nombre reservado con INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

Santiago, diez de julio de dos mil dieciocho.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°. Que, comparece doña nombre reservado, psicóloga, deduciendo acción constitucional de protección en contra del Instituto de Seguridad Laboral, representado por su Director Nacional don Arnaldo Labarra Parra, denunciando la vulneración de las garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley, establecida en el artículo 19, Nº2; del derecho de propiedad, establecido en el artículo 19, Nº24; y, del derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, establecido en el artículo 19, Nº3, particularmente en su inciso 5°, referido a que nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho, todos contenidos en la Constitución Política de la República, por haber puesto término anticipado a su contrata con la recurrida, de forma arbitraria e ilegal.

Funda su recurso en que ingresó a trabajar al Instituto de Seguridad Laboral el 28 de marzo del 2017, en calidad de contrata, como psicóloga para revisar el programa de ISTAS 21, sin tener anotaciones de demérito ni sumarios en su contra, siendo calificada en lista 1. Expresa que, en noviembre de 2017, fue notificada que su contrata sería renovada por todo el período del 2018, en las mismas condiciones en las que fue contratada, sin embargo, el 27 de abril de este año fue notificada de la resolución que le pone término anticipado a ésta, invocándose los siguientes argumentos: “Por consiguiente, dada la disparidad de carga laboral en la Unidad de Prevención de Riesgos y Salud Ocupacional, se estableció que para el año 2018 aumentar responsabilidades para generar un equilibrio, por ello se designó la realización de 3 grandes tareas: 1. Responsable de la implementación del Protocolo de Riesgos Psicosociales, a nivel Nacional: a) Secretaria Comité ISTAS 21; b. Responsable de entregar directrices para elaboración en las 30 unidades de análisis (13 Departamentos y 15 Direcciones regionales, se destaca que la Dirección Regional Metropolitana se divide en 3 Unidades de Análisis, c. Solicitud de plataforma a OAL y aplicación de Cuestionario ISTAS21, este es responsabilidad del Comité que dirige la funcionaria; d) Seguimiento de Planes, estos son implementados por las 30 Unidades de análisis, solo es control administrativo, ya que la implementación es responsabilidad de las Unidades de Análisis o respectivos Departamentos. 2. Elaboración Programa de Riesgos Psicosociales 2018: a) Elaboración y realización de talleres de temáticas asociadas a los riesgos psicosociales que afecten a los funcionarios; b) Implementación de Protocolo de Acoso Laboral y Acoso Sexual; c) Responsable de seguimiento e implementación de “Plan de Adecuación para Medidas de Mitigación por Calificación Enfermedades de Origen Laboral casos con Resoluciones de Enfermedades Profesionales. 3. Implementación Programa ‘Trabajar con Calidad de Vida’ Senda, para la 2ª certificación del Instituto, implementación año 2018.” Relata in extenso las funciones que cumplió y desvirtúa que no haya cumplido sus funciones haciendo un seguimiento e implementando según las etapas el protocolo aludido, explicando latamente la forma en que habría cumplido, precisando que solo algunas de las medidas descritas en los planes son de responsabilidad de las unidades de análisis o departamentos, siendo responsabilidad del empleador cumplir con el compromiso adoptado con la aprobación de los planes y por tanto es deber de éste responder ion la implementación de estos.

Con relación a la arbitrariedad e ilegalidad de la dictación de la Resolución Exenta N°653, de 27 de abril del 2018, que pone término a su contrata por no ser necesarios sus servicios, parte señalando que ésta se basó en un informe de su jefatura del cual sólo tuvo conocimiento al momento de dictarse la resolución señalada, informe que pasa a ser una evaluación o calificación, que la ley 18.834 regula a través de sus artículos 32 y siguientes, y que contempla una serie de procesos y etapas en donde el funcionario tiene derecho a poder realizar sus respectivos descargos, y que van desde la precalificación hasta la etapa de calificación por la junta calificadora. Señala, sin embargo, que en su caso la autoridad acredita y valida un instrumento en donde el afectado no tiene derecho a conocerlo y no puede realizar descargo alguno, existiendo argumento y documentos que acreditan que no ha cometido falta alguna o desempeño deficiente para que se adopte una medida tan drástica como su destitución que, dentro de un proceso calificatorio, equivale a quedar en lista 4. Añade que el referido informe tiene el carácter de secreto, no se había realizado con anterioridad y solo se produce con el cambio de gobierno, lo que constituye más una “persecución política” que un despido por ser un “trabajador negligente” como dice la resolución.

Con relación a las garantías constitucionales afectadas, señala, primero, en relación a la igualdad ante la ley, que esta se produce porque al no señalarse causal suficiente de su despido y al carecer de fundamentos y de motivos esa decisión, falta un requisito que es la legalidad o motivación, lo que configura abuso o desviación de poder en su desvinculación anticipada, a menos que la institución logre acreditar que realmente no son necesarios sus servicios o son inconvenientes para el correcto desempeño del organismo en el cual fue contratada, lo que no se puede acreditar del informe secreto al que alude. Refiere que los argumentos invocados por la autoridad para su desvinculación no son concordantes con su última calificación, aplicándosele un procedimiento no contemplado por la ley y por ende ilegal e inconstitucional. En segundo lugar, con relación a la garantía del derecho de propiedad, expresa que, en su caso, su derecho de dominio “recae sobre el bien incorporal constituido en la especie por su derecho personal que lo habilita para exigir el cumplimiento de la obligación”, agregando que “los derechos incorporales a ejercer la función para la cual fue designada y obtener la retribución pactada, están reconocidos y garantizados en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República”, concluyendo que el acto arbitrario impugnado, al privarla de la función que ejercía, antes de su término, afecto la referida garantía constitucional. En tercer lugar, y con relación a la garantía de no ser juzgada por comisiones especiales, expresa que, si bien las autoridades o jefes de unidad siempre podrán cumplir su rol de fiscalizadores del incumplimiento de las funciones de los funcionarios, estos no pueden subrogarse (sic) facultades o atribuciones para aplicar procesos distintos que contengan una sanción de tal gravedad como es el despido. Expresa que el Estatuto Administrativo sólo contempla el término de un contrato en 3 hipótesis: A) Vencimiento del plazo; B) Destitución por sumario administrativo y; C) Destitución por haber sido calificado en lista 4 o dos veces consecutivas en lista 3, pero en ningún caso a través de un mecanismo distinto como el que se le aplicó.

2°. Que, evacuando informe la recurrida, confirma la secuencia de hechos que refiere la recurrente con relación a su contratación. Argumenta, en primer lugar, la improcedencia del recurso en atención a la naturaleza del acto recurrido, el que no tiene naturaleza cautelar que afecten derechos de carácter preexistentes e indubitados, pues se desprende del escrito de la recurrente que aparece inequívocamente que la desvinculación de sus servicios se produjo por la autoridad investida legalmente de las facultades para ello, cumpliéndose en la emisión del acto administrativo que así lo dispuso, tanto con los requisitos de forma como de fondo. En ese contexto, agrega, y aunque la afectada pueda disentir de la efectividad de concurrir, en su caso, las situaciones que, razonadamente motivaron el término de sus servicios, lo cierto es que tal circunstancia no puede constituirse en una justificación para ocurrir de protección porque ésta no es una instancia que permita al tribunal conocer de tales hechos, examen que sería necesario para acoger su recurso. Refiere que el artículo 10º del Estatuto Administrativo (Ley 18.834) que regula los denominados cargos a contrata, establece que estos durarán, como máximo, hasta el 31 de diciembre del año respectivo, cesando el funcionario, por el solo ministerio de la ley, en esa data, salvo que se haya dispuesto la prórroga o se invoque la cláusula “mientras sean necesarios los servicios”, ya que ésta permite terminar anticipadamente la designación. Agrega que la citada es una norma de derecho público que dota a la autoridad que provee el cargo de la facultad de poner término a la designación en cualquier momento si los servicios prestados por éste han dejado de ser necesarios.

En segundo lugar, argumenta la falta de ilegalidad y/o arbitrariedad de la medida que dispuso el término de la contrata de la recurrente, pues ésta encuentra su fundamento en el desempeño de la Sra. nombre reservado, en particular en el desarrollo de las actividades encomendadas, asociadas al cumplimiento de las medidas referentes al plan de mitigación ISTAS 21 que le fueron asignadas. Señala que el ISTAS 21 es una herramienta definida por la Superintendencia de Seguridad Social que tiene por objeto evaluar los factores psicosociales al interior de las empresas y servicios, se trata de un instrumento adaptado y estandarizado a la población chilena que evalúa los riesgos psicosociales y que consiste en la aplicación de un cuestionario que mide dichos riesgos en los ambientes de trabajo. Expresa que, para este efecto se dispuso la contratación de la recurrente y la asignación a ésta de 3 grupos de tareas: 1) Responsable de la implementación del Protocolo de riesgos Psicosociales, a nivel nacional. 2) Elaboración y programa de riesgos psicosociales 2018 y 3) Implementación del Programa “Trabajar con calidad de vida” Senda para la 2ª certificación del Instituto. Señala que en la evaluación del cumplimiento de las tareas encomendadas a la recurrente se estableció falta de iniciativa de su parte, falta de claridad en las instrucciones que impartió a las Unidades de análisis a las que le correspondía orientar, ausencia de análisis de la información entregada y el estancamiento en los avances requeridos para la realización de los programas denominados “Riesgos Psicosociales 2018” y “Trabajar con calidad de vida”, haciéndose presente a la autoridad que “durante la jornada laboral la permanencia y/o dedicación de la funcionaria durante la jornada de trabajo es intermitente ya que no permanece en el puesto de trabajo durante horas”, concluyendo que el acto en virtud del cual se dispuso el término de los servicios del recurrente fue motivado, fundado, razonado debidamente. Refiere, enseguida al Oficio Nº6.400, de 2018, de la Contraloría General de la República, que actualiza las instrucciones y criterios complementarios fijados en su Dictamen Nº85.700, de 2016, para sustentar la observancia de los criterios e instrucciones del órgano contralor al momento de poner término anticipado a la contrata de la recurrente. Precisa que la sola circunstancia de haberse encontrado la recurrente calificada en lista 1 no puede constituirse en un impedimento para el término de la designación a contrata por no ser necesarios los servicios, pues el Dictamen contenido en el Ord. Nº6.400, de 2018 de la Contraloría General de la República precisa, a propósito del término de la contrata, que la deficiente evaluación del servidor puede provenir de la calificación regular y periódica o de otra evaluación particular sobre hechos o períodos no comprendidos en aquella, agregando que la calificación insuficiente da origen a una forma distinta de desvinculación, cual es la de declaración de vacancia del cargo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Estatuto Administrativo.

En tercer término, argumenta la falta de lesión a las tres garantías constitucionales señaladas por la recurrente: la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad y el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Respecto de la primera garantía, expone que la recurrente sólo se limita a enunciar una pretendida vulneración, pero no señala de un modo preciso de qué manera se habría ésta producido. Reconoce que al terminar anticipadamente la contrata por aplicación de la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios”, la autoridad, efectivamente, discriminó a la recurrente, pero no de manera “arbitraria”, irracional, infundada, caprichosa o por pura voluntad, pues la decisión adoptada fue debida y ampliamente fundamentada, por lo que el Director Nacional ejerció una facultad legal para la que se hallaba investido, encontrándose obligado, además, por mandato de lo prevenido en el artículo 64º del Estatuto Administrativo, a ejercer un control jerárquico permanente del funcionamiento de los órganos y de la actuación del personal de su dependencia, extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia como a la eficacia en el cumplimiento de los fines establecidos como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones y a dar preeminencia al interés general por sobre el particular, en cumplimiento del principio de la probidad administrativa, tal como lo define el artículo 52 inciso segundo de la Ley Nº18.575. Respecto de la segunda garantía, señala que el acto administrativo impugnado no ha afectado el derecho a la propiedad consagrado en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política de la República. Señala que la sola exposición de esta fundamentación deja en evidencia que la recurrente confunde los derechos y obligaciones que nacen de los contratos establecidos en el Código Civil de los que tienen su origen en el acto de autoridad de la Administración del Estado que provee un cargo a contrata, pues esta modalidad de desempeño tiene de contractual solamente el nombre, se verifica en el ámbito del derecho público y es eminentemente transitoria, según se ha dicho, por lo que los funcionarios que así prestan servicios para la administración centralizada y descentralizada del Estado jamás tienen un derecho de propiedad respecto del cargo que desempeñan, pudiendo discutirse el punto solo si la contrata original –y, por ende, su o sus prórrogas-, fuera dispuesta sin la cláusula “mientras sean necesarios sus servicios, cuyo no es el caso. Mal podría haber derecho de propiedad sobre un empleo sujeto a tal cláusula y si ésta se aplica de un modo completamente fundado. Respecto de la tercera garantía, expresa que la desvinculación del recurrente no puede entenderse como una vulneración a la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 19º Nº3 de la misma Constitución, pues el argumento de que el término de su contrata tendría su origen en un proceso de calificación distinto a la evaluación de desempeño contemplada en la ley es erróneo, pues al desvincular a un servidor que ha sido designado “a contrata” antes de la época prevista en esa designación, la autoridad solo ejerce una facultad que emana de la ley, al encontrar su contratación fundamento en la necesidad de los servicios que la autoridad evalúa, a condición, naturalmente, de que si dicha desvinculación de produce con anterioridad del plazo inicialmente previsto, ello sea debidamente fundamentado.

Terminó solicitando tener por informado el recurso y, en definitiva, rechazarlo en todas sus partes, con costas.

3°. Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

4°. Que según se colige del tenor del recurso y del informe respectivo, la recurrente desempeñó sus labores en el Instituto de Seguridad Laboral, desde el 28 de marzo del 2017, bajo la modalidad “a contrata” y que, en noviembre de ese año, fue notificada de que su contrata sería renovada por todo el año 2018 en las mismas condiciones en que fue contratada.

Dicha forma de contratación, según lo prescribe el artículo 10 inciso 1° de la Ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que “los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.”

Desde marzo de 2016, con ocasión del Dictamen N°22.766 de la Contraloría General de la República, posición que ha sido recogida igualmente por la Excma. Corte Suprema en sus sentencias, se encuentra bastante asentado que la decisión de no renovar una contrata violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de ser recontratado para el año siguiente, confianza que, en todo caso, se configura a juicio de ambas jurisdicciones, cuando concurre un elemento temporal estabilizador, esto es que se hayan producido renovaciones sucesivas mayores a los dos años de dichas contratas.

Sin perjuicio de lo anterior, y aunque pueda discreparse de esa doctrina y considerar que resulta igualmente atendible aplicarla cuando la administración, en los casos como el de la recurrente cuya contrata no alcanzaba el tiempo señalado, la necesidad de poner término anticipado a esa forma de contratación de los funcionarios públicos es igualmente factible siempre que dicho acto administrativo no se sustente sólo en el carácter precario o transitorio de dicha contratación consagrada en el artículo 3 letra c) del Estatuto Administrativo, pues si así fuere, se tornaría ilegal y arbitrario ese proceder.

Precisamente en ese orden de ideas y a fin de evitar el arbitrio señalado, el órgano contralor dictó el Oficio N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, actualizado por el Oficio Nº6.400, de 2018, precisando que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado sujeto al trámite de toma de razón respectivo, siempre que esta confianza legítima haya nacido conforme al presupuesto temporal antes señalado. De ese modo, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundando el respectivo acto deberá contener, “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas, agregando que en sustento de la decisión puede invocarse “una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o periodos no comprendidos en la calificación” o, incluso, “pueda estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar, las tareas que a aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro, funcionario. No obstante, en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo.”

5°. Que, en este contexto, para decidir el presente recurso, esta Corte analizará, primero, si el proceder de la recurrida al dictar la Resolución Exenta Nº653, de 27 de abril de 2018, acto administrativo emitido a fin de desvincular a la ocurrente del Instituto de Seguridad Laboral, decidiendo poner término anticipado a su contratación, ha estado desprovisto de fundamentos para así ser calificado de ilegal o arbitrario.

De la lectura del mencionado acto administrativo, a partir de la consideración 7ª y siguientes, se advierte que la Resolución Exenta en cuestión contiene latamente los razonamientos y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta la decisión de desvincular a la recurrente del servicio, las que se resumen en una deficiente evaluación de la servidora, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular sobre hechos o períodos no comprendidos en la calificación, al esgrimirse por la consideración 7ª “que el desempeño de la funcionario en cuestión ha presentado deficiencias que resultan incompatibles con la calidad de las funciones que debe cumplir el Departamento de Gestión de Personas, las que no han sido superadas durante el tiempo que ha prestado servicios a contrata en este Instituto”, sobre la base de la evaluación particular que se le solicita a la Jefa del Departamento de Gestión de Personas, en el cumplimiento de su obligación especial de jefatura, de 23 de abril de 2018, cuyas conclusiones se reproduce in extenso en la Resolución señalada y, que en síntesis, se resumen a lo que se señala en la consideración 9ª de la misma, según la cual “… el informe reproducido en el considerando anterior, pone de manifiesto que la expectativa que se tuvo en vista al disponer la contrata de la persona de que se trata para desempeñarse en el Departamento mencionado y en las funciones referidas, no se ha cumplido, evidenciándose que el alcance y la calidad de los servicios de la funcionaria aludida no responde a la dimensión de calidad y oportunidad de los procesos propios del Departamento de Gestión de Personas y que su dedicación a sus tareas no completa durante su jornada de trabajo, evaluación que se hace en el marco de la obligación de analizar permanentemente el quehacer del Servicio y de sus empleados y de disponer las medidas y adoptar las decisiones funcionales a las tareas y objetivos de aquél, por lo que los servicios de la funcionario en que incide la presente resolución, no son necesarios para el Instituto.”

6°. Que los pronunciamientos del órgano contralor, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, son vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, y constituyen, a juicio de esta Corte, criterios razonables y admisibles para limitar las prerrogativas y poderes de la Administración y circunscribir sus potestades sin afectar, restringir o privar el legítimo ejercicio de las garantías de los funcionarios de la Administración del Estado.

7°. Que, así las cosas, y conforme a todo lo que viene de ser razonado y expuesto, no se advierte la existencia de un acto ilegal o arbitrario de la recurrida en la dictación de la Resolución Exenta Nº653, de 27 de abril de 2018, acto administrativo motivado y fundado, por el cual se puso término anticipadamente a la contrata de la recurrente ni, por consiguiente, ha podido producirse vulneración de las garantías constitucionales que ésta reclama como afectadas, pues es la existencia de un acto de este tipo el que, necesariamente, permite analizar si de él se ha seguido directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, todo cual hace que no resulte procedente adoptar medida alguna para proteger a la recurrente, todo ello sin perjuicio de otros derechos que pueda hacer valer en las sedes jurisdiccionales o administrativas pertinentes.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 19 N°21 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre la materia, se rechaza la acción de protección constitucional interpuesta por doña nombre reservado en contra del Instituto de Seguridad Laboral, sin costas.

Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Llanos, quien estuvo por acoger el recurso de protección y dejar sin efecto el acto impugnado, reintegrando al servicio a la recurrente, teniendo para ello presente:

I.- Que en el caso planteado en el recurso, la actora prestó servicios por varios en un órgano de la administración del Estado, bajo la modalidad a contrata, calidad que adquirió el 28 de marzo de 2018, renovándosele en noviembre de 2017, a partir del 1 de enero de 2018 y hasta el 31 de Diciembre del año mismo año. Durante el período en que prestó dichos servicios, fue bien evaluada por sus superiores:

II.- Que para adoptar una determinación como la que es objeto del recurso, es menester que la autoridad emita un acto administrativo, que explicite los fundamentos que avalan tal decisión. Lo mismo acontece si –como en el presente caso- el término de las contratas es intempestivo, anticipado y abrupto, por lo que no sólo resulta arbitrario, sino que además contraviene el Art. 89 del Estatuto Administrativo que –sin hacer distinción alguna entre distintos modalidades de prestación de servicios- , consagra el principio de estabilidad en el empleo de los funcionarios públicos;

III.- Que conforme a lo precedentemente señalado, el órgano administrativo no puede sujetar al empleado a contrata a una situación precaria, pudiendo prescindir de sus servicios en cualquier momento, sin respetar siquiera el plazo consignado en el propio acto de designación o nombramiento de contrata;

IV.- Que aun cuando el acto recurrido entrega razones en virtud de las cuales se pone término a la contrata de la actora, éstas se fundan en un informe de su jefatura, del cual tomó conocimiento solo al ser notificada de la mencionada resolución, quedando privada, en consecuencia, del derecho a formular observaciones o descargos frente al mismo, y que por su contenido y conclusión –destitución de la funcionaria-equivale a una calificación de su desempeño, sin cumplir las etapas previstas en los Arts. 32 y siguientes del Estatuto Administrativo. Por tanto, la resolución impugnada por el recurso no aparece respaldada por fundamentos fácticos y jurídicos que la justifiquen, careciendo de la motivación que exige el Art. 11 de la Ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos de la Administración del Estado;

V.- Que por todo lo anteriormente dicho, este disidente estima que el acto recurrido y que pone término a la contrata de la recurrente reviste caracteres de arbitrariedad e ilegalidad, conculcando los derechos constitucionales del Art. 19 N° 1 y N° 2 de la Carta Fundamental, pues tal término intempestivo de los servicios de la actora –que debían concluir el 31 de diciembre próximo- naturalmente le produjo un menoscabo psíquico, al frustrar sus expectativas sobre la seguridad de contar con un empleo a lo menos hasta esa fecha, y de las remuneraciones que lleva aparejadas; como la garantía de igualdad ante la ley al haber sido discriminada arbitrariamente, puesto que a pesar de no existir reparos sobre su desempeño –desde que fue bien evaluada en el período inmediatamente anterior-, no se advierte racionalmente el motivo del término intempestivo de su contrata, frente a otros funcionarios que se encontraban en su misma situación jurídica y que continúan prestando servicios en la institución recurrida.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Sr. Ruz L. y del voto disidente, por su autor.- Rol N° Protección 35.879-2018.

Pronunciada por la Primera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Leopoldo Llanos Sagristá e integrada además por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado Integrante señor Gonzalo Ruz Lártiga. No firma el abogado integrante señor Ruz, por encontrarse ausente.

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