nombre reservado con TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno.

Vistos y considerando:

Primero: Que don nombre reservado Javier Martínez Valencia, abogado, recurre de protección en favor de don nombre reservado, fundado en que éste en su Declaración nombre reservado 2020, de fecha 06 de abril de 2020, solicitó al Servicio de Impuestos Internos la devolución de la suma de $ 602.588, la que fue autorizada con fecha 15 de abril de 2020, por $ 611.167, según consta de la información obtenida de la página web del Servicio “ Mi SII”; sin embargo, explica, al ingresar a la página web de la Tesorería General de la República, en contra de quien recurre, descubre una Retención bajo el ítem Consulta Estado de Renta, por un monto a retener equivalente a 185, 54 Unidades de Fomento, la que solo indica respecto de la Declaración de nombre reservado 2020, que es una deuda por el Crédito con Aval del Estado, CAE.

Señala el recurso, que con fecha 07 de octubre de 2015, su representado fue demandado en juicio ejecutivo por el Banco del Estado de Chile ante el Segundo Jugado Civil de Osorno, bajo el rol C-4214-2015, en el que se le requirió de pago con fecha 21 de enero de 2016; luego, con fecha 31 de octubre de 2017, de común acuerdo las partes del proceso celebraron un avenimiento el que presentado al tribunal fue aprobado ese mismo día.

Agrega que, con fecha 11 de octubre de 2019, la ejecutante dio cuenta de pago de la deuda de su representado, y finalmente con fecha 30 de diciembre de 2019, en dichos autos se solicita certificación de que la deuda se encuentra pagada, solicitando el retiro de la demanda y su archivo; antecedentes que el recurrente acompaña al recurso.

Por consiguiente, asevera quien comparece, la retención judicial que ha practicado la Tesorería de la Devolución de Impuesto a la Renta, correspondiente al Año Tributario 2020, por la suma de $611.627, constituye un acto arbitrario por haber sido ordenada en virtud de un crédito ya pagado, y por no fundarse en resolución alguna; acto que priva del legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de su representado, determinadamente, la establecida en el número 24 del articulo 19 de la Constitución Política de la República, el que asegura el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e incorporales.

En definitiva, la parte recurrente solicita, de conformidad al artículo 20 de la Constitución, acoger el recurso y adoptar de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del amparado, ordenando a la Tesorería General de la República dejar sin efecto la retención judicial que ha practicado y que realice la correspondiente transferencia electrónica de la suma retenida en la cuenta corriente de su representado, con costas.

Segundo: Que al informar don nombre reservado por la Tesorería General de la República, indica que es necesario desvirtuar la aseveración del recurrente en el sentido que no adeudaría suma alguna al banco acreedor, pues en el avenimiento al que hace alusión, reconoce adeudar la cantidad de 501.3065 UF, la que se obliga a pagar en 225 cuotas mensuales, directamente al Banco del Estado, pago que en su totalidad no ha realizado.

Además, precisa que el Banco del Estado en el escrito judicial no señaló que haya existido un pago total de la deuda; por el contrario, indica que el demandado ha pagado extrajudicialmente parte de la deuda por lo que acepta que éste siga con el servicio normal de la misma, lo que en definitiva no habría sucedido.

La Tesorería sostiene que, efectivamente, la Declaración de Impuesto a la nombre reservado 2020, presentada por el recurrente arrojó un remanente de $ 611.627, que se debía restituir en el mes de abril de 2020, sin embargo, tal devolución no se verificó, porque de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 20.027, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, ordenó a la Tesorería que retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a deudores del Crédito con Aval del Estado, entre los cuales se encuentra el recurrente, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos e imputar dicho monto al pago de la deuda.

En suma, sostiene, no ha existido de parte de Tesorería una privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales del recurrente, por cuanto, la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una Declaración de Impuesto a la Renta, no es un derecho absoluto que se materialice con la sola presentación de la Declaración, sino que, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales está el que no exista una causa legal de retención, limitándose la Tesorería General de la República a cumplir sus funciones dentro de la competencia que le otorga la ley, por lo que, concluye, no se debe dar lugar al recurso por ser éste inadmisible o, en subsidio, que se le rechace.

Tercero: Que, en el mismo sentido, informaron el Director Ejecutivo de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores y el Banco del Estado de Chile; dando cuenta la institución bancaria que después de arribar las partes al acuerdo, en los autos Rol 4214-2015, del 2do Juzgado de Letras de Osorno, el recurrente se mantuvo moroso con el pago de las cuotas de marzo de 2016; que, con fecha 21 de abril de 2020, éste pago 4 cuotas morosas, correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo, junio de 2016, por lo cual en la actualidad se mantiene moroso desde la cuota del mes de julio de 2016.

Cuarto: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República da acción ante la Corte de Apelaciones respectiva para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, determinadamente, si ha habido vulneración a las garantías fundamentales reconocidas en el artículo 19, entre las que se encuentra la señalada expresamente en el recurso de autos.

Quinto: Que a fin de resolver adecuadamente el presente recurso, según los aspectos de hecho planteados en él, éstos dan cuenta que, en el juicio ejecutivo iniciado por el Banco del Estado de Chile en contra del recurrente nombre reservado, ante el 2º Juzgado de Letras de Osorno, por cuotas morosas en relación al crédito discutido, autos rol 4214 - 2015, las partes estimaron arribar a un acuerdo donde el recurrente pagó el total de las cuotas morosas y se comprometió a continuar con el pago de las cuotas mensualmente restantes, por lo que, dicho acuerdo no extinguió el total de la deuda por concepto de Crédito, CAE.; y, después, según dan cuenta los antecedentes, el recurrente se mantuvo moroso desde la cuota del mes de julio de 2016.

Que, si se examina el artículo 17 de la Ley 20.027, éste dispone: “La Tesorería General de la República podrá retener de la devolución de impuestos a la renta que le correspondiere anualmente al deudor de crédito garantizado en conformidad a esta ley, los montos que se encontraren impagos según lo informado por la entidad crediticia en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

A la vez, el inciso segundo del artículo 44 del Reglamento de la Ley 20.027, dispone que: “Para estos efectos, la Comisión remitirá anualmente a la Tesorería General de la República, en el plazo acordado con dicha institución, una nómina de los deudores morosos y los respectivos montos adeudados, según lo informado a la Comisión por las entidades crediticias acreedoras.”

Por consiguiente, de acuerdo a tales disposiciones es que la Comisión Administradora del Sistema de Crédito para Estudios de Educación Superior, creada por dicha Ley 20.027, anualmente requiere a las instituciones financieras participantes del Sistema de Créditos para Estudios Superiores, la información acerca de los deudores que se encuentren en mora en el pago del Crédito con Garantía Estatal, para posteriormente remitir a la Contraloría General de la República, como ente retenedor, la nómina de los deudores a quienes corresponde efectuar la retención de la Devolución de Impuestos a la Renta.

Que, en consecuencia, el acto efectuado por la Tesorería General de la República, reclamado por medio de este recurso de protección, fue hecho con la información proporcionada por el Banco del Estado de Chile, considerando la situación del recurrente en relación con la deuda, monto que se aplicó al pago de las cuotas adeudadas del Crédito para Estudios Superiores.

Por lo tanto la retención cuestionada, considerada tanto en la dimensión del contribuyente como en la de la Comisión Administradora del Sistema de Crédito para Estudios de Educación Superior, fue efectuada por el ente retenedor conforme a una consagración y regulación legal expresa, a saber, conforme a las disposiciones legales antes citadas de la Ley 20.027.

Y, visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que se rechaza el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

Protección Rol 36.224-2020.- Redacción del Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia.

No firma el Ministro señor Jorge Zepeda Arancibia, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse en Comisión de Servicio en la Excma. Corte Suprema.

No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por haber cesado sus funciones como Ministra Suplente.