Protección contra Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164004-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 medi
- Fecha
- 17 de agosto de 2023
- Sala
- Séptima
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 3599-2023, sentencia de 17 de agosto de 2023
Resumen
Se acoge la protección y se deja sin efecto la resolución que rechazó licencias médicas, ordenando nuevo informe médico, por carecer de fundamento al no comprobar el diagnóstico.
Texto íntegro
C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.
Al escrito folio 18: a todo, téngase presente.
VISTO Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que comparece doña Carolina Castillo Torres, abogada, en favor de doña nombre reservado e interpone acción constitucional de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en una resolución que confirma el rechazo del pago de licencias médicas válidamente emitidas por médico tratante, según Resolución Exenta N° R-01-UME-30956-2023 de 07/03/2023 y Resolución Exenta N° R-01-IBS-39354-2023 de 23/03/2023, por reposo no justificado, lo que vulneraría las garantías reconocidas en el numeral 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Precisa que las licencias médicas corresponden a N° RUT reservado, del periodo 14/08/2022 al 12/09/2022, N° RUT reservado, del periodo 13/09/2022 al 12/10/2022, N° RUT reservado, del periodo 13/10/2022 al 11/11/2022 y N° RUT reservado del periodo 11/11/2022 al 10/12/2022.
Refiere que el fundamento de no encontrarse justificado el reposo, se basa en que los antecedentes aportados no informan de la sintomatología, la evolución clínica, ni de la limitación funcional que provoca la patología señalada en las licencias, ya que de los antecedentes evaluados, como el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 75 días por la misma patología. Se añade que no acredita evaluación por psiquiatra ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiada precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno.
Sostiene que los informes médicos de fechas 13-06-2022, 14/07/2022,12/08/2022/, 12/09/2022, 12/10/2022, 10/11/2022 y 11/011/2022 y un informe a Compín de fecha 11/10/2022, informa los siguientes hechos: “Anamnesis paciente de 56 años de edad consulta por cuadro consistente en periodos de cambios de ánimo constantes que varían entre estados depresivos y de ansiedad los cuales expresa con personas cercanas, llanto fácil con fragilidad emocional, marcada perdida de ánimo, ansiedad persistente con apego obsesivo a su familia imagina que algo le podría pasar si queda sin compañía así sea por corto tiempo lo que provoca pérdida de interés por actividades cotidianas y laborales, paciente al momento es no capaz de realizar actividades diarias y laborales de manera normal por cuadro afectivo que condiciona la conducta a nivel psicosocial, familiar y laboral. Indicaciones 1. Reposo por presentar sintomatología aguda 2. Valoración por psiquiatría. 3. pronóstico y alta: pronóstico menos grave, 4. recuperación alta y reintegro laboral según evolución del paciente. Diagnóstico trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) Receta 1. Clotiazepam 5 mg Uso: 1 tab vo cada 24 horas 30 días 2. Sertralina 50mg Uso: 2 cmp vo cada día por 30 días. 3. derivo a psiquiatría y psicoterapia”.
Aclara que dicho trastorno fue diagnosticado por distintos especialistas y tratada por el por el médico Dr. nombre reservado Chica, médico cirujano, y nombre reservado, médico general, expidiéndose licencia médica desde el 31/03/2022 en adelante, las cuales fueron todas aprobadas por Compín de Santiago, por lo menos hasta el mes de junio de 2022. Sin embargo desde el 14 de junio de 2022 al 10 de diciembre de 2022, fecha en que termina la última licencia médica expedida, durante el periodo de 6 meses fueron rechazadas todas las licencias presentadas por considerar que su reposo no es justificado, pero sin indicar el motivo del cambio de parecer de estas instituciones, considerando que, desde que se detectó el problema y descubriéndose su patología, las licencias médicas presentadas en el periodo comprendido entre el 31 de marzo al 13 de junio de 2022, si fueron aprobadas y pagadas.
Reclama que las decisiones de rechazo carecen de fundamento, limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados, sin que se indique en la resolución recurrida los informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, y sin ni siquiera haber realizado peritaje previo.
Agrega que los hechos anteriormente descritos influyeron negativamente en la recuperación y estado de ánimo del recurrente, pues no podía someterse con tranquilidad al tratamiento prescrito, debiendo preocuparse de efectuar las reclamaciones ante los organismos pertinentes y sin contar, además, con los medios económicos para sustentar el tratamiento y a su familia, lo que le significó la imposibilidad de hacer frente a distintas obligaciones, por lo que negoció su salida de su trabajo en Sodexo para poder solventar los meses de licencias que no fueron pagados.
Fundamenta la infracción del principio de exhaustividad en la actuación de los órganos administrativos, como la infracción al principio de fundamentación de los actos administrativos de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. A su vez, cita el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3/1984, que ordena en lo pertinente, que al rechazar o aprobar una licencia médica, reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa, el Compin debe dejar "constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia".
Solicita se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta A N° R-01-UME-30956-2023 de fecha 7 de marzo de 2023 y Resolución Exenta N° R-01-IBS-39354-2023 de fecha 23 de marzo de 2023, y, en definitiva, disponer la dictación de los actos administrativos correspondientes a fin de aprobar y ordenar el pago, por quién corresponda, de los subsidios por incapacidad laboral temporal derivado de las licencias médicas Nºs RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado y N° RUT reservado, con costas.
SEGUNDO: Que comparece el abogado don Tomás Garro Gómez, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, solicitando el rechazo del recurso.
Alega en primer término la extemporaneidad de la presente acción interpuesta el 1° de marzo de 2023.
Dicha acción ha sido interpuesta en contra Resolución Exenta N° R-01-IBS-39354-2023, de 23 de marzo del año 2023, la que rechazó el recurso de reposición interpuesto con fecha 16 de enero del año 2023, en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164004-2022 de fecha 30 de noviembre de 2022 mediante el cual, rechazó el reclamo interpuesto con fecha 18 de octubre de 2022, confirmándose lo resuelto por la COMPIN de la Región Metropolitana, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 60 días a contar del 14 de junio de 2022, dispuesto por la citada comisión médica por considerar que el reposo prescrito por los distintos médicos tratantes, algunos alto emisores de licencia médica, no estaba justificado.
Asimismo, la recurrente acciona en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-30956-2023, de 7 de marzo del mismo año, que pronunciándose respecto del reclamo interpuesto ante la Superintendencia con fecha 30 de noviembre del año 2022, confirmó lo antes resuelto por la COMPIN de la Región Metropolitana, en orden a confirmar el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, N°RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 180 días de reposo a contar del 14 de agosto de 2022, por considerar que, de acuerdo con los antecedentes médicos del caso, el reposo prescrito por el médico tratante no resultaba justificado.
Precisa que los reclamos ante la Superintendencia de Seguridad Social han sido presentados con fecha 18 de octubre y 30 de noviembre del año 2022, fecha que por lo demás ya tenía conocimiento cierto del rechazo de las licencias médicas, cuestión que le lleva a plantear la falta de oportunidad en el ejercicio de la acción constitucional de autos, por haberse interpuesto fuera del plazo, previsto para hacerla valer.
Sostiene que la acción de protección no tiene el carácter de subsidiaria de otras vías de reclamación que pudieren existir, lo que evidentemente está en íntima relación con su carácter cautelar de derechos.
En subsidio, informando el fondo del recurso, solicita el rechazo del mismo, aseverando que no existe actuación ilegal ni arbitraria de la recurrida, la que ha actuado dentro del ámbito de su competencia.
Precisa que la acción de protección se ha interpuesto en sólo en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, institución fiscalizadora del Estado y no en contra de la COMPIN de la Región Metropolitana, la que, de acuerdo con la ley, fue el organismo administrador que se pronunció respecto de la autorización, rechazo o modificación del reposo otorgado por medio de licencia médica reclamada.
Refiere que con fecha 18 de octubre de 2022, la recurrente reclamó ante la Superintendencia de Seguridad Social, en contra de la COMPIN de la Región Metropolitana, toda vez que había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 60 días de reposo a contar del 14 de junio de 2022.
Alude que previo estudio de los antecedentes médicos del caso, mediante la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-164004-2022, de 30 de noviembre del año 2022, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas, por cuanto, como se explica en el dictamen en comento, “...el reposo prescrito en la licencia médica reclamada no se encontraba justificado, por cuanto la parte reclamante no acompaña informe amplio y fundado de psiquiatra, con descripción del tratamiento prescrito, evolución clínica, alto grado de compromiso funcional, plan farmacológico y/o necesidad de cambio o ajuste de terapia que justifiquen la prórroga del reposo. Que, la persona interesada tampoco acompaña informe de psicólogo (a) que dé cuenta acerca del número de sesiones efectuadas y detalle de las medidas psicoterapéuticas aplicadas o pendientes de ejecutar.
“Que, la ausencia de tales elementos clínicos, no permiten a nuestros especialistas formarse convicción sobre la procedencia de extender el reposo por sobre los 75 días debidamente autorizados por la Contraloría Médica de la COMPIN reclamada...”
Luego, añade que la actora con fecha 30 de noviembre del año 2022, recurrió ante la Superintendencia De Seguridad Social reclamando en contra de la COMPIN de la Región De Valparaíso, nombre reservado por cuanto había confirmado el rechazo de las licencias médicas N° RUT reservado, N°RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado y N° RUT reservado, extendidas por un total de 180 días de reposo a contar del 14 de agosto de 2022.
Informa que previo nuevo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento Contencioso de la Superintendencia de Seguridad Social, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-30956-2023, de 7 de marzo del año 2023, confirmó el rechazo de las licencias médicas reclamadas. Lo anterior, por cuanto como se señala en el dictamen en comento: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 75 días por la misma patología. No acredita evaluación por psiquiatra ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiada precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno.
“Que, respecto a las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, esta Superintendencia no emite pronunciamiento porque dichas licencias figuran como anuladas...”
Expone que caso de la recurrente fue revisado por el Dr. nombre reservado, Psiquiatra de la Superintendencia de Seguridad Social, la que luego de revisado los antecedentes dejó constancia de su parecer técnico: Respecto del informe del médico tratante: “...IMT 13-06-2022 no menciona síntomas de gravedad, tratamiento farmacológico clonazepam 0,5 mg, desvenlafaxina 150 mg, se acredita psicoterapia, médico no psiquiatra, sin plan de reintegro laboral. IMT 14-07-2022 no menciona síntomas de gravedad, tratamiento farmacológico clonazepam 0,5 mg, desvenlafaxina 150 mg, se acredita psicoterapia, médico no psiquiatra, sin plan de reintegro laboral. IMT 12-08-2022 sin cambios respecto a informes anteriores. IMT 12-09-2022 ajuste farmacológico clotiazepam 5 mg, sertralina 100 mg, se acredita psicoterapia, médico no psiquiatra, sin plan de reintegro laboral. IMT 11-10-2022 no menciona síntomas de gravedad, tratamiento farmacológico clotiazepam 5 mg, sertralina 100 mg, se acredita psicoterapia, médico no psiquiatra, sin plan de reintegro laboral. IMT 12-10-2022 sin cambios respecto al IMT anterior 11-10-2022.IMT 10-11-2022 sin cambios respecto al IMT anterior 11-10-2022. IMT 11-11-2022 sin cambios respecto al IMT anterior 11-10-2022.Psicoterapia 02-11-2022, 29-11-2022…”
Y de acuerdo con lo antes expuesto, llegó a la siguiente conclusión: “... LM emitidas por distintos médicos, médicos no especialistas, médico alto emisor. Mujer de 56 años. Con permiso autorizado por 75 días con diagnóstico de F41.0 - Trastorno de pánico [ansiedad paroxística episódica]. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar, no acredita atenciones por psiquiatra. LM RUT reservado y LM RUT reservado sin pronunciamiento; resto se rechaza…”
Agrega que dentro del proceso de tramitación de reclamo, el caso fue revisado por el Dr. nombre reservado, Psiquiatra de la Superintendencia de Seguridad Social, dejando constancia de su parecer técnico: “…Fundamentos de la resolución: Cuadro ansioso depresivo leve, sin descripción de interferencias funcionales significativas por salud mental que contraindiquen el reintegro laboral. Sin plan de psicoterapia enfocado en el enfrentamiento, necesario para evitar persistencia de stmas ansiosos. Sin ningún cambio en el plan de tto integral de salud mental durante todo el periodo de tiempo de reposo. Sin fundamento psicopatológico ni funcional para justificar reposo médico por causa de salud mental no acoge…”.
Explica que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad es justificar la ausencia del trabajador a sus labores cuando como consecuencia de una enfermedad o accidente común, está incapacitado temporal para trabajar, reposo que, además, contribuye a recuperar la salud del trabajador y, por lo tanto, a reincorporarse a su actividad laboral y desde el punto de vista pecuniario, el subsidio por incapacidad laboral reemplaza a la remuneración o renta, según se trate de un trabajador dependiente o independiente.
Precisa que el D.S. N° 3/1984, que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, establece en su artículo 14 que es competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN o de la ISAPRE, en su caso, el poder rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período solicitado; o cambiarlo de total a parcial y viceversa, dejándose constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida.
Concluye que tal como se puede desprender, las actuaciones realizadas por COMPIN al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcaron dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto, a fin de asegurar que el uso de las licencias médicas cumplan verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.
Expresa que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, en este caso se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, como autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, de tal forma que está exenta de cualquier vicio de ilegalidad o arbitrariedad.
Alega la ausencia de derechos vulnerados por cuanto la recurrente no es titular del “derecho al subsidio por incapacidad laboral”, por cuanto no se ha cumplido con requisito de la esencia para que éste nazca a la vida del derecho e ingrese a su patrimonio. Respecto al derecho a la vida, refiere que el acto médico administrativo impugnado que dice relación con la justificación o no de la ausencia del trabajador o trabajadora a su trabajo, y no con el derecho alegado por la recurrente. Respecto de la garantía de propiedad, señala que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho de propiedad en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.
Considera improcedente la acción de protección en materias relacionadas con el derecho a la seguridad social. Que la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social. Hace presente que la acción constitucional posee un carácter excepcional que resguarda los derechos taxativamente señalados en el artículo 20 de la Carta Fundamental.
Finalmente acota que el objeto del presente recurso ya fue analizado por la Superintendencia de Seguridad Social quien, en el marco de su competencia especializada, ha confirmado el rechazo de las licencias reclamadas.
TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.
Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.
Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.
En cuanto a la alegación de extemporaneidad:
CUARTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que confirmó el rechazo de las licencias médicas de la recurrente, lo que fue decidido por la COMPIN y por la propia institución, y esa determinación se adoptó por Resolución Exenta N° R-01-UME-30956-2023, de 7 de marzo del año 2023, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.
Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 5 de abril de 2023, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia.
En cuanto al fondo:
QUINTO: Que, en relación a la alegación de que conforme al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que no se restringe únicamente a materias propias de seguridad social como alude una de las recurridas.
SEXTO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.
Es así como el presente recurso se erige en contra de la Resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, en que se rechazaron las licencias médicas N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, y N° RUT reservado, a contar del 14 de agosto al 10 de diciembre del año 2022.
En efecto, la Resolución Exenta N° R-01-UME-30956-2023 señala: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 75 días por la misma patología. No acredita evaluación por psiquiatra ni derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, del cual pudo haberse visto beneficiada precozmente para lograr un reintegro laboral adecuado y oportuno.”.
SÉPTIMO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.
En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.
Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.
Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.
OCTAVO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.
Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).
De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.
Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.
NOVENO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:
“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”
“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”
En seguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”
En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”
Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.
En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.
Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”
DÉCIMO: Que, en este punto, cabe traer a colación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que sostiene “Para los efectos de este Reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).
Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.
Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.
UNDÉCIMO: Que en el caso de autos la decisión adoptada por la COMPIN y refrendada por la Superintendencia, no aparece revestida de los necesarios fundamentos, por cuanto no se observa la razón del cambio de criterio para autorizar ciertas licencias médicas y luego dejar de hacerlo, más aún que no se han practicado nuevos exámenes ni peritajes médicos por parte de la autoridad independiente en la materia, que permitan sustentar dicha variación, a lo que se añade la existencia de otros informes médicos incorporados por el paciente que mantiene el diagnóstico del médico tratante y, solo hay dos informes de profesionales de la Superintendencia que provienen de revisión de ficha médica de la paciente, a pesar de los reiterados informes de trastorno de ansiedad del recurrente.
DUODÉCIMO: Que, conforme al mérito de los hechos expuestos, se advierte que la decisión de la autoridad recurrida carece de elementos objetivos que la sustenten, por cuanto para afirmar que el reposo no se encuentra justificado, no hace referencia a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó; omisiones que la privan de fundamento, acorde a los antecedentes médicos del recurrente.
DÉCIMO TERCERO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza la licencia ya indicada, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, sólo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.
DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, la conducta de organismo recurrido no se ajustó a la normativa vigente, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de salud de la recurrente antes de rechazar sin más y sin nuevos antecedentes lo obrado por Fonasa y la Compin.
De esta forma, la autoridad recurrida ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o a una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, lleva a considerar que la decisión de la Suceso carece de fundamento por no comprobar, teniendo los medios para ello, el diagnóstico del recurrente, aunado al historial clínico del recurrente.
DÉCIMO QUINTO: Que, en cuanto a las garantías constitucionales conculcadas desde luego se transgrede la prevista en el artículo 19 Nº 1 de la Carta Fundamental, relativo al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la recurrente, porque la actuación de la recurrida al carecer de fundamento y contenido agrava la situación de salud de la actora quien no ha podido gozar del subsidio por incapacidad laboral.
DÉCIMO SEXTO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales de la recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo dispuesto por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:
I.- Se rechaza la alegación de extemporaneidad.
II.- SE ACOGE, sin costas la acción constitucional interpuesta a favor de nombre reservado, sólo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-UME-30956-2023, de 7 de marzo del año 2023, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual de la actora, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo de las N° RUT reservado, N° RUT reservado, N° RUT reservado, y N° RUT reservado.
Regístrese, comuníquese y archívese.
N°Protección-3599-2023.
En Santiago, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.