nombre reservado con TESORERÍA GENEREAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintitrés.

A los escritos folios 31, 32 y 33: téngase presente.

Al escrito folio 34: a sus antecedentes.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 15 de julio de 2021, comparece Adonis Astorga Cárdenas, abogado, en nombre de nombre reservado, asistente social, e interpone acción de protección en contra de (1) Universidad de Valparaíso, representado por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado; y (2) Tesorería General de la República, representada por nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la retención de impuestos correspondientes a la Declaración de Renta.

Expone que la actora efectuó su declaración de impuestos a la renta 2021 mediante formulario en línea de la página web del Servicio de Impuestos Internos correspondiente a las rentas percibidas durante el año 2020. Agrega que el 17 de junio de 2021 al consultar en la página web del SII constata que su devolución de impuestos fue retenida por el Servicio de Tesorería General de la República por la suma de $1.116.725.- por una supuesta deuda de crédito universitario por una carrera cursada entre los años 1994 y 1998.

Hace referencia al marco normativo aplicable al caso concreto, a saber Ley 19.287, modificada por la Ley N° 18.591; Ley N° 19.989 y Decreto N°297/2009.

Denuncia como garantías constitucionales conculcadas las consagradas en los numerales 24, 3 y 2 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Respecto al derecho de propiedad señala que una vez aprobadas sus declaraciones de renta surge su derecho a percibir dicha suma, por lo que el actuar de las recurridas se torna ilegal, arbitrario e, incluso, se estaría en presencia de una expropiación de facto. En cuanto al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, explica que se está en presencia de un proceso en contra de la persona a favor de quien se recurre, impulsado por la Administradora del Fondo Solidario de Crédito Solidario de la Universidad de Valparaíso, en el cual el papel de órgano juzgador estaría radicado en la Tesorería General de la Republica, que no satisface, en modo alguno los requisitos mínimos exigidos por nuestra Carta Fundamental para considerarlo un procedimiento racional y justo; a la actora no se le permite ejercer su derecho a defensa ni fue oída por la Tesorería General de la República. Agrega que el procedimiento que establecía el Decreto Supremo N°297 del Ministerio de Educación que fija el reglamento de la Ley N° 19.989, se limita a consultar un trámite de aclaración ante la misma entidad administradora del Fondo Solidario del Crédito Universitario, interesado en el cobro, así como en el posterior envío a la Tesorería General de la República de la orden correspondiente, para que esta proceda a la retención sin más antecedente que el solo mérito de la nómina de deudas vencidas que le comunica la administradora respectiva. Cita jurisprudencia en el sentido que indica. Finalmente, referente a la igualdad ante la ley, alega que la recurrente ha sido tratada de manera distinta a los demás contribuyentes, a quienes se les ha hecho devolución de sus impuestos.

Solicita se le acoja el recurso, ordenando a Tesorería, cesar en la retención de la suma de dinero correspondiente a la devolución de impuestos y por ende se les entere dichos dineros a la cuenta de la persona a favor de quien se recurre, con expresa condenación en costas en caso de oposición.

Segundo: Que, con fecha 24 de septiembre de 2021, comparece la recurrida Universidad de Valparaíso, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Preliminarmente alega la improcedencia de la acción cautelar, toda vez que lo pretendido por la actora es el ejercicio de una acción de cobro, asunto que excede de lo que pueda conocerse por esta vía, pues la naturaleza propia de la acción constitucional de protección y el procedimiento inquisitivo dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente este arbitrio para discutir y resolver materias propias de un procedimiento declarativo. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Igualmente la extemporaneidad, señala que si bien la recurrente que tuvo conocimiento de los hechos el 16 de junio de 2021, lo cierto es que el procedimiento de declaración de impuestos permito conocer que existía una retención de dineros al finalizar la declaración, esto es el 15 de mayo de 2019. En consecuencia, el plazo de 30 días corridos para la presentación del recurso de protección se encontraba excedido con creces a la fecha de su interposición.

Hace referencia al Fondo Solidario de Crédito Universitario y su marco regulatorio, aclarando que se han establecido herramientas de cobro entregadas por la Ley Nº 19.989, en virtud del cual el Administrador General del Fondo Solidario del Crédito Universitario ha requerido a la Tesorería General de la Republica, la retención de la devolución anual de impuestos de la recurrente, toda vez que este es una deudora morosa del crédito solidario universitario. De esta forma el Administrador General del Fondo Solidario de crédito universitario, en forma previa a ejercer la retención facultada por el artículo 1 de la Ley Nº 19.989, ha realizado una nómina de deudores los que fueron informados para la retención del impuesto a la renta, a fin de ejercer dicha facultad ante la Tesorería General de la Republica, nomina que se ha venido publicando desde el año 2010 a la fecha, en los que se encuentra la recurrente. Este procedimiento contempla que luego de haber publicado dicha nómina la recurrente tiene un plazo para acreditar directamente ante el Fondo Solidario de Crédito Universitario la regularización de la deuda, y de constatarse que no se hizo ninguna gestión tendiente a regularizar su deuda o acreditar su regularización, se solicitó por los conductos regulares a la Tesorería General de la Republica, que procediese a retener la devolución de impuestos a la renta del demandante.

Concluye que la Universidad no ha incurrido en acto arbitrario o ilegal alguno que conculque las garantías constitucionales denunciadas en el recurso de protección.

Tercero: Que, con fecha 29 de septiembre de 2021, evacúa informe la recurrida Tesorería General de la República.

Indica que, respecto al año tributario 2021, efectivamente la declaración de impuesto a la renta, presentada por la recurrente arrojó un remanente de pagos provisionales a su favor ascendente a la suma de $ 1.116.725.-, cantidad que la Tesorería General debía restituir en el mes de junio del año 2021, toda vez que la declaración de renta fue efectuada con fecha 14 de mayo de 2021; sin embargo tal devolución no se verificó, puesto que el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Valparaíso, solicitó a Tesorería que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N° 19.989, y su reglamento, retuviera de la devolución anual de impuestos a la renta los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda. Atendido lo anterior es que, en cumplimiento de su mandato legal, Tesorería procedió a retener la devolución de renta de la recurrente y remitir la cantidad retenida al Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Valparaíso.

Alega falta de legitimación pasiva, ello toda vez que Tesorería, en cumplimiento de un deber legal, procedió a retener la devolución de impuesto a la renta de la recurrente correspondiente al año tributario 2021, de acuerdo a lo informado por la entidad acreedora, de lo cual se colige que el presunto acto que la recurrente califica de ilegal o arbitrario no es imputable al recurrido, por consiguiente, no concurre una de las condiciones de procedencia de la acción de protección, esto es, que el acto impugnado emane del recurrido.

Señala que a su juicio el recurso debe desestimarse ya que no ha existido ninguna actuación u omisión arbitraria o ilegal de su parte. Agrega que la recurrente omite señalar que el artículo 1° de la ley N° 19.989, facultó en términos amplios a la Tesorería General para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado en la Ley N° 19.287 los montos de dicho crédito que se encontraren impagos, según lo informado por la respectiva entidad acreedora e imputar dicho monto al pago de la referida obligación. Para llevar a efecto dicha retención debe observarse lo dispuesto en el Reglamento de la ley, contenido en el Decreto Supremo N° 297, del Ministerio de Educación. Agrega que en caso de cumplirse con lo dispuesto en el respectivo Reglamento, el Ministerio emite un certificado de conformidad el que es remitido al Administrador del Fondo respectivo y a la Tesorería General, además, el Ministerio debe remitir electrónicamente a la Tesorería las nóminas de deudas impagas para que con el mérito de éstas y del certificado proceda a la retención; y es justamente en dicha instancia donde el deudor interpelado tiene la oportunidad de ejercer sus reclamaciones en contra del Fondo respectivo.

En relación a la eventual vulneración al derecho de propiedad de la recurrente, destaca que no existe violación a dicho derecho, por cuanto la solicitud de devolución de impuestos de un contribuyente a través de una declaración de impuesto a la renta, no es un derecho absoluto que se materializa con la sola presentación de la declaración, se trata de un derecho eventual o condicionado que sólo se hace efectivo si se cumplen todos los presupuestos legales que la hacen procedente, entre los cuales que no exista una causa legal de retención; además en el proceso de retención Tesorería actúa como mero ente recaudador, pues la deuda no es con el Fisco, sino con el Fondo de Crédito Universitario respectivo. Agrega que la Tesorería no ejerce funciones jurisdiccionales, pues no resuelve un conflicto de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada, su función es simplemente administrativa, de ejecución de ley, por lo que el recurrente tiene a salvo todas las vías jurisdiccionales para impugnar la retención y, además, la recurrente ha tenido la oportunidad de presentar sus descargos y de hacer valer sus medios de defensa ante el Administrador del Fondo en la forma dispuesta en el reglamento de la ley, específicamente, en su artículo 6. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Cuarto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que en lo que atañe a la extemporaneidad alegada por la entidad universitaria, la que hace consistir en que la recurrente tuvo conocimiento de los hechos el 15 de mayo de 2021, al efectuar su declaración de impuesto, de tal suerte el plazo de 30 días corridos para la presentación del recurso de protección se encontraba excedido con creces a la fecha de su interposición.

Sin embargo, esta alegación no podrá prosperar toda vez que la actora tomó conocimiento de la retención de sus impuestos el 17 de junio de 2021, por lo que la acción fue presentada dentro del término legal.

Sexto: Que en cuanto al fondo del asunto, resulta conveniente recordar que la Tesorería General de la República reconoce haber efectuado dicha retención, pero señala que ello obedeció al requerimiento formulado en tal sentido, por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Valparaíso, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.989, que faculta a la recurrida para “retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la Ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el Reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”.

Por su parte, el Reglamento N° 297 de la Ley N° 19.989, que entrara en vigencia el 19 de noviembre de 2009, señala lo siguiente: “Apruébase el Reglamento del artículo 1° de la Ley 19.989, que regula el procedimiento mediante el cual la Tesorería General de la República retendrá, de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario, regulado por la ley N° 19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora”.

Lo señalado precedentemente queda de manifiesto en el artículo 13 del mismo Reglamento, respecto de la devolución de impuestos y, si esta no es suficiente, subsistirá la obligación del deudor.

Séptimo: Que el artículo 1° de la Ley N° 19.287, que establece normas sobre fondos solidarios de crédito universitario, dispuso o estableció que los deudores de crédito universitario pasaron a ser deudores del Fondo solidario de Crédito Universitario, por lo que el requerimiento formulado por el Administrador del Fondo Solidario de Crédito Universitario de la Universidad de Valparaíso, respecto de la recurrente, facultó a la recurrida para efectuar la retención de la devolución de impuesto a la renta, por la suma de $ 1.116.725.- y remitirla a la entidad acreedora, no advirtiéndose arbitrariedad o ilegalidad en dicha actuación.

Octavo: Que en efecto, la retención practicada por el ente recaudador se ajusta a un mandato legal, previa orden del administrador de un fondo público y, si bien el Servicio de Impuestos Internos autoriza la devolución, ello queda sujeto a las limitaciones legales que traba su incorporación al patrimonio del contribuyente, lo que impide además calificarlo como un derecho indubitado de la parte recurrente, ya que sólo es un derecho adquirido una vez verificado su depósito o retiro si se trata de un instrumento de crédito.

Noveno: Que, en lo que respecta a la casa de estudio recurrida, cabe tener en consideración que el arbitrio se funda en la aseveración que la citada deuda se encuentra extinta, sin que se haya acompañado o efectuado alusión alguna a un fallo declarativo, emanado de los tribunales de justicia, en un juicio de lato conocimiento, atendida la clara y expresa exigencia del artículo 2493 del Código Civil que dispone “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla”, decisión que no puede ser realizada en esta vía cautelar, que requiere la concurrencia de aspectos indubitados.

Décimo: Que por lo precedentemente razonado, la presente acción debe ser desestimada.

Por estas consideraciones, atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara:

I.- Se rechaza la extemporaneidad alegada.

II.- Se rechaza, sin costas, el recurso deducido por doña nombre reservado en contra de la Tesorería General de la República y de la Universidad de Valparaíso.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad archívese.

N° Protección N°35.997-2021