nombre reservado con POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE BRIDEC VALPARAISO

Foja: 84 Ochenta y Cuatro C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de febrero de dos mil dieciséis.

A fojas 78: téngase presente y a sus antecedentes.

A fojas 82 y 83: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, a fojas 8, comparece el abogado Álvaro Herrera General, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en favor de nombre reservado, y sus hijos Jorge, nombre reservado y nombre reservado, todos de apellidos nombre reservado, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, BRIDEC Valparaíso, solicitando se acoja y se declare la vulneración de los derechos constitucionales de los números 3, 4 y 7 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y en particular se adopten todo tipo de medidas para restablecer el imperio del derecho, se ordene a la recurrida informar los antecedentes que motivaron la entrada y registro a su domicilio, y se disponga que no se repitan actos que importen atentados a la libertad personal y seguridad individual. Asimismo, solicita se pida informe al Ministerio Publico. Acompaña certificado de nacimiento de sus hijos, y consta como padre don nombre reservado.

Fundamenta su recurso en el acaecimiento de dos hechos. El primero, ocurrido el 8 de enero del año en curso, en su domicilio domicilio reservado, momento en que se encontraba ella con sus hijos menores de 6 y 4 años y llegaron funcionarios de la recurrida exhibiendo una orden de entrada y registro, a lo cual excedió ya que no tiene nada que ocultar, sin embargo, quedó acongojada por la situación ya que registraron todo el domicilio y los niños quedaron bastante afectados porque no entendían lo que estaba sucediendo. Agrega que los funcionarios solo mencionaron que estaban en una investigación relacionada con unos tambores de aceite.

Refiere que los niños temieron que en algún momento los funcionarios les hicieran daño y que también pensaron que eran ladrones que se llevarían sus cosas.

Señala que la investigación es irregular ya que en su domicilio no reside ninguna persona que esté relacionada o esté siendo investigada por algún delito relacionado a unos tambores de aceite, por lo que cuestiona el fundamento legal para que se haya otorgado la autorización de entrada y registro a su domicilio.

Estima vulnerada la garantía de un proceso racional y justo, el derecho a la intimidad, la libertad personal y seguridad individual tanto de ella como de sus hijos menores.

En cuanto al segundo hecho, señala que el día 12 de enero en curso cerca de las 14.00 horas, en circunstancias que sus hijos mayores Nicolay nombre reservado, de 25 años, y nombre reservado, de 19 años, y la pareja de éste último, se encontraban en el domicilio de domicilio reservado, se percatan que en las inmediaciones del lugar se mantiene una pareja de funcionarios civiles de la recurrida, frente al departamento, por horas y luego proceden a sacar fotografías al lugar.

Refiere que esta situación anormal ha causado inseguridad y temor a sus hijos, quienes son estudiantes universitarios y se sienten amenazados, vulnerados en su libertad personal y seguridad individual al ser objetos de una vigilancia permanente en su domicilio y desplazamientos hacia sus lugares de estudio.

Segundo: Que, a fojas 41, informa la Policía de Investigaciones de Chile, adjuntando la orden de entrada y registro al domicilio de la recurrente, emitida por la jueza del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en el que debía procederse a la incautación de las especies que allí se indican, de propiedad de nombre reservado. Todo lo anterior en el marco de una investigación a petición de la Fiscalía de Viña del Mar, por el delito de falsificación o uso malicioso de documentos privados seguida en contra del imputado nombre reservado.

Asimismo, señala que efectivamente se llevó a efecto la entrada y registro del lugar el día 8 de enero del año en curso, exhibiendo la orden correspondiente y explicando las razones a la recurrente, sin oposición de aquella.

Consta en el Informe policial que acompañan que al consultársele sobre su pareja, ella decidió prestar declaración voluntaria, señalando entre otros hechos, que viven en el lugar desde el año 2008 aproximadamente y que respecto del trabajo de su esposo -nombre reservado- reconoce que ha tenido problemas con la justicia en reiteradas oportunidades, cometiendo delitos de estafas y defraudaciones. Declaró también que él no tiene un trabajo fijo y que lo que tienen es producto de los negocios y estafas que realiza, y que el cumplió una condena por el delito de estafa ya que junto a sus compañeros utilizaban documentos falsos y cheques para adquirir maquinarias y refrigeradores. Refirió también que en ese momento no se encontraba y que ella no le consulta donde esta ya que es agresivo y se molesta cuando ella lo hace.

Agrega también se procedió a la incautación de especies, cuya acta también se acompaña, y que atendido el resultado de la diligencia resultó detenido nombre reservado.

Por último señala la recurrida que actuaron con estricto apego a la normativa procesal penal vigente, cumpliendo la orden en el plazo legal, y que el oficial investigador a cargo de la diligencia concluyó respecto de la diligencia que en virtud de los antecedentes recabados durante la investigación, especialmente de la declaración de la recurrente y los dichos de su pareja nombre reservado durante una conversación telefónica sostenida con el oficial a cargo del procedimiento, se puede inferir razonablemente la participación de este último en los hechos que se investigan.

En cuanto al segundo hecho, señala que ningún funcionario de dicha Brigada concurrió a la ciudad de Santiago el 12 de enero del año en curso, lo que se encuentra respaldado por el Libro 1 A “novedades de la guardia”.

Finalmente señalan que el 25 de enero de 2016 recibieron un correo electrónico de la recurrente quien manifiesta que necesita conversar urgente con el oficial nombre reservado.

Tercero: Que el artículo 20 de nuestra Constitución Política establece que el que a consecuencia de acto u omisión arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio de los derechos y garantías que menciona, podrá ocurrir por su o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que deberá adoptar de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

Cuarto: Por otra parte, el artículo 9 del Código Procesal Penal dispone que “toda actuación del procedimiento que privare al imputado o a un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restringiere o perturbare, requerirá autorización judicial previa”. Y el inciso segundo establece “En consecuencia, cuando una diligencia de investigación pudiere producir alguno de tales efectos, el fiscal deberá solicitar previamente autorización al juez de garantía”.

Quinto: En el caso de autos, efectivamente se llevó a efecto la entrada y registro en el domicilio de la recurrente el 8 de enero del año en curso, diligencia que se llevó a cabo por personal de Policía de Investigaciones, quien exhibieron la orden correspondiente y explicaron la materia de la investigación, sin que existiera oposición de la recurrente.

Al respecto, la recurrida adjunta la orden en referencia- que rola a fojas 20-, en que consta que la diligencia debía llevarse a efecto en el domicilio de la recurrente, tal como se cumplió. La circunstancia que ésta haya visto afectado sus derechos, así como los de sus hijos con motivo de esta diligencia, ha sido prevista por el legislador, y es por ello que se exige la autorización judicial previa del Juez de Garantía, lo que se cumplió en la diligencia de 8 de enero en curso.

Sexto: En cuanto al segundo hecho, la recurrente no aportó antecedentes que dieran cuenta realmente de su ocurrencia.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección deducido en lo principal de fojas 8 a favor de nombre reservado y de sus hijos Jorge, nombre reservado y nombre reservado, todos de apellidos nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-3646-2016.

Pronunciada por la Primera Sala de Febrero de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Miguel Vázquez Plaza e integrada, además, por los ministros señor Hernán Crisosto Greisse y señor Alejandro Rivera Muñoz.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.