Protección contra TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Se deja constancia que se anunciaron para alegar, escucharon relación y alegaron, nombre reservado, por el recurso, y Julio Covarrubias, contra el recurso. Santiago, veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

nombre reservado

Relator C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de julio de dos mil diecisiete.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, licenciada en ciencias jurídicas y sociales, con domicilio en domicilio reservado, quien recurre de protección en contra de TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, representada por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, al haber tomado conocimiento de la retención practicada por la recurrida de su devolución de impuestos correspondiente a la Operación Renta 2017, por concepto de deuda por crédito solidario, aspecto que estima la recurrente vulneradas las garantías del inciso sexto del numeral 3 y 24, ambos del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que cursó ingeniería en la Universidad Tecnológica Metropolitana en el año 2008, en la que permaneció sólo un año, para luego ingresar a estudiar derecho en la Universidad Autónoma de Chile, carrera en la que se encuentra en proceso de titulación.

Prosigue indicando que en este año tributario, solicitó una devolución de impuestos por la suma de $2.003.306.-, cuya devolución fue retenida por la recurrida por concepto de crédito universitario.

En este aspecto, sostiene que la Ley N° 19.989 faculta a la recurrida para retener la devolución anual de impuesto, pero objeta que provenga de un crédito administrado por un ente privado y que, por otra parte, refuta que haya existido un procedimiento previo para tomar conocimiento de aquél y defenderse, aspecto que afecta un debido proceso y, además, vulnerar su derecho de propiedad en la retención de su devolución.

SEGUNDO: Que informó la recurrida, reconociendo el hecho de la retención y los montos indicados, pero solicita que se declare inadmisible el recurso a su respecto por carecer de legitimidad pasiva, por cuanto la retención impugnada la realiza conforme un mandato legal y en virtud de orden del administrador del crédito solidario, según el artículo 1 de la Ley N° 19.989, por lo que sostiene carecer de legitimación pasiva.

En segundo término, indica que se ha actuado conforme a derecho, sin que por ello se advierta una vulneración al derecho de propiedad, por cuanto sostiene que la devolución es una mera expectativa y que la recurrida actúa como ente recaudador y retenedor. En cuanto al debido proceso, señala que dicha garantía no forma parte del ámbito de aplicación del recurso.

Por otra parte, dice que la misma recurrente pudo reclamar conforme al Reglamento de la Ley 19.989 pero ante el administrador del crédito, puesto que la recurrida no efectúa un acto jurisdiccional y ante dicha entidad debió ejercer los mecanismos de defensa que señala.

TERCERO: Que conforme lo ordenado por resolución de once de julio pasado, evacuó informe la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien indica que el recurso resulta ininteligible por cuanto lo dirige contra la Tesorería General de la República reconociendo su competencia para luego sostener que su actuar es arbitrario e ilegal.

En todo caso, añade que el acto no es ilegal ni arbitrario por verificarse tras un mandato legal, considerando que la recurrente mantiene una deuda impaga de 49,98 unidades tributarias mensuales, y que se practicaron las notificaciones mediante la publicación de las respectivas listas.

Finalmente, señala que la garantía del debido proceso no es aplicable por no formar parte del ámbito de protección del recurso y que, en relación al derecho de propiedad, la retención ha procedido por mandato legal y, por ende, la medida no es arbitraria ni ilegal, sumado al hecho que la devolución de impuesto a la renta es una mera expectativa.

CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto la adopción de medidas para restablecer la vulneración o amenaza sufrida por el afectado a sus derechos y garantías fundamentales, en la forma prescrita en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, en ese sentido, y en relación con la materia objeto del recurso, consta que el artículo 1 de la Ley N° 19.989 dispone en su inciso primero que “Facúltase a la Tesorería General de la República para retener de la devolución anual de impuestos a la renta que correspondiere a los deudores del crédito solidario universitario regulado por la ley Nº19.287 y sus modificaciones, los montos de dicho crédito que se encontraren impagos según lo informado por la entidad acreedora, en la forma que establezca el reglamento, e imputar dicho monto al pago de la mencionada deuda”. Agrega su inciso segundo que “La Tesorería General de la República deberá enterar los dineros retenidos por este concepto al administrador del fondo solidario de crédito universitario respectivo, en el plazo de 30 días contados desde la fecha en que debiera haberse verificado la devolución, a menos que el deudor acredite que ha solucionado el monto vencido y no pagado por concepto de crédito universitario, mediante certificado otorgado por el respectivo administrador”.

En relación con la retención practicada por la recurrida y a petición del administrador del fondo solidario, su procedimiento se regula conforme al Decreto 297 de 2009, que dispone la publicación y notificación de las listas de morosos en el pago del crédito solidario (art 3,4,5) como la solicitud de aclaración de la publicación por parte del afectado (art. 6, 7, 8, 9)

SEXTO: Que, en primer término, esta Corte emitirá pronunciamiento respecto de la alegación de falta de legitimidad pasiva de la recurrida Tesorería Regional de la República, al sostener que la retención impugnada proviene de un mandato legal y por orden de un administrador del fondo solidario.

Que, en este acápite, se rechazará dicha argumentación, por cuanto el acto impugnado-al tenor del propio recurso- proviene de la retención que la recurrida ha efectuado conforme a este mandato legal, por lo que no resulta atendible la alegación sin perjuicio de lo informado por el administrador del fondo sub-lite, aspecto que, en todo caso, guarda relación con el fondo de la acción deducida.

SÉPTIMO: Que, atendido el mérito de los fundamentos expuestos por las partes, se advierte la dificultad adicional para resolver el asunto controvertido la falta de antecedentes en el proceso, por cuanto ninguna de las partes ha proporcionado documentos que den sustento a sus dichos, aunque de los mismos argumentos existen aspectos por los que no existe discusión a su respecto, tales como el hecho de haber solicitado la actora la devolución de impuestos del año tributario 2017; la retención practicada por la recurrida y la existencia de una deuda por crédito solidario por parte de la recurrente.

OCTAVO: Que se reclama fundamentalmente la afectación del debido proceso y derecho de propiedad, sustentado el primero en la falta de un procedimiento administrativo contradictorio para impugnar la deuda comunicada por el administrador financiero.

En este sentido, al tratarse de órganos administrativos, hay que tener presente que se aplica supletoriamente la Ley N° 19.880, tal como reza expresamente el artículo 2 del Decreto 297 de 2009, por lo que se hacen extensivos sus principios.

En relación a esta alegación, se acogerá lo reclamado por el recurrido y por el administrador financiero informante en autos, en atención a que la garantía invocada no forma parte de aquellas que son protegidas por el recurso en estudio, sin perjuicio de señalar que aparece no controvertida la existencia de la deuda y que, atendida su data y lo expuesto por el administrador del crédito solidario en el sentido que fue publicada la morosidad del recurrente en febrero de 2017 y al no haber reclamado la actora dentro del plazo de diez días conforme a los artículos 6 a 9 del Decreto 297 de 2009, la actuación no es arbitraria e ilegal y el fundamento sostenido para desvirtuarla aparece razonable, por cuanto se ha actuado conforme mandato legal en relación con la Tesorería General de la República y que, por otro lado, se trata del cobro de una obligación cuya regulación es, asimismo, establecida por ley especial;

NOVENO: Que, por otra parte, en cuanto a la vulneración del derecho de propiedad, no se advierte cómo se encuentra afectada, por cuanto efectivamente la retención practicada por la recurrida se ajusta a un mandato legal previa orden del administrador de un fondo público. Si bien el Servicio de Impuestos Internos autoriza la devolución, ella queda sujeta a las limitaciones legales que impiden su incorporación al patrimonio del contribuyente, lo que impide calificar como derecho adquirido sino una vez verificado su depósito o retiro si se trata de un instrumento de crédito.

DÉCIMO: Que, por tanto, el recurso de protección no podrá prosperar, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado.

Regístrese y archívese si no se apelare.

N°Protección-35727-2017.