nombre reservado con MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

Santiago, ocho de octubre de dos mil dieciocho.

VISTO:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, relacionadora pública, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de la Subsecretaría del Trabajo, que forma parte del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, representado por don nombre reservado, abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado, a objeto que se ordenen las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y se le otorgue la debida protección, declarando expresamente: (i) que la institución recurrida ha incurrido en un acto ilegal y/o arbitrario al disponer el término anticipado de su nombramiento a contrata; (ii) que se deje sin efecto la Resolución Exenta RA N°290/87/2018 de la Subsecretaría del Trabajo; y (iii) que la autoridad recurrida debe respetar su nombramiento como funcionario a contrata hasta el 31 de diciembre de 2018, debiendo reincorporarlo a las funciones que desempeñaba con anterioridad y pagarle las remuneraciones y demás prestaciones devengadas durante el período de su separación.

Expone que prestó servicios en régimen de "contrato a honorarios por suma alzada" desde el 16 de marzo de 2015 y hasta el 31 de octubre de 2017; que sus funciones fueron, hasta el 31 de diciembre de 2015, analista de los casos presentados por los trabajadores del sector portuario, con el fin de postular a los beneficios otorgados por la Ley 20.773 denominada "Ley Corta de Puertos"; al 31 de diciembre 2016, estuvo a cargo de revisar las resoluciones que otorgaban beneficios contemplados en la "Ley Corta de Puertos" y participó en la elaboración del Código de Ética de la Subsecretaría del Trabajo, coordinando grupos de trabajo para recoger opiniones; Posteriormente, y hasta el 31 de octubre 2017, estuvo a cargo de capacitar a las Oficinas de Intermediación Laboral (OMIL) a nivel nacional, en todas las regiones de Chile; Finalmente, a partir del 1 ° de noviembre de 2017, indica que prestó apoyo profesional en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) como funcionaría a contrata, desarrollando funciones como: i) Encargada de la labor de intermediación que corresponde a las OMIL a través de capacitaciones presenciales, material de apoyo impreso y mediante comunicaciones mensuales vía correo electrónico; ii) Encargada de validar los requisitos para obtener claves de acceso; iií) Encargada de dar respuesta a la Superintendencia de Pensiones con el análisis técnico de los reclamos recibidos por los beneficiarios del seguro de cesantía; y iv) Encargada de capacitar a los funcionarios de las Sucursales del IPS que firmaron convenio de colaboración con la BNE.

Manifiesta que fue designada a contrata por Resolución Exenta RA N°290/87/2017, a contar del 1o de noviembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, el que se prorrogó mediante Decreto Exento RA N°290/10/2017, desde el 1 ° de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

Expone que con fecha 27 de abril del año en curso, fue notificada por carta certificada de la Resolución Exenta RA N°290787/2018 de 23 de abril de 2018, de la Subsecretaría del Trabajo, la que puso término anticipado a su vínculo contractual con dicha repartición pública, cuya parte resolutiva dispuso:

"Pónese término anticipado a la designación a contrata de:

don(a) nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, como profesional, asimilado a grado 14° Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales del Servicio Subsecretaría del Trabajo, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios".

El acto que motiva este recurso corresponde a la Resolución Exenta RA N°290/87/2018 de la Subsecretaría del Trabajo, fechada el 23 de abril de 2018.

En cuanto a las garantías vulneradas, indica que las atribuciones de nombramiento y terminación de cargos o empleos a contrata que corresponden al jefe superior del servicio, contenido en el Estatuto Administrativo, no contempla reglas especiales acerca del procedimiento que debe emplearse para el ejercicio de semejantes facultades, razón por la cual, señala, respecto de tal materia, inequívocamente cabe aplicar las disposiciones contempladas en la referida Ley 19.880.

Explica que en dicho cuerpo legal, en su artículo 11 inciso segundo, consagra la obligación de motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten los derechos de las personas. Además, el artículo 41 inciso cuarto, primera parte, del aludido texto legal ordena: "Las resoluciones contendrán la decisión, que será fundada". Así, sostiene, que resulta evidente que la fundamentación exigida por dicha norma tiene que ser suficiente, en cuanto debe dar razón del camino lógico/racional que ha llevado a la autoridad administrativa a tomar su decisión, que es la única forma de controlar el adecuado y correcto uso de las atribuciones conferidas a un órgano público.

La resolución que pone término anticipado a una designación a contrata bajo la modalidad "mientras sean necesarios sus servicios" debe expresar en forma clara y veraz por qué han dejado de ser necesarios los servicios contratados o se han tomado innecesarios de un momento a otro, de modo tal que la persona afectada pueda conocer las verdaderas razones, que la autoridad tuvo en consideración para poner término al vínculo contractual, lo que, alega, no ha ocurrido en la especie.

Sostiene que con la entrada en vigencia de la Ley 19.880, ha pasado a ser un requisito sustancial la expresión del motivo o fundamento de una decisión o resolución de la Administración, puesto que se vincula con una exigencia que ha sido puesta como condición de mínima racionalidad.

Por lo anterior, concluye que la resolución que impugna es ilegal porque contraviene lo dispuesto en el artículo 11 de la ley citada, por carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, afectando de esta manera la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que ha sido discriminada arbitrariamente en comparación a otros empleados que, desempeñando también funciones profesionales en cargos a contrata permanecen actualmente en sus cargos, sea hasta el término del respectivo período o hasta que sus servicios dejen de ser efectivamente necesarios.

Indica que, si bien la autoridad estaría habilitada legalmente para poner término a la contrata que le vinculaba con la Subsecretaría del Trabajo, sin embargo, no se han expresado los motivos fácticos que impulsaron tal decisión. Por lo que se hace igualmente arbitraria dicha resolución, ya que al estar desprovista de fundamentos de hecho, se sustenta en el solo capricho o mera voluntad de la autoridad que la adoptó.

Sostiene que en su caso no solamente hay ausencia de motivos reales para el término anticipado de su contrata, ya que su desempeño siempre fue bien evaluado, sino que hay, según indica, motivaciones políticas. Tanto es así que las mismas funciones y tareas de su cargo a contrata están siendo desempeñadas por otras personas en dicha Subsecretaría, lo que demostraría, a su entender, que los servicios para los cuales fue contratada, son necesarios.

Concluye que, la Resolución Exenta RA N°290/87/2018 de 23 de abril de 2018 que puso término a su contrata, no ha expresado los fundamentos de hecho por los cuales habrían dejado de ser necesarios sus servicios. Añade que la mera afirmación "por no ser necesarios sus servicios" explicitada en su resolución no es veraz y por ende resulta inidónea para justificar la terminación de su empleo.

Como consecuencia del actuar arbitrario de la recurrida, continúa, se ha vulnerado la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, consagrada en el numeral 2o del artículo 19 de la Constitución Política de la República, ya que ha recibido un trato discriminatorio en relación a las demás personas que, contratadas en iguales condiciones, no se vieron sometidas a una decisión como la que motiva su recurso.

Además, se ha afectado su derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, ya que al incurrir la institución recurrida en un acto arbitrario e ilegal, ha sido privada del derecho a recibir las remuneraciones del cargo que desempeñaba por todo el período de su designación.

Señala diversas sentencias dictadas por esta Corte de Apelaciones y por la Corte Suprema las que se han pronunciado en el mismo sentido, cita al ejemplo, las sentencias N° 10.346-2015, N° 37.984-2015 y N° 35.196-2016.

Acompaña a su recurso, los siguientes documentos:

1.- Copia de la Resolución Exenta RA N°290/87/2017, en que fue designada a contrata a contar del 1o de noviembre de 2017; y, del Decreto Exento RA N°290/10/2017, que dispuso su renovación a partir del 1° de enero de 2018;

2.- Copia de la Resolución Exenta RA N°290/87/2018 de fecha 23 de abril de 2018; y, 3.- Certificado emitido por la Jefa del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas (S) de la Subsecretaría del Trabajo.

SEGUNDO: Que, don nombre reservado, abogado, en su calidad de Subsecretario del Trabajo, domiciliado a los efectos en domicilio reservado, informa señalando que con fecha 6 de abril del año 2015 la recurrente, ingresó a la Subsecretaría del Trabajo, celebrando contrato a honorarios a suma alzada, para prestar servicios en el marco de la Ley Corta de Puertos (Ley N" 20.773), con un periodo de ejecución de siete meses, desde el día 16 de marzo hasta el día 16 de septiembre de 2015. Dicho contrato fue aprobado por Resolución TRA N" 290/114/2015, de la Subsecretaría del Trabajo, de fecha 4 de mayo de 2015. Posteriormente, con fecha 14 de septiembre de 2015, se prorrogó el contrato extendiendo su vigencia por dos meses.

Con fecha 30 de noviembre de 2015, se celebró un nuevo contrato a honorarios a suma alzada, para la prestación de servicios de apoyo al Programa Proempleo, por un mes.

Señala que el mismo día, 30 de noviembre de 2015, por medio de carta dirigida por el Subsecretario (S) de la época, se le informó a la recurrente, la decisión de no renovar el contrato, en atención a que ya no serían necesarios sus servicios.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que según consta de los antecedentes que dispone su organismo, con fecha 18 de enero de 2016 se celebró un tercer contrato a honorarios a suma alzada con la recurrente, aprobado el 29 de enero de 2016, por Resolución TRA N° 290/63/2016, de la misma Subsecretaría, para desempeñarse en la División Jurídica hasta el día 31 de diciembre de 2016, realizando las siguientes funciones:

Gestionar y administrar documentos de la División Jurídica.

Coordinar reuniones de la División Jurídica.

Todas aquellas encomendadas por su Contraparte Técnica.

Indica que, con fecha 22 de febrero de 2017, se celebró un cuarto contrato a honorarios a suma alzada entre esa Subsecretaría y la señora nombre reservado. El contrato estableció un periodo de ejecución desde el día 1o de enero hasta el 31 de diciembre de 2017. En el convenio, la recurrente se comprometía a prestar servicios en la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo, para efectos de gestionar y administrar documentos de la División Jurídica; Coordinar reuniones de la División Jurídica; Gestionar la comunicación entre la Subsecretaría del Trabajo y las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), en el marco de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE); y todas aquellas encomendadas por su Contraparte Técnica.

Dicho convenio fue aprobado el 17 de marzo de 2017, por Resolución TRA N° 290/97/2017. Y, con fecha 26 de diciembre de 2017, mediante Resolución Exenta TRA N° 290/86/2017 de la Subsecretaría del Trabajo, se puso término anticipado a este convenio a honorarios a suma alzada, a partir del 1o de noviembre de 2017. En esa misma fecha, mediante Resolución Exenta N° 290/87/2017, se le designó a contrata, a contar del 1o de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2017, para desarrollar funciones de profesional de apoyo en el Gabinete de la Subsecretaría del Trabajo, del cual depende la Bolsa Nacional de Empleo, con la finalidad de gestionar la comunicación entre la Subsecretaría del Trabajo y las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), en el marco de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE), con asimilación a Grado 14° de la E.U.S., de la Planta Profesional. Esta designación se prorrogó para el periodo 1o de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, por Decreto Exento RA N° 290/10/2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría del Trabajo.

Expone que, la señora nombre reservado no participó en concurso alguno previo a sus designaciones o nombramientos dentro de la Subsecretaría del Trabajo.

Sostiene que conforme a los antecedentes expuestos, la recurrente, mantuvo la calidad de funcionaria a contrata en esa Subsecretaría por un período menor a un año, esto es, desde el 1o de noviembre de 2017 hasta el término anticipado dispuesto por el acto recurrido: Resolución Exenta RA N" 290/87/2018, de 23 de abril de 2018.

Añade que en dicho acto administrativo se indicaron los motivos precisos que fundaron la decisión. En efecto, se destacó que se hacía uso de la facultad de poner término a la contrata, asumiendo que ya no eran necesarios para la autoridad pública competente y jefatura directa, los servicios de la señora nombre reservado, atendido el componente estratégico y de confianza de las labores que aquélla realizaba a la fecha. Tal como se indicaba en la causal de término anticipado, incorporada a dicho contrato. Es por ello, que no resulta ser una decisión infundada y, por ende, ilegítima, como alega la recurrente. La autoridad en este caso hizo ejercicio de su potestad privativa que consagra el artículo 28 de la Ley N" 18.575, sobre Bases Generales de la Administración del Estado.

Expone que al deducir la presente acción en contra de la Resolución Exenta RA N° 290/87/2018, de 2018, del Subsecretario del Trabajo, la recurrente busca impugnar el legítimo ejercicio de las atribuciones que le confiere a la autoridad, el artículo 28 de la Ley N" 18.575, sobre Bases Generales de la Administración, según el cual el Jefe Superior de Servicio es a quien le compete "dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley le asigne", y, para lo anterior, ha de actuar velando por el cumplimiento de los principios que consagra el artículo 3, inciso segundo, entre otros: "de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación".

Sostiene que, la Corte Suprema, en autos Rol N" 13.512, de 2015, en sentencia de 17 de noviembre del mismo año, ha precisado lo siguiente, en su considerando cuarto:

"Que conforme lo expuesto, existiendo en el ordenamiento jurídico nacional un procedimiento de reclamo ante el órgano administrativo respectivo (...) resulta evidente que ésta no es una materia que corresponda ser dilucidada por medio de la presente acción cautelar, ya que no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria, y por ende en situación de ser amparados.

Concluye que, en la especie, dicho presupuesto no concurre por cuanto lo que persigue la recurrente al accionar por esta vía es que se deje sin efecto la decisión de la autoridad administrativa (...) por lo que el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar, sin perjuicio de otras acciones que pudieren corresponder al actor." En dicho contexto, prosigue, la acción deducida en ningún caso puede constituir la instancia idónea para formular cuestionamientos sobre la correcta aplicación de normas jurídicas, como se pretende en la especie, ya que, la recurrente señala que "se ha visto afectado mi derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental, toda vez que al incurrir la institución recurrida en un acto arbitrario e ilegal he sido privada del derecho a recibir las remuneraciones del cargo que desempeñaba por todo el período de mi designación". Es decir, la recurrente estima, que le asiste un "derecho" indubitado e indiscutido, a recibir la totalidad de la remuneración establecida para el cargo a contrata de enero de 2018, sin considerar que el empleo a contrata es eminentemente transitorio, ya sea según el plazo acordado o como es el caso de autos, por constar que sus servicios se requerirían mientras fueran necesarios.

Postula que la pretensión de la recurrente es infundada, en la medida que no busca, a través de ella, amparar el ejercicio legítimo de un derecho indubitado y no disputado --requisitos copulativos que contempla la normativa constitucional pertinente y que han sido exigidos por la reiterada jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia--, sino que pretende, el reconocimiento de un derecho que según ella le correspondería, cuestión ajena a la naturaleza cautelar de la acción entablada.

Añade que la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia ha sostenido que un acto es ilegal cuando no se aviene a la normativa por la que debe regirse, lo que en este caso no ha ocurrido, toda vez que la Resolución Exenta RA N° 290/87/2018, de 23 de abril de 2018, ha sido dictada en absoluta conformidad a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico, esto es, de acuerdo a las facultades que le confiere el artículo 28 de la Ley N" 18.575, y los Decretos con Fuerza de Ley N°s 25 de 1959 del Ministerio de Hacienda, y 1° de 1967, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Así, concluye que el Subsecretario del Trabajo, en atención a su calidad de jefatura directiva, y dando fiel cumplimiento a la normativa vigente, tiene facultades suficientes para organizar y gestionar la dotación de personal, lo que incluye analizar la posibilidad de contar con determinados servicios prestados por algunos funcionarios, pudiendo disponer de cargos que son legalmente transitorios, si así lo estima necesario para la gestión institucional, pues en definitiva el principio de legalidad consagrado en los artículos 6o y 7 de la Constitución Política de la República, obliga a las autoridades superiores a que sus decisiones sean fundadas, con expresión de los motivos, es decir, las condiciones que justifican aquellas y los razonamientos, como sus antecedentes de hecho y de derecho que les sirven de sustento, de manera tal que en el acto administrativo se desprenda cual fue el raciocinio que la Superioridad tuvo al momento de tomar la decisión, todo lo cual se cumple en la desvinculación de la señora nombre reservado.

Además, destaca que el empleo a contrata es esencialmente transitorio, conforme lo señala la letra c), del artículo 3o del Decreto con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Y la misma lógica se aplica al término anticipado de la contratación por parte de la Autoridad, así por ejemplo, lo ha establecido la Excma. Corte Suprema, en el considerando tercero, del fallo de fecha 22 de mayo de 2018, Causa Rol N" 1399-18, que señala:

"Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada." Finalmente, respecto a la remuneración y al derecho de propiedad que la recurrente señala como vulnerado, al impedir que perciba las remuneraciones de los meses restantes de vigencia de la designación a contrata cuyo término fue anticipado por la Autoridad, señala que tal derecho no existe, toda vez que la naturaleza del empleo es transitorio y, además, por la correcta aplicación del principio retributivo establecido en el artículo 72 del Estatuto Administrativo: "Por el tiempo durante el cual no se hubiere efectivamente trabajado no podrán percibirse remuneraciones".

Por lo tanto, por aplicación concreta del principio de legalidad administrativa, los funcionarios públicos solo pueden recibir remuneración por el tiempo efectivamente trabajado, de modo que de extinguirse el vínculo que lo une con la Administración, ya no procede el pago de estipendio alguno por parte del Estado.

Manifiesta que descartada la posibilidad de que la Resolución en comento haya sido ilegal, hace presente que un acto arbitrario es aquel contrario a la justicia o a la razón, es decir, producto de la sola voluntad del que lo comete, circunstancias que no concurren en la especie, ya que la referida Resolución Exenta RA N" 290/87/2018 de abril de 2018, solo ha traducido la expresión del cumplimiento y ejercicio de las facultades que la legislación vigente concede y permite a la Autoridad respecto de los funciones empleados a contrata.

Argumenta que las consideraciones del acto que se trata de impugnar responden tanto a los términos en que se designó a contrata, como a las labores realizadas por la funcionaria, las que tienen matices estratégicos y de confianza directa con la Autoridad.

Respecto a la legalidad del acto de la especie, hace presente que al emitir la Resolución Exenta RA N° 290/87/2018 de 23 de abril de 2018, que pone término anticipado a la designación a contrata de la recurrente, la autoridad administrativa (Subsecretario del Trabajo), cumplió a cabalidad con tales elementos, puesto que goza de la facultad para disponer el término de la relación de empleo público de que se trata con la ex funcionaría; el ejercicio de esa potestad se tradujo en un acto administrativo de resolución exenta; en dicho acto se expone su finalidad y se describen también el motivo y su objeto.

En relación a los motivos que fundan el acto referido, el considerar la expresión "a contar de 1 de noviembre de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2017, y mientras sean necesarios sus servicios", responde precisamente a ejecutar lo que en él se decide y, también, concuerda con la naturaleza del empleo a contrata, conforme ya expusiera. Esa expresión de voluntad emitida por la autoridad competente, no responde a un acto caprichoso y sin fundamento, sino que es el ejercicio de una facultad propia de los jefes de servicio.

Argumenta, que así lo ha determinado la jurisprudencia administrativa, al resaltar que el elemento característico del empleo a contrata es su transitoriedad y que la expresión "mientras sean necesarios sus servicios" que se añade a los respectivos contratos suscritos por las partes como causal de término del empleo, es una manifestación de dicha característica:

"Sobre el particular, cabe recordar que la utilización de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios", tiene su fundamento legal, por una parte, en la letra c) del artículo 3° de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, que prescribe que los cargos a contrata son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una Institución y, por otra, en el inciso primero del artículo 10 del mismo cuerpo legal, que dispone que dichos empleos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año, sin perjuicio de sus eventuales prórrogas." (Dictamen N° 5.822, de fecha 28 de enero de 2011, de la Contraloría General de la República).

Además, el Ente Contralor ha destacado, en el mismo dictamen citado, respecto a la facultad de la Autoridad de poner término anticipado a la designación, que:

"Es dable entender que, en esta materia, ésta cuenta con una razonable discrecionalidad y, por ende, que se encuentra facultada para determinar una extensión menor a la data aludida para las designaciones a contrata, a través de la fijación de plazos diversos del indicado (...).

En efecto, considerando que una facultad discrecional, supone, necesariamente, el otorgamiento de una potestad en virtud de la cual, frente a una misma situación, la superioridad puede optar entre dos o más alternativas, basándose en criterios de mérito, oportunidad o conveniencia, no cabe sino concluir que en el caso analizado, al incorporarse la cláusula en comento como elemento para determinar la duración de una designación a contrata, el ejercicio de tal atribución se ajusta a derecho, por lo que, acorde lo expresado, puede colegirse que cuando la autoridad cesa en funciones a un servidor esgrimiendo como fundamento la mencionada fórmula, ello no resulta arbitrario ni contraviene la normativa estatutaria antes referida, sino que, por el contrario, se adecúa a ésta, al darle cumplimiento dentro del margen discrecional que la propia ley autoriza." Igualmente, y en la misma línea se ha pronunciado recientemente la Excma. Corte Suprema, con fecha 22 de mayo de 2018, en el fallo de la causa Rol N" 1399-18, que resuelve en definitiva que el recurso presentado por un funcionario de la Ilustre Municipalidad de Maipú, a quien se le anticipó el término de la designación a contrata, motivando el acto en la expresión "mientras sean necesarios sus servicios". Así, los considerandos tercero, cuarto, quinto y sexto de la referida sentencia señalan:

"Tercero: Que, de los documentos acompañados a estos autos aparece que la parte recurrente fue contratada primitivamente hasta el 31 de diciembre de 2016, con la mención “mientras sean necesarios sus servicios”, instrumento que fue prorrogado desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre del mismo año, reiterando lo expresado en el nombramiento.

Cuarto: Que la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata o a honorarios. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata, señala que son aquéllos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución. Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación con la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha indicada.

Quinto: Que de lo razonado se concluye que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, servicios cuya principal característica es su precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir precisamente a esta causal sólo ha hecho uso de la facultad antes descrita, la que por lo demás aparece justificada en los antecedentes del memorando de la jefa de Recursos Humanos.

Sexto: Que, por consiguiente, la inexistencia de un comportamiento antijurídico, calidad que inadecuadamente se atribuye al invocado, resulta suficiente para desestimar el recurso.”

Es decir, dicho Tribunal razona en el sentido que el uso de la expresión "por no ser necesarios sus servicios", no procede como motivo principal para poner término anticipado a la designación a contrata, no por carecer de mayores detalles, sino, porque a la luz del tiempo en que se desempeñaron en cargos a contrata los recurrentes, en aquellas causas parecía irracional no manifestar expresamente cómo alguien con más de 20 años de servicios deja de ser necesario para el organismo.

Hace presente, además, lo resuelto por Contraloría General de la República, en su Dictamen N° 22.766 de 2016, que reconoce que una práctica administrativa genera la confianza legítima de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes, no siendo justo que la Administración pueda cambiar su práctica de forma sorpresiva. De esa tesis surgen ciertos deberes para la Administración: Tener una actuación coherente, previsible, y, que el cambio de conducta sea anunciado y anticipado, y se encuentre ajustado a derecho y debidamente fundado.

Para establecer ese principio, el ente Contralor se remite al tiempo en que el funcionario se desempeñó dentro del determinado Servicio. Ese tiempo debe ser "considerable", a fin de establecer que generó en el funcionario una legítima confianza de que la Administración seguiría actuando en el sentido de mantenerlo en sus funciones.

Por ello, añade, es que el Ente de Control Administrativo ha sostenido que las reiteradas renovaciones de las contrataciones, desde la segunda renovación al menos, generan en los funcionarios que se desempeñan sujetos a empleo a contrata, la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, debiendo la Autoridad, al adoptar una determinación diversa, explicitar los fundamentos que motiven tal decisión o cambio de actitud (Dictamen N° 23.5118, de 2016).

Sostiene que en el caso de la señora nombre reservado, no se aplica el principio de la legítima confianza en los términos esbozados por la Contraloría General de la República, por el tiempo en que ella ejerció sus labores bajo la modalidad del empleo a contrata en la Subsecretaría del Trabajo. Ello, se refuerza si se trata de alguien que desempeña funciones dentro del Gabinete de la Autoridad, como es el caso. Ello, conforme a lo expresado por la Contraloría en su Dictamen N* 6.400 de marzo de 2018:

"Asimismo, el criterio en cuestión tampoco resulta aplicable respecto a los jefes de gabinete y asesores en gabinetes de ministros, subsecretarios y jefes de servicios. En efecto, atendida la naturaleza de confianza que existe entre esas autoridades y quienes desarrollan las labores comentadas, estos servidores no se encuentran beneficiados con la confianza legítima de que trata la presente instrucción, salvo que acrediten haber sido objeto de dos renovaciones anuales de sus contratas en otra dependencia de la misma institución, antes de desempeñarse en gabinete.”

Indica que otro elemento incorporado por la Corte Suprema, a la hora de evaluar la juridicidad del término anticipado de la designación a contrata, es el procedimiento por el cual el funcionario ingresó al Servicio público. Así, en el fallo de la causa Rol N° 3636 de 2018, que confirma una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, respecto del rechazo al recurso de protección interpuesto por una persona desvinculada de forma anticipada, el ex Ministro, señor Pedro Pierry, concurre a la confirmatoria destacando el siguiente razonamiento:

"(...) Los cargos a contrata lo son por plazo definido, un año. No son cargos de planta y, por ello, no son provistos por concurso y, por lo tanto, no gozan de inamovilidad. Resulta entonces que, si el funcionario a contrata ha accedido a su cargo mediante concurso público, se abre la posibilidad para que pueda otorgársele protección, pues su ingreso no ha sido producto de una decisión discrecional de la autoridad, que no otorga igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos que cumplen con los requisitos, sino que, por medio de un concurso, que sí cumple con la disposición de la Constitución Política." "B.- La excepción a lo anterior lo constituyen los cargos que no tienen aparejada la inamovilidad, complemento necesario para asegurar la carrera funcionaría, que son principalmente los denominados cargos de confianza exclusiva, generalmente los de mayor jerarquía en las instituciones del Estado y a través de los cuales el gobernante lleva a cabo las políticas públicas para cuya ejecución la ciudadanía lo ha elegido." Reitera, que como ya lo señalara, mediante Resolución Exenta N° 290/87/2017, se designó a contrata a la Sra. nombre reservado, a contar del 1o de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2017, para desarrollar funciones de profesional de apoyo en el Gabinete de la Subsecretaría del Trabajo, del cual depende la Bolsa Nacional de Empleo, para realizar labores de gestión de la comunicación entre la Subsecretaría del Trabajo y las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), en el marco de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Esta designación se prorrogó para el periodo 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2018, por medio del Decreto Exento RA N° 290/10/2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría del Trabajo.

Sostiene que las funciones que desempeñaba la Sra. nombre reservado tenían especiales componentes estratégicos y de confianza, por cuanto ella era el nexo entre la Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL) y el Gabinete del Subsecretario, relación entre organismos públicos distintos y respecto de un producto estratégico en los planes y políticas de empleo de esa Subsecretaría. Agrega que, si se considera que el correcto funcionamiento de la Bolsa Nacional de Empleo, no puede resultar indiferente o ajeno a la Subsecretaría del Trabajo, ya que institución tiene atribuciones explícitas en relación a la mantención de la continuidad de la Bolsa Nacional de Empleo. Así, el inciso tercero, del artículo 64 de la Ley N° 19.728 dispone:

"Extinguido el contrato de administración de la Bolsa Nacional de Empleo por las causas establecidas en las bases de licitación, la entidad que estuviere prestando el servicio que ella otorga, deberá transferir a la Subsecretaría del Trabajo o a quien esta determine, dicha Bolsa y las bases de datos que forman parte de ella, permitiendo la continuidad del servicio." Por su parte, el inciso final de la misma norma dispone:

"La supervigilancia, control y fiscalización de la entidad que administre la Bolsa Nacional de Empleo corresponderá al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, sin perjuicio de las facultades de la Superintendencia de Pensiones en relación con la fiscalización a la Sociedad Administradora respecto de la administración del Fondo de Cesantía Solidario." Referente a lo anterior, hace presente que la supervigilancia, control y fiscalización de la entidad administradora, corresponde al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), institución que, a su turno, es supervigilada por el Presidente de la República a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, por lo que no puede entenderse una desconexión o independencia de la Bolsa Nacional de Empleo y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en general, y la Subsecretaría del Trabajo, en particular, más aún, respecto a la gestión y comunicación con otros entes públicos, en nombre del Gabinete del señor Subsecretario.

Destaca que no actuó de forma arbitraria al disponer el término anticipado del empleo a contrata de la recurrente, ya que al momento de analizar el rol de la recurrente, tuvo especial consideración lo estratégico de la labor ejercida por ella; y finalmente, aplicó lo establecido en su designación, respecto a la vigencia de sus labores, conforme la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, que citara.

Respecto a las garantías que se dicen vulneradas, señala en cuanto al derecho constitucional contemplado en el N° 2° del artículo 19 de la CPR, que ésta consiste en el sometimiento de todas las personas de similares condiciones a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes, sin que sea posible discriminar entre ellas, por lo que es natural que en una serie de ámbitos, la ley pueda hacer diferencias entre grupos, siempre y cuando no sea una discriminación arbitraria, esto es, contraria a la ética elemental o que no tenga justificación racional.

En tal sentido, por discriminación arbitraria debe entenderse toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o por cualquier autoridad pública, que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable.

Así, reitera que no ha provocado la vulneración reclamada, por cuanto no existe una diferencia arbitraria o ilegal que afecte a la recurrente. Tampoco ha privado, perturbado o amenazado un supuesto derecho de propiedad que la recurrente tendría sobre el empleo a contrata, su permanencia en él y a percibir la totalidad de las remuneraciones establecidas en la designación a contrata a la que puso término anticipado la autoridad competente y haciendo uso de las facultades que le asigna la ley.

Acompaña a su informe, para los efectos que importan, los siguientes documentos:

1.- Resolución Exenta RA N° 290/87/2018, de fecha 23 de abril de 2017, del Subsecretario del Trabajo, que pone término anticipado de designación a contrata.

2.- Decreto Exento RA N° 290/10/2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, del Subsecretario del Trabajo, que prorroga contrata de cargo(s) que indica, entre ellos, la designación de la señora nombre reservado.

3.- Resolución Exenta RA N" 290/87/2017, de fecha 26 de diciembre de 2017, del Subsecretario del Trabajo, que designa a contrata a la señora nombre reservado como profesional, asimilado al grado 14° de la escala única de sueldos, de la Planta de profesionales, con jornada de 44 horas semanales.

4.- Resolución Exenta RA N" 290/86/2017, de fecha 26 de diciembre de 2017, del Subsecretario del Trabajo, que pone término anticipado al convenio de honorarios a suma alzada de indica.

5.- Resolución TRA N° 290/97/2017, de 17 de marzo de 2017, del Subsecretario del Trabajo, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada celebrado entre esa Subsecretaría y doña nombre reservado con fecha 22 de febrero de 2017.

6.- Resolución TRA N° 290/97/2017, de fecha 17 de marzo de 2017, del Subsecretario del Trabajo, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada celebrado con doña nombre reservado con fecha 22 de febrero de 2017, transcrito.

7.- Resolución TRA N° 290/63/2016, de fecha 29 de enero de 2016, del Subsecretario del Trabajo, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada celebrado entre esa Subsecretaría y doña nombre reservado el 18 de enero de 2016.

8.- Resolución TRA N° 290/16/2016, de 7 de enero de 2016, del Subsecretario del Trabajo, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada entre esa Subsecretaría y doña nombre reservado con fecha 30 de noviembre de 2015.

9.- Carta de fecha 30 de noviembre de 2015, del señor Subsecretario del Trabajo (s), dirigida a la Sra. nombre reservado, que informa la no renovación del contrato a honorarios a suma alzada, aprobado por la Resolución TRA N° 290/16/2016, para el año 2016.

10.- Resolución N° 45, de 13 de octubre de 2015, del Subsecretario del Trabajo, que aprueba prórroga del contrato a honorarios a suma alzada, aprobado por la Resolución TRA N° 290/114/2015, de esa Subsecretaría, el 4 de mayo de 2015.

11.- Resolución TRA N° 290/114/2015, de 4 de mayo de 2015, del Subsecretario del Trabajo, que aprueba contrato a honorarios a suma alzada entre esa Subsecretaría y la señora nombre reservado, con fecha 6 de abril de 2015.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental; Se sostiene también, uniformemente, que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

QUINTO: Que, ahora bien, el quid del asunto que es materia de este arbitrio, lo constituye la verificación de que si la Resolución Exenta RA N° 290/87/2018, de fecha 23 de abril del año en curso, emitida por la Subsecretaría del Trabajo, es ilegal y/o arbitraria, tal como lo sostiene la recurrente:

Dicha Resolución señala que:

“CONSIDERANDO:

1°Lo dispuesto en los artículos 3° letra c) y 10 del DFL N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, los cuales disponen que el empleo a contrata es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución, el cual durará, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. Los funcionarios a contrata tienen derecho a permanecer en sus empleos mientras no opere alguna de las causales de expiración de funciones previstas en el artículo 140 del Estatuto Administrativo, salvo que la contratación hubiese sido dispuesta bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, caso en el cual la autoridad puede poner término a sus servicios en el momento que estime conveniente, produciéndose los efectos de tal acto a contar de la notificación al afectado.

2° Que doña nombre reservado, fue contratada por medio de la Resolución N° 290/87/2017, de 26 de diciembre de 2017, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, asimilada al grado 14 de la E.U.S., Planta de Profesional, para desarrollar las funciones de profesional de apoyo en el Gabinete de la Subsecretaría del Trabajo, donde se encuentra radicada la Bolsa Nacional de Empleo. En concreto, se le encomendó principalmente encargarse de gestionar la comunicación entre la Subsecretaría del Trabajo y las Oficinas Municipales de Información Laboral (OMIL), en el marco de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) a contar del 1° de noviembre de 2017y hasta el 31 de diciembre de 20178 o mientras sean necesarios sus servicios. Que la prórroga de la contrata de doña nombre reservado para el periodo 2018 se registra por el Decreto N° 290/10/2017, bajo la fórmula “mientras sean necesarios sus servicios”, desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.

3°.- Que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley N° 18.575, sobre Bases de la Administración del Estado, constituye potestad privativa del jefe superior del servicio dirigir, organizar y administrar el correspondiente órgano público a su cargo, con la facultad de ejercer su control y velar por el cumplimiento de los objetivos comprometidos en la gestión de la institución, pudiendo fijar las políticas, instrucciones y actos administrativos necesarios para el correcto desempeño de la función pública. Que forma parte de esta potestad de la autoridad, el velar por el buen uso de los recursos humanos y financieros de la institución, en estrecha relación con lo dispuesto en la Ley N° 21.053 de Presupuesto del Sector Público para el año 2018.

4°.- Que, en el ejercicio de sus facultades orgánicas, corresponde a la autoridad superior de la institución impulsar las acciones y medidas necesarias para garantizar la eficiencia y competencia profesional técnica del personal integrado a sus equipos regulares de trabajo, pudiendo reformular y racionalizar sus actividades pertinentes para optimizar el cumplimiento de los servicios y productos comprometidos conforme a sus objetivos de gestión institucional.

5°.- Que, las tareas encomendadas a la aludida, tienen especiales componentes estratégicos y de confianza, por lo que la autoridad se encuentra facultada para evaluar la necesidad de mantener la contratación o no.

6°.- Que, atendido el carácter antes señalado a dicho cargo a contrata, puede ponérsele término anticipado, cuando así fuere calificado por la autoridad competente.

7°.- Que, la jurisprudencia administrativa y judicial han definido la confianza legítima como una garantía consistente en que las reiteradas contrataciones, -desde la segunda renovación al menos-, generan en los servidores públicos que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la expectativa legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro. Por consiguiente, para que la autoridad pueda poner término anticipado a esa clase de contratos, debe emitir un acto administrativo que explicite suficientes fundamentos que avalen la situación, lo que se cumple en la presente Resolución.

8°.- Que, a mayor abundamiento el presente acto administrativo ha considerado especialmente lo sostenido por la Contraloría General de la República, en materia de confianza legítima, en el sentido que este principio, no afectan las facultades que tienen las autoridades respectivas en torno a las contratas -u otras figuras de designación semejante-, en particular, en cuanto a la atribución de decidir su no renovación o el término anticipado de aquellas en que rija la cláusula “hasta que sean necesarios sus servicios” u otra similar, de conformidad con las disposiciones legales respectivas, lo que ha sido consignado de manera expresa por la jurisprudencia vigente. (Dictamen 006400N18 de 22 de marzo de 2018).

9°.- Que, en el caso particular, no se configuran los supuestos básicos de la mencionada confianza legítima, respecto de la contrata de doña nombre reservado. En efecto, su contrata data del 1° de noviembre de 2017, y existen suficientes fundamentos para poner término anticipado a su contrata.

10°.- Que, por medio de este acto se deja constancia que doña nombre reservado, no cuenta con horas compensatorias.

RESUELVO:

PÓNESE Término anticipado a la designación a contrata de:

Doña nombre reservado, RUN N° RUT reservado, como profesional, asimilado a grado 14 Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales del servicio Subsecretaría del Trabajo, con jornada de 44 horas semanales, a contar de la total tramitación del presente acto administrativo, por no ser necesarios sus servicios.

Anótese Comuníquese y Regístrese.”

SEXTO: Que, al efecto, cabe recordar que el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad reprocha la recurrente consiste en el término anticipado de su contrata por parte de la Institución recurrida y la falta de fundamentos de dicha Resolución. El motivo esgrimido por parte de la autoridad consistió en que sus servicios ya no eran necesarios, tal como consta en la transcripción de la Resolución en el motivo que antecede.

SÉPTIMO: Que, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Suprema, al igual que en numerosos fallos de esta Corte, la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, está en armonía con el carácter que tienen los empleos a contrata. En efecto, la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3°, luego de definir la planta de personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley; esto es, figura implícita la facultad de la autoridad para poner término a las funciones del empleado a contrata antes de la fecha recién indicada. (Corte Suprema Rol N° de 11 de abril de 2016)

OCTAVO: Que, es dable considerar, entonces, que la expresión “mientras sean necesarios sus servicios” ha sido utilizada para permitir, en esta clase de nombramientos, la existencia de un periodo de vigencia que sea inferior al que le restare al empleo para finalizar el año en que los servicios recaigan.

NOVENO: Que, de lo razonado se concluye que la autoridad administrativa denunciada se encontraba legalmente facultada para cesar los servicios a contrata de la parte recurrente, cuya principal característica es su precariedad en su duración, supeditada a las necesidades de la entidad empleadora, de manera que al acudir la recurrida precisamente a esta causal solo ha hecho uso de la facultad antes descrita.

Por lo anterior, solo cabe concluir, que la Resolución Exenta RA N° 290/87/2018, de fecha 23 de abril del año en curso, emitida por la Subsecretaría del Trabajo, no es ilegal ni arbitraria, por lo que el recurso fundado en dicha causal, no puede prosperar.

DÉCIMO: Que, en relación a la falta de fundamentos de la Resolución aludida, cuando se expresa en el acto administrativo, como se hace en el impugnado por esta acción constitucional, que se pone término a las contratas por no ser ya necesarios los servicios del contratado, ello es fundamento suficiente para dar por terminada la relación. A mayor abundamiento, la Resolución Exenta, está debidamente fundada y contiene las razones por las cuales se pone término en forma anticipada a la designación del recurrente, dando cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 11° inciso segundo y 41° inciso cuarto de la Ley 19.880, sin perjuicio que basta para justificar el término anticipado de la contrata, lo razonado en los motivos precedentes.

UNDÉCIMO: Que por todo lo dicho sólo corresponde rechazar el recurso de protección intentado, pues se reitera, la decisión de la administración plasmada en la Resolución Exenta ya citada, de poner término a los servicios por ya no ser necesarios, no es ni ilegal ni arbitraria y obedece a una facultad exclusiva y excluyente de la autoridad administrativa.

DUODÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo razonado y relacionado en los motivos anteriores, en el sentido que la resolución reclamada por el recurrente como arbitraria e ilegal, no lo es, ya que no corresponde a un mero capricho de la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social y, además, fue decidida de acuerdo a sus facultades legales, cabe hacer presente, que la controversia de autos no puede ser dirimida mediante la presente acción de carácter constitucional que fue establecida para fines distintos a los que se verifican en estos antecedentes, sin que pueda esta Corte emitir un pronunciamiento de carácter jurídico al respecto, toda vez que dicha controversia solamente puede ser resuelta por el órgano jurisdiccional competente, que como se dijo, no es este tribunal.

Que, también resulta necesario precisar que el recurso de protección de garantías constitucionales no es un recurso de orden jurisdiccional cuya finalidad sea la impugnación de toda clase de decisiones de autoridades administrativas e incluso jurisdiccionales, que estas toman en el ámbito de sus respectivas competencias y dentro del marco que la ley les asigna, esto es, dentro del campo de sus legítimas atribuciones. Dichos procedimientos tienen sus medios de impugnación propios y son aquellos los que han de ser utilizados, es decir, esta acción constitucional, no es un sustituto jurisdiccional, como ya se precisara, lo que por sí solo basta para rechazar la acción cautelar de que se trata, hay que decir que el presente recurso tampoco podría prosperar porque no concurren los requisitos básicos para la interposición de una acción de esta clase.

Así las cosas, no cabe más que concluir que esta acción ha sido usada como un medio de impugnación, como si fuera un mero recurso jurisdiccional de aplicación general, lo cual resulta impropio.

DÉCIMO TERCERO: Que en efecto, y no siendo el acto administrativo recurrido, ilegal ni arbitrario, como se ha demostrado, por lo que huelga concluir que no se ha vulnerado norma alguna, ya sea de rango legal o constitucional, incluidas las indicadas como conculcadas, esto es, aquellas contenidas en el artículo 19 N°s 2 y 24 de la CPR, es que la presente acción, como ya se señalara, no puede prosperar.

DÉCIMO CUARTO: Que, de acuerdo a lo razonado precedentemente, al haberse descartado la realización de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de la autoridad recurrida, y de la ausencia del ejercicio legítimo de un derecho, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

En tales condiciones, y tal como se adelantó, la acción ejercida debe necesariamente ser declarada sin lugar.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de 24 de junio de 1992 de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional impetrada por doña nombre reservado en contra de la Subsecretaría de del Trabajo dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la ministra (s) Sra. María Paula Merino Verdugo.

Rol N° 36181-2018.

No firma la Ministra (s) Sra. Merino, por ausencia.