UNIVERSIDAD DE LOS ANDES con DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO METROPOLITANA ORIENTE

Santiago, treinta de diciembre de dos mil veintiuno.

Visto y considerando.

Primero: Que, comparece Luis Silva Ibáñez, abogado, en representación de la Universidad de Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, rector de la misma, y deduce acción constitucional de protección en contra del Acto Administrativo emanado de nombre reservado, en su calidad de Directora Regional del Trabajo (S) de la Región Metropolitana Oriente, manifestado a través de la Resolución N°120, ilegal y arbitrario que ha privado, perturbado y amenazado a la recurrente en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en los numerales 3 inciso 5°, inciso 6° y numeral 24 todos del artículo 19 de la Carta Fundamental y, además los artículo 6° y 7° de la misma, los artículos 1, 2 y 23 del DFL N°2 de 1967 del Ministerio del Trabajo y el artículo 60 de la Ley N° 19.880.

Refiere que el 5 de junio de 2018 se llevó a efecto fiscalización en las dependencias de la recurrente motivada por reclamo interpuesto en el mes de marzo de 2018 por un ex trabajador de la Universidad, en la cual la fiscalizadora Alejandra Godoy Romero estableció que durante los meses de abril y mayo de 2018, la relación laboral estaba vigente y, consecuentemente, por Resolución de Multa N°354182018/53-1-2-3-4-5y6 se le impuso un total de 6 multas entre 1 a 60 UF, fundada en un hecho inexistente, toda vez que la relación laboral había concluido el 10 de mayo de 2016, faltando la firma del finiquito por el trabajador.

Agrega que en contra de la referida resolución dedujo Reconsideración Administrativa y luego, Reclamo Judicial conforme al artículo 512 del Código del Trabajo, seguida ante el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago, causa RIT O-1534-2019, en la que se rechazó la demanda, acogiendo la excepción de caducidad opuesta, reconociendo y declarando que la relación laboral había terminado el 10 de mayo de 2016; en contra de dicho fallo se dedujo recurso de nulidad el que fue rechazado por esta Corte en causa Rol N°79-2020, interponiéndose recurso de unificación de jurisprudencia el cual fue declarado inadmisible el 9 de diciembre de 2020 por la Excma. Corte Suprema.

Indica que el 17 de diciembre de 2020, se presentó nombre reservado al amparo de lo establecido en el artículo 60 letra b) de la Ley N°19.880, conforme a los nuevos antecedentes que configuraban los supuestos de la norma citada y con lo cual se daba cuenta que nunca se configuró el hecho base que motivaron las multas.

Asevera que mediante la resolución impugnada por la presente vía se rechazó el nombre reservado, fundándose en el dato recabado el 5 de junio de 2018, consistente en el acta levantada por la fiscalizadora, negándole con ello mérito a las sentencias dictadas tanto por el Segundo Juzgado del Trabajo de Santiago como por los tribunales superiores de justicia, dándole un alcance más extenso que el conferido por el ordenamiento jurídico a la presunción de veracidad del artículo 23 del DFL N°2 de 1967.

Dice que de lo expuesto, consta la arbitrariedad en que incurrió la recurrida, pues omitió valorar todas las circunstancias señaladas y que se acreditaron en sede administrativa como, asimismo, ilegal al dejar de aplicar lo dispuesto en el artículo 60 letra b) de la Ley N°19.880.- Destaca que el recurso de protección resulta procedente en este caso por cuanto la recurrida actuó fuera del ámbito de su competencia importando una desviación de poder y transforma a dicha autoridad en una comisión especial, siendo la actuación nula por vulnerar las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N°3 inciso 5° y 6° de la Carta Fundamental.

En cuanto a la infracción del artículo 19 N°3 inciso 5, la vulneración se ha producido porque nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, lo que ha sido en este caso, ya que la Inspección del Trabajo y después la Dirección Regional Metropolitana Oriente, en la práctica, detentaron tal función al estimar que al mes de abril y mayo de 2018 la relación laboral existía no obstante haberse acreditado que, mediante fallo firme posterior, esta terminó el 10 de mayo de 2016.

Respecto del artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Carta Política, la vulneración se ha provocado al establecer la recurrida la existencia de una relación laboral, terminada 2 años antes, que requirió de un juicio laboral, y que la declaró terminada en la fecha señalada por la actora.

La vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República acontece al imponerse una multa que compromete el patrimonio de la actora, al verse obligada a reconocer la existencia de un vínculo laboral terminado.

Previas citas legales, solicita dejar sin efecto la resolución administrativa impugnada Nº 120 de 11 de febrero de 2021, conocida por la recurrente el 26 del mismo mes, y con ello, dejar sin efecto, dentro de tercero día desde que quede firme o ejecutoriada la sentencia, las multas 3541/2018/53-1-2-3-4-5 y 6 por las cantidades UTM 60, UTM 60, UF 1,5, UF 2, UF 1 y UTM 60, respectivamente, con costas.

Segundo: Que, informando el recurso, comparece María José Chible Villadangos, abogada, en representación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, solicitando su íntegro rechazo, con costas.

Explica que en razón de la segunda sentencia dictada en procedimiento judicial llevado adelante por el ex trabajador en contra de la Universidad, la recurrente presentó recurso extraordinario de revisión ante la Dirección del Trabajo el 17 de diciembre de 2020, en virtud del artículo 60 de la Ley N°19.880, el que fue rechazado por Resolución N°120 de 11 de febrero del año en curso, por haberse presentado en forma extemporánea, al haber transcurrido el plazo de un año que contiene el artículo citado como, asimismo, al no configurarse los requisitos propios de la misma norma.

Indica que la Resolución N°120, señala que transcurrió con creces el plazo para presentar el recurso extraordinario de revisión, por cuanto habiéndose dictado la Resolución N° 849 el 19 de octubre de 2018 y habiéndose presentado nombre reservado extraordinario el 17 de diciembre de 2020, transcurrieron más de 2 años desde el día siguiente a aquel en que se dictó la resolución.

Asimismo, en la Resolución N°120 se indica que no se configuran los elementos propios del artículo 60 letra b) de la Ley 19.880, puesto que las sentencias judiciales originadas en los procesos judiciales no discuten el fondo de la multa aplicada, y en aquel llevado a cabo entre el ex trabajador y la Universidad, la Dirección del Trabajo no fue parte y se encontraba vigente ante la Excelentísima Corte Suprema a la fecha de interposición del nombre reservado, no pudiendo conocer ni emitir pronunciamiento al respecto el órgano administrativo, sin perjuicio, de que en la misma resolución se indica que las sentencias dictadas por órganos jurisdiccionales establecidos por la ley sólo tienen validez y fuerza obligatoria respecto de situaciones particulares en que han recaído.

Alega que el recurso es improcedente en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición, puesto que el acto administrativo impugnado es totalmente legal y carece de rasgos arbitrarios que indica la recurrente, puesto que no existe un acto reprochable arbitrario o ilegal, no hay privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho protegido constitucionalmente, como tampoco, hay vulneración a las garantías y/o derechos alegados como vulnerados por la actora.

En cuanto a las garantías supuestamente conculcadas, la recurrida no viola de ninguna forma el derecho o garantía establecido en el artículo 19 N° 3 ni N°6 de la Carta Fundamental, puesto que la resolución que se pretende impugnar se dictó por un órgano administrativo dentro de sus atribuciones y competencia y dentro de un procedimiento administrativo expresamente reglado, normas que ha respetado a cabalidad en la dictación de esta, en cuanto a su forma y fondo.

Respecto del numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política, no se afecta de manera alguna, puesto que la resolución recurrida fue dictada al amparo de la normativa legal laboral, lo que hace que las eventuales consecuencias y erogaciones patrimoniales que podrían derivar de tal decisión, la empresa recurrente tenga la obligación de soportarlas, elemento que marca el límite para determinar si se está en presencia de una amenaza o no, ante el derecho de propiedad en referencia a su patrimonio, ello como consecuencia de una resolución que cumple con todos los requisitos y parámetros legales.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Se ha sostenido, a base de una interpretación sistemática relacionando los artículos 20 y 5° inciso 2° de la Carta Fundamental y con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a que se sostenga que “el recurso de protección es también un derecho esencial de la persona humana, el derecho a la acción y a la tutela jurisdiccional efectiva ante actos u omisiones arbitrarios o ilegales a través de los cuales una persona sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental” (En ese sentido: Henríquez, Miriam. Acción de protección. Der Ediciones, Santiago, 2021, p. 4. Citando a su vez a nombre reservado).

Cuarto: Que, además, el Acta 94-2015 de la Excma. Corte Suprema, en su artículo 1°, prescribe que esta acción debe interponerse ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

Quinto: Que, respecto de la primera alegación efectuada por la recurrida, y del tenor de los antecedentes aparejados al proceso, consta que el conocimiento de la Resolución N° 120 dictada con fecha 11 de febrero de 2021, lo fue el 26 de febrero de 2021, por lo que, computando el plazo a la época de interposición del recurso, este lo ha sido dentro de plazo, debiendo descartarse la extemporaneidad del arbitrio constitucional.

Sexto: Que, luego, para entrar al análisis del recurso, resulta importante dejar asentado que conforme al artículo 20 de la Constitución Política de la República, dentro del catálogo de garantías constitucionales protegidas por este mecanismo de protección, se encuentra contemplada la del artículo 19 N° 3 inciso 5°. En consecuencia, para ir despejando alegaciones, la conculcación denunciada al numeral 3° inciso 6° del referido artículo 19, deberá ser rechazada.

Séptimo: Que, yendo al fondo de la controversia, lo que se califica de ilegal y arbitrario, es el no haber ejercido la autoridad administrativa la facultad contenida en el artículo 60 de la Ley N° 19.880, no ponderando los nuevos antecedentes consistente en lo decidido en la causa laboral Rit O-1534-2019 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, en orden a que la relación laboral entre el ex trabajador nombre reservado y la protegida, había concluido el 10 de mayo de 2016, y que a la postre, harían improcedente la aplicación de las multas cursadas en la Resolución de Multa N° 3541/18/53 de 29 de junio de 2018 dictada por la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Oriente.

Octavo: Que, conforme al artículo 60 de la Ley N° 19.880, en contra de los actos administrativos firmes puede plantearse el nombre reservado ante el superior jerárquico, si lo hay o, en su defecto, ante la autoridad que lo hubiere dictado, cuando concurra alguna de las circunstancias enumeradas en el referido precepto. El plazo para deducir este recurso extraordinario, depende de la causal que se invoque en el respectivo recurso. Estableciéndose respecto de las letras a) y b) del referido precepto, el plazo de un año, computado desde el día siguiente a aquel en que se haya dictado la respectiva resolución.

Noveno: Que, en consecuencia, para considerar que un acto administrativo se encuentra firme, ha de entenderse que es aquel respecto del cual no se dedujeron los recursos administrativos o judiciales dentro de plazo, o que habiéndose deducido aquellos, estos fueron resueltos. En la especie, el acto administrativo consistente en la Resolución de Multa N° 3541/18/53 de fecha 29 de junio de 2018, dictada por la ICT Santiago Oriente, fue objeto de recursos administrativos y judiciales, habiéndose resuelto la reclamación judicial con fecha 7 de septiembre de 2020, quedando a firme con esa fecha la aplicación de la multa laboral impuesta a la protegida. Así, entonces, se tiene que el nombre reservado deducido el 17 de diciembre de 2020, lo fue dentro de plazo, y no extemporáneo, como aduce la recurrida.

Décimo: Que, conforme a lo substanciado en la causa Rit O-1534-2019 del Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago; Ingreso Corte N° 79-2020 (Cobranza Laboral) de esta Corte; y el Ingreso N° 132.382-2020 de la Excma. Corte Suprema, ha quedado asentado judicialmente, que la relación laboral entre la protegida y el ex trabajador nombre reservado terminó el 10 de mayo de 2016, conforme se razonó en el acápite 8° de la sentencia dictada el 20 de diciembre de 2019 por el Segundo Juzgado de Letras de esta ciudad.

Así las cosas, al efectuarse la fiscalización laboral, que sirvió de base para la dictación de la Resolución de Multa N° 3541/18/53 de fecha 29 de junio de 2018, era plausible determinar con el simple examen de la decisión judicial, que la Multa cursada a la protegida carecía de sustento fáctico, pues se basaba en una realidad que no era tal, y, por tanto, era procedente haber analizado conforme a dichos datos el nombre reservado impetrado.

Undécimo: Que, además del recurso extraordinario de revisión, ante lo palmario de los antecedentes aportados en sede administrativa, como lo era una decisión jurisdiccional, el ente fiscalizador laboral además podría haber ejercido la potestad invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, toda vez que el ejercicio adecuado de la función pública, en su rol fiscalizador de la legislación laboral, en ningún caso puede dar pie para mantener vigentes decisiones que atenten en contra de los administrados, en especial cuando aparece con claridad un error evidente en la aplicación de la sanción que se cuestiona.

Duodécimo: Que, es dable indicar que la Dirección del Trabajo y sus distintas dependencias tienen las facultades de fiscalización del cumplimiento de las normas laborales, sean estas legales, administrativas o contractuales -pues así se desprende tanto del artículo 505 inciso primero del Código del Trabajo, como del DFL N° 2, de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social- y que en el proceso intelectual que impone dicha labor, tras la constatación de determinadas circunstancias fácticas y de su cotejo con la normativa que resulta aplicable, será siempre necesario efectuar la calificación de hechos, es decir, la conclusión de apego o de incumplimiento de tales conductas a la preceptiva correspondiente. No obstante, la referida entidad no tiene entre sus facultades calificar si existe o no una relación laboral, función que es privativa de los Tribunales de Justicia.

Décimo tercero: Que, de este modo, cabe concluir que el actuar de la recurrida ha sido arbitrario, y ha conculcado la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, al imponer y persistir en mantener la aplicación de sendas multas, cuyos supuestos de hecho han sido derribados mediante una declaración judicial que ha constatado que a la época de la fiscalización laboral no había relación laboral vigente, por lo que el recurso de protección deberá prosperar.

En mérito de lo razonado, disposiciones legales citadas y visto, además, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Luis Silva Ibáñez, abogado, en representación de la Universidad de Los Andes, en contra de nombre reservado, en su calidad de Directora Regional del Trabajo (S), Región Metropolitana Oriente, y se deja sin efecto la Resolución N° 120 dictada con fecha 11 de febrero de 2021 emitida por la recurrida, y consecuencialmente, se dejan sin efecto las multas aplicadas en la Resolución de Multa N° 3541/18/53 de fecha 29 de junio de 2018 dictada por la ICT Santiago Oriente, debiéndose dictar el correspondiente acto administrativo dentro de tercero día que quede firme y ejecutoriada esta sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad Redacción del Ministro Miguel Eduardo Vázquez Plaza.

No firma la Ministra (s) señora Rodríguez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado funciones en esta Corte.

Rol Corte N° 3646-2021 (Protección).