nombre reservado con CAJA DE COMP. 18 DE SEPTIEMBRE

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen doña nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, domiciliadas en domicilio reservado, quienes interponen acción constitucional de protección a favor de don nombre reservado, empleado, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, persona jurídica representada por don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que constituyen una privación, perturbación y/o amenaza al derecho consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Pide se declare que la recurrida no puede apropiarse de fondo alguno del recurrente producto del mutuo de dinero celebrado entre las partes, pues dichos pagarés se encontrarían prescritos; se proceda a la devolución de los dineros apropiados reclamados, y todo dinero venidero mientras se sustancie el presente recurso; se declare que el cobro de dineros que hace la recurrida es ilegal; se condene a la recurrida a pagar las costas procesales del presente recurso.

Fundan su acción cautelar señalando que la recurrida es dueña de los siguientes pagarés:

a.- Pagare en cuotas número 0656298, suscrito con fecha 7 de abril del año 2007, por un monto de $200.000 pesos, pactados a 24 meses a un valor de $10.697 pesos, cuya primera cuota correspondía pagar en Mayo del año 2007, y la última en abril del año 2009.

b.- Pagaré en cuotas número 0416003, suscrito con fecha 27 de noviembre del año 2006, por un monto de $1.456.776 pesos, pactado a 60 meses, a un valor de $41.483, cuya primera cuota correspondía pagar el mes de diciembre del año 2006, y la ultima en noviembre del año 2011. Dicho pagaré no ha sido protestado por falta de pago oportuna, ni se ha hecho efectiva la cláusula de aceleración a don nombre reservado, ya que estos pagos se harían mediante retención judicial por parte de su empleador dentro de las fechas descritas.

Agrega que en el mes de abril de 2017, recibió por parte de su empleador su liquidación de remuneración en donde se percató que se le había realizado un descuento de $52.450 por la respectiva caja de compensación, desconociendo origen de dicho descuento, por cuanto no mantiene información alguna de la deuda antes mencionada.

Añade que nunca ha sido notificado de alguna acción de cobro que la mantenga vigente y se hace del todo arbitrario el descuento, cuyo monto es desproporcionado, sin fecha de caducidad y que lo deja en absoluta indefensión, por cuanto le descuenta una suma no menor de la remuneración que recibe producto de su actividad.

Precisa que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad que le asiste a la recurrente en su remuneración percibida, en su calidad de trabajador, al descontarle dineros de su remuneración para efectos del pagaré, impidiendo de esta manera a gozar de ella en su integridad, lo cual es del todo ilegal, ya que cobra dineros sin fundamento legal, lo que vulnera el artículo 19 numero 24 inciso primero de la Carta Fundamental.

Luego cita los artículos 17 y 21 N°2 del Pacto de San nombre reservado Rica y señala que es necesario que esta Corte declare que la conducta es ilegal y/o arbitraria, declaración imperiosa, aun en el evento que los recurridos decidan cesar su actitud durante la secuela de la tramitación de esta acción de protección, por cuanto, subsistirá el riesgo de que se perturben, priven o amenacen los derechos fundamentales, y por ello es necesario que un órgano de la jurisdicción llamado a proteger las garantías individuales así lo declare.

Segundo: Que en apoyo de su pretensión cautelar, las recurrentes acompañaron los siguientes documentos: 1.- Copia pagaré número 0656298, suscrito con fecha 7 de abril del año 2007; 2.- Copia Pagaré en cuotas número 0416003, suscrito con fecha 27 de noviembre del año 2006; 3.- Copia liquidación de remuneración del mes de abril del año en curso.

Tercero: Que, comparece don nombre reservado, gerente general de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre, quien evacua el informe requerido solicitando el rechazo de la acción intentada.

Funda su resistencia señalando que el 21 de diciembre de 2016, el protegido presentó una demanda en contra de la recurrida para que se declare judicialmente la prescripción de las obligaciones crediticias que mantiene morosas ante esta Caja de Compensación, proceso que se encuentra vigente y se tramita bajo el Rol C-31.483-2016 ante el 13° Juzgado Civil de Santiago.

Indica que el actor se limitó que ha transcurrido el plazo que habilita la declaración de prescripción de la acción cambiaria, agregando que el plazo debe computarse desde el protesto de los títulos, y que el término no ha sido suspendido ni interrumpido. Añade que en el mes de octubre de 2016 le fue realizado un descuento correspondiente a las operaciones de crédito celebradas con esta Caja; descuento que el demandante califica de "injusto" en tanto, según informa, le impide obtener financiamiento a través de créditos bancarios.

Precisa que la demanda fue contestada por la C.C.A.F. solicitándose el íntegro rechazo de esa acción, con costas, replicándose cada uno de los antecedentes que presentó el actor, incluyéndose en su contestación el historial de pagos de las dos operaciones de crédito celebradas entre el actor y esta C.C.A.F., cuya prescripción pretende, incluyéndose los descuentos que son realizados desde agosto de 2016 en las remuneraciones del actor. En efecto, la Caja registra pagos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2016, y enero y mayo de 2017; situación que da cuenta de los pagos que hace ya largo tiempo, efectúa el actor a favor de la Caja, en relación a los créditos cuya prescripción pretende.

Explica que el proceso judicial se encuentra en pleno desarrollo, siendo incomprensible que, habiéndose iniciado una acción judicial que tiene por objeto la declaración de prescripción de una obligación; se deduzca, paralelamente, una acción constitucional, con sustento en un supuesto “desconocimiento del origen del descuento”.

Señala que le llama la atención que el recurrente alegue que el monto de los descuentos es desproporcionado en circunstancias que se le descuenta exactamente el valor de la cuota, sin recargos de ninguna especie, monto que asciende a $52.450, en circunstancias que recibe un total imponible de $613.769; situación que los lleva a concluir que el descuento se enmarca con holgura en el porcentaje máximo de endeudamiento que al respecto ha determinado la Superintendencia de Seguridad Social en la Circular 2052, del 25% de la remuneración.

Explicita que si la tramitación de la acción judicial aludida ha resultado insatisfactoria para los intereses del deudor, en que luego de transcurridos seis meses desde su interposición no se ha superado la etapa de discusión en un procedimiento de menor cuantía, se trata de una cuestión que resulta del todo ajena al ámbito del recurso de protección, y no puede, en caso alguno, justificar la interposición de una acción constitucional en contra de esta Corporación.

Concluye que existe actual debate, sometido a la decisión de un Tribunal de la República, sobre la supuesta prescripción de las obligaciones y paralelamente, el demandante pretende que esta Corte “haga cesar el descuento efectuado desde las remuneraciones de la actora cuya acción están prescritas”.

Adiciona que el descuento del valor de las cuotas es realizado desde agosto de 2016 en las remuneraciones del actor; sin que pareciere urgirle al recurrente el cese de tales descuentos al accionar mediante un recurso de protección sólo luego de transcurridos nueve meses desde el inicio de aquellos, con lo que sólo pretende eludir el pago de aquello que adeuda a esta CCAF; sin que en este contexto sea procedente una acción constitucional de carácter urgente, como lo es el recurso de protección.

Expone que el actor ha solicitado en total 11operaciones de crédito a la Caja, encontrándose 2 de ellas vigentes y morosas. En su condición de dependiente de la empresa Manufacturas Textiles Imatex Ltda., el recurrente solicitó a la recurrida dos operaciones de crédito, correspondientes a los que actualmente se descuentan de las remuneraciones del actor, atendido que adeuda, respecto del primero de ellos, 45 cuotas de $41.483 y respecto del segundo, 14 cuotas de $10.967.

Rechaza la idea de que el descuento del valor de las cuotas sea arbitrario o ilegal, atendido que el cobro de los créditos que el recurrente adeuda a la Caja se ha efectuado con apego a derecho, y su fundamento radica en la voluntad de del deudor a obligarse, manifestada en la suscripción de los pagarés correspondientes.

Hace presente que respecto de las cuotas impagas del crédito, no ha operado modo de extinguir alguno, por lo que las obligaciones provenientes del contrato de crédito permanecen absolutamente invariables, descartando la idea de que la deuda contraída por el recurrente se encuentre extinguida por prescripción. En definitiva, el cobro de las cuotas del crédito efectuado mediante el mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833 (descuento de la remuneración del trabajador), de una obligación vigente, no es sino la forma en que puede y debe pagarse lo adeudado por la recurrente a esta C.C.A.F.; de conformidad a la normativa que regula la materia.

Cuarto: Que en apoyo de su resistencia, la recurrida acompañó copia de la demanda y contestación, correspondientes a la discusión que actualmente sostenemos las partes de este proceso en la causa Rol 31.483-2016 seguida ante el 13° Juzgado Civil de Santiago.

Quinto: Que el recurso de protección es una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que pueden experimentar como consecuencia de acciones u omisiones arbitrarias de la autoridad o de particulares. Para que resulte pertinente recurrir de protección deben concurrir los siguientes requisitos: 1) acción u omisión ilegal o arbitraria; 2) que como consecuencia de ello se derive la privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de un derecho; y 3) que ese derecho se encuentre comprendido entre los que en enumeración taxativa señala el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Sexto: Que la “ilegalidad” y la “arbitrariedad” pertenecen al género común de las acciones antijurídicas, pero la primera resulta de una violación de los elementos reglados de las potestades jurídicas conferidas a un sujeto público o reconocida a un sujeto natural; y la segunda importa una vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos. Comúnmente se estima que lo ilegal representa una contravención formal al texto legal y lo arbitrario una ausencia de fundamento racional, o sea una manifestación del simple capricho del agente.

Séptimo: Que el acto que se estima ilegal y arbitrario consiste en el descuento realizado mensualmente por la recurrida en la remuneración del actor, respecto del valor de dos cuotas correspondientes a dos pagarés suscritos por el protegido a favor de la Caja de Compensación y Asignación Familiar 18 de Septiembre, cuya acción de cobro estima que se encontraría prescrita.

Octavo: Que la institución recurrida ha sostenido que no puede estimarse su actuar como arbitrario o ilegal, toda vez que está ejerciendo el cobro de dos pagarés respecto de los cuales no ha sido declarada la prescripción extintiva por sentencia judicial y que el cobro que han realizado, lo ha sido con estricto apego al ordenamiento jurídico.

Noveno: Que sobre el particular es menester señalar que el inciso primero del artículo 22 de la Ley N° 19.833 dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Décimo: Que conforme se colige de la lectura del precepto antes citado y también de lo dictaminado sobre el particular por la Dirección del Trabajo en su Ordinario N° 0262/004, de 17 de enero de 2012, al haberse asimilado por el legislador lo adeudado por concepto de crédito social a una Caja de Compensación a las cotizaciones de seguridad social, los descuentos que por dicho concepto se efectúen a la remuneración del trabajador se tornan obligatorios y, consecuencialmente, se enmarcan dentro de aquellos a que alude el inciso 1° del artículo 58 del Código del Trabajo, norma que preceptúa: “El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos”.

Undécimo: Que, al haberse dispuesto el descuento mensual de la remuneración del recurrente, respecto del monto de las dos cuotas de los pagarés adeudados e impagos que otorgó, sin que exista sentencia judicial alguna que haya declarado la prescripción extintiva respecto de la acción de cobro de los mismos instrumentos, y teniendo en especial consideración que la recurrida se encuentra facultada para exigir el descuento de dichas cuotas de la remuneración del actor, en la especie no existe un acto que pueda ser calificado como arbitrario o ilegal que afecte la garantía constitucional enunciada en el libelo de protección, por lo que el mismo será rechazado.

Duodécimo: Que, por otra parte, el fundamento de la acción constitucional deducida se basa en la prescripción extintiva de la acción e cobro de los pagarés que motivan el descuento. Sin embargo, a juicio de esta Corte y compartiendo la opinión doctrinaria mayoritaria, “la obligación civil degenera en natural sólo después que la prescripción ha sido declarada judicialmente, por el que quiera aprovecharse de esta última debe alegarla (artículo 2493), y mientras el deudor no lo haga, la prescripción no puede ser declarada; la acción del acreedor no se extingue y la obligación subsiste como civil. Por eso, si cumplido el plazo de prescripción, el deudor, en vez de alegar ésta, paga intereses o pide plazo al acreedor, renuncia a la prescripción (artículo 2494) y reconoce la subsistencia de la obligación civil” (ALESSANDRI R., Arturo – SOMARRIVA U. Manuel – VODANOVIC H., Antonio, Tratado de las Obligaciones, V. I, Editorial Jurídica de Chile, 2° edición, Santiago, p. 91).

Décimo Tercero: Que, a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema ha señalado en reiterada jurisprudencia la improcedencia de una acción cautelar de esta naturaleza, como se ha expresado en los autos rol N°18.404-2015 y 15.032-2016.

Por estas consideraciones, normas legales citadas y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado y doña nombre reservado a favor de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-35.655-2017.