GRUPO GC SPA con I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de febrero de dos mil veintidós.

A los escritos folios 17, 18, 19: a todo, téngase presente.

Al escrito folio 20: por no haber abogado integrante en la sala, no ha lugar por improcedente.

Al escrito folio 21: a sus antecedentes.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, recurre de protección constitucional nombre reservado, en representación convencional de GRUPÓ GC SpA, en contra de Ilustre Municipalidad de Santiago, por el acto arbitrario e ilegal materializado en el Decreto Alcaldicio N° 4028 de 25 de junio del 2021, que ordenó la clausura del local comercial de expendio de alimentos ubicado en domicilio reservado, bajo el argumento que el local se encontraba operando sin contar con patente municipal, lo que conculca las garantías constitucionales de su representada, en cuanto al derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el derecho de propiedad, consagrados en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Constitución Política de la República.

Previas citas legales y constitucionales, y referencias jurisprudenciales, finalizó pidiendo que sean adoptadas todas las medidas conducentes para restablecer el imperio del derecho y, en especial, que se deje sin efecto la clausura del local individualizado en el recurso; que se deje sin efecto el Decreto Alcaldicio Nº4028, de 25 de junio de 2021, con costas solidarias del recurso; y con reserva de mis derechos de cobrar perjuicios.

Fundando el recurso explica que el 6 de julio del 2021 se notificó del Decreto Alcaldicio N°4028, por el que se ordena la clausura del local comercial de la recurrente. Se indicó haber infringido los artículos 116° y 145° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y Artículos, y el artículo 5.1.4 y 5.1.6, ambos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Además, se indicó que no contaba con patente comercial para funcionar, infringiendo así los artículos 23° y 26° del Decreto Ley N°3.063, sobre Rentas Municipales y su Reglamento.

Detalla que el 26 de enero del 2021 inició el trámite para la obtención de patente municipal, por lo que tenía todo en regla. Para ello realizó la correspondiente declaración de inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos.

El 27 de enero del 2021 pagó el impuesto respectivo en la Municipalidad recurrida. Luego, el 9 de febrero de 2021 pidió la autorización sanitaria para operar el giro de alimentos, lo que fue autorizado el 12 de febrero del 2021, por medio de la Resolución Exenta N° 211357720. El 2 de marzo del 2021, la Municipalidad le indicó que su petición de patente estaba con “visado por arquitecto”. Hasta aquí entendía que estaba todo en regla.

Identifica la ilegalidad en el obrar de la recurrida por infringir sus garantías constitucionales. Por haber cumplido con todos los trámites previos para operar el local comercial de su propiedad, sin perjuicio de ello no se le ha permitido. Además, por ser contradictorio al actuar de la Municipalidad, toda vez que a la fecha le aprobó la tramitación de la patente comercial. Se procedió con la clausura del local sin haber mediado un procedimiento previo. Además, por haber procedido de forma desproporcional, al emitir una sanción tan gravosa sin haber medido alguna advertencia o multa. Además, el proceder no tiene razonabilidad.

Finalmente alude cómo el acto recurrido afecta sus garantías constitucionales, las que enumera y explica.

SEGUNDO: Que informando –folio 7, de 20 de agosto del 2021- Fernando Molina Lamilla, abogado, por la Ilustre Municipalidad de Santiago, pidió el rechazo del recurso de protección por estimar que no han existido ni existen actuaciones u omisiones arbitrarias ni ilegales imputables a su representado.

Como aspecto formal pide el rechazo del recurso por no ser éste la vía idónea, como medida cautelar y de procedimiento de urgencia, para resolver el conflicto sometido a decisión de la Corte. Corresponde a un juicio de lato conocimiento en sede de Policía Local, además hay ausencia de derechos indubitado por parte de quien recurre. Que en todo caso, la municipalidad remitió el 16 de junio del 2021 los antecedentes al Juzgado de Policía Local.

Luego, indica que la razón por la que se ordenó la clausura del local es sencillamente por no contar el local de la recurrente con la debida patente comercial. Con ello, infringió abiertamente con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales, lo que fue constatado y denunciado el día 16 de junio del 2021.

Detalla que no se otorgó la patente comercial al recurrente debido a que el inmueble donde operaba el local correspondía a una construcción ligera de dos metros de altura, la que no contaba con el respectivo permiso de obras y con su correspondiente certificado de recepción definitiva emitido por el Director de Obras Municipales. Por ello, el 26 de abril del 2021 se declaró la inhabilidad parcial de uso del inmueble.

De este modo, se infringió los artículos 116 y 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que se refiere a la obligación de contar con permiso de obra y recepción para todo tipo de construcciones.

Indica también que el acto administrativo impugnando cuenta con presunción de legalidad, al tenor de lo establecido en el artículo 3 de la Ley N° 19.880, siendo carga del recurrente probar que no se encuentra ajustado a derecho.

Ahora bien, refiere que la orden de clausura no puede ser ilegal porque corresponde a una prerrogativa legal de la Alcaldesa, establecida en el artículo 58 de la Ley de Rentas Municipales. “Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente (…)”

Finaliza indicando que ninguna garantía constitucional pudo verse afectada porque la municipalidad actuó precisamente bajo el alero de la legalidad, y con fundamento plausible para ello, que corresponde a la verificación de un supuesto legal para proceder con la clausura cuestionada.

TERCERO: Que, por resolución de 26 de enero del 2022, se pidió por esta Corte que la recurrida ampliara su informe al aspecto mencionado en el recurso de la petición de “patente en trámite”.

En respuesta de lo pedido, el 31 de enero del 2022, la recurrida amplió el informe e indicó que el 24 de febrero del 2021 se recibió solicitud de patente comercial por parte de la persona jurídica Grupo GC Spa, para operar un minimarket. La revisión de la petición ocurrió el 4 de mayo del 2021, oportunidad en que se verificó que estaba sin pago, por lo que se envió una nota al contribuyente. Refiere que actualmente el expediente se encuentra sin movimiento en la Dirección de Inspección. Sintetiza que la petición de patente comercial no le da ningún derecho para el inicio de una actividad comercial, y que en todo caso, al momento de la fiscalización, esto es el 16 de junio del 2021, no se contaba con ningún permiso para operar.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el asunto sometido a conocimiento de esta Corte ha sido Decreto Alcaldicio N° 4028 de 25 de junio del 2021, que ordenó la clausura del local comercial ubicado en domicilio reservado, bajo el argumento que se encontraba operando sin contar con patente municipal, lo que se estima atentatorio de la garantía que protege la libertad para desarrollar todo tipo de actividad comercial lícita y el derecho de propiedad, establecidas en el artículo 19 N° 21 y 24 de la carta política.

SEXTO: Que, es un hecho no discutido en la causa, que al 16 de junio del año 2021 la parte recurrente no tenía vigente un permiso de patente comercial. A su turno, este hecho se debe unir con lo establecido en el artículo 23 de la Ley de Rentas Municipales dice “El ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.”

A su turno, el artículo 58 de la misma ley señala que “La mora en el pago de la contribución de la patente de cualquier negocio, giro o establecimiento sujeto a dicho pago, facultará al alcalde para decretar la inmediata clausura de dicho negocio o establecimiento, por todo el tiempo que dure la mora y sin perjuicio de las acciones judiciales que correspondiere ejercitar para obtener el pago de lo adeudado.

Del mismo modo, podrá el alcalde decretar la clausura de los negocios sin patente o cuyos propietarios no enteren oportunamente las multas que les fueren impuestas en conformidad con los artículos precedentes.

SÉPTIMO: Que, de lo expuesto precedentemente se desprende que la cuestión promovida no es de aquellas que deba ser dilucidada por la vía de la presente acción constitucional de cautela urgente, misma que no constituye una instancia de declaración de derechos, sino que de protección de aquéllos que, siendo preexistentes e indubitados, se vean afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados en esta sede, presupuesto que en la especie no concurre. En consecuencia, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder a la parte recurrente.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, sin costas, el recurso deducido en contra de la por entender que.

Comuníquese, regístrese y en su oportunidad archívese.

N°Protección-36190-2021.