Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes

C.A. de Santiago Santiago, dos de septiembre de dos mil veintidós.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, patrocinado por abogado, Matías Palma Rodríguez, quien deduce en su favor recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, reclamando un acto arbitrario e ilegal consistente en el rechazo y demora en el proceso de pago de licencias médicas aprobadas por el Compin, lo que vulnera las garantías fundamentales del artículo 19 N°1, N°2 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala como antecedentes de hecho, que le fueron extendidas a nombre reservado licencias médicas en las siguientes fechas 06/07/2021; 27/06/2021; 15/06/2021; 03/06/2021; 27/05/2021; 25/07/2021; 19/05/2021; 21/12/2020; 15/12/2020. Dichas licencias fueron debidamente aprobadas por la Comisión de Pensiones e Invalidez (COMPIN), lo cual habilitó a solicitar el pago de éstas, ante la Caja de Compensación de Los Andes.

Refirió que, en primera instancia, el 31 de mayo de 2021, le comentaron al recurrente -vía Whatsapp-, que no podía acceder a dichas prestaciones por no reunir los requisitos contemplados en el DFL 44, situación frente a la cual reclamó, obteniendo como respuesta del organismo que debía esperar la resolución de un reclamo previo que había presentado en el contexto de otras dolencias.

Agrega que su representado padece de fibromialgia, cuyos síntomas comenzaron en el año 2019, recibiendo tratamientos en el Hospital Padre Hurtado, desde el cual fue derivado en interconsulta al Hospital Sótero del Río, ya que el primero no contaba con los medios suficientes para el diagnóstico y tratamiento de las dolencias señaladas por el actor.

Refiere que el diagnóstico de la enfermedad se realizó en el transcurso del año 2021, y en ese período se le otorgaron licencias médicas, que la recurrida niega el pago, producto justamente a los distintos procedimientos y circunstancias de dolor extremo que le tocó vivir en dicho tiempo, mientras se determinaba la enfermedad que padece.

Agrega que en ese contexto se contagió de COVID-19, lo que implicó el otorgamiento de nuevas licencias, las que en esta vez sí fueron aprobadas. (sic)

Indica que la obligación del organismo recurrido es desarrollada a la luz de lo reglamentado en el Decreto con Fuerza de Ley N°44 con fecha 1978 del Ministerio del Trabajo, el cual fija las normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado y que regula cómo deben efectuarse los pagos de las licencias que les sean remitidas a trabajadores dependientes del sector privado.

Explica que el agravio se configura a partir de una acción en particular de la recurrida, que desconoce un derecho que indudablemente ha sido otorgado al actor consistente en el pago de las licencias de fechas antes singularizadas, las cuales no han sido pagadas, a pesar de ser aprobadas la Comisión de Pensiones e Invalidez.

Refiere que corrobora lo anterior las conversaciones que el recurrente sostuvo con la recurrida -vía WhatsApp-, siendo la última, aquella que se registra con fecha 23 de junio de 2021, en la que éste hace presente que tiene dudas sobre el pago de las licencias que ya fueron autorizadas, y se le responde de forma literal que “estamos a la espera de la resolución de las licencias pendientes de autorización para que tengas rentas para poder calcular las siguientes”.

Asevera que la respuesta dada por la Caja de Compensación se constituye como ilegal y arbitraria. Es ilegal pues pago del subsidio derivado de las licencias médicas es regulado, principalmente en el Decreto con Fuerza de Ley 44, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, del año 1978, específicamente en el artículo 4 que establece: “Para tener derecho a los subsidios se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente.”. Es decir, los requisitos para poder acceder a tales beneficios son dos: i) poseer seis meses de afiliación a la entidad aludida; y ii) poseer tres meses de cotizaciones dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica.

Expresa, en su arbitrio, que el cálculo de los montos es regulado en el artículo 8 del DFL N°44, que expresa: “La base del cálculo para la determinación del monto de los subsidios considerará los datos existentes a la fecha de iniciación de la licencia médica y será una cantidad equivalente al promedio de la remuneración mensual neta, del subsidio, o de ambos, que se hayan devengado en los tres meses calendario más próximos al mes en que se inicia la licencia.” Respecto de lo cual, se posee certeza del monto correspondiente a su subsidio mensual en base a lo que señalan las liquidaciones de sueldo y el contrato de trabajo de nuestro representado.

Señala que el no pago de las licencias ya aprobadas por el Compin, es el que directamente provoca una privación del legítimo ejercicio del derecho obtenido por el actor en las licencias médicas legalmente aprobadas. Sin embargo, los obstáculos interpuestos por la recurrida sólo llevan a que se verifique tal privación, haciendo imposible obtener tal remuneración y lo despoja del legítimo ejercicio de tal derecho.

En atención a lo anterior, sostiene que existe una clara ilegalidad ante las negativas de admitir el pago de dichas licencias, pese a contar con los requisitos que la ley señala al respecto.

Manifiesta, finalmente, que la recurrida con su actuar vulnera las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto a la primera garantía vulnerada, esto es, el derecho a la vida e integridad personal, explicó que el negar el pago de las respectivas licencias provoca una situación de incerteza para el actor, circunstancia que es agravada en razón de todas las complicaciones que ha vivido en el proceso de detección y diagnóstico de su fibromialgia, lo cual derivó en una serie de mediaciones contra los hospitales que no acogieron su caso con la celeridad necesaria.

Agrega que, por ello, dilatar el proceso de pago de licencias que ya fueron aprobadas, considerando lo agotador y complicado que ha sido el proceso llevado con las licencias rechazadas y las prestaciones de servicios de salud, sólo se constituye como un agravio psicológico más.

Añade que dicho agravio ya se ha verificado en que actualmente debe acudir a atención psiquiátrica para poder mantenerse estable para poder realizar sus tareas. Pues, si bien el no pago de estas licencias en particular no es la causa absoluta de todas sus dolencias psicológicas, se constituye como una causa eficiente de tal, en cuanto se inserta en un contexto donde ya se ha enfrentado a distintas barreras que le han impedido el poder acceder al pago de varias de sus licencias y no sólo de aquellas que actualmente reclama.

Señala, además, que constituye una clara vulneración a la garantía de igualdad en la ley establecer una dilación excesiva y requerir trámites no contemplados en la ley para efectos de gestionar el pago, toda vez que la ley es clara en establecer tales requisitos y procedimientos, y pedir trámites diferentes, sólo lleva a generar una situación de desigualdad injustificada para el recurrente. En particular, los distintos usuarios de la Caja de Compensación de los Andes tienen el acceso a la plataforma y pueden recibir sin problemas el pago de sus licencias conforme a lo que la ley señala. Pero es en este caso, donde se recibe una dilación en el pago de licencias aprobadas, invocando razones que carecen de fundamento, lo que lleva a que se verifique la vulneración particular de la garantía señalada.

Finalmente, refiere que el saldo correspondiente al pago de las licencias aprobadas del señor nombre reservado, es incluida en el concepto de derecho de propiedad y que por ende cualquier tipo de agravio que se provoque al acto de percibir dicho saldo, sin fundamento alguno en la ley, se constituye como una vulneración de dicho derecho respecto del que tiene más que una legítima expectativa en su obtención, tiene un derecho y un título -las licencias aprobadas - para poder exigir su respectivo pago en la Caja de Compensación Familiar los Andes, sin embargo, ésta última ha impedido que sean percibidos sin fundamento legal.

En concreto, pide, se ordene a la recurrida a realizar el pago de las licencias aprobadas a favor del recurrente. Acompañó a su recurso: 1.- Liquidación de remuneración del mes de noviembre de 2020 2. Liquidación de remuneración del mes de diciembre de 2020 3. Liquidación de remuneración del mes de enero de 2021 4. Liquidación de remuneración del mes de febrero de 2021 5. Liquidación de remuneración del mes de marzo de 2021. 6. Liquidación de remuneración del mes de abril de 2021. 7. Contrato de trabajo, firmado entre TERMIKA SERVICIOS DE MANTENCION S.A y nombre reservado, de fecha 3 de julio de 2017. 8. Fotografías conversaciones vía Whatsapp entre nombre reservado y Caja de Compensación Los Andes. 9. Fotografía del registro de licencias emitidas y aprobadas por el COMPIN. Respecto de las cuales se identifica como aprobadas las licencias de fecha: 06/07/2021; 27/06/2021; 15/06/2021; 03/06/2021; 27/05/2021; 25/07/2021; 19/05/2021; 21/12/2020; 15/12/2020. 10. Folio N°NUM000, Carta de respuesta de Unidad de Atención al Usuario y Participación Social, de fecha 29 de junio de 2021. 11. Certificado de cotizaciones emitido por el AFP Habitat SEGUNDO: Que evacuando informe Sebastián de la Puente Hervé, abogado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, señaló que ésta emitió un dictamen resolutivo, sólo en relación a la presentación que realizó el recurrente, de fecha 28 de enero de 2020, cuando reclamó ante ella, en contra de la Compin Región Metropolitana, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s NUM001, NUM002, NUM003, extendidas por un total de 68 días a contar del 24 de septiembre de 2019, por reposo no justificado, mediante Resolución Exenta N° NUM004 de 23 / 03 / 2020, conclusión que se basó en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal más allá del periodo de reposo ya autorizado, el cual alcanza a 225 días por la misma patología.

TERCERO: Que informando por la recurrida Caja Compensación Los Andes, el abogado Sergio Abarca Vargas, señala que las Cajas deben velar por la observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios.

Indica que la Caja Los Andes recibió y dispuso los procedimientos administrativos habituales para la tramitación en la COMPIN Regional Metropolitana de las licencias médicas por el periodo discontinuo que va desde el 15 de diciembre de 2020 hasta el 16 de agosto de 2021.

Expresó que las licencias médicas N°NUM005 y NUM006, por el periodo que va desde el 15 hasta el 22 de diciembre de 2020, y las licencias Nºs NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, por el periodo que va desde el 14 de mayo de 2021 al 16 de agosto de 2021, fueron autorizadas por la COMPIN, por dicho periodo.

Sin embargo, no obstante encontrarse autorizadas por la COMPIN las referidas licencias, no generó el pago de los subsidios de incapacidad laboral debido a que el Sr. nombre reservado no reúne el requisito mínimo de tres meses de cotizaciones de acuerdo a lo establece durante el referido periodo, el recurrente no registra días cotizados para la licencia N°NUM005 y NUM006, por el periodo que va desde el 15 hasta el 22 de diciembre de 2020. Destacó que, durante el periodo anterior a la primera de las licencias referidas precedentemente, esto es, desde el 24 de septiembre de 2019 hasta el 14 de diciembre de 2020, el recurrente registra licencias médicas rechazadas por la COMPIN por un total de 448 días de reposo, situación que ha dado origen a la falta de días cotizados, al no haber percibido rentas ni subsidios.

En cuanto a las licencias Nºs NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, por el periodo que va desde el 14 de mayo de 2021 al 16 de agosto de 2021, sólo se registran 19 días cotizados.

Argumenta que el actuar de la recurrida no resulta ilegal ni arbitrario, sino que obedece al estricto apego a las normas legales y administrativas que regulan el pago de los subsidios de incapacidad laboral, por lo que solicita tener por evacuado el informe, rechazando la acción.

CUARTO: Que informando nombre reservado, Presidenta de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana (COMPIN R.M), señaló que el señor nombre reservado, dedujo un recurso de protección por no pago de las Licencias Médicas N° NUM015, NUM012, NUM011, NUM010, NUM009, NUM008, NUM007, NUM006, NUM005.

Indicó que respecto a las Licencia Médicas N° NUM015, NUM012, NUM011, NUM010, NUM009, NUM008, NUM007, NUM006 y NUM005, la COMPIN R.M., resolvió autorizarlas. Sin embargo, en relación con el derecho a subsidio, el recurrente tiene derecho al mismo, una vez que sus antecedentes hayan sido verificados.

Indicó que la COMPIN RM, hizo aplicación al artículo 25 del Decreto Supremo Nº 3 inciso primero que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la Compin e Instituciones de Salud Previsional, que al efecto señala: “Artículo 25º: Transcurridos los términos indicados en el artículo precedente, sin que la entidad competente emita el pronunciamiento respectivo sobre la licencia, ésta se entenderá autorizada y se procederá a los trámites para su pago y demás efectos legales, si correspondiere.”

Agregó que, no obstante, lo anterior, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 N°2 de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar se encuentran facultadas para administrar el Régimen de Subsidios por Incapacidad Laboral, previa autorización del Ministerio del Trabajo y Previsión Social mediante Decreto Supremo.

De ese modo, y conforme lo dispone el artículo 21 del DFL N°44/1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, las Cajas de Compensación deben calcular y pagar los subsidios de incapacidad laboral de origen común y los subsidios maternales suplementarios, previa observancia de la normativa vigente y cumplimiento de los requisitos establecidos para el correcto cálculo y pago de dichos subsidios.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado -privación, perturbación o amenaza- contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

SÉPTIMO: Que, el artículo 149 del D.F.L. N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto, consigna en su artículo 156 el beneficio de licencia médica que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional, definiéndola en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Por su parte, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar varias licencias médicas, para aprobar las ocho licencias que fundan el presente recurso.

OCTAVO: Que, por su parte, el D.F.L N° 44 de 1978, en su artículo 4 indica que “ Para tener derecho a los subsidios se requiere un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la licencia médica correspondiente.

Con todo, para acceder a los subsidios, los trabajadores dependientes contratados diariamente por turnos o jornadas deberán contar, además del período mínimo de afiliación a que se refiere el inciso primero con, a lo menos, un mes de cotizaciones dentro de los seis meses anteriores a la fecha inicial de la respectiva licencia”.

Por su parte, el artículo 8 del mismo cuerpo legal, sobre la forma del pago de las licencias, expone que “La base del cálculo para la determinación del monto de los subsidios considerará los datos existentes a la fecha de iniciación de la licencia médica y será una cantidad equivalente al promedio de la remuneración mensual neta, del subsidio, o de ambos, que se hayan devengado en los tres meses calendario más próximos al mes en que se inicia la licencia.

Enseguida para la procedencia de pago y su cálculo, el artículo 22 del DFL ya mencionado, indica que “Durante los períodos de incapacidad laboral, a que se refiere la ley N° 18.469, los trabajadores dependientes e independientes, afiliados a regímenes de pensiones de instituciones de previsión fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, deberán efectuar las cotizaciones que establezca la normativa vigente destinadas a financiar prestaciones de salud y de previsión, sobre sus remuneraciones o rentas imponibles según corresponda. Las cotizaciones a que se refiere el inciso precedente deberán efectuarse sobre la base de la última remuneración o renta imponible correspondiente al mes anterior en que se haya iniciado la licencia o en su defecto la estipulada en el respectivo contrato de trabajo, en su caso. Para este efecto, la referida remuneración o renta imponible se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje en que se reajuste el subsidio respectivo.

Las entidades pagadoras de subsidios deberán efectuar las retenciones correspondientes, declarar y enterar las cotizaciones en las instituciones que correspondan, en conformidad con las normas contenidas en la ley N° 17.322”.

Por su parte, la Ley N°18.833 en su artículo 19 N° 2 les asigna a las Cajas la administración de prestaciones de seguridad social, entre ellos los subsidios por incapacidad laboral afilados al Código del Trabajo del sector privado.

NOVENO: Que, en consecuencia, lo que debe resolver esta Corte es la procedencia del pago de ocho licencias médicas entre mayo y agosto del año 2021, las que si bien fueron autorizadas por el Compin, la recurrida deniega el pago del subsidio por enfermedad común, por carecer de un requisito legal, a saber, presentar nombre reservado, tres meses de cotizaciones previsionales, previas a la licencia médica. DÉCIMO: Que es son hechos asentados en el proceso con los documentos aparejados por las partes, lo siguiente: 1.- Que las licencias médicas Nºs NUM007, NUM008, NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y NUM014, por el periodo que va desde el 14 de mayo de 2021 al 16 de agosto de 2021, fueron autorizadas por la COMPIN. 2.- Que en el período que corre entre el 14 de mayo de 2021 al 16 de agosto de 2021, el recurrente registra solo 19 días de cotización obligatoria. 3.- Que el recurrente presentó 448 días de licencia médica, previas a las que corren el año 2021, que fundan el recurso, las que fueron rechazadas por el Compin, por lo que carece de cotizaciones obligatorias con anterioridad a mayo de 2021. 4.- Que en noviembre del año 2020, no presenta cotización obligatoria; en diciembre de 2020, registra $ 6557 de cotización obligatoria por un monto de $ 58.182. En enero y febrero de 2021, no registra cotizaciones obligatorias. En marzo de 2021, solo registra $ 15.850. En Abril de 2021 presenta monto por cotización de $37.644. UNDÉCIMO: Que es dable señalar, que ante una licencia médica de un trabajador el empleador sigue estando obligado a enterar el pago de las cotizaciones, pero cuando Fonasa o la Isapre rechazan una licencia médica, la consecuencia inmediata es una sanción para el trabajador. Se pierde la justificación para la ausencia del puesto laboral y el derecho a subsidio por incapacidad.

Entonces el cotizante, frente a un rechazo y/o reducción de una licencia médica, debe presentar su reclamo por escrito directamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), correspondiente al domicilio que dicho cotizante tenga registrado en su contrato de salud. En efecto, la labor esencial, de la COMPIN, es calificar en los trabajadores y/o beneficiarios los diversos grados de incapacidad, sean estos permanentes o temporales, emitiendo los decretos, dictámenes, resoluciones y certificados correspondientes, así como también certificar la discapacidad de las personas.

DUODÉCIMO: Que, no es un tema controversial que la patología del recurrente y el correspondiente reposo médico se reflejan en las licencias de autos, tal como lo determinó el Compin, entidad técnica que avaló su ausentismo laboral, sin embargo el pago del subsidio le corresponde a la entidad pagadora, en este caso la Caja, pago que para su procedencia requiere no solo que estén aprobadas las licencias, sino que, además, la ley determina requisitos como es, haber cotizado tres meses previo al inicio del reposo, lo cual en la especie no se cumple. En efecto, el recurrente presentó varias licencias médicas que fueron rechazadas por los organismos técnicos, lo que determinó que carezca de cotizaciones previsionales en todo ese período, pues el pago de dichas cotizaciones corresponde al empleador cuando las licencias no son objetadas. No debe olvidarse que, tratándose del pago del subsidio por enfermedad, éste se soluciona con un fondo de seguridad social que proviene del pago de las cotizaciones obligatorias.

DÉCIMO TERCERO: Que según expresa el artículo 149 del D.F.L N°1 de 2005 del Ministerio de Salud, en lo que interesa, que: “Los trabajadores afiliados, dependientes o independientes, que hagan uso de licencia por incapacidad total o parcial para trabajar, por enfermedad que no sea profesional o accidente que no sea del trabajo, tendrán derecho a percibir un subsidio de enfermedad, cuyo otorgamiento se regirá por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 44 DE 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.”

Por su parte, la licencia médica está definida en el artículo 1 del Decreto Supremo N° 3 del año 1984, del Ministerio de Salud, y otorga un derecho esencialmente temporal cuya finalidad es justificar la inasistencia al trabajo, pero para su pago, se requieren ciertos requisitos, por lo que el subsidio debe estar con concordancia con el D.F.L. N° 44, texto que fija las normas comunes para los subsidios por incapacidad laboral de los trabajadores dependientes del sector privado, quedando regulado estas prestaciones de seguridad social en cuanto a su ámbito de aplicación, requisitos, cálculo del monto, periodicidad en el pago y las demás particularidades, con lo que el texto legal ya referido consagra. Dentro de esos requisitos, es condición sine qua non tener la calidad de trabajador con un mínimo de seis meses de afiliación y de tres meses de cotización dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la licencia médica correspondientes, lo que el recurrente no cumple.

DÉCIMO CUARTO: Que del mérito de lo reseñado precedentemente, se advierte que la decisión de la recurrida no puede tildarse de ilegal al estar establecido como requisito para el pago del subsidio tres meses de cotizaciones obligatorias, que el recurrente carece; y tampoco puede ser considerada arbitraria toda vez que contiene los elementos objetivos que la sustentan, lo que permite concluir que la recurrida no ha vulnerado las garantías que se denuncian, al haber actuado dentro del marco de sus atribuciones.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se decide que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado por el abogado Matías Palma Rodríguez, en contra de la Caja de Compensación Los Andes.

Redacción de la Ministra suplente Isabel Margarita Zúñiga Alvayay.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-36409-2021.

Pronunciada por la Tercera Sala, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal e integrada por la Ministra(S) señora Isabel Margarita Zúñiga Alvayay y el Abogado Integrante señor Eduardo Jequier Lehuedé.

No firma la Ministra (s) Isabel Margarita Zúñiga Alvayay, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y del acuerdo, por haber cesado su suplencia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dos de septiembre de dos mil veintidós, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.