nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES

Foja: 0 Cero C.A. de Santiago Santiago, quince de marzo de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, quien interpone acción de protección de garantías constitucionales en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por los actos ilegales y arbitrarios, conculcatorios del derecho consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República que detalla en su presentación y a los que se hará referencia. Solicita que esta Corte, restableciendo el imperio del derecho, declare que la recurrida no puede apropiarse de fondo alguno de la recurrente producto de un crédito que fue pagado en su totalidad el año 2015, y además proceda a devolver los montos que se le han retenido por dicho concepto en el año 2016, y los que se hayan producido durante el presente proceso.

Funda su arbitrio constitucional en el año 2013, suscribió un crédito con la recurrida, que en ese tiempo prestaba servicios en la DIBAM, servicio que no le daba la posibilidad de efectuar descuentos de las cuotas por planilla, razón por la que aquella concurría personalmente a pagar las cuotas en las oficinas de la Caja. Indica que luego, mediante concurso público, fue contratada por el Consejo para la Transparencia, institución que sí tenía convenio con la recurrida para el pago por planilla de los créditos, por lo que las cuotas le comenzaron a ser descontadas directamente de sus remuneraciones. Luego, comenzó a trabajar en el Consejo de Defensa del Estado, manteniendo la modalidad de pago del crédito antes dicha.

Indica que en el mes de agosto de 2016, mediante correo electrónico emanado de una oficina de cobranza de la Caja de Compensación Los Andes, le informan que mantendría una deuda con dicha institución y que se acercara a regularizarla, siendo que ello, a su juicio no es efectivo, desde que ha pagado todas las cuotas de su crédito, el que solucionó completamente en el año 2015. Al revisar el sistema del Poder Judicial, se entera que efectivamente ha sido demandada ejecutivamente para el cobro de la deuda en causa Rol C-416-2013 del 25º Juzgado Civil de Santiago, fundada en un pagaré por la cantidad de $8.078.617, cuya primer vencimiento fue el 31 de agosto de 2010, y el último fue el 31 de julio de 2015. Luego, la demandante modifica su demanda a la suma líquida de $6.597.537, más intereses, reajustes y costas.

Señala que los hechos de dicho juicio ejecutivo no son efectivos, desde que la recurrente ha pagado íntegramente todas las cuotas referentes al crédito que se demanda, y no solamente 11 de ellas, como habría expresado la recurrida. Señala que la Caja de Compensación no solamente le ha hostigado constantemente para el pago del crédito, sino que también le ha descontado de sus remuneraciones, en forma unilateral y sin previo aviso, grandes sumas de dinero, siendo incapaz de darle, en todo momento, una respuesta a su situación. Indica que ha solicitado pronunciamientos de diversas instituciones al respecto, así como ha intervenido en la causa judicial solicitando la liquidación del crédito de autos, sin respuesta satisfactoria, además de habérsele embargado su vehículo. Refiere que la recurrida le ha descontado de sus remuneraciones la cantidad de $554.458 desde el mes de junio de 2016.

En este derrotero, indica que la Caja de Compensación Los Andes está cobrando dos veces un mismo crédito, lo que vulnera el derecho de propiedad de la actora, consagrado en el artículo 19 Nº 24 de la Carta Fundamental, al privarle injustificadamente de su patrimonio. Acompaña a su presentación copias de la causa de cobro incoada en su contra, de certificados de pagos de cotizaciones previsionales donde consta el descuento del crédito en referencia y copias de liquidaciones de sueldo donde figuran las retenciones efectuadas por Caja Los Andes en forma unilateral;

SEGUNDO: Que informa al tenor del recurso el Consejo de Defensa del Estado, señalando que a la funcionaria nombre reservado, durante el período del mes de julio de 2015, fecha en que se incorpora al servicio, y el mes de enero de 2017, por instrucción de Caja de Compensación Los Andes, se le han efectuado descuentos en sus remuneraciones del mes de noviembre de 2016 por $554.458; diciembre de 2016 por $582.212; y enero de 2017 por $354.181. Lo anterior se ha materializado en virtud de las nóminas mensuales de retenciones previsionales remitidas por la misma Caja de Compensación al Consejo de Defensa del Estado, obligación de descuento que pesa sobre este servicio por orden del artículo 22 de la Ley Nº 18.833 y por el artículo 58 de la Ley Nº 18.620;

TERCERO: Que informa al tenor del recurso la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes, señalando, en forma preliminar, que con fecha 11 de julio de 2008, otorgó un crédito social a la recurrente por la suma de $5.696.053, pagadero en 24 cuotas mensuales de $310.800 a contar del mes de agosto del mismo año. Al haber incurrido en mora del pago, solicitó la actora la repactación del crédito, aprobada el 29 de julio de 2010, generándose entonces un obligación de pago de $8.066.682, pagadera en 60 cuotas mensuales de $215.076 cada una. Respecto de este segundo crédito, indica que la actora incurrió nuevamente en mora y se produjo una segunda repactación, aprobada el 23 de abril de 2013, la que generó una obligación de $10.807.452, pagadera en 60 cuotas de $212.799. Refiere que a la fecha, la recurrente ha incurrido en mora en el pago de 8 cuotas del referido crédito. Señala que al 3 de febrero de 2017, la deuda de la recurrente asciende a $10.564.617.

En primer lugar, solicita el rechazo del recurso de autos, desde que éste ha sido interpuesto en forma extemporánea, desde que se habría enterado de la existencia del crédito en el mes de agosto del año 2016, habría intervenido en el mismo mes en el juicio ejecutivo incoado en su contra, y que el primer descuento de sus remuneraciones por el Consejo de Defensa del Estado fue realizada en el mes de noviembre del mismo año, por lo que se encontraba en conocimiento de los hechos que motivan el presente recurso desde septiembre de 2016, o en el peor de los casos, desde diciembre del mismo año; sin embargo, éste es interpuesto solamente el 18 de enero de 2017, largamente vencido el plazo establecido por el Auto Acordado que regula la materia.

En segundo lugar, señala que la actuación de su representada se encuentra ajustada a derecho, desde que así la faculta la Ley Nº 17.322 y el Código del Trabajo en su artículo 58. En el caso en comento, indica que el descuento encuentra su fundamento en la existencia del crédito social cursado a la recurrente, el que ha sido debidamente informado y por ende, el empleador de la misma ha procedido al descuento de las remuneraciones de las cuotas impagas, como corresponde en derecho.

Por otra parte, señala que la recurrente pretende por vía del presente recurso que esta Corte se aboque al conocimiento de un juicio ventilado ante el 25º Juzgado Civil de Santiago, soslayando la actora el régimen recursivo general que corresponde en dicha causa, siendo que el presente arbitrio es inidóneo para ello.

Finalmente, y en consecuencia de lo anterior, indica que no ha existido vulneración ninguna de las garantías constitucionales de la recurrente, desde que las deducciones practicadas a sus remuneraciones se han producido en el marco del crédito que mantiene vigente con la recurrida, en un acto consentido por la actora y en el marco de las facultades de cobro que ostenta la recurrida al efecto;

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de La República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace ese atributo;

QUINTO: Que, como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías, preexistentes, protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto como asimismo y en cuanto a la forma, que la acción se haya planteado dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha en que se tomó conocimiento del acto que vulneraría las garantías constitucionales por la cuales se recurre.

SEXTO: Que en relación a la oportunidad en que fue deducido el presente recurso, corresponde determinar el momento en que la recurrente tomó conocimiento de los hechos que denuncia como presuntamente conculcatorios de su derecho. En este sentido, cabe anotar que la actora, tal como ha expuesto en su recurso, ha tomado conocimiento de la deuda en el mes de agosto de 2016, mediante los correos electrónicos que la empresa de cobranza de la recurrida le remitió; más aún, se apersonó en el juicio ejecutivo incoado en su contra en la misma época, y señala que se le comenzaron a realizar descuentos de sus remuneraciones en el mes de noviembre de 2016.

SÉPTIMO: En este sentido, queda acreditado que la actora se encontraba en conocimiento de los hechos que motivan el presente recurso en el mes de agosto de 2016, por lo que la interposición del arbitrio, producida el día 19 de enero de 2017, resulta extemporánea, desde que ha transcurrido sobradamente el plazo de treinta días establecido por el Auto Acordado sobre la materia para ello.

OCTAVO: Que a mayor abundamiento, el recurso de protección de garantías constitucionales resulta ser una acción de naturaleza cautelar, destinada a poner rápido remedio a la conculcación de garantías fundamentales cuando no exista otra vía idónea para ello. En la especie, y tal como ha señalado la misma actora, el cobro de la deuda que estima conculcatorio se encuentra judicializado y siendo conocido por el 25° Juzgado Civil de Santiago en causa Rol C-416-2013, en la que la recurrente ha intervenido haciendo uso de todos los derechos y recursos que la ley le franquea.

NOVENO: En este derrotero, el recurso de autos pretende abocarse al conocimiento de una causa pendiente en los tribunales de justicia, lo que es incompatible con la naturaleza cautelar del mismo, desde que pretende erigirse como una vía recursiva diversa a la establecida en el Código de Procedimiento Civil para los procedimientos de la naturaleza.

Así las cosas, y por las razones expuestas, el recurso de protección deducido no puede prosperar.

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-3617-2017.

Pronunciada por la Segunda Sala, integrada por las Ministros señora nombre reservado.Rosa Kittsteiner Gentile, señora nombre reservado y la Ministro (S) señora Elsa Barrientos Guerrero.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, quince de marzo de dos mil diecisiete, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.