nombre reservado con SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL

Santiago, veintidós de agosto de dos mil catorce.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que a fojas 4 y siguientes, comparece doña Marta Nofal Solorzano, abogada, domiciliada en domicilio reservado, quien deduce acción de protección en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y en contra del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, hospital del Servicio de Salud Metropolitano, representado legalmente por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Funda su acción en que don nombre reservado, contratado con fecha 15 de febrero de 2013, mediante Decreto cuyo número desconoce, ingresó a prestar servicios en el Hospital El Carmen Doctor Luis Valentín Ferrada, hasta el día 30 de enero de 2014, cuando se le comunica verbalmente que ya no ejercería el cargo de Jefe de Comunicaciones y RRPP, desvinculándolo de sus funciones, sin mediar explicación alguna, designando a otro funcionario, quién ocupa el cargo del recurrente. Agrega que se le indicó verbalmente que sería reubicado en otras secciones, sin que se materializaran esos ofrecimientos y que al no tener funciones le pidieron que desalojara la oficina que ocupaba, sin asignarle otro lugar físico, situación que afectó su estado anímico, por lo que ha sido atendido por especialistas en salud mental.

Añade que a pesar de ello la Dirección del Hospital lo ha desvinculado como funcionario, enviado sus antecedentes a toma de razón en la Contraloría.

Refiere que de estos hechos él afectado tomó conocimiento el día 9 de junio de este año, por los dichos de compañeros de trabajo.

Señala que si bien el cargo a contrata es transitorio hasta el día 31 de Diciembre de cada año, si la autoridad administrativa decide hacer uso de sus facultades de ponerle término anticipado, el acto en que se materializa debe expresar las razones que justifiquen la exoneración, circunstancia que aún no se le comunica formalmente.

Que, así, el acto se torna arbitrario e ilegal y vulnera las garantías de los nunerales 16º sobre libertad de trabajo y su protección: 24º sobre el derecho de propiedad; y 1º sobre a la protección integridad síquica y el derecho de propiedad.

Pide se deje sin efecto la resolución de término de contrata y se reincorpore a la recurrente, sin más trámite y se ordene se le paguen las remuneraciones por la época que indica, con costas.

SEGUNDO: Que, a fojas 32, el Hospital recurrido evacua el correspondiente informe, señalando que la contrata fue desde el 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre del mismo año o mientras sus servicios sean necesarios, y que fue contratado como Encargado de Comunicaciones.

Sostiene que desde el 25 de marzo el recurrente ha presentado cinco licencias médicas ininterrumpidas, las que acompaña.

Que por lo anterior, el 22 de abril del actual y mediante resolución N° 2057 se le puso término a su contrata por no ser necesarios sus servicios. Refiere que mediante resolución de 1 de abril de este año se dictó resolución poniendo fin a su contrata por no ser necesarios sus servicios, la que está en la Contraloría para su toma de razón, sin que haya sido notificada, por lo que no hay acto arbitrario o ilegal que impugnar.

Añade que en la Resolución 666 de 2014 se incorporó la frase de que la duración de la designación era mientras sus servicios sean necesarios, lo que está en armonía con el carácter de los empleos a contrata o a honorarios, conforme a los artículos 3 y 10 de la ley 18.834, que establecen que el plazo máximo de duración de las contratas será hasta el 31 de diciembre de cada año, por lo que la autoridad administrativa está facultada para cesar los servicios a contrata y que la resolución cuestionada está fundamentada al decir que no son necesarios sus servicios, como lo ha resuelto la Contraloría General de la República.

Añade que el funcionario recurrente no ha sido despedido, mantiene su contrato y se encuentra percibiendo sus remuneraciones.

Pide el rechazo del recurso.

Acompaña la contrata y copia de documentación relacionada con la situación.

TERCERO: Que, a fojas 42 y siguientes, informa el Servicio de Salud Metropolitano Central, aduciendo que no hay acto arbitrario o ilegal por lo que debe desestimarse el recurso en estudio, agregando que él recurrente fue contratado hasta el 31 de diciembre de este año o mientras sean necesarios sus servicios, reiterando las argumentaciones esgrimidas por el Hospital recurrido, sus conclusiones y lo solicitado.

CUARTO: Que, con lo precedentemente expuesto, han quedado cabalmente determinadas las respectivas posturas, tanto de la parte accionante de autos, o sea, de don nombre reservado; como de las recurridas, esto es, el Servicio de Salud Metropolitano Central y del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, de suerte que resulta ahora procedente determinar por esta magistratura si ha existido o no arbitrariedad y/o ilegalidad en el obrar de las personas que son sujetos pasivos de la acción constitucional ahora examinada, que permita acoger la cautelar en análisis.

QUINTO: Que, el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quién incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas por la Carta Magna del ordenamiento.

SEXTO: Que, al entender de esta Corte, las recurridas, al poner término a la contrata que se encontraba vigente, han actuado conforme tanto a la facultad que sobre el particular les otorga dicha contrata como a la normativa vigente que regula sus atribuciones. En efecto, la contrata en estudio establece que los servicios del accionante duran hasta una determinada fecha, 31 de diciembre de cada año, o mientras los servicios del contratado sean necesarios, de suerte que se trata de una relación precaria, toda vez que a quién le corresponde determinar el carácter de necesario de los servicios es naturalmente al Jefe Superior, como en el caso en análisis ocurrió, según da cuenta la respectiva resolución administrativa. Adicionalmente, la actuación objeto de cuestionamiento se encuentra en perfecta concordancia con las reglas acerca de la duración de las contratas establecidas en la ley 18.834, que regula esa clase de empleos en la Administración Pública. Con todo, esta Corte observa que, además, la capacitación profesional del recurrente, esto es su calidad de sociólogo, poco o nada se adecua a la especialización que requiere el cargo que ejercía y en el que fue cesado.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, analizados los antecedentes tenidos a la vista conforme a las reglas de la sana crítica, al entender de estos jueces, en el actuar de los recurridos no se divisan comportamientos reprochables que den cuenta de los vicios o defectos establecidos en la regulación que establece la acción cautelar analizada, necesarios para emitir un pronunciamiento favorable a lo peticionado por el recurrente, ya que, como precedentemente se dijo en este mismo pronunciamiento, es su parecer que el acto cuestionado aparece dictado por autoridad competente, con facultades suficientes, actuando dentro de la órbita y ámbito de sus facultades, conforme a la normativa vigente que regula su actuar y, en tales circunstancias, no resulta viable estimar favorablemente el reparo incoado objeto de actual estudio, que asigna ilegalidad o arbitrariedad a la conducta que se atribuye a las autoridades accionadas.

OCTAVO: Que, en las condiciones expuestas en la parte fundamentativa que antecede y como se dirá en lo conclusivo de este pronunciamiento jurisdiccional, resulta enteramente procedente negar lugar a lo peticionado en lo principal de la presentación introductoria de fojas 4 y siguientes.

NOVENO: Que conforme a lo que precedentemente se dejó asentado, esta magistratura juzga innecesario el análisis de las tres garantías constitucionales que el recurrente cita como vulneradas o transgredidas.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección impetrado, a fojas 4 y siguientes, por doña Marta Nofal Solorzano, abogada, domiciliada en domicilio reservado, en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Salud Metropolitano Central, representado por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; y en contra del Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada, hospital del Servicio de Salud Metropolitano, representado por don nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado.

Redacción del abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Regístrese y archívese, si no se apelare.

N° Protección- 35.713-2014.

No firma el Ministro señor Juan Antonio Poblete Mendez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.

Pronunciada por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el abogado integrante señor Eugenio Benítez Ramírez.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago la sentencia que antecede, la que se notifica por el estado diario con esta fecha.