cortes, que para ser nombrado Oficial 2º u Oficial 3º, es requisito poseer “Título técnico de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 semestres de duración, en el área de la administración, contabilidad, informática, ciencias sociales y/o ciencias jurídicas. Egresado de Derecho. Lo anterior sin perjuicio de las normas especiales establecidas en el inciso sexto del artículo 294 del Código Orgánico de Tribunales.” En todo caso, se agregó que “No resultan aplicables las exigencias de título a los funcionarios que a la fecha del presente oficio se desempeñen en calidad de titular en cargos del Escalafón de Empleados del Poder Judicial”. Con anterioridad, mediante oficio circular 6RH N° 115, de 26 de junio de 2009, se había instruido a los Administradores Zonales de la Corporación Administrativa respecto de los “requisitos de título para ser nombrado en tribunales reformados”, especificándose qué títulos eran exigibles para ser nombrado “administrador de tribunal o jefe de unidad”, requiriéndose para este último título profesional otorgado por una Universidad o por un Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 8 semestres de duración en el área de administración, contabilidad o ciencias jurídicas, o también en el área de psicología o asistente social para jefe de unidad de atención de público o de mediación en juzgados de familia.

En cambio, para los cargos de empleados de tribunales reformados, en el citado oficio circular 6RH N° 115, para los empleos de “Encargado de Sala, Administrativo Jefe, Administrativo 1º y Administrativo 2º” de tribunales en lo penal, de familia y de letras de dos jueces, solamente se exigía Título de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 semestres de duración, en el área de la administración, contabilidad, informática, ciencias jurídicas y/o ciencias sociales.”

Del tenor de los oficios, señala el informe, aparece que el concepto de tribunal reformado corresponde a los juzgados de garantía, tribunales de juicio oral en lo penal, juzgados de familia, juzgados de letras del trabajo, juzgados de cobranza laboral y previsional y juzgados de letras bicéfalos, que son los únicos tribunales a que se refiere el oficio circular 6RH N° 115 del año 2009.

En consecuencia, para el empleo de la recurrente, incluso en tribunales reformados, solo se requiere un título técnico de nivel superior, no un título profesional, condiciones en las que el derecho a Bonificación Adicional asciende solo a 650 UF, de manera que al decidirse así, la Corporación recurrida ha dado estricto cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5° y 6° de la Ley N° 21.061.

Tercero: Que, la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido. Si bien el recurso de protección es procedente sin perjuicio de otras vías jurisdiccionales, en este caso se reclama la existencia de mecanismos al margen de la ley, que han privado a la recurrente del derecho a una Bonificación por incentivo al retiro que otros funcionarios en igual situación, sí han tenido derecho a percibir.

Cuarto: Que según consta de estos antecedentes, doña nombre reservado, desde el 25 de septiembre de 2009 se desempeña como nombre reservado de la Secretaría en lo Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago, grado XI de la Escala de Sueldos de Empleados del Poder Judicial, y cuenta con más de 20 años de servicios.

Quinto: Que la Ley N° 21.061, de 13 de febrero de 2018, otorga una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios del Poder Judicial que cumplan las condiciones que especifica. En su artículo 5° establece una Bonificación Adicional para esos mismos funcionarios, determinando el artículo 6° el monto de ella, en los siguientes términos:

a.-Miembros del escalafón primario y funcionarios y funcionarias cuyos cargos exigen título profesional y cuentan con 20 o más años de servicios: 900 UF;

b.-Miembros del escalafón primario y funcionarios y funcionarias cuyos cargos exigen título profesional y con servicios entre 18 y menos de 20 años: 675 UF;

c.-Funcionarios y funcionarias no comprendidos en los dos casos precedentes con 20 años o más de servicios, 650 UF. Entre 18 y menos de 20 años, 490 UF.

Sexto: Que el artículo 15° de la indicada normativa dispone que será un Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema la que fijará los períodos de postulación, normativa que consta en Acta N° 33 de 23 de febrero de 2018. En los artículos 11 y 12 del Auto Acordado se señala que tendrán derecho al monto de 900 UF de Bonificación Adicional, los funcionarios y funcionarias titulares o contratados que desempeñen, al momento de la postulación a la Bonificación, un cargo que exija título profesional. Se entenderá que cumplen este requisito los cargos asimilados a la Escala de Sueldos del Personal Superior o Miembros de los Consejos Técnicos.

Séptimo: Que como informa la recurrida, la condición de servir un cargo que exija título profesional puede surgir de la ley o de la definición que haya efectuado la Corporación Administrativa del Poder Judicial, distinguiéndose, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley General de Educación, según el establecimiento que otorga el título, los títulos técnicos de nivel superior, títulos profesionales y grados académicos.

Los centros de formación técnica sólo podrán otorgar el título de técnico de nivel superior. Los institutos profesionales sólo podrán otorgar títulos profesionales de aquellos que no requieran licenciatura, y títulos técnicos de nivel superior en las áreas en que otorgan los anteriores. Las universidades podrán otorgar títulos profesionales y toda clase de grados académicos en especial, de licenciado, magíster y doctor. Corresponderá exclusivamente a las universidades otorgar títulos profesionales respecto de los cuales la ley requiere haber obtenido previamente el grado de licenciado en las carreras que imparta.

Añade la norma que el título de técnico de nivel superior es el que se otorga a un egresado de un centro de formación técnica o de un instituto profesional que ha aprobado un programa de estudios de una duración mínima de mil seiscientas clases o cuatro semestres, que le confiere la capacidad y conocimientos necesarios para desempeñarse en una especialidad de apoyo al nivel profesional.

El título profesional es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional.

Octavo: Que para el caso que se revisa, la exigencia de título es diversa según se trate de tribunales reformados y no reformados.

En los tribunales no reformados, cuyo es el caso de la recurrente pues las Cortes de Apelaciones se hayan especialmente consideradas en la Circular 6RH N° 3 de 2011, se acordó establecer requisitos de título para determinados cargos del Escalafón de Empleados. El cargo de doña nombre reservado es equivalente al empleo de Oficial 2° de Corte de Apelaciones. Conforme a la normativa de la Circular señalada, tratándose de Oficial 2° y 3°, es requisito poseer “Título técnico de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 semestres de duración”. Sin embargo, con anterioridad, la Circular 6RH N° 115, de 2009, instruyó los requisitos de título para ser nombrado en tribunales reformados, en particular para los cargos de Administrador de Tribunal o Jefe de Unidad. Pero los restantes empleos, de Encargado de Sala, Administrativo Jefe, Administrativo 1° y Administrativo 2°, solamente se exigía título de una Universidad, Instituto Profesional o Centro de Formación Técnica del Estado o reconocido por éste, de a lo menos 4 semestres de duración, en el área de la administración, contabilidad, informática, ciencias jurídicas y/o ciencias sociales.

Noveno: Que, en consecuencia, solamente para los cargos de Administrador y Jefe de Unidad en tribunal reformado se requiere título profesional y de carrera de a lo menos 8 semestres en áreas previamente especificadas, pero no se exige título profesional para los demás cargos.

Décimo: Que de lo dicho se sigue que la recurrente carece del beneficio que pretende, no solo porque carece de título profesional o técnico de nivel superior, sino porque el cargo que ella desempeña no requiere de título profesional, en ambas variantes, en tribunal no reformado, como de Oficial 2° de Corte de Apelaciones o en tribunal reformado como Encargado de Sala, que es la tesis del recurso.

Undécimo: Que, finalmente, los cuestionamientos que pudieren plantearse a propósito de la homologación de cargos, dadas las especiales funciones asignadas al empleo que sirvió la recurrente, deben dirimirse en una instancia en que las partes pueden exponer y debatir sus argumentos sobre esa situación específica, pero lo cierto es que la vulneración que por esta acción se reclama, no se puede establecer, de manera que no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección deducido en representación de doña nombre reservado, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactó la Ministro Sra. Plaza, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo por encontrarse con feriado legal.

N° 36.514-2018.- Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, Presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por la Ministra señora Paola Plaza González y por la Ministro señora Gloria Solis.