nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintidós.

Vistos y considerando:

Primero: Que, con fecha 14 de julio de 2021, comparece nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, representada legalmente por nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en los descuentos por planilla que señala en su presentación, lo que asegura afectan el derecho consagrado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República.

Funda el recurso expresando que, en el mes de junio de 2021, se percató que en su liquidación de sueldo se efectuaba un descuento por un monto de $161.428.- con el título “Préstamo Caja (CCAF)”, lo cual implica que recibe un sueldo menor a lo que debería, lo que le causa un enorme perjuicio en atención a que percibe menores ingresos para su sustento y el de su familia, aproximadamente en $594.061.-. Esgrime que su sueldo es de $432.633 líquido y que trabaja en la empresa AMA Time, que otorga servicios de venta y distribución de alimentos y que esta realiza el descuento a requerimiento de la Caja de Compensación Los Andes.

Explica que fue demandado por la recurrida en juicio ejecutivo Rol C-2368-2020, seguido ante el 19° Juzgado Civil de Santiago, el cual fue declarado abandonado por dicho tribunal mediante resolución de fecha 09 de abril de 2021.

Añade que la limitación de ingresos que sufre a consecuencia del actuar de la recurrida es insensata y carece de empatía en el contexto de la crisis económica provocada por la pandemia del virus Covid-19.

Asimismo, refiere que el actuar de la recurrida implica de manera indirecta una especie de autotutela, por cuanto al descontar sin fundamentos parte de su sueldo, está desconociendo la causa Rol C-2368-2020 antes mencionada, en la cual se acogió el incidente de abandono de procedimiento.

Finalmente, sostiene que la recurrida afecta artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República al descontar parte de sus remuneraciones en circunstancias que sólo la ley puede establecer limitaciones al derecho de propiedad, lo cual no se configura en este caso; además, refiere que ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino en virtud de una ley que autorice tal expropiación, lo cual tampoco ocurre en este caso.

Por otro lado, manifiesta que las remuneraciones deben analizarse a la luz de la legislación laboral y de los derechos fundamentales. Luego, conforme al artículo 58 del Código del Trabajo que se refiere a los descuentos que se pueden realizar a las mismas, dispone que “Sólo con acuerdo del empleador y del trabajador que deberá constar por escrito, podrán deducirse de las remuneraciones sumas o porcentajes determinados, destinados a efectuar pagos de cualquier naturaleza. Con todo, las deducciones a que se refiere este inciso no podrán exceder del quince por ciento de la remuneración total del trabajador.”.

Respecto de la titularidad del derecho conculcado, refiere que se puede establecer con exactitud y sin duda alguna que es el titular del derecho de propiedad sobre su remuneración, la cual obtiene mensualmente como fruto de su trabajo.

En definitiva, solicita se dejen sin efecto los descuentos sobre sus remuneraciones, sin perjuicio de otras medidas de protección que esta Corte estime del caso adoptar para el pleno restablecimiento del imperio del derecho; que se restituyan los montos descontados, desde la última liquidación de sueldo de junio del año 2021, con costas.

Segundo: Que, con fecha 11 de agosto de 2021, comparece el abogado Sergio Abarca Vargas, en representación de la recurrida informando sobre el presente recurso, pide rechazar el presente recurso, por no existir acto ilegal o arbitrario cometido por su representada.

Refiere que Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes actualmente realiza el cobro de cuotas asociadas a dos mutuos de crédito social otorgados al recurrente, y solo uno de ellos se encuentra asociado a la causa ejecutiva que refiere en su presentación. Agrega que el cobro de ambos créditos se realiza de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley Nº 18.833; explica el detalle de ambos créditos.

En relación a la “Operación de crédito 023.RUT reservado”, señala que con fecha 16 de agosto 2018, su representada y el recurrente celebraron el contrato de mutuo de crédito social Nº 023.RUT reservado, por un capital inicial de $1.643.729.-, a una tasa de Interés de 2.1%, pagadero en un plazo de 30 meses, con cuotas mensuales de $83.935, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de octubre 2018. Las cuotas de octubre 2018 a abril 2019, N°1 a Nº7, fueron a través de descuentos efectuados en las remuneraciones de dichos meses, cesando el recurrente en el pago de las cuotas posteriores. Luego, ante la falta de pago, con fecha 3 de febrero de 2020, su representada dedujo demanda ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza la referida operación, en autos Rol C-2368-2020 del 19ºJuzgado Civil de Santiago, causa que actualmente se encuentra terminada por abandono del procedimiento.

Posteriormente, habiendo detectado el ingreso del recurrente como trabajador a una entidad afiliada a Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, fueron reanudados los descuentos, recaudándose la cuota N° 8 correspondiente a mayo de 2019. Hace ver que, a la fecha del informe, la referida operación de crédito mantiene en morosidad de las cuotas de junio 2019 a marzo de 2021, cuotas N° 9 a Nº 30.

En cuanto a la “Operación de crédito 023.RUT reservado”, señala que con fecha 30 de enero de 2019, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y el recurrente celebraron el contrato de mutuo de crédito social código 023.RUT reservado por un capital inicial de $622.208, a una tasa de interés de 2.85, pagadero en un plazo de 60 meses, con cuotas mensuales de $22.563, cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de marzo 2019. Indica que, a la fecha del informe, esta operación de crédito mantiene en morosidad las cuotas de junio 2019 a junio 2021, N°4 a la N° 28. Además, mantiene aún por vencer cuotas hasta febrero de 2024.

Por su parte, esgrime que las Cajas de Compensación tienen, dentro de sus facultades, el otorgar créditos sociales, para lo cual la misma ley ha establecido garantías para el cobro y pago de los mismos.

Al efecto, explica que el hecho que su representada haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no la libera, así como tampoco a su empleador, de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas. Todo ello, en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley N° 18.833, ya citado. Al mismo tiempo, refiere que la acción de cobro de las cuotas adeudas no se encuentra prescrita al no haber transcurrido el plazo de 5 años para alegar la prescripción de la deuda; agregando que la prescripción debe ser declarada judicialmente, para lo cual la acción de protección no es la vía idónea.

Concluye, señalando que en este caso y por lo ya expuesto no ha incurrido en un actuar arbitrario e ilegal que vulnera la garantía establecida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

Tercero: Que, con fecha 30 de julio de 2021, se denegó orden de no innovar solicitada por la recurrente.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Quinto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Sexto: Que, el quid de la cuestión consiste en que el compareciente pretende que se deje sin efecto los descuentos mensuales por planilla que la recurrida ha efectuado a su remuneración, por cuanto asegura que Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha ejercido una especie de autotutela de forma indirecta ya que asegura que desconoce el estado procesal de la causa Rol C-2368-2020 que refiere en su presentación, lo que la recurrida niega alegando que únicamente ejerce sus facultades legales al continuar con el cobro del mentado crédito al recurrente.

Tal es la discusión.

Séptimo: Que, es menester señalar que la recurrida en su informe menciona dos créditos otorgados al recurrente, en circunstancias que nombre reservado se refiere tan sólo a uno, que dice relación con la Operación de Crédito N° 023.RUT reservado por un capital inicial de $1.643.729, cuyo pago mediante descuentos mensuales por planilla impugna mediante esta presentación.

El segundo crédito que la recurrida indica en su informe, aquél referido a la Operación de Crédito N° 023.RUT reservado, no ha sido mencionado por el recurrente en su libelo.

En consecuencia, únicamente compete a esta Corte referirse a aquél crédito indicado en el recurso impetrado, esto es, la Operación de Crédito N° 023.RUT reservado por un capital inicial de $1.643.729.

Octavo: Que, dicho lo anterior, es necesario remitirse a la normativa que regula la forma de pago de los créditos otorgados por la Cajas de Compensación.

Dicha materia se encuentra regulada en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, cuyo primer inciso establece que “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.”

Es claro entonces que la recurrida se ha limitado a proceder de la forma que la ley establece a efectos de cobrar el crédito que le ha otorgado al recurrente.

Es más, de la revisión de los antecedentes resulta evidente que el crédito en cuestión se encuentra vigente y es actualmente exigible, no encontrándose prescritas sus acciones de cobro, por lo que su recaudación de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuno.

Por otra parte, el estado procesal en que se encuentre la causa de cobranza que aluden tanto el recurrente como la recurrida en sus presentaciones, de ninguna manera afecta el derecho, y sobre todo el deber, que la ley otorga a la recurrida para cobrar el mentado crédito, ni la inhibe de ejercer los derechos que la ley le otorga.

Atendido lo razonado, es evidente que no existe acto ilegal ni arbitrario alguno cometido por la recurrida.

No se vislumbra entonces de qué forma la recurrida pudo haber vulnerado o amenazado aquella garantía consagrada en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, como pretende el recurrente.

Noveno: Que, la documentación acompañada por las partes en nada hace variar lo señalado.

Décimo: Que, por lo antes expuesto, sólo cabe concluir que el presente recurso de protección no puede prosperar y será rechazado.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia de 24 de junio de 1992 sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional interpuesta por nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Protección N° 35.960-2021