nombre reservado con DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

Santiago, cuatro de enero de dos mil veintidós.

Proveyendo los escritos folios 17, 18, 19, 20 y 21: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don Juan Pablo Collao Arenas, quien deduce acción constitucional de protección en favor de nombre reservado y en contra del DEPARTAMENTO DE EXTRANJERÍA Y MIGRACIÓN, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta N° 17.020 dictada el 01 de febrero de 2021, por medio de la cual se rechazó la solicitud de permanencia definitiva, vulnerando de esta forma la garantía consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Menciona como antecedentes de su recurso, que el recurrente ingresó a Chile en octubre de 2018, con una visa de responsabilidad democrática, y que el 07 de agosto de 2019, envió su solicitud de permanencia definitiva.

Explica que, con respecto a la acreditación de contar con estabilidad económica y con los recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, en un inicio al recurrente le fue difícil conseguir empleo, razón por la cual no registró ingresos en sus primeros meses viviendo en Chile. Agrega que emitió boletas de honorarios por sus servicios, a varias personas naturales y jurídicas, y que, de todas formas, acumuló durante la vigencia de su visa temporaria, diez cotizaciones en forma continua.

Indica que a propósito de su formación en un curso SENCE, realizó un periodo de 2 meses de prácticas laborales, y a contar del 17 de febrero de 2020 obtuvo un contrato de prestación de servicios para la Municipalidad de La Florida, el cual ha sido renovado hasta el 31 de diciembre de 2021.

Cuestiona que para esta solicitud se evalúe únicamente el periodo de vigencia de la visa temporaria, más aún si su trámite de solicitud de permanencia definitiva se demoró 23 meses en resolverse. Así, estima que la autoridad migratoria debe considerar las nuevas circunstancias laborales que rodean al recurrente, por cuanto actualmente se encuentra en una situación laboral estable.

Previas citas legales, solicita se acoja la presente acción, y se deje sin efecto la resolución impugnada, ordenando a la recurrida dictar una nueva resolución, determinando que han sido cumplidos todos los requerimientos que la ley exige, con costas.

Segundo: Que informando la abogada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública señora nombre reservado, solicita el rechazo del presente recurso.

Refiere que el recurrente ingresó al territorio nacional con visación consular con vigencia hasta el 09 de octubre de 2019. Señala que por medio de la Resolución Exenta N° 17.020 de fecha 01 de febrero de 2021, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del extranjero recurrente, otorgándose en subsidio una visa temporaria por un año.

Explica que los fundamentos de la resolución impugnada, tiene que ver con que el extranjero no acreditó sustento económico suficiente, al no contar con estabilidad económica y laboral, careciendo de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social.

En particular, refiere que, para acreditar esta circunstancia, el extranjero sólo presentó informe anual de boletas electrónicas del año 2019 del Servicio de Impuestos Internos, en donde consta que sólo tres meses de los doce analizados registra ingresos, siendo los meses de junio, julio y agosto de 2019, en donde incluso en uno de ellos registra ingresos completamente inferiores al mínimo imponible.

Precisa que, frente a la resolución impugnada, el recurrente no dedujo los recursos administrativos que le otorga la ley.

Cita al efecto el artículo 41 y 64 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, así como las normas pertinentes del Decreto Supremo N° 597 de 1984.

Finalmente sostiene que el acto administrativo fue dictado conforme a derecho, sin que exista un alguna actuación u omisión arbitraria o ilegal imputable a la autoridad.

Tercero: Recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: No existe controversia entre las partes que el acto recurrido corresponde la Resolución Exenta N° 17.020 del Departamento de Extranjería de fecha 01 de febrero de 2021, en virtud de la cual resolvió rechazar la solicitud de permanencia procediendo a otorgarle una visación temporaria de un año en subsidio.

Al respecto corresponde precisar que la resolución impugnada señala “ 4.- Que, si bien el solicitante cumple con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso 1° de su Reglamento, se ha determinado que no cuenta con estabilidad económica durante el periodo de visación y, por tanto, carece de recursos que le permitan vivir en Chile sin constituir una carga social, incurriendo en lo preceptuado, en el artículo 64 N°4 de la Ley D.L. 1094 de 1975, en relación con el artículo 138 N°4 del Reglamento de Extranjería, por lo que no es posible otorgar el permiso de residencia solicitado;”.

Quinto: Del mérito de los antecedentes agregados en esta causa y en especial lo informado por las partes, resultan ser hechos no controvertidos que:

1. Don nombre reservado, solicitó su permiso de permanencia definitiva en nuestro país, remitiendo los antecedentes necesarios a la oficina de partes del Departamento de Extranjería y Migración.

2. El recurrente acompañó un informe anual de boletas de honorarios electrónicas, en la cual se advierte que sólo se registró ingresos durante los meses de junio a agosto de 2019, por los montos mensuales de $315.000, $305.000 y $165.000, respectivamente.

3. Conforme a Resolución Exenta N° 17.020 de fecha 01 de febrero de 2021, se otorga en subsidio visación de residencia temporaria, por el periodo de un año contado desde la fecha en que estampe dicha visación y en calidad de titular.

Sexto: En cuanto al ámbito normativo, corresponde indicar que:

a.- El artículo 41 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, Ley de Extranjería, señala: “La permanencia definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el país y desarrollar cualquier clase de actividades”. Esta norma se encuentra reproducida en idénticos términos en el artículo 80 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería. Por su parte el artículo 125 del Decreto Supremo N° 597 de 1984 del Ministerio del Interior, Reglamento de Extranjería, indica: “Las solicitudes de ampliaciones y prórrogas del permiso de turismo, visaciones, cambio y prórrogas de las mismas, autorizaciones de trabajo para turistas o estudiantes y permanencia definitiva, se harán efectivas a través de formularios proporcionados gratuitamente por la Autoridad respectiva (…)”.

De esta forma, a la presentación de la solicitud de permanencia definitiva los extranjeros deben acompañar diversos documentos, con el objeto de fundar la solicitud precitada, estos se encuentran mencionados en el artículo 127 del Decreto Supremo N° 597: “A las solicitudes de visación de residentes, cambios o prórrogas de las mismas y permanencia definitiva, deberán acompañarse: 1. Certificado de antecedentes para fines especiales; 3. Dos últimas declaraciones de impuestos a la renta; boletas y/o facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando corresponda; 4. Pasaporte; 5. Documento fundante de la petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia o sustento económico; certificados de depósitos bancarios; declaración jurada de capital; certificados de vínculos familiares y expensas; escrituras protocolizadas; autorizaciones para operar en zonas francas; certificados de inversión; acreditaciones de ordenes o congregaciones religiosas responsables del extranjero; certificado de empresas; entidades o instituciones patrocinadoras del ingreso; y/o responsables de sus actividades en el país; etc. (…)”. A mayor abundamiento, es dable señalar que la autoridad está facultada para solicitar a los extranjeros requirentes, documentos adicionales a los señalados en la norma precitada, de acuerdo a lo establecido en el inciso final del artículo 127 del Decreto Supremo N° 597: “El Ministerio del Interior, previo a otorgar los permisos de residencia señalados en el inciso primero, verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción establecida en el artículo 103, según corresponda. Asimismo, podrá establecer requisitos especiales y exigencias documentales complementarias que permitan efectuar una adecuada selección de los extranjeros requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las instrucciones que sean necesarias.”

b.- Por su parte, el artículo 64 del Decreto 1094 de 1975, Ley de Extranjería, prescribe: “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios:

4.- Los que por circunstancias ocurridas con posterioridad a su ingreso a Chile queden comprendidos en los N° 4 ó 5 del artículo 15”.

6.- Los que no observen las normas, sobre plazos establecidos en este decreto ley y su reglamento, para impetrar el respectivo beneficio”;

A su vez, el artículo 15 N°4 de esta misma ley indica: “4.- Los que no tengan o no puedan ejercer profesión u oficio, o carezcan de recursos que les permitan vivir en Chile sin constituir carga social”.

También, el artículo 63 de la Ley de Extranjería refiere que: “Deben rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios: 4.- Los que no cumplan con los requisitos que habilitan para obtener el beneficio impetrado”.

c.- Asimismo el Título VI del Decreto N° 597 en sus artículos 125 y 135 regulan la solicitud de permanencia definitiva y en lo pertinente señalan que “El incumplimiento de estos requerimientos dentro del plazo establecido por la autoridad, permitirá a ésta actuar conforme lo dispuesto en los artículos 136° y 138° N° 5 del presente Reglamento.”

d.- Mediante Circular Nº 58 de fecha 22 de septiembre de 2020 del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública se estableció el “Estampado Electrónico para visas de residencia”, el que señala: 1. “Todos los extranjeros a los que se les haya otorgado una visación de residencia en nuestro país, podrán obtener un Certificado electrónico de residente”.

Séptimo: De esta forma, se advierte que la entidad recurrida ha actuado de conformidad a la normativa legal antes citada, con estricto apego al principio de legalidad establecido en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y con respeto a la garantía de igualdad ante la ley del articulo 19 N° 2 de la misma Carta Fundamental, al rechazar la solicitud de permanencia definitiva, por no haber acreditado el cumplimiento de los mismos requisitos que se exigen a todos los extranjeros que estén en las mismas condiciones para el otorgamiento de permanencia definitiva, cuyo otorgamiento se encuentra sujeto al cumplimiento de las normas citadas precedentemente de la Ley de Extranjería, siendo el Ministerio del Interior, la autoridad migratoria competente en esta materia.

Octavo: Conforme a lo expuesto, la autoridad recurrida exigió el cumplimiento de requisitos exigidos a todo extranjero que solicita permiso de permanencia definitiva o algún permiso de residencia en el país, teniendo en consideración además que, no existe vulneración de los derechos de la recurrente en atención a que no existe medida que disponga la expulsión del extranjero, quien además se encuentra habilitado para poder realizar nuevamente una solicitud de permanencia definitiva cumpliendo todos los requisitos exigidos, tiempo en el cual se le concedió visación de residencia temporaria, por el periodo de un año contado desde la fecha en que estampe aquélla y en calidad de titular.

Por su parte, el recurrente no impetró en sede administrativa los recursos que procedieren a su respecto.

Noveno: Que la acción de protección ha sido instituida por el constituyente como un arbitrio procesal destinado a poner rápido remedio a la conculcación o vulneración de garantías y derechos fundamentales indubitados expresamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental, en cuanto ellos hayan sido afectados por una actuación ilegal o arbitraria por parte de las autoridades o los particulares.

En consecuencia, de acuerdo a los antecedentes incorporados en el proceso, el recurso de protección no es la vía idónea para resolver el conflicto habido entre las partes, por cuanto el recurrente pretende que esta Corte declare la existencia de un derecho, lo que no es posible por este medio, ya que no encontrándose indubitados los alegados por el recurrente, es del parecer que éstos deben ser discutidos en el procedimiento que corresponda, por lo que la presente materia excede el fin y objetivo cautelar de la acción de protección, cuyo propósito -como ya se ha dicho- es que se tomen medidas y providencias destinadas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que conculquen derechos fundamentales enunciados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Décimo: En consecuencia, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna -denunciada o verificable- de parte del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que prive perturbe o amenace el legítimo ejercicio del recurrente respecto de las garantías incoadas.

Undécimo: Que, en tales condiciones, el recurso de protección no puede prosperar y debe ser desestimado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido en favor de don nombre reservado en contra del Departamento de Extranjería y Migración.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N° 36415-2021 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Verónica Sabaj Escudero, conformada por la Ministra suplente señora Natacha Ruz Grez y el Abogado Integrante señor Cristián Lepin Molina.