nombre reservado con INSPECCIÓN COMUNAL DEL TRABAJO SANTIAGO NORTE

Santiago, dos de enero de dos mil dieciocho.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que recurre de protección doña nombre reservado, chilena, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, representada por don nombre reservado, abogado, mismo domicilio, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, representada por su inspector don nombre reservado, o quien la reemplace o subrogue legalmente, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto que considera arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Invalidatoria N° 124 de fecha 24 de abril de 2017, que invalida en forma ilegal y arbitraria una resolución de reconsideración administrativa que es la N° 82 de 21 de marzo de 2015 que había acogido una reposición administrativa y dejado sin efecto, a su vez, una multa impuesta por Resolución N° 1448/2015/61-1, de fecha 31 de octubre de 2016, que nunca le fue notificada pálidamente a su parte y que dándose por notificado tácitamente de ella el 30 de enero de 2017, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N° 18.880, vulnerando sus derechos constitucionales de los numerales 2, 3, inciso cuarto y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, al mantener una multa que fue inicialmente impuesta y luego dejada sin efecto.

Los Fundamentos de su acción son los siguientes:

Expone que el 31/10/2016, se dictó la Resolución Multa N° 1448/2015/61-1, la que nunca le fue notificada válidamente, sino que únicamente de manera tácita, de conformidad con el art. 47 de la Ley N° 19.880, el 30/01/2017; ya que tomó conocimiento de la multa por el procedimiento de apremio en su contra que se inició en sede de la Tesorería General de la República. Dicha multa lo fue como sanción por el hecho de no registrar el contrato de trabajo de la trabajadora de casa particular de doña nombre reservado, en la respectiva Inspección del Trabajo.

Expresa, que en efecto, la carta certificada remitida por la Inspección del Trabajo se envió a la dirección de domicilio reservado, como aparece en la respectiva guía de despacho. Pero la dirección correcta estaba en la comuna de Lo Barnechea.

Agrega, que el 16/02/2017, presentó recurso administrativo de reconsideración (argumentando error de hecho al momento de notificar la multa, al haberse consignado un domicilio erróneo e inexistente). El que por Resolución N° 82, de 21/03/2017, rechazó la reconsideración, pero, en uso de las facultades de oficio establecidas en el Art. 13, inciso 2°, de la Ley N° 19.880, dicha autoridad dejó sin efecto la Resolución de Multa N° 1448/2015/61-1, “al haber sido dictada la resolución sin el debido emplazamiento” y que “no procederá notificar la resolución Multa”, al haber corregido la infracción y posteriormente suscrito el finiquito con la trabajadora objeto de la sanción el 31/01/2017.

Dice que no obstante lo anterior, el 24/04/2017, se dictó la resolución N° 124, que procedió a invalidar de forma arbitraria e ilegal la resolución N° 82, la que le fue notificada el 27/04/2017, por medio de la cual, sin previa audiencia de la recurrente y sin cumplir los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Ley N° 19.880, procedió a invalidar la Resolución N° 82., procediendo a restablecer la Resolución Multa N° 1448/2015/61-1, quedando, en consecuencia, obligada al pago de la multa.

Señala que como argumento la inspección ha usado la falta de notificación y emplazamiento de la resolución multa señalada y además, ilegalidades formales que califica como inexistentes.

Insiste en su recurso que se yerra al resolver que no se podía dejar sin efecto de oficio al resolución de multa al haber conocido mediante un procedimiento de reconsideración administrativa de multa.

Expresa que la resolución recurrida constituye un acto ilegal y arbitrario, por las siguientes consideraciones:

Primero que es ilegal por haber infringido manifiestamente el artículo 53 de la ley 19.880, que establece base de los procedimientos administrativos, ya que invalida una resolución que cumplía con todos los requisitos legales y por haber iniciado y resuelto un procedimiento invalidatorio sin previa audiencia del interesado, y de este modo invalida la resolución N° 82, que se ajusta plenamente a derecho. Esta última, la resolución N° 82, deja sin efecto las resolución multa de acuerdo al mandato del artículo 13, inciso tercero, de la ley N° 19.880 que habilita a la administración a subsanar los vicios que adolezcan los actos que emita siempre que con ellos no se afecten intereses de terceros.

Refiere que dicha facultad fue usada en el contexto de un procedimiento administrativo de reconsideración de multa, donde la inspección constató la falta de notificación de la resolución multa, y subsanando dicho vicio, se decretó de oficio dejar sin efecto la resolución multa por falta de emplazamiento. Por otro lado, insiste en que, además, yerra el inspector comunal al estimar que no procedía pronunciarse tal como lo hizo la resolución invalidada al tenor de un recurso de revisión, por lo que el inspector comunal comete infracción de ley al invalidar un acto administrativo incumpliendo el requisito establecido en el artículo 53 de la ley n° 19.880, esto es, que el acto que se invalida “sea contrario a derecho”.

Expresa que la resolución N° 124 es, además, ilegal por no haberse Notificado, ni decretado previa audiencia a mi representada. Así dicha Inspección comunal no informó ni notificó el inicio ni el desarrollo de un procedimiento administrativo de invalidación, por lo que es ilegal, al no haberse decretado con una audiencia previa al interesado, conforme lo ordena el artículo 53 de la ley N° 19.88, también, por haber infringido los artículos 45 y 47 de la ley 19.880, de conformidad a lo expuesto en los artículos 511 y siguientes del Código del trabajo.

En cuanto a la arbitrariedad, lo es por haber declarado la reconsideración administrativa extemporánea a pesar de haber constatado la falta de notificación, de la resolución de multa, que es la misma recurrida constata que la resolución de multa no fue válidamente notificada en el domicilio de la recurrente, por lo que debió consignar que existió notificación tácita de la resolución multa el 30/01/2017, data en que tomó conocimiento de la multa en forma indirecta su parte, esto es, a través del procedimiento de apremio tramitado ante la Tesorería general de la República.

Dice que en este orden de ideas, la resolución recurrida al rechazar derechamente la solicitud de reconsideración por extemporánea, es ilegal, y además, arbitraria, dado que al 16/02/2017 (fecha de presentación de la reconsideración), solo habían transcurrido 17 días desde el momento en que se debe entender notificada la resolución multa. Es más, dice, que en la resolución recurrida no se indica cuando la multa fue notificada, por lo que se ha infringido los artículos 45 y 47 de la ley N° 19.880, la primera disposición dado que no ha sido notificada la resolución multa y al menos se debió tener por notificada tácitamente en los términos del artículo 47 del mismo cuerpo legal, al hacer una gestión en el procedimiento que suponga necesariamente su conocimiento, sin haber reclamado previamente su falta o nulidad.

En cuanto a la arbitrariedad de esta resolución impugnada, expresa que al sólo invalidar la resolución N° 82 (por supuestamente haber constatado que el acto adolece de ilegalidad) y no haber invalidado la resolución de multa N° 1448/2015/61-1, habiendo constatado que el acto adolecía de ilegalidad, por la falta de notificación y de emplazamiento.

Luego refiere la forma como entiende que se han conculcado las garantías constitucionales invocadas como tales, expresando que el artículo 19, N° 2, de la Constitución Política de la República, esto es, la igualdad ante la ley, ocurre porque la resolución recurrida niega el derecho a la recurrente de tener una audiencia previa dentro del proceso de invalidación, con lo que se le ha discriminado arbitrariamente en relación con aquellos ciudadanos que si se les ha otorgado el derecho a tener audiencia previa, a los que si se les ha conocido sus reconsideraciones presentadas dentro de plazo.

En relación a la del N° 3, inciso cuarto, de la carta fundamental, esto es constituirse en comisiones especiales, la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte, se ha constituido en una comisión especial, al determinar que un acto administrativo es inválido, sin antes haber sido escuchada como lo ordena el artículo 53 de la ley N° 19.880.

Por último, en lo que dice relación con la garantía del artículo 19, N° 24 de la misma Norma citada, esto es, derecho de propiedad, la resolución recurrida lo infringe al haber dejado vigente a la resolución multa, con lo que se ha afectado directamente el patrimonio de la recurrente, obligándola a pagar un monto dinerario que no corresponde.

En cuanto a la admisibilidad del recurso, expresa, que la presente acción constitucional puede presentarse incluso si existen otras vías o medios para resolver la situación en conflicto, como lo ha dicho la Excma. Corte Suprema en sentencia de fecha 04/06/1992).

Solicita que esta Corte deje sin efecto la resolución Invalidatoria N° 124, de 24/04/2017; y que conforme a lo anterior se deje sin efecto la resolución de multa N° 1448/2015/61-1, de 31/10/2015.

En subsidio, pide se declare que como la resolución de multa fue notificada tácitamente, recién el 30/01/2017, se considere que la reconsideración administrativa de la multa presentada el 16/02/2017, fue presentada dentro de plazo y la Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte debe, entonces, conocer dicha presentación y resolverla. Todo con condena en costas a la recurrida.

Acompaña los siguientes documentos:

1.- Copia de resolución N° 124, de 24/04/2017 (recurrida).

2.- Copia de certificado de correos de Chile, que certifica que el 27/04/2017, se le notificó la Resolución N° 124.

3.- Copia dela reconsideración Administrativa de la multa, presentada el 16/02/2017.

Segundo: Que la recurrida Inspección Comunal del Trabajo Santiago Norte evacúa su informe, con fecha 28/06/2017, formulando las siguientes alegaciones:

En primer término alega la improcedencia de la acción interpuesta atendida la naturaleza del acto recurrido, porque a su juicio explica que, tal como lo ha señalado la jurisprudencia el recurso de protección no puede ser utilizado como un sustituto jurisdiccional de todo procedimiento judicial específico que exista, más aún, si se pretende reemplazar los procedimientos concebidos como precisos, urgentes y específicos para la defensa de los derechos que se pretenden afectados. por lo que, el recurso es del todo improcedente, porque se ha interpuesto respecto de una resolución administrativa, respecto de la cual la ley establece procedimientos específicos de impugnación tanto en sede administrativa (Artículos 53 y siguientes de la Ley N° 19.880, sobre la revisión de los actos administrativos) y como judicial (art. 512 del Código del Trabajo).

Dice, que en efecto, correspondía reclamar judicialmente del Ordinario N° 403, según lo ordena el Artículo 512, inciso segundo, del Código del Trabajo, ante los Juzgados de Letras del Trabajo, a quienes se les entregó la competencia para conocer de estos asuntos de acuerdo a lo ordenado en el artículo 420, letra E), del Código del Trabajo.

Afirma que en este contexto, es manifiesto que el recurso de protección, se está utilizando como un mero sustituto de procedimientos específicos, contemplados de manera expresa, por lo que en nada se justifica la utilización de esta vía extraordinaria para resolver conflictos que tienen previstas vías judiciales ordinarias para su discusión y resolución, vías en las que se puede aportar y apreciar ampliamente la prueba que las partes rindan.

El acudir a sede de protección significa desconocer el sistema procesal vigente establecido en forma específica, haciéndolo inútil y prescindible y transformando a la ley en letra muerta.

Adicionalmente, señala que las peticiones de la recurrente no apuntan al restablecimiento de una garantía constitucional quebrantada, sino que se resuelva dejar sin efecto una multa o se admita una solicitud de reconsideración administrativa de multa. En segundo lugar señala la improcedencia del recurso en atención a la falta de los requisitos constitucionales para su interposición:

En particular hace esta alegación porque a su juicio el acto impugnado (Resolución N° 214) no es ilegal ni arbitrario, al haber sido dictado por Inspector Comunal del Trabajo de Santiago Norte en uso de sus atribuciones legales, dentro de su competencia y previa ponderación de la normativa aplicable.

En efecto, dice que la Inspección del Trabajo revisó el acto administrativo dictando la Resolución N° 82, concluyendo que aquella no fue dictada fuera del marco legal, porque su competencia para resolver la solicitud de reconsideración administrativa está limitada por los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo, los cuales establecen que solo puede dejar sin efecto una multa impuesta por funcionarios de su dependencia, cuando aparezca que esta fue dictada con un manifiesto error de hecho al aplicar la sanción, ante lo anterior y para restablecer la legalidad, dicta la resolución contra la cual se recurre, esto es, la N° 124 de 24/04/2017.

Así explica que el Inspector del Trabajo, debe sujetarse en este caso a lo dispuesto en la Ley N° 20.786, que modifica el régimen laboral de los trabajadores y trabajadoras de casa particular, en cuanto al registro de sus contratos en la Inspección del Trabajo y los artículos 511 y 522 del Código del Trabajo, para resolver la solicitud de reconsideración que se le presentó, por lo que al dictar la Resolución N° 82 de 21/03/2017, la autoridad comunal se excedió en sus atribuciones y procedió a dejar sin efecto la Multa, por razones distintas a las permitidas por la ley, siendo dicho acto administrativo contrario a derecho, por lo que se dicta la Resolución recurrida para corregir dicha situación.

En tercer término, alega ausencia de acto arbitrario e ilegal que la Resolución impugnada carece de ilegalidad ya que fue dictada para corregir una actuación de la autoridad que se apartaba del ámbito de su competencia.

En cuanto a las garantías que se dicen transgredidas expresa y afirma que lo que se le reprocha a la autoridad administrativa no es una infracción a las garantías constitucionales, sino que, por el contrario, es la disconformidad con lo resuelto por el Inspector después de un mejor análisis de los antecedentes.

Por eso asevera que no se han afectado las garantías aludidas porque se ha aplicado la misma normativa y el mismo criterio para dejar sin efecto un acto administrativo, dictado fuera de la esfera de competencia de la autoridad administrativa que por mandato legal y sus ordenanzas internas está obligada a realizar; sino que se ha actuado respetando el Artículo 7° de la Constitución Política de la República, como también, los artículos 53 de la Ley N° 19.880 y 511 y 512 del Código del Trabajo.

Pide el rechazo del recuso y acompaña los siguientes documentos:

1).- Copia simple de Ordinario N° 403, de 21/03/2017, dictada por la Inspectora Comunal del Trabajo Norte Chacabuco.

2).- Copia simple de la primera página de la solicitud de reconsideración administrativa de la multa N° 1371/16/107, de 16/12/2016.

3).- Copia simple de Guía de Despacho de Correspondencia certificada de Correos de Chile, en donde consta el depósito de la Resolución de Multa N° 1371/2016/107, de 03/11/2016.

Tercero: Que el llamado recurso de protección es entendido como una acción destinada a cautelar ciertos derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones de carácter ilegal o arbitrario, en las que pueden incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado también que dicha acción cautelar supone la concurrencia de ciertos presupuestos. A saber: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de esa acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República. Tales lineamientos deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal.

Recurso que, además, debe cumplir con lo dispuesto en el “Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales”, el que establece un plazo perentorio de 30 días corridos para su interposición, contado desde la comisión del acto u omisión considerado arbitrario o ilegal.

Cuarto: Que esta Corte, luego de examinar los antecedentes proporcionados por las partes -los que se aprecian de acuerdo a las reglas de la sana crítica- y escuchar en estrados lo expuesto por las partes, puede concluir que el acto impugnado aparece como arbitrario e ilegal, toda vez que corresponde a la dictación de una Resolución que ha sido claramente dictada faltando a los requisitos de los actos administrativos establecidos en la Ley N° 19.880, como se razonará en los motivos siguientes.

Quinto: Que el acto impugnado en este caso es la dictación por la recurrida de la Resolución Administrativa N° 124, de fecha 21 de abril de 2017 que invalida aquella Resolución N° 82 que había dejado sin efecto, a su vez, la Resolución N° 1448/2015/61-1, que aplicaba a la recurrente una multa por el hecho de no registrar el contrato de trabajo de trabajadora de casa particular, doña nombre reservado en la respectiva Inspección del Trabajo.

Sexto: Que no obstante, no haber sido cuestionado en este recurso los hechos que originaron la dictación de la última Resolución mencionada en el motivo anterior, en su oportunidad y ante un recurso de reconsideración administrativa de dicha multa, fundado en que recién a propósito del procedimiento de apremio que llevaba adelante la Tesorería General de la República, la actora tomó conocimiento de ella, recién con fecha 30 de enero de 2017, fecha notificación de dicho procedimiento, fundado en un error de hecho en cuanto al lugar de notificación de la que aplicaba la multa -que lo fue en domicilio reservado, en circunstancias que el domicilio correcto era uno similar al que se menciona, pero de la comuna de Lo Barnechea-, no obstante rechazar dicha impugnación administrativa, de oficio en la misma Resolución N° 82 dejó sin efecto la que aplicaba la multa, por falta de emplazamiento, conforme se lee en la misma Resolución N° 82 ya referida.

De este modo, la misma administración de oficio enmendó un error cometido en la aplicación de la multa en cuestión por no haber sido emplazada y, en consecuencia, reconoce que en su aplicación no fue notificada y escuchada la propia afectada con ella, que hoy es la recurrente de autos, razón por la que fue dejada sin efecto en todas sus partes la Resolución que aplica la multa en cuestión.

Séptimo: Que luego de lo anterior y sin que aparezca que haya existido alguna causa aparente, la misma administración dicta la resolución ahora impugnada, por cuanto, sin mediar petición, de oficio dicta la Resolución Invalidatoria N° 124, que es de fecha 24 de abril de 2017, que deja sin efecto la anterior y mantiene la multa impuesta originalmente, invalidando de este modo la N° 82 de 21 de marzo pasado, quedando la recurrente obligada al pago de dicha sanción de multa.

Octavo: Que para dictar la resolución impugnada, nuevamente la administración incurre en un error, que constituye una infracción a la normativa legal vigente que consistió en haber dictado una especie de reconsideración sobre una resolución que ya constituía una reconsideración de aquella que aplica la multa, aun cuando para ello haya actuado de oficio, luego de rechazar la reconsideración administrativa planteada afectada por la parte multada, y lo hace sin previa audiencia, tal cual lo dispone el artículo 53 de la Ley N° 19.880, más cuando esta afecta los derechos de la recurrente, lo que la transforma en una Resolución ilegal; como, también en arbitraria por cuanto los argumentos en que se basa este acto impugnado no contiene fundamentos suficiente para que se hubiera actuado de la forma como se hizo.

Noveno: Que al dictarse el acto reclamado por esta vía sin escuchar a la afectada, es decir, sin previa audiencia de ésta y sin cumplir con los requisitos exigidos en el artículo mencionado en el motivo anterior, la recurrida se ha constituido en una comisión especial, afectando claramente la garantía constitucional del artículo 19 N° 3 de la Carta Fundamental que se le reconoce a la actora de autos, al no notificar y escuchar a ésta, razón suficiente para acoger el presente libelo recursivo y mantener lo decidido en la Resolución N° 82 de 21 de marzo de 2017 por la Inspección del Trabajo Comunal Santiago Norte.

Décimo: Que por lo demás, de acuerdo a lo que aparece consignado en su numeral 7.3 de la Resolución impugnada existe constancia que el acto que habría originado la sanción de multa fue corregido por la actora con fecha 31 de enero de 2017 y, también, haberse firmado el finiquito correspondiente entre las partes. Todo ello, además, lleva a cuestionar aún más el acto impugnado que es del año 2015 y que luego de haberlo estimado erróneamente dictado por la misma administración por no haber emplazado válidamente a la empleadora y dejado sin efecto el que impone la sanción, la misma autoridad de oficio, sin nueva petición o hecho que origine ello, dicta el acto invalidatorio el 24 de abril de 2017 ahora impugnado, esto es dos años después de ocurrido el hecho, cuando, como ya se dijo, se encontraba corregida la posible falta sancionada.

Décimo Primero: Que de lo razonado lleva a esta Corte a proceder al acogimiento del presente recurso y ordenar dejar sin efecto el acto impugnado, razón por la que no se emitirá pronunciamiento sobre la petición subsidiaria de la actora.

El acoger esta acción de protección no priva al ente recurrido de insistir, si lo estimare procedente, en la invalidación que pretendió, debiendo en tal caso atenerse a lo preceptuado expresamente en la ley N° 19.880, especialmente en su artículo 53, esto es, de proceder con audiencia de la afectada, previo emplazamiento válido de la misma a través de la correspondiente notificación.

Décimo Segundo: Que respecto de las alegaciones formuladas en su informe y en estrado por la recurrida, serán rechazadas, por cuanto en primer término, no es un reclamo directo sobre la multa impuesta el impetrado en autos, sino la ilegalidad en la dictación de la Resolución Invalidatoria ya mencionada, sin desconocer que ello, por cierto tenga con secuencias sobre la multa que se había impuesto, impugnación que resulta plenamente procedente efectuarla a través del presente recurso, razones, por la que también, se rechaza aquel reclamo de improcedencia que formula la recurrida, en virtud que sobre las multas existe un procedimiento especial de reclamo regulado en los artículos 511 y 512 del Código del Trabajo.

Décimo Tercero: Que sobre el reclamo de extemporaneidad del presente recurso, también, será rechazado, por cuanto el actor ha sido enfático en su recurso en aseverar que nunca fue notificado de la aplicación de dicha multa y que tomó conocimiento de dicha sanción sólo al ser notificado del procedimiento de apremio que llevaba adelante la Tesorería General de la República respecto de ella el 30 de enero pasado. En cuanto a la Resolución reclamada, de 24 de abril de 2017, aparece que fue notificada a la recurrente mediante carta certificada de fecha 27 de abril pasado y el recurso interpuesto el 27 de mayo de este año, por lo que aparece deducido dentro de plazo, esto es dentro de los treinta días siguientes contados desde su notificación, debiendo rechazarse tal alegación.

Por estas razones y de acuerdo, también con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1º, 3º y 7º del Auto Acordado sobre Tramitación el Recurso de Protección y Ley 19.880, se acoge, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado, en contra de la Inspección Comunal del Trabajo de Santiago Norte y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Invalidatoria N° 124 dictada por dicha autoridad el 24 de abril de 2017, manteniendo lo resuelto en su Resolución N° 82 de 21 de marzo de 2017, sin perjuicio de lo consignado en segundo párrafo del motivo décimo primero de este fallo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción Ministro señor Poblete.

Protección N° N° 36.143-2017.

No firma la Ministra señora Lusic, por estar haciendo uso de su feriado legal, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Dobra Lusic Nadal, conformada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y la Abogada Integrante señora Carolina Coppo Diez.